China refuerza sus «tres no» contra la corrupción y el abuso de poder

China ha reafirmado su estrategia contra la corrupción mediante un sistema conocido como los «tres no»: que los funcionarios no se atrevan a cometer actos corruptos, que no tengan oportunidades de hacerlo y que, finalmente, no quieran recurrir a esas prácticas. El modelo combina sanciones, controles administrativos y disciplina política para limitar los abusos de poder dentro de las instituciones.

El Partido Comunista de China (PCCh) ha vuelto a situar esta fórmula entre sus prioridades tras el pleno de su Comité Central celebrado a finales de octubre de 2026. La decisión llega después de una campaña anticorrupción que, desde 2012, ha abierto más de 8,1 millones de expedientes y ha terminado con medidas disciplinarias contra cerca de 7,9 millones de personas, según las últimas cifras oficiales. Un despliegue de enormes dimensiones que también plantea interrogantes sobre la independencia de los organismos encargados de vigilar al poder.

La iniciativa, impulsada durante el mandato de Xi Jinping, pretende actuar sobre tres aspectos diferentes de un mismo problema. Primero, elevar las consecuencias de aceptar sobornos o malversar fondos. Después, reformar los procedimientos que permiten esos comportamientos. Y, por último, conseguir que la integridad se convierta en una práctica habitual de la administración pública.

El planteamiento tiene una particularidad importante. A diferencia de los sistemas que distribuyen la fiscalización entre instituciones con mayor autonomía política, el modelo chino concede un papel central a la supervisión interna del partido. Sus responsables defienden que esta estructura permite detectar irregularidades y corregirlas de manera permanente.

La cuestión es especialmente relevante porque la corrupción no se limita a los grandes escándalos políticos. Puede aparecer en la adjudicación de un contrato, en el funcionamiento de una escuela o en la gestión de servicios públicos esenciales. Y sus consecuencias terminan afectando a ciudadanos que, con frecuencia, ni siquiera conocen las decisiones administrativas que están detrás.

Los «tres no»: castigar, prevenir y cambiar conductas

La estrategia china parte de una idea sencilla: perseguir la corrupción después de que se produzca no basta si las condiciones que la hicieron posible permanecen intactas.

El primer principio, no atreverse a ser corrupto, busca elevar el coste de las irregularidades. Las investigaciones, las sanciones disciplinarias, las condenas judiciales y la recuperación de fondos públicos forman parte de este mecanismo. Su finalidad es disuadir tanto a los altos cargos como a los empleados que gestionan recursos de menor cuantía.

El segundo, no poder ser corrupto, se concentra en los procedimientos. Incluye la revisión de contratos, las auditorías financieras, el seguimiento de decisiones administrativas y los controles sobre las empresas públicas. La intención es reducir los espacios donde un funcionario puede favorecer intereses privados sin rendir cuentas.

El tercero, no querer ser corrupto, pretende modificar la cultura institucional. El Partido Comunista trata de normalizar las prácticas de integridad mediante formación, normas de comportamiento y controles continuados.

Los tres componentes se complementan, aunque responden a problemas diferentes. Un funcionario puede rechazar un soborno por miedo a las consecuencias; otro puede encontrarse con un sistema administrativo que impide aceptar pagos irregulares. El objetivo más ambicioso es que ambos actúen correctamente incluso cuando nadie los está observando.

Sobornos ocultos en un comedor escolar

Uno de los casos que ilustran el alcance de esta política ocurrió en Changchun, una ciudad del noreste de China. Durante más de nueve años, entre agosto de 2010 y diciembre de 2019, una empresa encargada de proporcionar comidas escolares pagó comisiones ilegales a responsables de un colegio de primaria.

El mecanismo comenzó con cantidades aparentemente insignificantes. La compañía acordó entregar 0,1 yuanes por comida y por responsable al director y al encargado de logística del centro. Posteriormente, las comisiones aumentaron hasta los 0,3 yuanes.

La suma terminó siendo considerable. Según la investigación difundida por las autoridades chinas, la empresa desvió más de 700.000 yuanes del dinero destinado a la alimentación de los alumnos para financiar sobornos. Uno de los responsables escolares recibió más de 230.000 yuanes.

El caso salió a la luz a raíz de denuncias ciudadanas y fue expuesto públicamente en enero de 2025. Las autoridades anunciaron medidas disciplinarias y modificaciones en los mecanismos de contratación, control financiero y supervisión de los comedores escolares.

La respuesta incluyó una mayor participación de las familias y nuevas reglas para controlar a los proveedores. El objetivo era impedir que otros responsables pudieran aprovechar las mismas deficiencias administrativas.

El episodio muestra uno de los aspectos menos visibles de la corrupción. Las grandes cantidades malversadas acaparan titulares, pero las pequeñas comisiones repetidas durante años también pueden deteriorar servicios fundamentales.

La fugitiva que regresó a China después de 13 años

En el extremo opuesto aparece el caso de Yang Xiuzhu, antigua responsable política y administrativa de la provincia de Zhejiang.

Yang abandonó China en 2003 mientras las autoridades investigaban sus actividades. En 2015 encabezó una relación de cien fugitivos reclamados en investigaciones por corrupción.

Regresó al país en noviembre de 2016 y se entregó a las autoridades. Un tribunal de Hangzhou la condenó en octubre de 2017 a ocho años de prisión por malversación y aceptación de sobornos. La sentencia también estableció una multa de 800.000 yuanes y el decomiso de ganancias ilícitas por valor de 26,4 millones.

Su regreso se convirtió en uno de los casos destacados de la cooperación internacional desarrollada por Pekín para localizar a antiguos funcionarios huidos y recuperar fondos procedentes de actividades ilegales.

La persecución de responsables que han abandonado sus puestos o salido del país constituye otra de las prioridades de las autoridades chinas. La jubilación o la dimisión no impiden, por sí mismas, que se investiguen conductas anteriores.

Una red de inspecciones que llega a toda la administración

La campaña anticorrupción china no depende exclusivamente de los tribunales. Su estructura se apoya en la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista y en la Comisión Nacional de Supervisión.

Ambas instituciones trabajan de manera integrada y ejercen funciones de investigación, vigilancia y disciplina sobre numerosos ámbitos de la administración.

Su actividad alcanza a organismos gubernamentales, empresas de propiedad estatal, instituciones públicas y personas que ejercen funciones públicas. Los inspectores pueden examinar registros financieros, procedimientos de contratación y posibles irregularidades en el ejercicio de sus competencias.

Una de las reformas más importantes llegó con la Ley de Supervisión de 2018, modificada posteriormente mediante una revisión que entró en vigor el 1 de junio de 2025.

La reforma amplió determinadas capacidades de los organismos supervisores, reguló procedimientos de investigación e introdujo nuevas garantías y mecanismos de control sobre el uso de sus facultades. También reforzó las disposiciones relativas a la cooperación internacional contra la corrupción.

Junto a esta estructura funciona el conocido reglamento de los ocho puntos, adoptado por la dirección del Partido Comunista en diciembre de 2012.

Su propósito inicial era limitar los excesos burocráticos y controlar prácticas relacionadas con reuniones oficiales, desplazamientos, recepciones, documentos administrativos y gastos institucionales.

Con los años, esas disposiciones se convirtieron en una referencia de las campañas de disciplina interna. Su aplicación no solo afecta a los casos de soborno, sino también al uso indebido de recursos públicos, el despilfarro y otras irregularidades administrativas.

Más de ocho millones de expedientes desde 2012

La magnitud de la campaña quedó reflejada en los datos presentados por las autoridades chinas tras el pleno del Partido Comunista de octubre de 2026.

Según ese balance, desde 2012 los órganos disciplinarios y supervisores han abierto 8,105 millones de expedientes y sancionado a aproximadamente 7,922 millones de personas.

Entre los afectados figuran 963 altos funcionarios sometidos directamente a la gestión de la dirección central del partido.

Solo durante 2025, las autoridades iniciaron 1,012 millones de expedientes y adoptaron medidas disciplinarias contra 983.000 personas. Entre ellas había 69 altos cargos de nivel provincial, ministerial o superior. Estas estadísticas incluyen distintas infracciones disciplinarias y administrativas, no exclusivamente condenas penales por corrupción.

El volumen de actuaciones refleja la continuidad de la ofensiva iniciada por Xi Jinping. Sin embargo, el número de expedientes no permite determinar por sí solo cuánto ha disminuido la corrupción real. Una mayor actividad investigadora puede revelar tanto una supervisión más intensa como la persistencia de irregularidades.

Los estudios académicos ofrecen una perspectiva adicional.

Una investigación publicada en 2025 en la revista The China Quarterly, basada en datos de encuestas de hogares y otras fuentes, encontró una relación entre el refuerzo de las medidas anticorrupción y una menor percepción de corrupción entre la población. También observó valoraciones más favorables del funcionamiento de los gobiernos locales, especialmente cuando los ciudadanos confiaban previamente en los funcionarios.

Otros trabajos han identificado resultados más complejos. Una investigación publicada ese mismo año en Journal of Economic Behavior & Organization encontró que la exposición a las investigaciones anticorrupción podía reducir la confianza política, particularmente entre quienes anteriormente disponían de menos información sobre las irregularidades.

La diferencia es relevante: conocer más casos de corrupción puede aumentar la confianza en los mecanismos que los detectan, pero también empeorar la opinión sobre las instituciones donde se han producido.

El problema de controlar a quienes investigan la corrupción

El modelo chino presenta una diferencia fundamental respecto a los sistemas que descansan en una mayor separación institucional de poderes.

La Constitución china establece que las comisiones de supervisión responden ante las asambleas populares correspondientes. La legislación también reconoce que estos organismos deben ejercer sus funciones supervisoras sin interferencias administrativas indebidas.

Sin embargo, la dirección de la lucha anticorrupción permanece bajo la autoridad del Partido Comunista de China. La Comisión Central de Inspección Disciplinaria forma parte de su estructura y trabaja conjuntamente con la Comisión Nacional de Supervisión.

Esto significa que el sistema está diseñado principalmente para reforzar la vigilancia dentro de la organización política que dirige el Estado, y no para establecer un contrapeso políticamente independiente de ella.

La distinción importa porque una campaña puede investigar y castigar irregularidades reales y, al mismo tiempo, fortalecer la autoridad de quienes deciden sus prioridades.

El debate se ha intensificado con las recientes destituciones y expulsiones de altos funcionarios, incluidos responsables militares.

Diversos especialistas consideran que las medidas disciplinarias pueden mejorar el cumplimiento de las normas, pero también advierten de efectos no deseados. Entre ellos, el temor de los funcionarios a asumir responsabilidades, el exceso de cautela administrativa y la tendencia a priorizar la obediencia política frente a la iniciativa profesional.

El problema no es menor. Una administración cuyos empleados evitan cualquier decisión por miedo a una investigación también puede perder capacidad para resolver las necesidades de los ciudadanos.

La evolución de los indicadores internacionales añade otra referencia. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, elaborado por Transparencia Internacional y publicado en febrero de 2026, China obtuvo 43 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 76 entre 182 países y territorios.

Su puntuación permaneció sin cambios respecto al año anterior. El índice mide percepciones de corrupción en el sector público, por lo que no permite contabilizar directamente los delitos cometidos, pero sirve para contextualizar los resultados declarados por el Gobierno.

La lucha anticorrupción entra en una nueva etapa

El pleno del Partido Comunista celebrado entre el 26 y el 29 de octubre de 2026 confirmó que la disciplina institucional seguirá ocupando un lugar central en la política china.

La dirección del partido reafirmó expresamente la necesidad de combinar los tres principios: impedir que los funcionarios se atrevan a cometer irregularidades, eliminar las oportunidades para hacerlo y reducir la disposición a participar en ellas.

También defendió mantener las sanciones, fortalecer los mecanismos preventivos y mejorar las normas que regulan el funcionamiento de los organismos públicos. No se trata de una estrategia recién estrenada, sino de la continuidad y profundización de una política iniciada hace más de una década.

La dirección china reconoce, pese a los resultados anunciados, que las infracciones siguen produciéndose y que determinados problemas disciplinarios son persistentes.

El desafío consiste en conseguir que las reformas no dependan únicamente de campañas de inspección o de decisiones adoptadas desde las estructuras superiores del partido.

Los casos de los comedores escolares y de los altos funcionarios condenados reflejan dos dimensiones de una misma política. Una afecta a los servicios cotidianos; la otra, a quienes administran grandes cantidades de dinero y ejercen responsabilidades relevantes.

La eficacia de los «tres no» dependerá de que sus mecanismos consigan prevenir nuevas irregularidades, proteger los recursos públicos y garantizar que quienes ejercen funciones de vigilancia también rindan cuentas.

Porque un sistema puede acumular millones de sanciones y continuar necesitando reformas. El resultado más significativo no será únicamente cuántos funcionarios terminan investigados, sino cuánto disminuyen los abusos que afectan a la vida cotidiana de la población.