Bolivia acusa a Evo Morales de dirigir un cártel narco en el Chapare

El Gobierno de Bolivia ha acusado este miércoles, 11 de noviembre de 2026, al expresidente Evo Morales de dirigir un cártel del narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba, en el centro del país. La acusación procede del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien sostiene que el exmandatario controla una organización dedicada al tráfico de drogas y que parte de los recursos procedentes de esa región sirvieron para financiar las protestas y los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio.

Las declaraciones suponen un nuevo agravamiento del enfrentamiento entre el Ejecutivo de Rodrigo Paz Pereira y Evo Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019. No se trata de una condena judicial ni de una responsabilidad penal demostrada, sino de una acusación formulada públicamente por el Gobierno. Morales, que permanece en su bastión político del Chapare, tiene además órdenes de detención relacionadas con otras investigaciones.

La gravedad de las afirmaciones no reside únicamente en que un ministro vincule al antiguo jefe del Estado con el narcotráfico. Oviedo atribuye al expresidente una posición de mando dentro de una supuesta estructura criminal y relaciona sus recursos económicos con los disturbios que sacudieron Bolivia durante casi dos meses.

El Gobierno señala a Morales como jefe del narcotráfico en el Chapare

Marco Antonio Oviedo lanzó las acusaciones durante una entrevista con la emisora boliviana Erbol. El ministro afirmó que Morales está al frente de un cártel que operaría desde el Trópico de Cochabamba, conocido como el Chapare, una de las principales zonas de cultivo de hoja de coca del país.

Según el responsable de Interior, el expresidente no solo mantendría una influencia política decisiva sobre las organizaciones de productores de coca de la región, sino que también controlaría la actividad del narcotráfico que se desarrolla allí.

Oviedo aseguró que Morales es el jefe de la producción de droga que sale de ese territorio. Para sostener sus afirmaciones, aludió tanto a las incautaciones realizadas en la zona como a los movimientos de dinero detectados por las autoridades durante los bloqueos de carreteras.

El ministro también sostuvo que ninguna decisión importante en el Chapare puede tomarse sin la autorización del antiguo mandatario. Su interpretación es que la influencia sindical y política de Morales habría permitido organizar las movilizaciones y proporcionarles financiación.

Morales ha respondido a las acusaciones con ironía. El expresidente declaró: «Si fuera yo jefe del cártel del Chapare, él tendría que ser mi empleado». También criticó duramente a Oviedo y sostuvo que los intentos anteriores de vincularlo con el narcotráfico no habían conseguido demostrar esas acusaciones.

Conviene distinguir, sin embargo, entre el liderazgo político y sindical del expresidente y la presunta dirección de una organización criminal. La primera circunstancia es conocida desde hace años; la segunda constituye una acusación de enorme gravedad que requiere pruebas y una investigación judicial.

Los 53 días de bloqueos que el Ejecutivo vincula al narcotráfico

El Gobierno relaciona las supuestas actividades del cártel con las protestas que paralizaron distintas carreteras bolivianas durante 53 días, entre mayo y junio de 2026. Aquellas movilizaciones estuvieron protagonizadas por organizaciones campesinas, sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos próximos a Morales.

Los manifestantes exigían la dimisión del presidente Rodrigo Paz, al que responsabilizaban de no ofrecer soluciones a la crisis económica del país. Los cortes de carreteras interrumpieron el transporte de mercancías, dificultaron los desplazamientos y provocaron problemas de abastecimiento y acceso a servicios esenciales.

El conflicto tuvo consecuencias especialmente graves. Según los balances difundidos sobre aquellas protestas, 16 personas fallecieron durante ese periodo, la mayoría por dificultades para recibir asistencia médica debido a los bloqueos.

Morales defendió entonces la necesidad de una salida política y planteó al presidente la alternativa de recurrir a las Fuerzas Armadas o convocar elecciones en un plazo de 90 días para evitar un agravamiento de los enfrentamientos.

El Ejecutivo considera que aquellas movilizaciones no fueron únicamente una expresión de protesta social. Su tesis es que existió una estructura de financiación organizada desde el Chapare que permitió mantener la presión sobre el Gobierno durante semanas.

Los ocho millones de bolivianos que investiga el Gobierno

Uno de los datos utilizados por Oviedo para respaldar sus acusaciones es la intervención de más de ocho millones de bolivianos durante los operativos policiales relacionados con los bloqueos.

El ministro sostiene que esos recursos procedían del Trópico de Cochabamba y estaban destinados a sostener las movilizaciones. También atribuyó responsabilidades a sectores campesinos de La Paz, entre ellos la federación Túpac Katari.

La procedencia del dinero es un elemento fundamental para determinar si existió financiación ilegal. Que los fondos salieran de una región donde se producen incautaciones de droga no demuestra por sí solo que procedieran del narcotráfico ni que Morales ordenara su distribución.

En las declaraciones difundidas este miércoles, Oviedo no presentó públicamente documentación judicial que acreditara esos vínculos concretos. La acusación política, por contundente que sea, no sustituye a la trazabilidad de los fondos y las pruebas penales necesarias para atribuir responsabilidades.

Las órdenes de detención que pesan sobre Evo Morales

La situación judicial del expresidente ya era complicada antes de estas nuevas declaraciones.

La Fiscalía boliviana abrió una investigación contra Morales por presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo, relacionados con su supuesta participación en la organización de las protestas y los bloqueos contra el Gobierno. Dentro de esa causa existe una orden de detención.

El antiguo mandatario también tiene pendiente otra orden de arresto por una investigación de trata agravada de personas. En ese procedimiento se le atribuye una presunta relación con una menor de edad durante su etapa presidencial, de la que supuestamente nació un hijo en 2016.

Se trata de investigaciones distintas de la nueva acusación de narcotráfico. La existencia de procedimientos penales anteriores no demuestra que Morales dirija un cártel de drogas, ni permite dar por probados los hechos que se investigan en esas causas.

Desde octubre de 2024, el expresidente permanece en el Trópico de Cochabamba. Sus partidarios mantienen dispositivos de vigilancia para impedir que las fuerzas de seguridad puedan detenerlo.

El Gobierno había manifestado anteriormente su intención de ejecutar las órdenes de arresto. En septiembre de 2026, Oviedo reiteró ante la Asamblea Legislativa que las autoridades llevarían a cabo una operación para detener al exmandatario, aunque no precisó cuándo se produciría.

El Chapare, centro del poder político y sindical de Morales

Para comprender el alcance de la acusación hay que tener en cuenta el papel que desempeña el Chapare en la trayectoria política del expresidente.

Morales construyó buena parte de su influencia pública a partir del movimiento sindical de los productores de coca. Antes de llegar a la Presidencia, ya era uno de sus principales dirigentes, y mantiene su liderazgo sobre las seis federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba.

La hoja de coca tiene usos tradicionales y legales en Bolivia, pero también puede emplearse como materia prima para producir cocaína. Esta doble realidad hace especialmente importante distinguir entre los cultivos autorizados y las actividades vinculadas a la elaboración y distribución ilegal de drogas.

El Gobierno utiliza precisamente la importancia del Chapare como zona productora y la influencia de Morales sobre sus organizaciones para sostener que el expresidente tendría conocimiento de las actividades ilícitas desarrolladas allí.

El argumento supone un salto relevante respecto a las críticas políticas que el antiguo mandatario había recibido hasta ahora. Controlar una organización sindical no equivale a dirigir una red de narcotráfico, aunque las autoridades consideran que su posición de poder merece ser investigada.

La región también representa un problema operativo para las fuerzas de seguridad. La protección organizada por los seguidores de Morales ha dificultado los intentos de ejecutar las órdenes de detención, aumentando la tensión entre las autoridades y las organizaciones cocaleras.

El Gobierno evita anticipar una intervención de Estados Unidos

Las acusaciones de Oviedo se producen en un contexto de creciente enfrentamiento político y judicial, con el narcotráfico convertido en uno de los principales asuntos de seguridad del Ejecutivo boliviano.

Durante la entrevista, el ministro fue preguntado por la posibilidad de que Estados Unidos emprendiera alguna actuación contra Morales. Evitó anticipar decisiones estadounidenses y defendió que cada país debe asumir sus propias responsabilidades.

La respuesta no supone el anuncio de una operación conjunta ni confirma que Washington esté preparando medidas específicas contra el expresidente.

Por otra parte, el Gobierno de Rodrigo Paz ya había utilizado anteriormente el término «narcoterrorismo» para referirse a determinados grupos implicados, según sus denuncias, en acciones destinadas a desestabilizar las instituciones.

La acusación formulada este miércoles es más concreta: atribuye directamente a Morales la dirección de un supuesto cártel y relaciona su actividad con el dinero utilizado en las protestas.

Una acusación que agrava el enfrentamiento político en Bolivia

Las declaraciones de Marco Antonio Oviedo abren un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno boliviano y el expresidente, que conserva una importante capacidad de movilización entre las organizaciones cocaleras.

El Ejecutivo sostiene que Morales dirige una estructura de narcotráfico que habría contribuido a financiar los bloqueos contra Rodrigo Paz. Aporta como argumentos su influencia en el Chapare, las incautaciones de droga y los movimientos de dinero detectados durante las protestas.

Sin embargo, no se ha acreditado públicamente una responsabilidad penal de Morales como jefe de un cártel. Tampoco las declaraciones del ministro permiten establecer por sí solas el origen ilícito de los fondos presuntamente destinados a las movilizaciones.

La diferencia es sustancial. Una cosa es que el Gobierno acuse al antiguo presidente de controlar una organización criminal y otra que esa responsabilidad quede demostrada mediante una investigación y una resolución judicial.

Mientras tanto, Morales continúa en el Chapare, las órdenes de detención anteriores siguen pendientes de ejecución y el enfrentamiento entre el Ejecutivo y sus seguidores permanece abierto. La acusación de narcotráfico añade gravedad a ese escenario, pero su recorrido dependerá de las pruebas que las autoridades puedan presentar.