Paraguay: trasladan a Peña a un cuartel tras las protestas en su casa

La crisis política de Paraguay ha vivido una nueva noche de tensión. El expresidente Santiago Peña fue trasladado a un cuartel militar durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre de 2026, después de que numerosos manifestantes se concentraran frente a su vivienda de Asunción para exigir su ingreso en prisión. La protesta terminó con enfrentamientos entre ciudadanos y policías, lanzamiento de piedras y una intervención de las fuerzas de seguridad para dispersar a la multitud.

El exmandatario, destituido el viernes por el Senado y detenido por orden de la Fiscalía, permanecía inicialmente bajo arresto domiciliario por su presunta implicación en el escándalo financiero de Ueno Bank. La situación frente a su residencia se deterioró hasta que las autoridades decidieron trasladarlo al Regimiento Escolta Presidencial, una instalación militar de la capital paraguaya, por motivos de seguridad.

Enfrentamientos, pedradas y un policía herido en Asunción

La concentración comenzó durante la noche del viernes frente a la residencia particular de Peña, en Asunción. Los manifestantes rechazaban que el expresidente permaneciera detenido en su propia vivienda y reclamaban su traslado a una cárcel ordinaria, especialmente a Tacumbú, uno de los principales centros penitenciarios de la capital.

La tensión aumentó cuando algunos participantes comenzaron a lanzar piedras contra el cordón policial que protegía el inmueble. Uno de los proyectiles alcanzó en el rostro al comisario Pedro Babera, jefe de la Comisaría 10.ª, que sufrió una herida cerca del ojo izquierdo y necesitó asistencia sanitaria.

Los agentes respondieron utilizando gases lacrimógenos y proyectiles de goma para dispersar a los manifestantes. La Policía también denunció la posible presencia de grupos infiltrados que pretendían provocar incidentes, aunque esa sospecha no había sido acreditada públicamente.

La salida de Santiago Peña entre insultos y lanzamiento de huevos

El operativo de traslado se ejecutó minutos antes de la medianoche del viernes 6 de noviembre. Varias camionetas abandonaron la residencia bajo custodia policial mientras algunos vecinos lanzaban huevos y gritaban insultos contra el expresidente.

El destino fue el Regimiento Escolta Presidencial, donde las autoridades dispusieron su permanencia preventiva por razones de seguridad. El traslado no suponía, por sí mismo, una condena ni una decisión definitiva sobre el régimen de privación de libertad que deberá cumplir Peña durante el procedimiento penal.

En las primeras informaciones tampoco se había aclarado públicamente qué autorización judicial o fiscal respaldaba el cambio de ubicación ni cuáles serían las condiciones exactas de su permanencia en la instalación militar.

El escándalo de Ueno Bank que desencadenó la crisis

Detrás de las protestas está el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera digital que llegó a reunir aproximadamente 2,9 millones de clientes en Paraguay, un país de algo más de seis millones de habitantes.

La intervención del banco por parte del Banco Central de Paraguay provocó restricciones para acceder a cuentas, retirar efectivo y realizar operaciones habituales. Miles de ciudadanos denunciaron problemas para recuperar sus ahorros, mientras crecían las dudas sobre la gestión de la entidad y sus vínculos con altos cargos del Estado.

La situación también afectó a fondos vinculados con instituciones públicas y sistemas de pensiones. Entre los perjudicados figuran jubilados y trabajadores cuyos recursos estaban depositados en la entidad. La exposición de organismos estatales al banco añadió una dimensión especialmente delicada a la crisis financiera paraguaya.

El papel de los fondos públicos y las sospechas de corrupción

La investigación se centra, entre otros aspectos, en la llegada de importantes cantidades de dinero público a Ueno Bank durante la presidencia de Peña y en las decisiones que permitieron el crecimiento de la entidad.

Los investigadores examinan si existió un trato favorable por parte de las autoridades y si determinadas operaciones perjudicaron los intereses del Estado y de los depositantes. Se trata de sospechas sometidas a investigación, no de responsabilidades penales establecidas mediante sentencia.

Peña había mantenido vínculos empresariales con el grupo financiero relacionado con Ueno. El expresidente fue accionista de Ueno Holding, una empresa vinculada al conglomerado propietario del banco, hasta 2025, cuando vendió su participación. Ha sostenido que no tenía una inversión directa en la entidad bancaria y ha negado haber cometido irregularidades.

También nombró al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, anteriormente vinculado a Financiera Ueno. Carvallo dimitió de su cargo en medio del escándalo y posteriormente se entregó a la Policía tras dictarse una orden de detención en su contra.

El Banco Central ha comenzado a activar mecanismos para devolver fondos a determinados clientes y ha señalado que el seguro de depósitos cubre a la gran mayoría de los titulares. Sin embargo, la recuperación de los ahorros y el esclarecimiento de las responsabilidades siguen siendo dos de los principales problemas de la crisis.

La destitución de Santiago Peña y su situación judicial

El Senado paraguayo destituyó a Santiago Peña el viernes 6 de noviembre, mediante un juicio político en el que los senadores presentes votaron a favor de su salida del poder.

La decisión llegó después de que el entonces presidente hubiera presentado su renuncia, con el argumento de reducir la inestabilidad política. No obstante, el procedimiento parlamentario terminó con su destitución por mal desempeño de sus funciones.

La diferencia tiene consecuencias jurídicas. Según la Constitución paraguaya, los expresidentes elegidos democráticamente pueden acceder a la condición de senadores vitalicios, salvo que hayan sido destituidos mediante un juicio político. Peña perdió así esa posibilidad y la inmunidad parlamentaria asociada.

Tras abandonar la Presidencia, la Fiscalía ordenó su detención por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. La orden quedó recogida en la causa penal abierta por supuesta lesión de confianza y otros posibles delitos.

El exmandatario está investigado por posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Las acusaciones deberán examinarse dentro del procedimiento penal y Peña mantiene su derecho a la presunción de inocencia. El expresidente ha negado haber cometido irregularidades.

Qué puede ocurrir con el expresidente

Las autoridades habían previsto que Peña compareciera este sábado 7 de noviembre, a las 11.00 horas de Paraguay, ante el Ministerio Público, concretamente ante los fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción.

Su situación procesal dependerá de las decisiones de los fiscales y del juez competente, que deberá valorar las pruebas y las medidas cautelares aplicables. La comparecencia permitirá conocer con mayor precisión los hechos que se le atribuyen y los siguientes pasos de la investigación.

La defensa del expresidente ha cuestionado la necesidad de imponerle prisión preventiva y ha defendido su disposición a colaborar con las autoridades. Su abogado, Ricardo Preda, sostiene que una medida de esa naturaleza debe justificarse por riesgos procesales concretos, como una posible fuga o la obstrucción de la investigación.

La exigencia de prisión expresada por los manifestantes no sustituye ese procedimiento. Una detención preventiva, un arresto domiciliario y una condena de prisión son figuras jurídicas diferentes, con requisitos y consecuencias distintas.

Paraguay afronta una crisis política y financiera

La salida de Peña ha provocado también un cambio en la jefatura del Estado. Su hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, ha asumido la Presidencia de Paraguay con el mandato de completar el periodo constitucional, previsto hasta agosto de 2028.

El nuevo Gobierno hereda una situación especialmente delicada. Debe afrontar las consecuencias de la intervención de Ueno Bank, atender las reclamaciones de los ahorradores y recuperar la estabilidad institucional mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Las protestas ante la residencia del expresidente reflejan que su destitución no ha puesto fin al conflicto. Para una parte de los afectados, la pérdida del cargo resulta insuficiente mientras continúen bloqueados sus recursos y no se determinen las posibles responsabilidades penales.

La situación judicial de Santiago Peña y la recuperación del dinero de los depositantes marcarán los siguientes pasos de una crisis que ha pasado, en apenas unos días, del sistema financiero a la Presidencia de la República y a las calles de Asunción.