Feijóo promete sustituir el IMV y retirar ayudas por rechazar empleos

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este martes, 10 de noviembre, que sustituirá el ingreso mínimo vital (IMV) por una nueva renta de activación si el Partido Popular llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La prestación unificaría el IMV y diferentes subsidios sociales, estaría vinculada a la búsqueda de empleo y podría retirarse progresivamente a quienes rechacen ofertas de trabajo adecuadas de forma reiterada y sin una justificación válida.

La propuesta, presentada en Madrid durante el acto de lanzamiento del programa electoral del PP, pretende modificar el actual sistema de protección social. Feijóo plantea que las personas beneficiarias que puedan trabajar asuman compromisos verificables de formación e inserción laboral. Rechazar repetidamente empleos adecuados sin causa justificada tendría consecuencias económicas, incluida la pérdida gradual de las ayudas.

El líder popular defiende que aceptar un trabajo debe traducirse siempre en una mejora de los ingresos familiares. Para conseguirlo, promete que la nueva prestación será compatible con el empleo desde el primer día y que su aplicación se coordinará con las comunidades autónomas. Sin embargo, todavía no ha detallado las cuantías, los requisitos económicos ni el procedimiento concreto para retirar las prestaciones.

La reforma supondría uno de los cambios más relevantes en el sistema de ayudas sociales de los últimos años. El ingreso mínimo vital, creado en 2020 para combatir la pobreza y la exclusión social, protegió durante octubre de 2026 a 2.781.679 personas de 911.274 hogares, según los últimos datos de la Seguridad Social.

Una renta de activación para sustituir el ingreso mínimo vital

La propuesta de Feijóo consiste en reunir el IMV y distintos subsidios en una prestación denominada renta de activación. El objetivo declarado es simplificar el acceso a las ayudas y vincularlas a un itinerario de incorporación al mercado laboral.

El candidato del PP sostiene que las políticas sociales deben facilitar que las personas recuperen su autonomía económica. Bajo esa premisa, la nueva renta funcionaría como una ayuda durante la búsqueda de empleo, con obligaciones de formación y participación activa en los servicios de inserción laboral.

Cada beneficiario tendría que firmar un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, sometido a un seguimiento verificable. La propuesta también contempla la colaboración con las comunidades autónomas, responsables de buena parte de las políticas activas de empleo y de los servicios sociales.

Feijóo ha insistido en que quienes no puedan trabajar deben mantener una protección adecuada. La distinción resulta importante porque el actual ingreso mínimo vital no se dirige exclusivamente a personas desempleadas: también protege a trabajadores con ingresos insuficientes, familias con menores y hogares en situaciones de especial vulnerabilidad.

Por el momento, el PP no ha precisado qué subsidios quedarían integrados en la nueva renta ni cómo se coordinarían las prestaciones estatales con las ayudas autonómicas.

Cuándo se perderían las ayudas por rechazar un empleo

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el endurecimiento de las condiciones para conservar las prestaciones.

Según ha explicado Feijóo, rechazar ofertas laborales adecuadas de manera reiterada y sin causa justificada supondría una retirada progresiva de las ayudas económicas.

Esto significa que la propuesta no establece expresamente la eliminación automática de la prestación por rechazar una única oferta. El dirigente popular ha hablado de incumplimientos repetidos y sanciones graduadas.

No obstante, quedan cuestiones esenciales sin resolver. El PP todavía no ha especificado cuántas ofertas podrían rechazarse antes de recibir una sanción, qué porcentaje de la ayuda se retiraría ni durante cuánto tiempo se aplicaría la penalización.

Tampoco ha concretado los criterios para determinar cuándo un empleo resulta adecuado. No es un detalle menor: las condiciones salariales, la jornada, la distancia al domicilio, la situación familiar o las limitaciones de salud pueden influir en la posibilidad real de aceptar un puesto de trabajo.

La propuesta deja igualmente pendiente cómo se acreditarían las causas justificadas para rechazar una oferta y qué mecanismos de reclamación tendrían las personas afectadas.

El ingreso mínimo vital ya es compatible con trabajar

Aunque Feijóo presenta la compatibilidad entre empleo y prestación como uno de los pilares de su reforma, esa posibilidad ya existe en el sistema actual.

El ingreso mínimo vital permite percibir ingresos laborales sin perder necesariamente toda la ayuda. Su cuantía depende de los recursos económicos y de las circunstancias de cada unidad de convivencia.

De hecho, en marzo de 2026 entró en vigor una modificación del incentivo al empleo que busca facilitar la incorporación al mercado laboral.

Con la normativa vigente, los primeros 6.000 euros de incremento de ingresos laborales quedan exentos durante un año a efectos del cálculo de la prestación. A partir de esa cantidad, se computa el 50 % del incremento, conforme a las condiciones establecidas.

El mecanismo pretende evitar que encontrar un empleo poco remunerado provoque una pérdida de ayudas que termine dejando a la familia con menos recursos.

La diferencia con la propuesta popular estaría, por tanto, en la reorganización de las prestaciones y en el nuevo sistema de compromisos y penalizaciones, cuyos detalles todavía deben concretarse.

Rechazar ofertas de empleo ya puede provocar sanciones

La posibilidad de perder una prestación por rechazar un empleo adecuado tampoco es completamente nueva en España.

Las personas que cobran prestaciones o subsidios por desempleo ya están sujetas a determinadas obligaciones ante los servicios públicos de empleo.

En el régimen vigente, rechazar una colocación adecuada sin causa justificada constituye una infracción grave. Las sanciones pueden suponer tres meses sin prestación por una primera infracción, seis meses por una segunda y su extinción por una tercera, cuando concurren las condiciones legales correspondientes.

El ingreso mínimo vital, por su parte, tiene una regulación diferente. Su finalidad principal es garantizar unos recursos básicos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, aunque también contempla obligaciones de inscripción como demandante de empleo en determinados casos y participación en estrategias de inclusión.

La reforma anunciada por Feijóo plantea unificar prestaciones que actualmente responden a requisitos y finalidades diferentes. Para valorar su verdadero alcance será necesario conocer cómo se adaptaría el régimen de sanciones a cada situación.

Una reforma que afectaría a millones de personas

El alcance potencial del cambio es considerable.

Según la estadística de octubre de 2026, el ingreso mínimo vital llega a más de 911.000 hogares españoles. Dentro de esas unidades familiares conviven situaciones muy diferentes: personas que buscan empleo, trabajadores con salarios reducidos, hogares monoparentales, menores y personas con dificultades especiales para incorporarse al mercado laboral.

No todos los perceptores están en condiciones de trabajar. Tampoco todos dependen exclusivamente del ingreso mínimo vital.

Precisamente por eso, la nueva renta de activación tendría que resolver cómo se protegerían las necesidades básicas de cada hogar cuando alguno de sus miembros incumpliese las obligaciones laborales establecidas.

Una eventual retirada de la prestación puede afectar al conjunto de una unidad familiar, aunque el incumplimiento corresponda a una sola persona. El PP no ha explicado todavía si establecería mecanismos específicos para proteger a menores y otros miembros vulnerables frente a las consecuencias de las sanciones.

Feijóo ha defendido que las personas incapacitadas para trabajar deben contar con una protección suficiente. Sin embargo, no ha presentado una regulación detallada que permita determinar cómo se aplicaría esa garantía en la futura prestación.

La propuesta electoral todavía no tiene calendario de aplicación

El anuncio forma parte de los compromisos con los que el Partido Popular concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

Durante la presentación de su programa, integrado por 249 propuestas, Feijóo defendió un cambio amplio de las políticas económicas y sociales. La creación de la renta de activación fue una de las iniciativas expuestas en su intervención, aunque su contenido detallado no figura en el documento electoral difundido inicialmente.

Esto significa que no existe todavía una reforma aprobada ni una fecha de entrada en vigor. Los actuales beneficiarios del ingreso mínimo vital mantienen sus derechos y obligaciones conforme a la normativa vigente.

Para que el planteamiento del PP se convirtiera en realidad sería necesario que el partido llegara al Gobierno y promoviera las correspondientes modificaciones legales.

Quedan por conocer cuestiones fundamentales: cuánto se cobraría, qué subsidios desaparecerían o se integrarían, qué ocurriría con las familias que ya reciben el IMV y cómo se calcularían las reducciones de las ayudas por incumplimiento.

La propuesta de Feijóo introduce así un debate de fondo sobre el equilibrio entre protección social e incorporación al empleo. Vincular las prestaciones a compromisos laborales no es una novedad absoluta, pero extender un modelo de renta única a beneficiarios con circunstancias muy distintas exigiría definir cuidadosamente sus condiciones.

Por ahora, el compromiso político está anunciado. Lo que todavía falta es saber cómo se traduciría en una norma y qué consecuencias económicas tendría para los hogares que dependen de estas ayudas.