Bruselas quiere vetar cajas de botín a menores y suscripciones trampa

La Comisión Europea ha presentado este miércoles, 11 de noviembre de 2026, una propuesta legislativa para prohibir las cajas de recompensa de pago en los videojuegos para menores, acabar con las suscripciones engañosas y combatir las técnicas que utilizan algunas plataformas digitales para empujar a los usuarios a comprar, gastar más dinero o permanecer conectados durante más tiempo.

La iniciativa, denominada Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), también pretende poner fin a las falsas advertencias de productos a punto de agotarse, facilitar la cancelación de contratos y exigir una mayor transparencia en los precios, la publicidad de los influencers y las compras dentro de las aplicaciones.

Bruselas quiere que contratar un servicio en internet resulte tan sencillo como abandonarlo. Y que una oferta aparentemente irresistible no esconda una renovación automática, un precio diferente al anunciado o una cuenta atrás diseñada únicamente para precipitar la compra.

La propuesta introduce una distinción importante: las cajas de botín de pago quedarían prohibidas para los menores, mientras que los adultos podrían seguir utilizándolas, aunque las empresas tendrían que informar de las probabilidades de obtener cada recompensa y ofrecer herramientas para desactivarlas.

Por el momento, las medidas no están en vigor. El texto presentado por la Comisión deberá negociarse con el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de convertirse en una norma aplicable en toda la Unión Europea.

Bruselas quiere prohibir las cajas de botín de pago a los menores

Uno de los cambios más relevantes afecta a los videojuegos que incorporan recompensas aleatorias a cambio de dinero. Son las conocidas como loot boxes o cajas de botín, un mecanismo que permite pagar por un contenido virtual sin saber exactamente qué se recibirá.

El jugador puede obtener un personaje, una apariencia especial, un objeto de escaso valor o una recompensa especialmente codiciada. La incertidumbre sobre el premio forma parte del sistema y anima a repetir la compra para conseguir el objeto deseado.

La Comisión propone impedir que estos mecanismos de recompensa aleatoria de pago se ofrezcan a menores de 18 años. Para los adultos, las compañías tendrían que explicar qué artículos pueden obtenerse, indicar las probabilidades de conseguirlos y permitir desactivar estas compras.

La iniciativa también plantea prohibir a los menores los mecanismos conocidos como pay-to-win y pay-to-progress, mediante los cuales un jugador paga para conseguir ventajas competitivas o avanzar más rápidamente.

El precio real de las monedas virtuales también deberá aparecer

El problema no termina en las recompensas. Muchos videojuegos utilizan monedas, gemas o créditos virtuales que se compran con dinero real y después se gastan dentro de la aplicación.

Bruselas pretende que los jugadores conozcan el valor en dinero real de los artículos virtuales, evitando que el uso de monedas propias del juego dificulte calcular cuánto cuesta cada operación.

En los productos utilizados por menores, las monedas virtuales de pago tendrían que estar desactivadas de manera predeterminada y solo podrían habilitarse con la autorización de los padres o tutores.

La propuesta no supone prohibir todas las compras dentro de los videojuegos. Busca establecer límites a determinados mecanismos comerciales, especialmente cuando afectan a niños y adolescentes.

Las suscripciones trampa y las pruebas gratuitas, bajo nuevas reglas

Otro de los grandes objetivos de Bruselas son las suscripciones que empiezan gratis y terminan generando cargos que el consumidor no esperaba.

Actualmente, numerosas plataformas ofrecen periodos de prueba que se convierten automáticamente en contratos de pago si el usuario no cancela antes de una fecha determinada. Aunque este funcionamiento puede ser legítimo cuando se informa correctamente, también facilita prácticas engañosas.

La nueva propuesta exigiría que las empresas avisaran claramente de la finalización del periodo gratuito y solicitaran el consentimiento expreso del consumidor antes de comenzar a cobrar.

Si la compañía no envía el aviso correspondiente o el usuario no acepta continuar con el servicio de pago, el contrato no podría vincularle a esa nueva obligación económica.

Las renovaciones automáticas también estarían sometidas a mayores exigencias. Para los contratos digitales de seis meses o más, las empresas tendrían que comunicar la próxima renovación con una antelación de entre 14 días y un mes. Los contratos más cortos contarían con reglas específicas para evitar renovaciones sucesivas sin información suficiente.

La Comisión plantea igualmente que cualquier empresa que permita contratar mediante una página web ofrezca una función de cancelación visible y accesible, aunque el cliente hubiera formalizado el contrato por otro procedimiento.

La intención es acabar con una situación bastante conocida: darse de alta en unos segundos y tener que recorrer varias pantallas, contactar con atención al cliente o superar obstáculos innecesarios para cancelar.

El texto también reconoce el derecho a comunicarse con una persona real en atención al cliente cuando los canales automatizados no resulten eficaces, siempre que la empresa preste ese servicio en línea después de la contratación.

Adiós a las falsas urgencias y a los diseños manipuladores

La Comisión Europea también quiere endurecer las restricciones sobre los denominados dark patterns, una expresión utilizada para describir los diseños digitales manipuladores que condicionan las decisiones del consumidor.

Entre los ejemplos más habituales figuran los mensajes que aseguran que quedan pocas unidades de un producto cuando esa escasez no es real, los avisos engañosos de ofertas a punto de caducar o las interfaces que presentan una opción de compra de forma especialmente favorable para empujar al usuario hacia ella.

El nuevo reglamento pretende prohibir los patrones de diseño que puedan engañar, manipular o alterar de forma significativa las decisiones económicas de los consumidores.

La diferencia es importante. Una tienda podrá seguir anunciando una promoción limitada si realmente existe, pero no utilizar una falsa urgencia comercial como herramienta para provocar compras precipitadas.

Bruselas también quiere actuar contra la información confusa sobre los precios y determinadas prácticas de personalización comercial que aprovechan circunstancias de vulnerabilidad de los usuarios.

Las restricciones alcanzarían a la publicidad personalizada dirigida a menores y a ciertos usos de datos personales especialmente sensibles. También se impediría aplicar precios personalizados perjudiciales cuando se exploten determinadas situaciones de vulnerabilidad.

Redes sociales, notificaciones adictivas y publicidad encubierta

La propuesta va más allá de las compras. La Comisión pretende intervenir sobre determinadas funciones digitales diseñadas para favorecer un uso compulsivo o excesivo de plataformas y aplicaciones.

Entre ellas aparecen la reproducción automática de contenidos, las notificaciones que buscan recuperar constantemente la atención del usuario y los sistemas que penalizan dejar de entrar en un servicio durante determinados periodos.

Las empresas tendrían que ofrecer herramientas accesibles para desactivar estas funciones, tanto individualmente como de manera conjunta.

También se contemplan mecanismos que estimulan la interacción prolongada simulando relaciones personales, una cuestión especialmente relevante ante la expansión de los asistentes conversacionales y otros servicios basados en inteligencia artificial.

La regulación propuesta no implica eliminar automáticamente todas estas funciones para los adultos. Su objetivo es que el usuario pueda decidir si quiere mantenerlas activadas, mientras otras iniciativas europeas establecen protecciones específicas para los menores.

La publicidad de los influencers constituye otro de los ámbitos afectados. Las colaboraciones comerciales tendrían que identificarse de forma clara, visible y sin ambigüedades.

Bruselas pretende reforzar la responsabilidad de las marcas y agencias que trabajan con creadores de contenido, para que también deban velar por el cumplimiento de las normas publicitarias.

Entradas para conciertos y espectáculos: precios más transparentes

La venta de entradas para conciertos, acontecimientos deportivos y espectáculos también aparece en el proyecto legislativo.

Cuando el precio pueda aumentar por decisiones comerciales o mediante sistemas automatizados, las plataformas tendrían que informar de cuántas entradas están disponibles al precio anunciado y cuál es el importe máximo que podría acabar pagando el comprador.

En las colas virtuales, las empresas estarían obligadas a mostrar el precio actualizado en tiempo real, advertir de posibles variaciones y comunicar el máximo que podrían cobrar.

Las plataformas dedicadas a la reventa también tendrían que indicar el precio original de la entrada, junto con su categoría, fila y asiento cuando corresponda.

La medida busca evitar que una persona espere durante varios minutos para comprar una entrada y descubra, al llegar a la pantalla de pago, que el precio ha aumentado sin que se le hubiera informado adecuadamente.

Una reforma europea que todavía debe convertirse en ley

La Comisión Europea considera que los problemas de consumo digital tienen una dimensión económica considerable. Según sus estimaciones, la reforma podría reducir los perjuicios sufridos por los consumidores en unos 13.700 millones de euros anuales, incluyendo pérdidas económicas y el tiempo desperdiciado por determinadas prácticas comerciales.

La iniciativa forma parte de una actualización más amplia de la legislación europea de protección al consumidor y pretende sustituir la actual directiva sobre prácticas comerciales desleales por un reglamento directamente aplicable en los Estados miembros.

El cambio permitiría establecer reglas comunes para empresas que operan en distintos países de la Unión Europea, reduciendo las diferencias nacionales en su aplicación.

Sin embargo, Bruselas todavía no ha aprobado definitivamente estas prohibiciones. La propuesta deberá superar el procedimiento legislativo europeo y su contenido podría modificarse durante las negociaciones.

El texto presentado contempla que el reglamento comience a aplicarse doce meses después de su entrada en vigor, aunque ese calendario dependerá de su aprobación definitiva.

La reforma plantea un cambio de fondo en el comercio digital: las empresas podrán seguir compitiendo por atraer clientes, vender suscripciones y desarrollar videojuegos rentables, pero tendrán que hacerlo respetando reglas más estrictas sobre información, consentimiento y libertad de elección.

Porque una cosa es convencer a alguien para que compre un producto y otra bastante distinta es diseñar una página para que termine pagando por algo que no quería contratar.