UGT y CCOO denuncian cargas policiales en Madrid y anuncian demandas

UGT y CCOO han anunciado que acudirán a los tribunales por las cargas policiales contra piquetes informativos durante la huelga general del 11 de noviembre de 2026. Los sindicatos denuncian el uso de gas pimienta y actuaciones que consideran desproporcionadas en distintos puntos de Madrid, especialmente en Mercamadrid y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

La jornada ha dejado varios heridos y al menos una detención en Mercamadrid, además de acusaciones de los representantes sindicales contra la Policía Nacional. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado lo sucedido de «una vergüenza», mientras que su homólogo de CCOO, Unai Sordo, ha anunciado que exigirán responsabilidades por unas intervenciones que, a su juicio, han vulnerado el ejercicio del derecho de huelga.

Las declaraciones se han producido durante las movilizaciones de este miércoles en la capital, donde ambos dirigentes también han valorado positivamente la participación en el paro nacional convocado para reclamar salarios dignos, soluciones a la crisis de la vivienda y mejores servicios públicos.

Álvarez ha acusado a los agentes de actuar como un «piquete empresarial», una expresión con la que denuncia que la intervención policial habría favorecido la continuidad de la actividad laboral frente a las protestas. Sordo ha ido más allá y ha confirmado su intención de reclamar «responsabilidades penales y de todo tipo».

Por ahora, los sindicatos han anunciado las acciones judiciales, pero no consta que las denuncias hayan sido formalmente presentadas. La legalidad de las actuaciones policiales deberá determinarse a partir de los hechos concretos y las pruebas disponibles.

Mercamadrid concentra las denuncias por el uso de gas pimienta

Uno de los incidentes más graves de la madrugada se ha registrado en Mercamadrid, la principal plataforma de distribución de alimentos frescos de España. Alrededor de un millar de manifestantes se habían concentrado en las inmediaciones de sus accesos para participar en los piquetes de la huelga general.

Durante la protesta se han producido enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional y participantes en la movilización. CCOO ha denunciado cargas policiales, golpes con defensas y el uso de gas pimienta contra los trabajadores concentrados.

El sindicato informó inicialmente de 13 personas que necesitaron asistencia sanitaria. Posteriormente, la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, elevó a 15 el número de afectados en su valoración de los incidentes. Se trata de balances sindicales de un mismo episodio, por lo que ambas cifras no deben sumarse.

López ha anunciado que la organización presentará una denuncia penal al considerar que la fuerza empleada fue abusiva y desproporcionada. También ha denunciado que algunos agentes no llevaban visible su número de identificación.

La dirección de Mercamadrid, por su parte, ha señalado que el acceso de vehículos pudo mantenerse y que la actividad de la plataforma registró una ligera reducción. Los incidentes se produjeron principalmente durante las primeras horas de la madrugada.

También hubo incidentes en las cocheras de la EMT

La tensión no se ha limitado a Mercamadrid. Los sindicatos han denunciado intervenciones policiales en las cocheras de la EMT de Fuencarral y Carabanchel, donde varios grupos de trabajadores se habían concentrado para informar sobre la convocatoria de huelga.

En Carabanchel, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha comunicado que al menos ocho manifestantes resultaron heridos leves tras una intervención policial. Según la organización, algunos afectados sufrieron contusiones y molestias por la exposición al gas pimienta y fueron trasladados al Hospital 12 de Octubre.

En Fuencarral, UGT y CCOO también han denunciado dificultades para desarrollar la actividad informativa de los piquetes. La responsable de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha cuestionado la actuación de los agentes y ha defendido el derecho de los trabajadores a explicar los motivos del paro.

Los sindicatos consideran que estas actuaciones han ido más allá de las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos y permitir el acceso a los centros de trabajo.

Una detención en Mercamadrid con versiones enfrentadas

La detención de un manifestante durante los incidentes de Mercamadrid constituye otro de los puntos centrales de la controversia.

Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el arresto se produjo alrededor de la 1.25 de la madrugada después de que un integrante del piquete lanzara una valla contra un agente de la Policía Nacional. El detenido está investigado como presunto autor de una agresión.

La versión sindical es diferente. Paloma López ha cuestionado los motivos de la detención y ha sostenido que el trabajador no había protagonizado ninguna conducta que justificara su arresto.

Estas versiones contrapuestas serán relevantes si finalmente se formalizan las acciones judiciales anunciadas. La investigación deberá aclarar tanto las circunstancias de la detención como la proporcionalidad de la respuesta policial durante los enfrentamientos.

La existencia de incidentes o la detención de un participante no permite, por sí sola, determinar que toda la intervención policial fuera legítima o ilegítima. Cada actuación debe examinarse atendiendo a las circunstancias concretas en las que se produjo.

El derecho de huelga y los límites de la intervención policial

La controversia plantea una cuestión jurídica fundamental: hasta dónde puede llegar la actuación de un piquete informativo y en qué circunstancias está justificado el uso de la fuerza por parte de la Policía.

El artículo 28.2 de la Constitución española reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para defender sus intereses. Por su parte, el artículo 6.6 del Real Decreto-ley 17/1977 permite difundir información sobre la huelga de manera pacífica y sin coacciones.

Esto significa que los piquetes pueden informar, repartir propaganda y tratar de convencer a otros trabajadores para que secunden el paro. Sin embargo, no pueden recurrir a amenazas, violencia o coacciones para impedir que alguien acuda a su puesto.

La Policía tiene la obligación de proteger tanto el ejercicio del derecho de huelga como la libertad de quienes deciden no participar. También debe garantizar la seguridad y el funcionamiento de los servicios esenciales.

El Ministerio del Interior había dictado instrucciones para evitar bloqueos violentos, impedir barricadas y garantizar los accesos a infraestructuras estratégicas, mercados de abastecimiento y centros de transporte durante la jornada.

Ahora bien, la intervención policial también está sometida a límites legales. El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 exige a los agentes actuar conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

La discusión jurídica, por tanto, no se limita a determinar si un piquete dificultó la circulación de vehículos. También habrá que establecer si existía una razón suficiente para intervenir y si los medios utilizados fueron adecuados a la situación.

El uso de gas pimienta y las lesiones denunciadas adquieren especial relevancia en esa valoración. Su utilización no demuestra automáticamente una actuación ilegal, pero tampoco queda justificada por el mero hecho de que existieran dificultades de acceso a unas instalaciones.

UGT y CCOO consideran un éxito la huelga general del 11N

Al margen de los enfrentamientos con la Policía, los dirigentes sindicales han asegurado que la huelga general está registrando una participación superior a sus previsiones iniciales.

Según los datos difundidos por UGT y CCOO, el seguimiento ha sido desigual por territorios y sectores, con porcentajes que van desde el 41 % en comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura hasta cifras superiores al 80 % en otras regiones.

Las organizaciones destacan especialmente la adhesión en la industria del automóvil, los puertos, la logística y el sector energético, así como en determinadas actividades industriales.

En sus primeros balances, los sindicatos han situado el seguimiento en torno al 90 % en algunos segmentos portuarios y de automoción. Son estimaciones facilitadas por las propias organizaciones convocantes, no un balance definitivo e independiente de participación.

La convocatoria del 11 de noviembre es la primera huelga general respaldada por UGT y CCOO desde 2012. Se celebra en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades de numerosos trabajadores para afrontar los gastos cotidianos.

Álvarez y Sordo han insistido en que la movilización debe servir para trasladar estas reivindicaciones a los partidos políticos, especialmente ante las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Las actuaciones policiales quedan pendientes de examen judicial

El anuncio de acciones legales introduce un nuevo frente en una huelga que ya había comenzado con importantes movilizaciones y diversos incidentes en varias ciudades españolas.

CCOO Madrid ha adelantado una denuncia penal por lo ocurrido en Mercamadrid, mientras que las direcciones estatales de UGT y CCOO han expresado su intención de reclamar responsabilidades por las intervenciones que consideran injustificadas.

Queda por determinar qué actuaciones concretas serán denunciadas, qué pruebas aportarán las organizaciones sindicales y si los tribunales apreciarán indicios de responsabilidad penal.

La controversia afecta a dos garantías esenciales en una democracia: el derecho de los trabajadores a protestar y la obligación de las fuerzas de seguridad de actuar dentro de la ley.

Ni los piquetes están por encima de las normas ni la Policía queda al margen de ellas. La cuestión pendiente es establecer si las intervenciones del 11 de noviembre respetaron esos límites. Y esa respuesta, más allá de las declaraciones sindicales y policiales, tendrá que apoyarse en hechos comprobados.