El TSJC ordena demoler parte del hotel Princesa Yaiza tras 21 años

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Yaiza, en Lanzarote, que ponga en marcha la demolición parcial del hotel Princesa Yaiza, situado en Playa Blanca, después de 21 años de litigios y resoluciones judiciales incumplidas. La decisión afecta al establecimiento identificado originalmente como Son Bou, cuya licencia de construcción fue anulada por la Justicia el 31 de octubre de 2005.

El nuevo auto, fechado el 29 de octubre de 2026, exige al consistorio contratar los trabajos técnicos necesarios para ejecutar el derribo. El tribunal establece un año para redactar el proyecto y un máximo de dos años adicionales para realizar las obras. Todos los gastos deberán correr a cargo de la sociedad propietaria, Hotel Princesa Yaiza SA.

La resolución supone un nuevo avance en uno de los conflictos urbanísticos más prolongados de Lanzarote. Durante más de dos décadas, los intentos de legalización, los recursos judiciales y las discrepancias sobre el alcance de las obras han impedido ejecutar una sentencia firme. El TSJC considera que esta situación no puede prolongarse indefinidamente y señala responsabilidades tanto en la actuación municipal como en la estrategia procesal de la empresa.

La orden no significa que las excavadoras vayan a entrar inmediatamente en el complejo. Antes habrá que redactar el proyecto, determinar las intervenciones necesarias y contratar su ejecución. Lo que cambia ahora es que la Justicia ha fijado obligaciones y plazos concretos para que el derribo deje de ser una resolución pendiente.

Un año para preparar el derribo y otros dos para ejecutarlo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha requerido directamente al Ayuntamiento de Yaiza, presidido por Óscar Noda, para que contrate la redacción del proyecto y la dirección de las obras.

El procedimiento deberá seguir la propuesta técnica que el propio consistorio presentó en noviembre de 2024. Una vez terminado el proyecto, la Administración municipal tendrá que tramitar la contratación de los trabajos de demolición, cuya ejecución no podrá superar los dos años.

El tribunal también impone una obligación de seguimiento: el alcalde deberá informar a la Sala en un plazo de seis meses, contado desde la notificación del requerimiento, sobre el estado de los trámites.

La complejidad de la intervención explica que los magistrados hayan concedido unos plazos superiores a los solicitados inicialmente por la Fundación César Manrique, que proponía cuatro meses para elaborar el proyecto y un año para ejecutar las obras.

La responsabilidad administrativa de impulsar el procedimiento corresponde al Ayuntamiento, pero la factura deberá asumirla la propietaria. No se ha establecido públicamente un presupuesto definitivo para una actuación de estas características.

Una sentencia de 2005 que continúa sin cumplirse

El origen del conflicto se remonta al 31 de octubre de 2005, cuando el TSJC anuló la licencia urbanística que había permitido construir el establecimiento en Playa Blanca, uno de los principales núcleos turísticos del sur de Lanzarote.

La sentencia dejó sin cobertura legal las obras autorizadas mediante aquella licencia. Sin embargo, su ejecución quedó atrapada en una sucesión de procedimientos administrativos y judiciales que se han prolongado hasta la actualidad.

En enero de 2016, el Ayuntamiento de Yaiza llegó a aprobar un acuerdo firme que declaraba imposible legalizar la edificación y ordenaba restablecer la legalidad urbanística mediante su demolición. Diez años después, los trabajos todavía no han comenzado.

El conflicto volvió a cobrar impulso en 2024, cuando se intensificaron las reclamaciones para ejecutar la sentencia. La Fundación César Manrique, el Cabildo de Lanzarote y la empresa Club Lanzarote SA han defendido ante los tribunales la necesidad de poner fin a los retrasos.

En noviembre de ese mismo año, el Ayuntamiento presentó un informe elaborado por un arquitecto con una propuesta para acometer la demolición parcial. El TSJC considera ahora que esa documentación permite establecer una vía técnica para cumplir el fallo.

El TSJC rechaza nuevos intentos de aplazar la demolición

Uno de los aspectos más contundentes de la resolución es la valoración que realizan los magistrados sobre los recursos presentados por Hotel Princesa Yaiza SA.

La empresa había impugnado dos decretos judiciales de abril y agosto de 2024 relacionados con la ejecución de la sentencia. El tribunal ha desestimado ambos recursos y también ha rechazado su petición de suspender el procedimiento.

Los magistrados califican las impugnaciones de actuaciones dilatorias y llegan a apreciar mala fe procesal y abuso de derecho en la conducta de la propietaria. La resolución le impone, además, las costas de esos recursos, fijadas en 300 euros.

La Sala considera especialmente grave que una sentencia firme pueda quedar condicionada durante años por nuevas solicitudes administrativas o impugnaciones sucesivas.

No se trata únicamente de una discusión sobre licencias. El tribunal vincula los retrasos con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que también comprende el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

La propietaria confiaba en un futuro cambio urbanístico

La sociedad hotelera había solicitado paralizar la ejecución hasta que existiera un nuevo planeamiento municipal, después de la anulación del Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza.

Su planteamiento se apoyaba en la posibilidad de que una futura normativa urbanística permitiera conservar construcciones actualmente afectadas por la sentencia.

El TSJC rechaza ese argumento. La expectativa de un cambio legal futuro no justifica suspender una resolución firme, especialmente cuando no se ha acreditado una imposibilidad material o jurídica actual para acometer el derribo.

La Sala también recuerda que al establecimiento no le resultan aplicables los incentivos previstos para la renovación y recualificación turística. Esta cuestión ya había sido resuelta en una sentencia de 2022 y constituía uno de los principales puntos de discrepancia de la propiedad con el informe técnico municipal.

La polémica por el posible derribo de más del 60 % del hotel

Una de las cuestiones más relevantes del procedimiento es determinar qué parte de la construcción deberá desaparecer.

La Fundación César Manrique sostiene que la edificabilidad ejecutada alcanzaría casi el triple de la permitida por la normativa urbanística aplicable. Según sus cálculos, la demolición podría afectar a más del 60 % de lo construido.

Esa cifra aparece recogida en las actuaciones judiciales, pero conviene distinguir entre las alegaciones de las partes y el contenido efectivo de la orden. El auto no establece ese porcentaje como una medición técnica definitiva de las obras que deberán realizarse.

El alcance concreto de la intervención tendrá que determinarse mediante el proyecto de demolición elaborado conforme a la propuesta técnica municipal aceptada por el tribunal.

La Fundación César Manrique también ha advertido durante el procedimiento de que el establecimiento continúa funcionando pese a la anulación de la licencia que amparó su construcción.

La resolución judicial conocida en noviembre no ordena el cierre inmediato de todo el complejo hotelero ni establece una fecha concreta para interrumpir su actividad. Su objeto es impulsar la ejecución de la demolición parcial pendiente.

El Ayuntamiento de Yaiza afronta una nueva cuenta atrás

Después de 21 años, el conflicto del Princesa Yaiza entra en una fase especialmente importante. La Justicia ha rechazado las nuevas peticiones de suspensión y ha establecido un procedimiento para pasar de las resoluciones judiciales a las actuaciones materiales.

El Ayuntamiento deberá contratar el proyecto, organizar la posterior licitación y supervisar la ejecución, mientras que Hotel Princesa Yaiza SA tendrá que asumir los costes correspondientes.

La obligación de informar periódicamente al tribunal permitirá comprobar si los trámites avanzan dentro de los plazos establecidos.

La cuestión de fondo trasciende al propio establecimiento. Una licencia anulada en 2005, un acuerdo municipal de demolición de 2016 y una nueva orden judicial en 2026 reflejan las dificultades para hacer cumplir determinadas sentencias urbanísticas.

El derribo todavía no tiene una fecha de inicio, pero sí un calendario judicial para preparar y ejecutar las obras. Lo que queda por comprobar es si esta vez el Ayuntamiento consigue materializar una resolución que lleva más de dos décadas esperando su cumplimiento.