La COP31 arranca en Turquía con el clima y la financiación en juego

La COP31 comienza este lunes 9 de noviembre en Antalya, Turquía, con un desafío que lleva años poniendo a prueba las negociaciones internacionales: conseguir que los compromisos contra el cambio climático se traduzcan en medidas concretas, inversiones y reducciones efectivas de las emisiones contaminantes. La conferencia de Naciones Unidas, que se prolongará hasta el 20 de noviembre, reúne a gobiernos de todo el mundo en un momento de tensiones geopolíticas y dificultades para financiar la transición energética.

La financiación climática, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la adaptación a los fenómenos meteorológicos extremos marcarán buena parte de las conversaciones. Esta edición presenta, además, una particularidad inédita: Turquía ejercerá la presidencia de la conferencia y Australia dirigirá las negociaciones oficiales, una fórmula acordada después de que ambos países compitieran por organizar el encuentro.

La cita llega tras tres décadas de avances, desacuerdos y promesas que no siempre se han cumplido. Desde la primera conferencia celebrada en Berlín en 1995 hasta el Acuerdo de París de 2015, las cumbres climáticas han construido un marco de cooperación internacional que sigue vigente. Su problema es conocido: alcanzar acuerdos resulta complicado, pero ejecutarlos puede ser todavía más difícil.

Esta vez, el debate se plantea en términos especialmente prácticos. No basta con establecer nuevos objetivos de reducción de emisiones. Los países deben explicar cómo van a cumplir los compromisos adquiridos, quién asumirá los costes y qué mecanismos permitirán comprobar los resultados.

Qué se negocia en la COP31 de Antalya

La Conferencia de las Partes, conocida por sus siglas COP, es el principal órgano de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992 durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.

Su función consiste en coordinar la respuesta internacional al calentamiento global mediante acuerdos sobre reducción de emisiones, adaptación y cooperación económica.

En Antalya, uno de los asuntos más delicados volverá a ser el dinero destinado a los países en desarrollo, especialmente aquellos que sufren sequías, inundaciones, pérdida de cosechas y otros efectos del calentamiento pese a haber contribuido relativamente poco a las emisiones históricas.

La COP29, celebrada en Bakú en 2024, acordó movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035, con el liderazgo de las economías desarrolladas. También estableció el objetivo más amplio de impulsar la financiación climática hasta 1,3 billones de dólares anuales.

La distancia entre esas cifras y las necesidades reales continúa alimentando las discrepancias.

No se trata únicamente de cuánto dinero se promete, sino de cómo se distribuye, cuándo llega y en qué condiciones. Para muchos países vulnerables, recibir financiación mediante préstamos que aumenten su endeudamiento no equivale a disponer de ayudas directas.

La adaptación al cambio climático ocupará igualmente un lugar destacado. Construir infraestructuras resistentes a las inundaciones, garantizar reservas de agua, proteger las zonas costeras o preparar los sistemas sanitarios ante temperaturas extremas exige inversiones que numerosos gobiernos no pueden afrontar por sí solos.

Los combustibles fósiles siguen dividiendo a los países

Otro de los grandes obstáculos es la dependencia mundial del petróleo, el gas y el carbón.

La COP28 de Dubái, celebrada en 2023, consiguió incorporar a un acuerdo internacional la necesidad de avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Fue un reconocimiento político importante, aunque sin establecer un calendario obligatorio y universal para completar esa transición.

Tres años después, la aplicación de aquel compromiso sigue siendo motivo de desacuerdo.

Los países productores de hidrocarburos, las economías industrializadas y los Estados que necesitan ampliar su acceso a la energía mantienen intereses diferentes. Algunos reclaman acelerar el despliegue de energías renovables; otros insisten en que una transformación demasiado rápida puede comprometer su desarrollo económico.

La cuestión tiene consecuencias inmediatas. Las inversiones en nuevas infraestructuras de extracción y consumo de combustibles fósiles pueden prolongar durante décadas la dependencia de esas fuentes de energía.

La COP31 deberá abordar estas diferencias sin perder de vista que los acuerdos climáticos internacionales se adoptan generalmente por consenso. Un procedimiento concebido para incorporar a todos los países que también permite que las discrepancias de unos pocos compliquen las decisiones colectivas.

Turquía y Australia comparten una presidencia inédita

La organización de la COP31 constituye una novedad en la historia de estas conferencias.

Turquía acoge el encuentro y ejerce la presidencia, mientras que Australia, bajo la responsabilidad de su ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, dirige las negociaciones internacionales.

El ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, ha sido designado para asumir la presidencia de la conferencia.

Este reparto responde al acuerdo alcanzado después de que ambos países aspiraran a organizar la reunión de 2026.

La fórmula permite mantener la sede en Antalya y conceder a Australia un papel decisivo en las conversaciones diplomáticas.

También otorga mayor protagonismo a las naciones insulares del Pacífico, especialmente vulnerables a la subida del nivel del mar.

Australia ha trabajado con países de la región para incorporar sus prioridades a las negociaciones. Fiyi y Tuvalu participaron en la preparación de los encuentros previos celebrados en octubre.

Sin embargo, la distribución de responsabilidades plantea una contradicción difícil de ignorar.

Tanto Turquía como Australia mantienen importantes vínculos económicos con los combustibles fósiles. Turquía depende todavía considerablemente del carbón y del gas, mientras que Australia figura entre los grandes exportadores internacionales de carbón y gas natural.

Organizaciones ecologistas y de derechos humanos han advertido de que ambos gobiernos deberán demostrar que su papel al frente de la conferencia es compatible con una reducción efectiva de las emisiones.

La cooperación entre los dos países será fundamental, especialmente si las conversaciones llegan a sus últimas jornadas sin un acuerdo suficientemente amplio.

Treinta años de cumbres climáticas: de Kioto a París

La historia de las conferencias climáticas internacionales comenzó en Berlín en 1995. Desde entonces, las negociaciones han atravesado distintas etapas, con acuerdos que transformaron la política ambiental y reuniones cuyos resultados quedaron por debajo de las expectativas.

El primer gran avance llegó en 1997 con el Protocolo de Kioto, aprobado durante la COP3 celebrada en Japón.

Aquel tratado estableció compromisos jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones para determinados países industrializados. Su alcance fue limitado, pero introdujo una obligación internacional que hasta entonces no existía.

La siguiente gran transformación se produjo en 2015 con el Acuerdo de París.

A diferencia de Kioto, el pacto parisino incorporó compromisos climáticos de prácticamente todos los países, aunque con responsabilidades y capacidades diferentes.

Su objetivo consiste en mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

Para ello, los Estados deben presentar y actualizar periódicamente sus planes nacionales de reducción de emisiones.

El acuerdo no garantiza por sí mismo que esos objetivos se cumplan. Su eficacia depende de la ambición de los compromisos nacionales y de las medidas que adopten los gobiernos.

Las negociaciones que dejaron avances y decepciones

No todas las conferencias alcanzaron resultados comparables a los de Kioto o París.

La COP15 de Copenhague, celebrada en 2009, terminó sin el tratado internacional vinculante que numerosos gobiernos esperaban.

La COP25 de Madrid, en 2019, destacó por una circunstancia excepcional: España asumió su organización con muy poco margen después de que Chile renunciara a acogerla por la situación interna del país.

Madrid consiguió celebrar la conferencia, aunque las negociaciones concluyeron con importantes asuntos pendientes.

En 2020, la pandemia de COVID-19 obligó a aplazar la reunión climática anual. Las conversaciones se retomaron presencialmente en Glasgow en 2021.

La COP26 logró mantener el objetivo de 1,5 °C como referencia central y reclamó acelerar la reducción del carbón sin sistemas de captura de emisiones, aunque el lenguaje final quedó rebajado respecto a las propuestas iniciales.

Posteriormente, la COP27 de Egipto, celebrada en 2022, acordó crear un fondo para pérdidas y daños climáticos, destinado a apoyar a países especialmente afectados por las consecuencias del calentamiento.

La COP29 de Bakú volvió a evidenciar las diferencias sobre financiación. El compromiso económico alcanzado fue considerado insuficiente por numerosos representantes de países en desarrollo.

En 2025, la COP30 de Belém, Brasil, situó nuevamente la aplicación de los acuerdos y la financiación en el centro de las negociaciones, sin resolver todas las discrepancias sobre el futuro de los combustibles fósiles.

El recorrido refleja una característica persistente de estas conferencias: los grandes acuerdos suelen necesitar años de negociación, mientras que su ejecución se enfrenta a obstáculos políticos y económicos que cambian con cada gobierno.

El objetivo de 1,5 grados se aleja de las previsiones

El contexto científico tampoco invita a la complacencia.

Naciones Unidas ha advertido de que las políticas y compromisos actuales siguen siendo insuficientes para garantizar el cumplimiento del objetivo climático más ambicioso del Acuerdo de París.

Según las estimaciones difundidas por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las perspectivas de calentamiento se han reducido considerablemente respecto a las proyecciones anteriores a los grandes acuerdos internacionales, pero el mundo continúa encaminado hacia temperaturas superiores a las metas de París.

Los esfuerzos diplomáticos han contribuido a modificar las previsiones, aunque la reducción de emisiones todavía no avanza con la rapidez necesaria.

Conviene distinguir, además, entre superar temporalmente una temperatura media determinada y consolidar un calentamiento a largo plazo por encima de ese umbral.

El límite de 1,5 °C del Acuerdo de París se refiere al calentamiento sostenido del planeta, no a la temperatura registrada durante un único año.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha intensificado sus advertencias sobre las consecuencias de mantener la dependencia de los combustibles fósiles y seguir destinando recursos públicos a actividades que contribuyen al calentamiento global.

La comunidad científica identifica riesgos crecientes asociados al incremento de las temperaturas: episodios de calor extremo, alteraciones de las precipitaciones, sequías más intensas en determinadas regiones y subida del nivel del mar.

Para España y el conjunto de la cuenca mediterránea, la adaptación resulta especialmente relevante por la exposición al calor, la presión sobre los recursos hídricos y el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos.

La COP31 deberá demostrar que los acuerdos pueden cumplirse

La conferencia de Antalya se celebra en un momento en el que la cooperación climática internacional afronta dificultades que van más allá de las negociaciones ambientales.

Las tensiones comerciales, las necesidades energéticas y los cambios de orientación política en grandes economías condicionan las posibilidades de alcanzar nuevos compromisos.

La Unión Europea llega a la cita defendiendo la aplicación de los acuerdos existentes y la aceleración de la transición energética, pero sin plantear nuevas promesas de financiación climática en esta conferencia.

Esa posición refleja uno de los principales problemas de las negociaciones: existe un amplio reconocimiento de la necesidad de actuar, pero no el mismo consenso sobre cómo repartir los costes.

El resultado de la COP31 no dependerá únicamente de la declaración final. También habrá que examinar si establece mecanismos verificables para movilizar financiación, acelerar la reducción de emisiones y reforzar la capacidad de adaptación de los países vulnerables.

Los acuerdos internacionales pueden orientar las políticas energéticas, influir en las decisiones empresariales y facilitar inversiones a largo plazo. Pero necesitan estabilidad normativa, recursos y voluntad política para producir resultados.

Treinta y una conferencias después, el sistema de Naciones Unidas mantiene abierto un espacio de negociación prácticamente universal sobre el cambio climático. Es un logro diplomático, aunque no necesariamente suficiente.

Antalya tendrá que demostrar si ese marco de cooperación es capaz de avanzar desde los compromisos generales hacia actuaciones concretas.

Porque la distancia entre prometer una transición energética y financiarla sigue siendo uno de los grandes problemas de la política climática mundial. Y es precisamente esa distancia la que los gobiernos deberán intentar reducir durante las próximas dos semanas.