Absuelto un padre por llevar a su hija enferma al hospital a 228 km/h

La Audiencia Provincial de Cuenca ha absuelto a un padre que conducía a 228 kilómetros por hora por una autopista limitada a 120 km/h mientras trasladaba de urgencia al hospital a su hija de 11 años, gravemente enferma. El tribunal considera que actuó bajo un estado de necesidad y ha revocado la condena que inicialmente le impuso un juzgado por un delito contra la seguridad vial.

El hombre había sido condenado a pagar 1.620 euros de multa y a permanecer un año y un día sin carné de conducir. Sin embargo, los magistrados han concluido que la situación médica de la menor justificaba excepcionalmente su comportamiento, al existir motivos razonables para temer consecuencias graves si se retrasaba la asistencia sanitaria.

La resolución, dictada el 15 de septiembre de 2026 y conocida públicamente en las últimas semanas, plantea una cuestión jurídica importante: hasta qué punto puede justificarse una infracción de tráfico cuando está en juego la vida o la salud de otra persona. La respuesta judicial es favorable al padre, aunque con un matiz fundamental: la sentencia no concede permiso general para superar los límites de velocidad ante una emergencia.

Una niña gravemente enferma y una urgencia durante el viaje

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2025, cuando el conductor viajaba acompañado de su esposa y su hija. La familia regresaba de Valladolid cuando la menor comenzó a experimentar un episodio de dolor intenso que hizo temer a sus padres por su estado de salud.

La niña padecía una grave enfermedad oncológica con metástasis en la columna vertebral, había perdido completamente la visión y llevaba años sometida a tratamientos médicos. Según recoge la resolución judicial, había pasado por varias intervenciones de neurocirugía y continuaba recibiendo quimioterapia.

Durante el trayecto, la menor comenzó a sufrir fuertes dolores en la espalda, especialmente en las zonas afectadas por las metástasis. Los síntomas fueron acompañados de náuseas, agitación, llanto y gemidos constantes. La situación resultaba especialmente preocupante por sus antecedentes médicos.

Sus padres interpretaron que podía estar produciéndose una complicación grave y decidieron acudir cuanto antes al Hospital de Albacete. El padre aceleró considerablemente, convencido de que reducir el tiempo de desplazamiento podía resultar determinante.

La Audiencia Provincial considera acreditado que aquella decisión estuvo directamente relacionada con el empeoramiento repentino de la niña. No se trataba, según los hechos probados aceptados en apelación, de un conductor que circulase a gran velocidad por imprudencia o por el simple deseo de llegar antes a su destino.

Un radar detectó el vehículo a 228 km/h

A las 17.37 horas, un cinemómetro Velolaser de la Guardia Civil registró el automóvil circulando a 228 kilómetros por hora en un tramo de autopista donde la velocidad máxima permitida era de 120 km/h.

La diferencia era considerable: 108 kilómetros por hora por encima del límite. Tras aplicar el margen de error del 4 % del dispositivo, la velocidad considerada a efectos judiciales quedó fijada en 218,88 km/h.

El artículo 379.1 del Código Penal establece que superar en más de 80 km/h el límite permitido en una vía interurbana constituye un delito contra la seguridad vial. La conducta del acusado rebasaba ampliamente ese umbral, incluso después de aplicar la corrección técnica del radar.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cuenca dictó una sentencia condenatoria el 26 de junio de 2025. Impuso al conductor nueve meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año y un día.

La defensa recurrió la condena alegando que el hombre había actuado para proteger a su hija ante una emergencia sanitaria. La Fiscalía, por su parte, se opuso al recurso y solicitó que se mantuviera la sentencia inicial.

El caso llegó así a la Audiencia Provincial de Cuenca, que terminó modificando los hechos probados de la primera resolución y absolviendo al conductor.

La Justicia aplica el estado de necesidad y anula la condena

El fundamento de la absolución se encuentra en el artículo 20.5 del Código Penal, que contempla el denominado estado de necesidad como una circunstancia que puede excluir completamente la responsabilidad criminal.

Esta figura jurídica permite justificar determinadas conductas contrarias a la ley cuando resultan necesarias para evitar un mal mayor, siempre que concurran los requisitos exigidos legalmente.

Entre ellos figuran que el daño causado no sea superior al que se pretende impedir, que la situación no haya sido provocada intencionadamente y que la persona afectada no tenga una obligación especial de sacrificarse por razón de su profesión o cargo.

En este procedimiento, la Audiencia considera que la salud y la integridad física de la menor estaban expuestas a un peligro suficientemente grave como para justificar la actuación de su padre.

Los magistrados entienden que el historial clínico de la niña y la aparición repentina de síntomas intensos hacían razonable buscar asistencia médica inmediata. Una demora, valoran, podía haber tenido consecuencias especialmente graves.

La resolución tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el estado de necesidad y rechaza interpretar sus requisitos de una forma tan rígida que impida valorar las circunstancias concretas de una emergencia.

El hecho de que la niña mejorase no elimina la urgencia

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es la valoración de lo ocurrido después de llegar al hospital.

La atención médica que finalmente recibió la menor no resultó especialmente compleja. Sin embargo, el tribunal considera que ese desenlace no demuestra que el peligro inicial fuera inexistente.

La Audiencia aplica lo que jurídicamente se conoce como perspectiva ex ante: analizar una decisión atendiendo a la información disponible cuando se tomó, y no a lo que se supo después.

Es una distinción esencial. Los padres desconocían qué estaba provocando aquella crisis y temían que pudiera tratarse de una complicación severa de la enfermedad de su hija.

Los magistrados concluyen que la necesidad de una evaluación médica urgente era razonable en esas circunstancias. Que finalmente no se confirmara una complicación de especial gravedad no permite exigir a los progenitores que hubieran anticipado ese resultado.

Una absolución que no permite conducir a cualquier velocidad

La resolución judicial tiene un alcance concreto y no modifica las normas generales de circulación.

Circular a más de 200 km/h por una autopista limitada a 120 sigue siendo una conducta penalmente castigada, con independencia de que el conductor considere que tiene motivos importantes para llegar cuanto antes a su destino.

La excepción aplicada en este procedimiento exige demostrar una situación de necesidad real y grave, una relación directa entre el peligro y la conducta realizada y el cumplimiento de los requisitos legales.

Tampoco basta con alegar una urgencia familiar. Los tribunales deben examinar las circunstancias de cada caso, la entidad del peligro, la proporcionalidad de la respuesta y las alternativas disponibles.

Conviene recordar que, ante una emergencia sanitaria en carretera, el procedimiento general recomendado es contactar con el 112 para solicitar asistencia y recibir instrucciones de los servicios de emergencia. Una situación de angustia no convierte automáticamente un vehículo particular en una ambulancia ni le otorga las mismas prerrogativas de circulación.

La particularidad de esta sentencia es que los magistrados han considerado suficientemente acreditada una situación extraordinaria, marcada por la gravedad de la enfermedad de la menor y la aparición de una crisis aguda.

La decisión tampoco significa que cualquier desplazamiento urgente a un hospital permita invocar con éxito el estado de necesidad. La justificación debe examinarse caso por caso y puede ser rechazada cuando no concurran las condiciones exigidas.

La condena queda anulada, pero la sentencia aún puede recurrirse

Con su resolución del 15 de septiembre de 2026, la Audiencia Provincial de Cuenca ha estimado el recurso del conductor y ha dejado sin efecto la condena dictada en primera instancia.

El padre queda absuelto del delito contra la seguridad vial, por lo que desaparecen la multa penal de 1.620 euros y la privación del permiso de conducir durante un año y un día. El tribunal también declara de oficio las costas procesales de ambas instancias.

La sentencia, identificada con el número 123/2026, no era firme en el momento de su publicación y contempla la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Más allá de la velocidad registrada por el radar, el fallo refleja cómo el Derecho penal permite valorar circunstancias excepcionales que no siempre pueden resolverse mediante una aplicación automática de las sanciones.

La Audiencia no niega que el conductor superara ampliamente el límite permitido. Lo que establece es que, en aquellas circunstancias acreditadas, el peligro que intentaba evitar justificaba jurídicamente su actuación.

Una absolución excepcional, por tanto, que no cambia los límites de velocidad, pero recuerda que la responsabilidad penal también depende del contexto en el que se producen los hechos.