La Policía vuelve a cargar contra los profesores en huelga de Madrid

La Policía Nacional ha vuelto a cargar contra profesores de la educación pública madrileña este lunes, 26 de octubre, durante una protesta en el centro de Madrid. Los agentes han intervenido contra varios manifestantes, con golpes de porra denunciados por CCOO, después de que los docentes desplegaran una gran pancarta para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que negocie sus reivindicaciones laborales y educativas. Los incidentes llegan apenas una semana después de otra actuación policial contra profesores que protestaban cerca de un acto de la presidenta autonómica.

La nueva intervención se produce cuando la huelga indefinida de profesores en Madrid entra en su tercera semana, sin que el comité convocante y la Consejería de Educación hayan alcanzado un acuerdo para abrir una negociación específica sobre el conflicto. Cientos de docentes se han concentrado frente a la sede del departamento autonómico, en la calle Alcalá, y posteriormente han ocupado durante aproximadamente una hora un tramo de la Gran Vía. La protesta ha terminado con momentos de tensión, nuevas cargas policiales y el tráfico interrumpido hasta alrededor de las 14.00 horas.

La jornada había comenzado con una concentración ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, dirigida por Mercedes Zarzalejo. Los manifestantes reclamaban una reunión con los representantes del Ejecutivo regional para abordar cuestiones como la reducción de las horas lectivas, la bajada del número de alumnos por aula y la mejora de los salarios.

El conflicto, iniciado el 14 de octubre, ha ido aumentando su repercusión política. Los sindicatos consideran que el Gobierno madrileño evita sentarse con el comité de huelga, mientras que la Consejería sostiene que mantiene abiertos cauces de diálogo con las organizaciones sindicales. Dos interpretaciones enfrentadas de una situación que, por el momento, no ha permitido desconvocar los paros.

Una pancarta frente a Educación desencadena nuevos momentos de tensión

Uno de los momentos centrales de la movilización se ha producido poco antes de las 13.00 horas, cuando los profesores han desplegado una pancarta de grandes dimensiones en el edificio de La Unión y el Fénix, situado en la confluencia de la calle Alcalá con Virgen de los Peligros.

El mensaje, dirigido a la consejera, era bastante sencillo: «Zarzalejo, negocia con la pública». La pancarta incorporaba también la imagen de una silla, símbolo de la reunión que los convocantes llevan días reclamando.

Tras esta acción, varios cientos de manifestantes han avanzado hacia la Gran Vía por la calle Virgen de los Peligros. Allí se han encontrado con furgonetas de la Policía Nacional que bloqueaban el paso en las inmediaciones de las calles Clavel y Alcalá, junto al edificio Metrópolis.

Algunos profesores se han sentado sobre la calzada. Durante la protesta se han escuchado consignas en defensa de la enseñanza pública y contra la actuación policial. Entre ellas, «Somos docentes, no delincuentes» y «No se pega».

La Policía ha cargado contra algunos participantes durante la movilización. CCOO ha denunciado golpes con porras a los manifestantes. No consta, en la información contrastada hasta este lunes, un balance oficial de posibles heridos correspondiente a esta última intervención. Tampoco se ha difundido una explicación policial detallada que permita establecer las circunstancias concretas de cada actuación de los agentes.

La protesta ha provocado el corte de un tramo de la Gran Vía durante aproximadamente una hora, hasta que los manifestantes se han retirado progresivamente y se ha restablecido la circulación.

Qué reclaman los profesores madrileños en huelga

Las movilizaciones no comenzaron por las actuaciones policiales. El origen del conflicto está en las condiciones laborales del profesorado y en los recursos destinados a la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid.

Entre las principales reclamaciones figura la reducción de las horas lectivas semanales. Los sindicatos proponen pasar de 19 a 17 periodos de clase en Secundaria y Formación Profesional, y de 25 a 22 en Infantil y Primaria.

No se trata de reducir la jornada laboral total a esas cantidades, como ha podido sugerir parte del debate político. Las horas lectivas son las dedicadas directamente a impartir clase; el trabajo docente también comprende tutorías, preparación de materiales, evaluaciones, coordinación y numerosas tareas administrativas.

Otra demanda fundamental es la reducción de las ratios de alumnado por aula, acompañada de un aumento de los profesionales de orientación y atención a la diversidad. Los convocantes consideran que las plantillas y los recursos disponibles dificultan una atención adecuada a los estudiantes con distintas necesidades educativas.

En materia retributiva, exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, con la que pretenden recuperar poder adquisitivo y mejorar sus condiciones respecto a otros territorios. También reclaman medidas específicas para el personal de Educación Especial.

Las reivindicaciones incluyen menos burocracia, personal administrativo en los centros, mejoras en la climatización de colegios e institutos, retirada del amianto y soluciones a la construcción de instalaciones educativas por fases.

Los sindicatos también plantean medidas contra la segregación escolar, la recuperación de las aulas de enlace y cambios en el actual modelo de enseñanza bilingüe de la Comunidad de Madrid.

Son demandas que afectan directamente a la organización de los centros educativos y a las condiciones en las que estudian miles de alumnos, más allá de las mejoras laborales solicitadas por el profesorado.

El comité de huelga amenaza con llevar al Gobierno de Ayuso a los tribunales

La novedad de este lunes no se limita a los incidentes con la Policía. El Comité de Huelga Mixto de la Educación Pública madrileña ha presentado un requerimiento formal a Mercedes Zarzalejo para exigir una reunión urgente y una negociación efectiva sobre las reclamaciones que motivaron los paros.

El escrito advierte de la posibilidad de emprender acciones judiciales si la Consejería continúa sin abrir ese proceso negociador.

Los convocantes recuerdan que el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo, establece un deber de negociación durante la huelga. La controversia jurídica gira precisamente alrededor de si los contactos y mecanismos de diálogo invocados por la Administración satisfacen esa obligación en el conflicto actual.

La Consejería sostiene que nunca se ha negado a negociar y recuerda que existe una mesa de trabajo sobre la carrera profesional docente. Los representantes de los huelguistas responden que ese procedimiento no sustituye una negociación con el comité sobre las reivindicaciones concretas de la huelga.

También existe una discrepancia económica. Mercedes Zarzalejo considera que las principales demandas son inasumibles para las cuentas educativas regionales. Según los cálculos expuestos por la consejera, solamente el incremento salarial solicitado supondría 665 millones de euros anuales.

Los sindicatos rechazan que el coste presupuestario justifique no negociar y mantienen que las condiciones actuales perjudican tanto al profesorado como al alumnado.

Otro elemento ha aumentado el malestar entre los convocantes: la reunión prevista para el martes 27 de octubre entre representantes de la enseñanza privada y concertada y la Administración educativa. El comité considera contradictorio que se atiendan las reclamaciones de ese sector mientras sigue sin celebrarse la reunión específica que pide el profesorado público.

Un seguimiento del 45 % según los sindicatos y del 12,6 % según Madrid

El grado de participación en la huelga también enfrenta a ambas partes.

Según los datos correspondientes a este lunes, la Comunidad de Madrid sitúa el seguimiento en el 12,6 %, mientras que el comité de huelga lo eleva al 45 %.

La diferencia es considerable y obliga a distinguir quién proporciona cada cifra. No existe un dato común aceptado por ambas partes ni una explicación metodológica suficientemente detallada que permita resolver esa discrepancia.

La huelga reúne a organizaciones como CCOO, UGT, CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera, además de colectivos como Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

Las movilizaciones afectan a la enseñanza pública no universitaria y se han extendido por distintos puntos de Madrid mediante concentraciones, manifestaciones, asambleas y otras acciones reivindicativas.

Las anteriores cargas policiales ya estaban bajo investigación

Los incidentes de este 26 de octubre tienen un precedente especialmente reciente.

El pasado lunes 19, durante la segunda semana de huelga, varios profesores acudieron a protestar cerca de un acto público de Isabel Díaz Ayuso en el centro de Madrid. La intervención de la Policía Nacional para despejar la zona terminó con cargas contra manifestantes.

El comité de huelga denunció entonces una actuación violenta y desproporcionada y aseguró que varias personas habían resultado heridas. La Delegación del Gobierno en Madrid confirmó posteriormente que investigaría lo sucedido.

Aquella actuación tampoco fue la primera intervención policial cuestionada desde el comienzo de las movilizaciones educativas. Los convocantes habían denunciado otros incidentes durante las protestas relacionadas con la Universidad Complutense.

Las nuevas cargas reabren así el debate sobre la proporcionalidad de las intervenciones policiales en manifestaciones vinculadas al conflicto educativo.

Conviene distinguir responsabilidades institucionales. La Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, mientras que las competencias sobre la educación pública madrileña corresponden al Gobierno autonómico. La responsabilidad de negociar las condiciones educativas y la de explicar una intervención policial recaen, por tanto, en administraciones diferentes.

La existencia de una protesta no convierte automáticamente en ilegítima cualquier intervención policial, pero tampoco justifica por sí sola el empleo de la fuerza. Su necesidad y proporcionalidad deben examinarse atendiendo a los hechos concretos. Precisamente por eso resulta relevante esclarecer las actuaciones denunciadas.

La huelga continúa mientras se agrava el enfrentamiento educativo

Los profesores madrileños tienen previsto mantener su calendario de movilizaciones durante el resto de la semana.

Para el jueves 29 de octubre está convocada una manifestación desde Atocha hasta la Consejería de Educación. La programación incluye otras actividades reivindicativas, entre ellas un concierto de profesores en defensa de la enseñanza pública y una marcha ciclista. El viernes 30 está prevista una nueva asamblea unitaria en la plaza de España.

Mientras tanto, el requerimiento presentado por el comité abre una posible vía judicial si no se produce una negociación. No supone todavía la presentación de una demanda, sino una advertencia formal sobre los pasos que podrían dar los representantes de los trabajadores.

La tercera semana de huelga deja, por tanto, dos conflictos entrelazados. Uno es el desacuerdo sobre salarios, horarios, plantillas y recursos educativos. El otro, la respuesta policial a unas movilizaciones que acumulan incidentes y denuncias.

Los docentes siguen exigiendo una mesa de negociación y la Comunidad de Madrid mantiene sus objeciones al coste y al alcance de las reivindicaciones. En medio quedan los centros educativos, las familias y un alumnado que depende de la continuidad del servicio público.

La decisión inmediata está en manos de las administraciones: aclarar las intervenciones policiales y determinar si existe margen para negociar las reclamaciones que mantienen abierta la huelga. Sin avances en esos dos frentes, las protestas seguirán marcando la actividad educativa madrileña.