La violencia en Haití deja 1.167 muertos y 459 heridos en tres meses

Haití registró al menos 1.167 muertos y 459 heridos por la violencia entre julio y septiembre de 2026, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), divulgado este miércoles 11 de noviembre. El balance eleva a 4.217 las personas fallecidas por la inseguridad en el país caribeño durante los primeros nueve meses del año.

El documento revela un dato especialmente preocupante: más de la mitad de las víctimas mortales y los heridos del tercer trimestre se registraron durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas armadas. Los grupos criminales fueron responsables de más del 45 % de las víctimas, mientras que alrededor del 5 % se atribuye a grupos de autodefensa y particulares que actúan contra presuntos delincuentes.

La violencia afecta principalmente a Puerto Príncipe, donde las organizaciones criminales mantienen el control de amplias zonas, pero también se extiende a territorios que hasta hace poco habían permanecido relativamente al margen de los enfrentamientos. Las matanzas, los secuestros y las agresiones sexuales continúan pese al refuerzo de las operaciones policiales y al despliegue de fuerzas internacionales.

El balance del tercer trimestre es inferior al registrado entre abril y junio, cuando Naciones Unidas contabilizó 1.408 muertos y 656 heridos. Sin embargo, esta reducción no implica necesariamente una mejora de la seguridad. Los ataques contra comunidades rurales, el regreso de las bandas a barrios recuperados y el aumento de los secuestros reflejan la persistencia de una crisis que las autoridades todavía no consiguen contener.

Las operaciones de seguridad concentran más de la mitad de las víctimas

Uno de los aspectos más delicados del informe es el elevado número de personas afectadas durante las intervenciones contra las organizaciones criminales. Según la Binuh, más del 50 % de los muertos y heridos del trimestre se produjeron en operaciones terrestres o aéreas de las fuerzas de seguridad, algunas desarrolladas con el apoyo de una empresa militar privada que utiliza drones.

La ONU precisa que más del 16 % de las víctimas de estas operaciones no estaban vinculadas a las bandas. Esta distinción resulta fundamental: el balance incluye tanto a integrantes de organizaciones armadas como a personas ajenas a ellas que quedaron atrapadas en los enfrentamientos.

Los ataques con drones explosivos también figuran entre las preocupaciones de Naciones Unidas. El organismo documentó al menos cuatro fallecidos, entre ellos dos menores, y diez heridos en acciones realizadas mediante estos dispositivos.

A ello se suma el incremento de las presuntas ejecuciones extrajudiciales y sus tentativas atribuidas a agentes de la Policía Nacional de Haití. La Binuh registró 44 casos entre julio y septiembre, frente a los 14 del trimestre anterior. Aunque el número acumulado de víctimas de estas prácticas durante los primeros nueve meses de 2026 sigue siendo considerablemente inferior al del mismo periodo de 2025, el repunte trimestral preocupa al organismo internacional.

La ONU insiste en que combatir a las bandas no exime a las autoridades de respetar los derechos humanos. Las intervenciones policiales deben ajustarse al derecho internacional y cualquier posible abuso tiene que investigarse.

Las bandas recuperan barrios y extienden las matanzas

La situación es especialmente grave en Puerto Príncipe. Las organizaciones criminales han conseguido regresar progresivamente a barrios como Bel Air, Bas Delmas y La Saline, de los que habían sido expulsadas durante operaciones de seguridad anteriores.

En las zonas bajo su control, las bandas continúan cometiendo asesinatos selectivos, ataques de represalia y extorsiones. Algunas víctimas fueron perseguidas por negarse a pagar cantidades exigidas por los grupos armados o por incumplir las normas que estos imponen a los residentes.

El informe también recoge asesinatos relacionados con denuncias sobre intentos de los cabecillas criminales de interferir en el proceso electoral.

Las matanzas de Kenscoff y Cité Soleil

Los episodios más graves documentados durante el trimestre muestran hasta qué punto se ha extendido la violencia contra la población civil.

En Kenscoff, una localidad montañosa situada al sureste de Puerto Príncipe, dos ataques perpetrados en julio y agosto causaron al menos 105 muertos, entre ellos 19 menores. Más de 36 personas fueron asesinadas en el patio de una iglesia protestante.

En Cité Soleil, una de las zonas más castigadas por la actividad de las bandas, integrantes de un grupo criminal decapitaron a al menos 19 personas, incluidas doce mujeres de edad avanzada, a principios de agosto.

La ONU también documentó ataques en Saint-Michel-de-l’Attalaye, en el departamento de Artibonite, y en Marigot, en el sureste del país. Son territorios que anteriormente habían sufrido una presencia criminal mucho menor.

La expansión geográfica de la violencia complica la respuesta de las autoridades. Recuperar un barrio mediante una operación policial puede resultar insuficiente si después no existe una presencia permanente del Estado capaz de impedir el regreso de los grupos armados.

Aumentan los secuestros y persiste la violencia sexual

Los asesinatos son solo una parte de la crisis. Entre julio y septiembre, Naciones Unidas contabilizó 137 víctimas de secuestros con petición de rescate, frente a las 81 registradas durante el segundo trimestre.

El incremento ronda el 69 % y confirma que los raptos siguen siendo una herramienta de financiación y control para las organizaciones criminales. Los menores representaron el 10 % de las personas secuestradas.

La violencia sexual presenta un panorama igualmente grave. La Binuh identificó 344 víctimas de agresiones sexuales cometidas por miembros de bandas armadas durante el trimestre. Sus edades oscilaban entre los ocho y los 75 años.

En el 77 % de los casos documentados se produjeron violaciones colectivas. El organismo advierte de que estas agresiones forman parte de las prácticas de intimidación y sometimiento utilizadas por los grupos criminales contra las comunidades.

Las consecuencias van mucho más allá de las lesiones inmediatas. Las personas supervivientes necesitan atención médica, asistencia psicológica y protección frente a posibles represalias, servicios cuyo acceso resulta especialmente difícil en territorios sometidos al control de las bandas.

Los menores, víctimas y reclutas forzosos de las bandas

La población infantil ocupa un lugar especialmente vulnerable en el conflicto. Según el desglose del balance de fallecidos difundido por la ONU, el 81 % eran hombres, el 13 % mujeres y el 6 % menores de edad.

El reclutamiento forzoso agrava esta situación. Las bandas utilizan a niños y adolescentes para diferentes actividades criminales y los exponen directamente a enfrentamientos armados.

Uno de los episodios documentados ocurrió en agosto en la comuna de Gressier. Allí murieron al menos 32 adolescentes de entre 14 y 16 años, todos varones que habían sido reclutados por la fuerza por una organización criminal, durante intercambios de disparos con las fuerzas de seguridad.

Naciones Unidas considera insuficientes los mecanismos actuales para prevenir la incorporación de menores a estos grupos y facilitar su salida. Reclutarlos mediante amenazas o coacción no solo destruye sus posibilidades de desarrollo: también dificulta distinguir entre quienes participan voluntariamente en actividades criminales y quienes han sido obligados a hacerlo.

La Binuh reclama programas de prevención, desarme y reintegración, con especial atención a los niños vinculados a organizaciones armadas.

La inseguridad mantiene bloqueado el proceso electoral

La crisis de seguridad también condiciona la transición política de Haití. Las elecciones presidenciales y legislativas previstas inicialmente para el 13 de diciembre de 2026 fueron aplazadas, sin una nueva fecha definitiva.

El problema no se limita a organizar colegios electorales. La presencia de bandas armadas, las amenazas contra comunidades y los desplazamientos masivos dificultan el registro de votantes y el desarrollo de una campaña con garantías democráticas.

En octubre, Naciones Unidas advirtió de que cerca de 1,5 millones de personas permanecían desplazadas dentro del país, entre ellas más de 740.000 menores. Muchas familias han abandonado sus hogares para escapar de la violencia, perdiendo sus medios de subsistencia y el acceso habitual a servicios básicos.

La fuerza internacional desplegada para apoyar la lucha contra las bandas tampoco había alcanzado entonces su capacidad prevista. A mediados de octubre contaba con 1.563 efectivos uniformados, lejos de los 5.550 autorizados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La comunidad internacional trata de reforzar esta misión mientras las autoridades haitianas incrementan sus operaciones. Sin embargo, la experiencia de los últimos meses muestra que la presión militar, por sí sola, no garantiza que los territorios recuperados permanezcan bajo control estatal.

Recuperar el territorio no basta sin justicia y protección civil

El informe de noviembre pone de manifiesto una contradicción que atraviesa toda la crisis haitiana: las operaciones destinadas a frenar a las bandas pueden recuperar espacios, pero también generan víctimas y no siempre impiden que los grupos criminales regresen.

Naciones Unidas reconoce avances en la puesta en marcha de dos estructuras judiciales especializadas, una destinada a investigar crímenes masivos, incluidos los delitos sexuales, y otra centrada en los delitos financieros. No obstante, reclama que funcionen plenamente y comiencen cuanto antes los primeros procesos judiciales.

La lucha contra la impunidad resulta esencial en un país donde las organizaciones armadas combinan el control territorial con la extorsión, el secuestro y la explotación de menores. La ONU también pide reforzar la atención a las víctimas y combatir el tráfico ilícito de armas y municiones que alimenta la capacidad operativa de las bandas.

Los 4.217 muertos registrados entre enero y septiembre de 2026 reflejan la magnitud de una crisis que ya afecta a la seguridad, la justicia, la economía y la posibilidad de celebrar elecciones democráticas.

El desafío para Haití no consiste únicamente en expulsar a los grupos criminales de determinados barrios. También necesita garantizar que sus habitantes puedan regresar, permanecer allí y vivir sin amenazas. Mientras eso no ocurra, cada territorio recuperado seguirá expuesto a convertirse de nuevo en escenario de violencia.