EEUU afronta rechazo internacional por las sanciones a la Corte Penal

Estados Unidos ha abierto un nuevo frente diplomático con buena parte de sus aliados al imponer nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión de la Administración de Donald Trump ha provocado una reacción internacional poco habitual por su amplitud: gobiernos europeos, Canadá, Japón y Naciones Unidas han salido en defensa del tribunal de La Haya y de su independencia.

La medida va bastante más lejos que las sanciones estadounidenses aplicadas anteriormente a determinados jueces y fiscales. Washington ha elevado la presión contra una institución creada por el Estatuto de Roma para perseguir genocidios, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. La CPI considera que las medidas amenazan su capacidad para funcionar; Estados Unidos sostiene, por el contrario, que el tribunal excede sus competencias cuando actúa contra ciudadanos de países que no reconocen su jurisdicción. Ahí está, desnudo, el choque.

Estados Unidos eleva su ofensiva contra la Corte Penal Internacional

El conflicto entre Washington y la CPI no nació esta semana. Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma y lleva años rechazando que el tribunal pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento de su Gobierno.

La tensión se disparó con las investigaciones relacionadas con Afganistán y, posteriormente, con las actuaciones de la Corte sobre la guerra de Gaza. En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant. Washington rechazó aquellas decisiones y la nueva Administración Trump convirtió el desacuerdo jurídico en una presión económica mucho más directa.

Durante los últimos meses, Estados Unidos ya había sancionado individualmente a jueces, fiscales y responsables vinculados al tribunal. La nueva escalada cambia de dimensión porque aumenta el riesgo de que las restricciones afecten no solo a determinadas personas, sino también al funcionamiento cotidiano de la institución.

El problema no acaba en unas cuentas bancarias

El alcance de unas sanciones estadounidenses puede ir bastante más allá de congelar activos. La preocupación en La Haya está, sobre todo, en el llamado efecto extraterritorial: bancos y empresas internacionales pueden decidir cortar relaciones con la CPI simplemente para evitar cualquier posible conflicto con la normativa de Washington.

Ese temor alcanza terrenos muy concretos. Nóminas, servidores, programas informáticos, seguros, viajes, comunicaciones o pagos a proveedores pueden convertirse en operaciones más difíciles cuando las compañías temen quedar atrapadas en el régimen sancionador estadounidense. La justicia internacional también funciona con facturas; prosaico, sí, pero inevitable.

Las consecuencias podrían alcanzar incluso a programas destinados a las víctimas de crímenes internacionales. La actividad vinculada a reparaciones, rehabilitación física y psicológica, educación o asistencia depende de canales financieros y proveedores que pueden volverse más cautelosos ante cualquier relación con una institución sometida a presión estadounidense.

Los aliados de Washington responden contra las sanciones

La reacción internacional no se ha limitado a declaraciones vagas de preocupación. Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido han reafirmado su respaldo a la independencia, imparcialidad e integridad de la Corte Penal Internacional frente a las medidas estadounidenses.

El mensaje resulta especialmente significativo porque procede, en buena medida, de aliados estrechos de Estados Unidos. Son países que comparten con Washington alianzas militares, intereses económicos y buena parte de su arquitectura diplomática, pero que consideran peligroso utilizar sanciones para condicionar el trabajo de un tribunal internacional.

Naciones Unidas también ha defendido la labor de la CPI y ha advertido del riesgo que supone castigar a quienes trabajan para exigir responsabilidades por los crímenes internacionales más graves. El conflicto, así, deja de ser una pelea bilateral entre Washington y La Haya y se convierte en una discusión mucho más amplia sobre los límites del poder estadounidense.

España rechaza la presión sobre la Corte Penal

España se ha situado entre los gobiernos críticos con las medidas estadounidenses y ha reiterado su respaldo a la Corte Penal Internacional como herramienta contra la impunidad. La posición española conecta la independencia del tribunal con la protección de víctimas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

No se trata de una posición improvisada. Madrid ya había cuestionado anteriormente las sanciones contra magistrados y responsables concretos del tribunal. La diferencia está en la dimensión que ha adquirido el enfrentamiento: Washington utiliza su peso financiero y regulatorio para aumentar la presión sobre una institución respaldada por numerosos Estados europeos.

Otros gobiernos de la Unión Europea también han planteado la necesidad de proteger el funcionamiento de la CPI. Surge entonces una cuestión incómoda para Bruselas: hasta qué punto Europa puede defender de forma efectiva a una institución internacional cuando esa defensa entra en conflicto con el enorme alcance del sistema financiero estadounidense.

La Unión Europea busca proteger el funcionamiento del tribunal

La UE cuenta con instrumentos diseñados para limitar en territorio europeo determinados efectos de las sanciones extraterritoriales aprobadas por terceros países. La discusión sobre cómo proteger a la Corte vuelve así al primer plano, porque una declaración diplomática sirve de poco si bancos, aseguradoras o empresas tecnológicas deciden cortar servicios por miedo a represalias.

La cuestión tiene peso institucional. La CPI tiene su sede en La Haya y está sostenida por los Estados que forman parte del Estatuto de Roma. Para ellos, mantener operativo el tribunal no es únicamente una declaración política: forma parte del sistema internacional que decidieron crear y financiar.

La propia institución lleva tiempo adaptándose a un escenario en el que las presiones políticas y financieras pueden afectar a sus magistrados, fiscales y empleados. Lo que hasta hace unos años parecía una circunstancia excepcional empieza a incorporarse a su funcionamiento ordinario.

El choque de fondo: soberanía frente a justicia internacional

Washington sostiene que la CPI no debería poder actuar contra ciudadanos estadounidenses o israelíes porque ninguno de los dos países pertenece al Estatuto de Roma. Ese argumento de soberanía nacional constituye el núcleo jurídico y político de la ofensiva estadounidense.

La Corte responde que su jurisdicción no depende exclusivamente de la nacionalidad del sospechoso. Bajo determinadas condiciones, también puede intervenir cuando los presuntos delitos se cometen en el territorio de un Estado que reconoce su competencia. Esa diferencia explica buena parte del enfrentamiento entre Washington y La Haya.

La Administración Trump presenta las sanciones como una herramienta para proteger a Estados Unidos frente a lo que considera actuaciones ilegítimas del tribunal. La CPI replica que someter a una institución judicial a presión económica para condicionar investigaciones erosiona el principio de independencia judicial y dificulta la persecución de los delitos internacionales más graves.

Ahí aparece una paradoja difícil de esconder. Estados Unidos ha apoyado durante décadas tribunales internacionales y mecanismos de rendición de cuentas cuando perseguían crímenes cometidos en lugares como los Balcanes, Ruanda o Ucrania. La ruptura se vuelve mucho más visible cuando la justicia internacional alcanza asuntos que afectan a Washington o a uno de sus principales aliados estratégicos.

Las sanciones pueden cambiar la forma de operar de la CPI

Las medidas estadounidenses no significan que la Corte Penal Internacional vaya a dejar de funcionar de un día para otro. La institución cuenta con financiación de sus Estados miembros, infraestructura propia y mecanismos para afrontar dificultades. Sin embargo, el impacto indirecto puede ser mucho más difícil de controlar.

Una multinacional tecnológica puede concluir que trabajar con la CPI representa demasiado riesgo. Lo mismo puede ocurrir con un banco, una aseguradora o un proveedor digital. Ninguna sanción necesita apagar literalmente los ordenadores del tribunal para complicarle la vida: basta con convertir cada contrato cotidiano en una posible zona de conflicto jurídico.

Por eso la respuesta de los países que respaldan al tribunal tendrá que medirse también fuera de los comunicados. La cuestión pasa por saber quién proporciona servicios a la CPI, por qué canales circulan sus fondos y hasta dónde llega la capacidad de Washington para condicionar esas relaciones comerciales y financieras.

También está en juego la situación de investigadores, abogados, testigos, organizaciones humanitarias y víctimas. Toda esa red forma parte del trabajo de la Corte y resulta difícil mantenerla si cada vínculo financiero con La Haya empieza a contemplarse como un riesgo económico o legal.

Una disputa que ya supera a Washington y La Haya

La nueva ronda de sanciones ha convertido una vieja hostilidad estadounidense hacia la CPI en un problema diplomático de mayor alcance. El enfrentamiento no coloca únicamente a Donald Trump frente a los jueces de La Haya; sitúa a Estados Unidos frente a varios de sus principales aliados y tensiona parte del sistema multilateral que Washington ayudó durante décadas a sostener.

La Corte seguirá teniendo detractores. Sus decisiones son discutidas, su eficacia no siempre convence y su jurisdicción continúa dependiendo de un entramado incompleto de tratados y cooperación estatal. Nada de eso desaparece porque EEUU decida sancionarla. Pero el debate se desplaza hacia un terreno distinto: hasta dónde puede llegar una potencia para penalizar económicamente a un tribunal internacional cuyas decisiones considera inaceptables.

La reacción de Europa, Canadá, Japón, España y Naciones Unidas muestra que la ofensiva estadounidense ha encontrado resistencia. El verdadero alcance de esa oposición dependerá de algo menos solemne que los comunicados y bastante más decisivo: mantener abiertos los canales financieros, tecnológicos y operativos que permiten trabajar a la Corte Penal Internacional.