La huelga general por la vivienda suma 4 millones, según sindicatos

La huelga general del 11 de noviembre de 2026 contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo ha movilizado a unos cuatro millones de trabajadores, según el primer balance de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Los convocantes califican la jornada de éxito y sitúan el seguimiento entre el 41 % y el 75 % en distintas zonas de España, con estimaciones que superan el 80 % en Madrid.

La protesta, respaldada por CCOO, UGT, CGT, CNT y otras organizaciones sindicales, constituye la primera huelga general de 24 horas apoyada por los dos grandes sindicatos desde 2012. Sus promotores sostienen que la participación podría superar los cinco millones al finalizar la jornada, aunque esa previsión todavía no constituye un balance definitivo.

Las cifras dibujan, sin embargo, una realidad desigual. Mientras los sindicatos destacan una elevada participación en la industria, los puertos y determinadas actividades logísticas, las organizaciones empresariales y algunas administraciones ofrecen porcentajes considerablemente inferiores.

La diferencia no es menor. En Madrid, por ejemplo, UGT estima un seguimiento superior al 80 % en buena parte de los sectores, mientras que el Gobierno autonómico sitúa en el 9,6 % la participación de sus empleados públicos. Son mediciones con ámbitos y criterios diferentes, pero evidencian hasta qué punto sigue abierta la discusión sobre el alcance real del paro.

La jornada ha estado acompañada de cortes de tráfico, piquetes, alteraciones del transporte y manifestaciones en numerosas ciudades. El conflicto laboral tiene un origen especialmente significativo: la dificultad creciente para acceder a una vivienda incluso disponiendo de un empleo.

Madrid alcanza el 80 % de seguimiento según UGT

La Comunidad de Madrid concentra algunas de las estimaciones más elevadas difundidas por los convocantes, aunque existen diferencias entre las propias organizaciones.

CCOO de Madrid ha calculado un 65 % de seguimiento en el conjunto de los sectores durante los turnos de noche y mañana. UGT Madrid, por su parte, eleva la participación por encima del 80 %, con la excepción de los servicios públicos, donde estima un 55 %.

Ambos sindicatos atribuyen parte de las diferencias a los servicios mínimos establecidos por las administraciones, que consideran excesivos y que, según denuncian, han limitado las posibilidades de participar en la huelga.

La actividad en la capital se ha visto alterada desde las primeras horas. Los piquetes han actuado en Mercamadrid, las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes y distintos accesos por carretera. También se han registrado interrupciones en la Gran Vía y movilizaciones en barrios como Vallecas, Usera, Tetuán y Lavapiés.

Los responsables sindicales han denunciado intervenciones policiales contra varios piquetes. En Mercamadrid, al menos 13 personas necesitaron asistencia sanitaria tras los enfrentamientos, según la información difundida durante la jornada. CCOO y UGT han anunciado que estudiarán acciones legales por estas actuaciones.

El seguimiento oscila entre el 41 % y el 75 % según las regiones

El balance territorial de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas refleja diferencias importantes entre comunidades autónomas.

En la fachada mediterránea y la cornisa cantábrica, el movimiento por la vivienda calcula una participación cercana al 75 %, mientras que en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura las estimaciones se sitúan entre el 41 % y el 45 %.

Cataluña presenta cifras todavía más elevadas según CCOO y UGT, que han situado el seguimiento global en el 84 %. Las organizaciones destacan especialmente la participación en la automoción, el metal y el transporte industrial.

No obstante, la patronal catalana Pimec ofrece un balance muy distinto: calcula que el 8,9 % de los trabajadores ha secundado el paro, aunque reconoce que aproximadamente el 29 % de las empresas se han visto afectadas.

La industria y los puertos registran los mayores paros

Los primeros balances de CCOO y UGT señalan una respuesta especialmente intensa en algunas actividades estratégicas.

La automoción registra un seguimiento sindical estimado del 90 %, con interrupciones de producción en instalaciones como Volkswagen Navarra y Seat en Martorell. Los sindicatos también sitúan alrededor del 90 % la participación en los puertos de Valencia y Algeciras.

En la industria cárnica, las estimaciones alcanzan el 85 %, mientras que la recogida de residuos registra un 82 % y el sector energético, un 75 %.

Los porcentajes descienden considerablemente en otras actividades. Los servicios sociosanitarios presentan un seguimiento del 38 %, según los sindicatos, y el servicio postal ronda el 35 % durante las primeras horas.

Estas diferencias muestran que el impacto de la huelga no ha sido homogéneo. Las grandes instalaciones industriales y determinadas plataformas logísticas han registrado paros significativos, mientras que una parte del comercio y los servicios ha mantenido su actividad.

Las cifras de participación enfrentan a sindicatos y patronales

La magnitud del seguimiento continúa siendo uno de los principales puntos de desacuerdo.

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) sostiene que menos del 10 % de los trabajadores del sector privado madrileño ha participado en la huelga. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha cuestionado el éxito anunciado por los convocantes.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, el seguimiento en su sector público se sitúa en el 9,6 %. En los hospitales alcanza el 5 %, en Atención Primaria el 7 % y en Metro de Madrid ronda el 24,9 % a mediodía.

Estas estimaciones no pueden compararse directamente con todos los porcentajes sindicales, ya que algunas se refieren exclusivamente a determinados servicios públicos, otras al conjunto de actividades económicas y otras a empresas concretas.

La evolución del consumo eléctrico ofrece un indicador complementario, aunque tampoco permite calcular por sí sola cuántas personas han secundado la protesta.

Según Red Eléctrica, la demanda energética acumulada hasta las 11.00 horas se situó un 7,46 % por debajo de la previsión calculada para una jornada sin huelga. La reducción fue especialmente intensa entre las 10.00 y las 11.00 horas, cuando alcanzó el 15,49 % respecto a esa referencia.

El consumo de electricidad depende de numerosos factores, incluida la meteorología. Por eso, sus variaciones ayudan a evaluar la actividad económica, pero no equivalen automáticamente a un porcentaje de trabajadores en huelga.

Manifestaciones masivas y alteraciones del transporte

La protesta ha trascendido los centros de trabajo para convertirse también en una jornada de movilización ciudadana.

Las organizaciones convocantes han impulsado manifestaciones en más de un centenar de localidades, con concentraciones especialmente destacadas en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

En Barcelona, los organizadores han calculado una asistencia de unas 400.000 personas a la manifestación, frente a las 55.000 contabilizadas por el Ayuntamiento. La diferencia vuelve a reflejar la disparidad entre los recuentos difundidos durante la jornada.

En Madrid, la manifestación central ha recorrido el centro de la ciudad desde Atocha hacia la plaza de España, con participación de organizaciones sindicales y colectivos vinculados al derecho a la vivienda.

El transporte también ha sufrido alteraciones. Aena comunicó que, hasta el mediodía, se habían cancelado 263 vuelos, aproximadamente el 5,8 % de las operaciones previstas en la red aeroportuaria española.

Los mercados centrales y las plataformas de distribución de distintas ciudades han registrado igualmente dificultades de acceso por la presencia de piquetes.

Una huelga que convierte la vivienda en conflicto laboral

El elemento que distingue esta convocatoria de otras movilizaciones sindicales es su origen en la crisis de acceso a la vivienda.

La protesta no nace exclusivamente de una negociación salarial o de una reforma laboral. Surge de la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna, un problema que afecta directamente a la capacidad económica de los trabajadores.

El movimiento cobró especial fuerza tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid que falleció posteriormente. Su caso se convirtió en símbolo de las protestas contra la inseguridad residencial y dio impulso a las acampadas y movilizaciones organizadas en distintas ciudades españolas.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas reclama medidas como la renovación automática de los contratos de alquiler, una reducción sustancial de los precios, mayores garantías frente a los desahucios y límites a la compra especulativa de inmuebles.

Por su parte, CCOO y UGT vinculan el acceso a la vivienda con la necesidad de mejorar los salarios, reforzar los servicios públicos y reducir la precariedad laboral.

El argumento es sencillo: tener trabajo ya no garantiza poder pagar una vivienda.

Según los datos del Consejo de la Juventud de España recogidos durante esta crisis, el alquiler medio de una vivienda puede absorber prácticamente la totalidad del salario mensual de una persona joven. El Banco de España, por su parte, ha advertido de un déficit de cientos de miles de viviendas que dificulta el equilibrio entre oferta y demanda.

La protesta llega también en un momento político especialmente delicado, a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. Los sindicatos sostienen que la convocatoria comenzó a prepararse antes del anuncio electoral y defienden que sus reivindicaciones van más allá del enfrentamiento entre partidos.

El 11-N devuelve la crisis de vivienda al centro del debate

Catorce años después de la última huelga general respaldada por CCOO y UGT, España vuelve a vivir una movilización laboral de alcance estatal. Esta vez, con el acceso a la vivienda como principal detonante.

Los cuatro millones de participantes anunciados por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas representan una estimación provisional de los convocantes, pendiente de contrastarse con balances posteriores. Las acusadas diferencias entre sindicatos, patronales y administraciones obligan a interpretar los porcentajes con prudencia.

Lo que sí resulta evidente es que la crisis de la vivienda ha dejado de ser únicamente una reivindicación del movimiento vecinal e inquilino. Ha conseguido situarse en el centro de una convocatoria de huelga general y movilizar a organizaciones laborales que representan a millones de trabajadores.

El desafío político que plantea el 11 de noviembre permanece más allá de la discusión sobre el seguimiento: cómo garantizar que los salarios permitan acceder a una vivienda sin convertir el alquiler o la hipoteca en una carga difícilmente sostenible.