Río de Janeiro: 5,1 millones viven en 1.530 zonas de narcos y milicias

Más de 5,1 millones de personas viven en territorios donde operan organizaciones del narcotráfico y milicias armadas en el estado brasileño de Río de Janeiro. La cifra equivale aproximadamente a un tercio de su población y pone números a una realidad que lleva décadas condicionando la seguridad, la economía y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

El dato procede de un estudio del Instituto de Seguridad Pública (ISP), divulgado este miércoles 11 de noviembre de 2026, que ha identificado 1.530 territorios con presencia de grupos criminales. En conjunto, estas zonas abarcan 614,3 kilómetros cuadrados. El Comando Vermelho, una de las principales organizaciones del narcotráfico brasileño, concentra la mayor parte de esa presencia territorial.

La investigación, elaborada con datos recogidos durante 2025, supone un avance importante: es la primera vez que el Gobierno del estado de Río de Janeiro hace público un mapa oficial del alcance territorial del crimen organizado. Los estudios anteriores, realizados en 2016 y 2019, permanecieron bajo secreto.

El diagnóstico también exige una precisión. El estudio identifica territorios donde actúan organizaciones criminales, pero eso no significa necesariamente que todas ejerzan el mismo grado de control sobre sus habitantes. La presencia armada, la influencia y el dominio efectivo son situaciones distintas, aunque todas plantean un problema para las autoridades.

Un tercio de Río de Janeiro vive en zonas con presencia criminal

Los 5,1 millones de habitantes identificados por el ISP no pertenecen exclusivamente a la ciudad de Río de Janeiro. El análisis comprende el conjunto del estado brasileño, donde el narcotráfico y las milicias mantienen estructuras territoriales con diferentes niveles de influencia.

La extensión del fenómeno permite comprender por qué la seguridad pública sigue siendo uno de los grandes desafíos institucionales de la región. No se trata únicamente de perseguir redes dedicadas a la venta de drogas. El problema alcanza a organizaciones capaces de establecer posiciones estables en barrios y comunidades, dificultar el acceso policial y condicionar actividades económicas.

Las milicias representan una dimensión especialmente compleja de esa realidad. A diferencia de las facciones vinculadas principalmente al narcotráfico, estos grupos han desarrollado históricamente negocios relacionados con la extorsión y el control de servicios como el transporte, el suministro de gas o las conexiones de internet. También existen antecedentes documentados de participación de policías y antiguos agentes de seguridad en sus estructuras.

Para los residentes, vivir en uno de estos territorios no implica participar en actividades delictivas. Conviene recordarlo: la población que vive bajo la influencia del crimen organizado es, ante todo, población expuesta a sus consecuencias.

El Comando Vermelho domina el mapa del crimen organizado

El Comando Vermelho (CV) es la organización con mayor presencia en el estudio. El ISP le atribuye 779 territorios, equivalentes al 50,9 % de todas las zonas identificadas. En ellas residen aproximadamente 2,99 millones de personas.

La dimensión de estas cifras confirma el peso territorial de una organización surgida en el sistema penitenciario brasileño durante la década de 1970 y convertida posteriormente en una de las principales facciones criminales del país.

Su capacidad de implantación no depende exclusivamente del tráfico de drogas. Las organizaciones armadas también recurren al control de accesos, la vigilancia de territorios y la utilización de barreras físicas para dificultar la entrada de fuerzas policiales o de grupos rivales.

Las milicias y las otras facciones que disputan el territorio

Las milicias armadas aparecen en 300 territorios, el 19,6 % de las zonas contabilizadas, donde viven 917.105 personas.

El Terceiro Comando Puro (TCP), otra importante facción del narcotráfico de Río de Janeiro, mantiene presencia en 274 áreas que reúnen 914.859 habitantes.

Por su parte, Amigos dos Amigos (ADA) figura en 91 territorios, con una población de 221.703 personas.

La distribución muestra un escenario criminal fragmentado, aunque con un claro predominio del Comando Vermelho. Las disputas entre estas organizaciones no responden únicamente al control de los mercados ilegales. El territorio también representa capacidad de influencia, acceso a recursos y posiciones estratégicas frente a los grupos rivales.

Barricadas, drones y datos policiales para elaborar el mapa

El nuevo estudio combina información de la Policía Militar, la Policía Civil y la denominada Operación Barricada Zero, una iniciativa dirigida contra las barreras instaladas por organizaciones criminales para obstaculizar el acceso a determinados territorios.

Los investigadores también realizaron visitas sobre el terreno y utilizaron drones para examinar las zonas estudiadas.

La delimitación de cada área tuvo en cuenta distintos indicadores, entre ellos la existencia de barricadas, los registros de disparos, la circulación de hombres armados, los puntos de transbordo de mercancías y las restricciones al movimiento de las fuerzas de seguridad.

Para atribuir un territorio a una organización concreta, el ISP recurrió asimismo a información facilitada por agentes policiales que trabajan en esas regiones.

La metodología contempla diferentes manifestaciones de presencia criminal: desde la realización de actividades delictivas hasta la circulación de integrantes de una facción o la instalación de puntos de apoyo.

Esta distinción resulta fundamental para interpretar las cifras. Detectar actividad criminal en una zona no equivale automáticamente a demostrar un control absoluto sobre ella. El mapa permite establecer dónde operan estas organizaciones, pero no significa que todas las comunidades presenten idénticas condiciones de sometimiento.

El crimen cambia de territorio, pero las cifras exigen cautela

Los resultados de 2025 superan ampliamente los registros de los dos estudios anteriores del ISP. En 2016 se identificaron 843 territorios con actividad de grupos criminales, mientras que en 2019 fueron 868.

La comparación parece sugerir una expansión extraordinaria. Sin embargo, los propios investigadores advierten de que no sería correcto interpretar esa diferencia como un crecimiento equivalente del dominio criminal.

El estudio más reciente incorporó herramientas y fuentes de información que no estaban disponibles en los anteriores. De hecho, identificó 662 territorios que no habían sido cartografiados en 2019, sin que pueda determinarse si entonces ya existía actividad criminal en ellos.

En otros 268 territorios, el análisis de 2019 había detectado presencia delictiva, pero no había logrado establecer qué organización actuaba.

Hay, no obstante, cambios territoriales concretos que sí pueden documentarse.

De los 779 territorios atribuidos actualmente al Comando Vermelho, 84 estaban asociados a otras organizaciones en 2019. De ellos, 39 correspondían a milicias, 24 al Terceiro Comando Puro y 21 a Amigos dos Amigos.

El TCP, por su parte, pasó a predominar en 44 territorios anteriormente vinculados a grupos rivales, mientras que las milicias aparecen ahora en siete zonas antes asociadas a otras organizaciones.

Estos movimientos permiten identificar cambios en la distribución del poder criminal, aunque no justifican afirmar que todas las nuevas zonas cartografiadas hayan sido conquistadas durante los últimos años.

Recuperar los territorios es también recuperar derechos

La publicación del estudio forma parte del trabajo del nuevo núcleo ISPTerritórios y busca aportar información para dos iniciativas del estado de Río de Janeiro: el Plan Estratégico de Reocupación Territorial (PERT) y el Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Social (PEDES).

El primero está relacionado con las actuaciones institucionales derivadas de la denominada ADPF de las Favelas, un procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo Federal brasileño sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en estas comunidades.

El segundo incorpora objetivos de seguridad pública dentro de la planificación económica y social del estado.

Los resultados del ISP ofrecen una base para identificar las zonas donde las autoridades deben concentrar sus esfuerzos y evaluar posteriormente si las medidas adoptadas producen cambios reales.

La dificultad es considerable. Una operación policial puede retirar barricadas, detener a integrantes de una organización o recuperar temporalmente el acceso a un barrio. Garantizar que ese territorio deje de estar sometido a presiones criminales exige mantener la seguridad y asegurar el funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos.

El problema tampoco se limita a la delincuencia. Cuando una organización armada puede condicionar la actividad económica, imponer restricciones o intimidar a los residentes, también quedan comprometidos derechos fundamentales como la libertad de circulación, la seguridad personal y el ejercicio de la actividad política.

Los más de cinco millones de habitantes señalados por el estudio representan la dimensión humana de ese desafío.

Río de Janeiro dispone ahora de una radiografía oficial más completa de la presencia de narcos y milicias. El mapa permite localizar el problema con mayor precisión. Lo que todavía debe demostrar el Estado brasileño es su capacidad para transformar esa información en una recuperación duradera de la seguridad y de las libertades de quienes viven en esos territorios.