El Gobierno pide a la AEPD suspender TikTok por abuso sexual infantil

El Gobierno de España ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice cautelarmente la actividad de TikTok en territorio español. La petición, anunciada el martes 10 de noviembre de 2026 por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llega después de que una investigación de la Fundación Maldita.es identificara 1.183 vídeos e imágenes de abuso sexual infantil en la plataforma, con un total acumulado de 48 millones de visualizaciones.

La medida supondría una suspensión temporal de TikTok en España, aunque la aplicación no ha sido bloqueada y la decisión corresponde exclusivamente a la AEPD, un organismo independiente del Ejecutivo. El Ministerio reclama una intervención excepcional mientras se investigan los contenidos denunciados y exige a la compañía que retire el material, colabore con la Fiscalía y corrija las deficiencias detectadas en sus sistemas de moderación. La solicitud se ampara en el artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que permite adoptar medidas urgentes por un máximo de tres meses.

La iniciativa abre un conflicto de considerable alcance entre el Gobierno español y una de las mayores plataformas digitales del mundo. También plantea una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar la intervención de las autoridades cuando una red social no consigue impedir la circulación de contenidos que vulneran gravemente los derechos de los menores.

Una investigación destapa más de mil contenidos de abuso infantil en TikTok

El origen de esta crisis está en una investigación publicada el 9 de noviembre por Maldita.es, que documenta la presencia de material de abuso sexual infantil y la actividad de usuarios que utilizan TikTok para localizar, solicitar, intercambiar o comercializar estos contenidos.

Durante 35 días, entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre, los investigadores registraron 12.068 comentarios en español vinculados a estas prácticas. En ellos participaron 7.725 perfiles que, según la investigación, manifestaban tener acceso al material, lo solicitaban o indicaban cómo conseguirlo.

La organización identificó también 1.183 publicaciones con imágenes o vídeos explícitos de abusos sexuales contra menores, que acumulaban aproximadamente 48 millones de reproducciones. Son cifras procedentes de la investigación, no de una auditoría independiente de toda la plataforma, pero su magnitud ha provocado una respuesta inmediata de las autoridades españolas.

Uno de los hallazgos más preocupantes afecta a la eficacia de los mecanismos de denuncia.

Maldita.es comunicó a TikTok una muestra de 50 vídeos mediante los canales oficiales destinados a denunciar contenido ilegal. Según sus comprobaciones iniciales, la plataforma eliminó únicamente cinco, equivalentes al 10% del total. Otros 13 fueron bloqueados exclusivamente para los usuarios españoles.

Parte del contenido permaneció accesible pese a las denuncias. La investigación también describe cómo determinadas búsquedas y sistemas de recomendación facilitaban el acceso a perfiles relacionados con estas actividades.

No se trata únicamente de determinar si TikTok elimina una publicación después de recibir una denuncia. El problema alcanza a la detección preventiva, la moderación y la posible difusión algorítmica de contenidos ilícitos.

Sira Rego exige la suspensión cautelar de TikTok en España

La ministra de Juventud e Infancia mantuvo el 10 de noviembre reuniones con representantes de Maldita.es y posteriormente con responsables de TikTok para abordar las conclusiones de la investigación.

Tras esos encuentros, Rego anunció el envío de una solicitud formal a la AEPD para que estudiara la paralización excepcional de la plataforma.

La ministra expresó abiertamente su posición: «Si de mí hubiese dependido, TikTok habría estado suspendido en España desde ayer mismo».

El Ministerio considera que los hechos documentados reflejan un problema que va más allá de publicaciones aisladas y cuestiona la capacidad de la compañía para garantizar la seguridad de los menores.

Durante la reunión, el Gobierno planteó varias exigencias a TikTok: la eliminación inmediata de los contenidos denunciados, la conservación de pruebas, la colaboración con la Fiscalía y la presentación de un balance verificable de las actuaciones realizadas.

También reclamó explicaciones por la escasa retirada inicial de vídeos y pidió una revisión urgente de los mecanismos de moderación.

Otra de las demandas afecta al algoritmo de recomendación, cuya intervención considera necesaria el Ministerio para evitar que facilite la difusión de material relacionado con abusos sexuales.

La respuesta empresarial no convenció a Rego. Según explicó la ministra, los representantes de TikTok manifestaron su disposición a estudiar la situación y mantener conversaciones, pero no presentaron compromisos concretos que satisficieran las exigencias del Ejecutivo.

La compañía sostiene, por su parte, que necesita recibir información detallada sobre los contenidos identificados para poder localizarlos y eliminarlos. Maldita.es replica que ya ha utilizado los procedimientos oficiales de denuncia de la propia plataforma y que ha trasladado los hechos a las autoridades competentes.

La AEPD puede imponer restricciones a TikTok durante tres meses

La posibilidad existe jurídicamente, aunque no supone que la suspensión vaya a producirse de manera automática.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha fundamentado su solicitud en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos, una disposición europea que contempla intervenciones extraordinarias cuando resulta urgente proteger los derechos y libertades de las personas afectadas.

La norma permite que una autoridad nacional adopte medidas provisionales con efectos dentro de su territorio, incluso cuando la supervisión principal de una empresa corresponde a otro Estado miembro de la Unión Europea.

En el caso de TikTok, la autoridad principal de protección de datos es la irlandesa, debido a que la compañía tiene su establecimiento europeo en Irlanda.

El artículo 66 permite adoptar medidas urgentes y temporales

El mecanismo europeo establece un plazo máximo de tres meses para las medidas provisionales adoptadas por este procedimiento.

Si la AEPD apreciara circunstancias excepcionales y justificara jurídicamente la intervención, podría imponer restricciones temporales al tratamiento de datos personales. Una prohibición suficientemente amplia podría llegar a impedir, en la práctica, que TikTok siguiera prestando su servicio en España.

Sin embargo, el artículo no establece una facultad general para cerrar redes sociales por cualquier contenido ilegal. La Agencia tendría que acreditar la urgencia, la relación con los derechos protegidos por la normativa de datos personales y la proporcionalidad de la medida.

También debería comunicar su decisión a las autoridades europeas correspondientes.

Por ahora, no existe una resolución de suspensión de la AEPD. La petición gubernamental inicia una posible vía administrativa, pero no equivale a una orden de cierre.

Esta distinción resulta especialmente importante para los millones de usuarios españoles de TikTok: la red social continúa funcionando mientras las autoridades estudian las actuaciones que procedan.

TikTok empieza a retirar contenidos, pero aparecen nuevos casos

La presión institucional y la publicación de la investigación han coincidido con los primeros cambios detectados en la plataforma.

El 10 de noviembre, Maldita.es informó de que TikTok había comenzado a restringir en España determinados términos de búsqueda que anteriormente permitían localizar contenidos relacionados con abusos sexuales a menores.

La limitación no se aplicaba necesariamente a todos los usuarios ni a todas las variantes de las búsquedas. La organización comprobó asimismo que algunos de esos términos continuaban ofreciendo resultados desde otros países.

TikTok también empezó a retirar publicaciones previamente denunciadas.

La reacción, sin embargo, no había resuelto el problema. Durante tres horas de nuevas comprobaciones efectuadas el martes, los investigadores localizaron otras 100 publicaciones con material de abuso sexual infantil, que también trasladaron a la Fiscalía.

El dato evidencia la dificultad de abordar un fenómeno que puede reproducirse mediante nuevos perfiles, publicaciones y mecanismos para eludir los controles.

La intervención sobre unas determinadas palabras de búsqueda tampoco garantiza que desaparezca el material ilegal. Es necesario impedir su distribución, detectar las cuentas implicadas y evitar que los sistemas automatizados contribuyan a darle visibilidad.

No basta con borrar un vídeo después de que alcance miles de reproducciones. La protección efectiva de los menores exige mecanismos capaces de identificar y frenar estas actividades antes de que se extiendan.

La Fiscalía también examina el alcance de las denuncias

La solicitud a Protección de Datos constituye el segundo movimiento del Ministerio de Juventud e Infancia en apenas dos días.

El lunes 9 de noviembre, el departamento dirigido por Sira Rego ya había trasladado los hechos a la Fiscalía General del Estado para que examinara las posibles responsabilidades y valorara las medidas necesarias para proteger a los menores.

Entre las actuaciones planteadas figuraba la eventual interrupción de los servicios de TikTok, siempre que las autoridades competentes considerasen justificada esa decisión.

La propia Fundación Maldita.es presentó una denuncia ante la Fiscalía especializada en criminalidad informática.

La intervención judicial y la administrativa responden a funciones distintas. La Fiscalía puede investigar la posible comisión de delitos y las responsabilidades que correspondan. La AEPD, por su parte, debe examinar si concurren circunstancias que justifiquen medidas excepcionales dentro de sus competencias en materia de protección de datos.

La existencia de una denuncia no implica por sí sola que se hayan determinado responsabilidades penales de la compañía. Tampoco significa que las autoridades deban aceptar necesariamente la suspensión solicitada.

La respuesta política ha trascendido al Ejecutivo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también mantuvo un encuentro con representantes de Maldita.es para conocer los resultados de la investigación y manifestó su preocupación por los hechos denunciados.

La protección de los menores frente a los abusos sexuales constituye una obligación de los poderes públicos. La discusión jurídica se centra ahora en qué medidas concretas pueden adoptarse, quién tiene competencia para imponerlas y cómo garantizar su eficacia.

La continuidad de TikTok en España queda pendiente de la AEPD

La petición del Gobierno sitúa a TikTok ante una situación excepcional en España, pero todavía no supone su prohibición.

El futuro inmediato de la plataforma dependerá de la valoración que realice la Agencia Española de Protección de Datos, de las posibles actuaciones de la Fiscalía y de la capacidad de la empresa para demostrar que está eliminando el material denunciado y evitando su nueva difusión.

La suspensión cautelar es una posibilidad prevista en la normativa europea bajo condiciones estrictas. No es, por ahora, una decisión adoptada.

El caso plantea un desafío que afecta a toda la industria de las redes sociales. Las plataformas disponen de sistemas cada vez más sofisticados para recomendar contenidos y mantener la atención de los usuarios. Esa misma capacidad tecnológica debe ser compatible con una obligación elemental: impedir que sus servicios se conviertan en canales de difusión de abusos sexuales contra menores.

TikTok continúa operativo en España, pero las denuncias han elevado considerablemente la presión sobre la compañía. Lo que está en juego no es únicamente la continuidad de una aplicación, sino la eficacia real de los mecanismos destinados a proteger a la infancia en el entorno digital.