Mlily cierra su fábrica de colchones en Valencia y prevé 125 despidos

La multinacional china Mlily ha decidido cerrar su fábrica de colchones en Quartell (Valencia), una medida que amenaza los 125 puestos de trabajo de la plantilla y que está directamente relacionada con las barreras comerciales impuestas por Estados Unidos. La compañía, perteneciente al grupo Healthcare Co., ha trasladado buena parte de la producción destinada al mercado estadounidense a instalaciones situadas en ese país, después de que Washington impusiera aranceles antidumping a los colchones fabricados en España.

El cierre afecta a Healthcare Foam, la filial española del fabricante asiático, cuya planta se encuentra en el municipio valenciano de Quartell, en la comarca del Camp de Morvedre. La empresa ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla la extinción de los 125 contratos. Según el registro europeo de reestructuraciones empresariales Eurofound, los efectos laborales están previstos a partir del 16 de diciembre de 2026.

La decisión supone un golpe para la industria valenciana y refleja una consecuencia muy concreta de las tensiones comerciales internacionales: una empresa puede mantener su actividad y sus ventas en el extranjero mientras desaparecen los empleos de la fábrica desde la que abastecía ese mercado.

En este caso, la situación resulta especialmente llamativa. Hace apenas un año, la planta valenciana había recibido una autorización ambiental de la Generalitat que abría la puerta a ampliar su capacidad productiva. Ahora, el escenario es radicalmente distinto.

Mlily traslada producción a Estados Unidos y cierra en Valencia

El principal motivo comercial del cierre está en Estados Unidos, uno de los grandes mercados de Mlily. La compañía china comercializa colchones y otros productos de descanso tanto en Norteamérica como en Europa, pero las condiciones para exportar desde España han cambiado.

La imposición de derechos antidumping a los colchones españoles ha encarecido la entrada de estos productos en territorio estadounidense. Ante esta situación, el grupo ha reorganizado su producción y trasladado buena parte de la fabricación que realizaba en Quartell a Estados Unidos.

La estrategia tiene una lógica empresarial: producir dentro del principal mercado de destino permite reducir la exposición a determinados costes aduaneros y evitar parte de los riesgos derivados de las restricciones comerciales. Otra cuestión es quién soporta las consecuencias de esa reorganización.

Para la fábrica valenciana, la pérdida de producción supone quedarse sin una parte fundamental de su actividad. La multinacional ha optado por el cierre, alegando también dificultades económicas y la necesidad de reorganizar sus operaciones.

No se trata, por tanto, de que Mlily haya dejado de vender colchones ni de que haya anunciado el abandono del mercado estadounidense. Lo que desaparece es su capacidad industrial en Quartell, mientras parte de la producción que antes se realizaba en España se desplaza al otro lado del Atlántico.

El arancel de Estados Unidos que perjudica a los colchones españoles

El origen de las restricciones comerciales que afectan a Healthcare Foam se remonta a una investigación antidumping iniciada por Estados Unidos en 2023.

Las autoridades estadounidenses examinaron las importaciones de colchones procedentes de diferentes países para determinar si se comercializaban a precios considerados inferiores a su valor justo, una práctica que puede perjudicar a los fabricantes nacionales.

En julio de 2024, el Departamento de Comercio estadounidense anunció su resolución definitiva sobre las importaciones investigadas de España, India, Kosovo y México.

En el caso de Healthcare Foam y Comotex Sistemas del Descanso, la investigación estableció un margen de dumping del 4,61 %. Posteriormente, en septiembre de 2024, Estados Unidos formalizó las correspondientes órdenes antidumping.

La cifra resulta importante porque permite distinguir esta medida comercial de los aranceles generales que han protagonizado las disputas entre Washington y sus socios comerciales. El procedimiento que afecta a los colchones españoles comenzó antes de la actual escalada arancelaria.

Por qué fabricar en Estados Unidos cambia las condiciones

Un arancel antidumping es un gravamen que puede aplicarse a determinados productos importados cuando las autoridades del país comprador concluyen que existen prácticas de precios perjudiciales para su industria.

Su finalidad declarada es proteger a los fabricantes nacionales frente a la competencia considerada desleal. Sin embargo, las consecuencias pueden ir más allá del encarecimiento de las importaciones.

Cuando una multinacional dispone de capacidad para trasladar sus operaciones, puede responder fabricando directamente dentro del país que ha establecido las restricciones.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con buena parte de la producción de Mlily destinada a Estados Unidos.

La paradoja es evidente: una medida concebida para proteger la industria estadounidense puede contribuir a atraer producción a ese país, pero también provocar la pérdida de actividad industrial y empleo en otro territorio.

Conviene precisar que el gravamen antidumping del 4,61 % fijado en 2024 no representa necesariamente la totalidad de los costes arancelarios aplicables actualmente a las importaciones de la empresa.

Un ERE que afecta a los 125 trabajadores de Quartell

La consecuencia más inmediata del cierre es laboral. Healthcare Foam ha presentado un expediente de regulación de empleo que contempla la desaparición de los 125 puestos de trabajo de la fábrica valenciana.

La decisión ya había provocado un conflicto con los representantes de los trabajadores en septiembre. Comisiones Obreras manifestó entonces su rechazo al cierre y reclamó que la multinacional estudiara alternativas para mantener la actividad.

El sindicato denunció que la dirección no había presentado propuestas suficientes para evitar la clausura de las instalaciones y exigió una negociación laboral que tuviera en cuenta tanto la situación económica del grupo como el impacto social sobre la plantilla.

Entre las reivindicaciones sindicales figuraban indemnizaciones de al menos 33 días por año trabajado, compensaciones adicionales, garantías de pago por parte de la matriz y la regularización de cantidades salariales y cotizaciones pendientes.

CCOO también solicitó medidas específicas para los empleados de mayor edad, incluido un plan de prejubilaciones para mayores de 55 años, así como protección para las personas en excedencia y los colectivos más vulnerables.

El sindicato había criticado igualmente que el ERE se comunicara durante el periodo vacacional y que se solicitaran horas extraordinarias después de anunciarse el cierre.

El registro de Eurofound recoge la pérdida prevista de los 125 empleos, aunque esa previsión no permite determinar por sí sola si posteriormente se han alcanzado acuerdos sobre las condiciones definitivas de las extinciones.

De ampliar la fábrica en 2025 a anunciar su cierre en 2026

Uno de los aspectos más significativos de este caso es la rapidez con la que han cambiado las perspectivas de la planta valenciana.

En noviembre de 2025, la Generalitat Valenciana anunció la concesión de una autorización ambiental integrada a Healthcare Foam que permitía desarrollar su actividad de fabricación y transformación de espuma de poliuretano para producir diferentes tipos de colchones.

La autorización abría la puerta a incrementar la capacidad productiva de las instalaciones. Entonces, la fábrica contaba con aproximadamente 150 trabajadores y las expectativas institucionales apuntaban hacia el crecimiento y la creación de empleo.

La documentación administrativa fue publicada posteriormente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en febrero de 2026.

Menos de un año después de aquella autorización, la multinacional había iniciado el procedimiento para cerrar la factoría.

La sucesión de acontecimientos muestra hasta qué punto las decisiones industriales pueden verse alteradas por factores externos a una instalación concreta. Disponer de permisos para producir más no garantiza que una empresa mantenga sus inversiones cuando cambia la rentabilidad de fabricar en un determinado país.

Quartell, un municipio de pequeño tamaño, afronta así la posible desaparición de una actividad manufacturera relevante para su entorno. El impacto laboral tampoco se limita necesariamente a sus vecinos, puesto que la fábrica ha dado empleo a trabajadores de otras localidades de Les Valls.

El cierre de Mlily evidencia el coste industrial de los aranceles

La salida de Healthcare Foam de Quartell muestra una de las caras menos visibles de las políticas comerciales proteccionistas. Las barreras arancelarias no afectan únicamente a los precios de los productos que cruzan las fronteras: también pueden modificar dónde deciden instalar sus fábricas las multinacionales.

Para Mlily, la reorganización permite acercar parte de su producción al mercado estadounidense. Para Valencia, supone perder una fábrica y afrontar la desaparición prevista de 125 empleos industriales.

El caso también plantea una cuestión sobre la capacidad de las economías europeas para conservar inversiones productivas cuando sus empresas compiten en mercados sometidos a restricciones comerciales.

Las compañías con presencia internacional disponen de distintas opciones para reorganizar sus cadenas de fabricación. Los trabajadores de una instalación concreta, evidentemente, tienen muchas menos.

En Quartell, el debate ya no se limita al porcentaje de un arancel ni a las relaciones comerciales entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. La decisión empresarial se traduce en una fábrica que dejará de producir y en una plantilla cuyo futuro depende de las condiciones del proceso de cierre.

La producción se traslada a Estados Unidos. Los 125 puestos de trabajo de Quartell, no.