Estados Unidos exige a Japón triplicar el pago por sus tropas en 2027

Estados Unidos ha exigido a Japón que triplique su contribución económica al mantenimiento de las tropas estadounidenses desplegadas en el país asiático. La Administración de Donald Trump reclama más de 3 billones de yenes (unos 19.000 millones de dólares) para los cinco años comprendidos entre abril de 2027 y marzo de 2032, una cantidad que prácticamente multiplica por tres el acuerdo vigente.

El Gobierno japonés considera excesiva la petición y estudia una contrapropuesta de aproximadamente 1,5 billones de yenes, la mitad de lo reclamado por Washington. Las negociaciones, iniciadas durante el verano, deberán resolver una diferencia económica considerable entre dos de los principales aliados militares del Pacífico. Ambos países aspiran a alcanzar un acuerdo antes de que termine 2026, aunque las posiciones continúan alejadas.

La exigencia supone un nuevo episodio de la política de Trump para conseguir que los aliados de Estados Unidos asuman una proporción mayor del gasto militar. En el caso de Japón, la discusión resulta especialmente delicada: el país alberga una de las mayores concentraciones de fuerzas estadounidenses fuera de territorio norteamericano y depende de esa presencia para reforzar su defensa frente a China y Corea del Norte.

Tokio, sin embargo, tampoco puede permitirse aceptar cualquier cifra. El encarecimiento de la vida, la debilidad del yen y las necesidades presupuestarias nacionales complican una negociación en la que ambas partes tienen mucho que perder si fracasan.

Estados Unidos reclama 3 billones de yenes por mantener sus tropas

El acuerdo vigente establece una aportación japonesa de aproximadamente 1,055 billones de yenes durante cinco años, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2022 a 2026. Esto representa un desembolso medio de unos 211.000 millones de yenes anuales.

La propuesta estadounidense elevaría el compromiso hasta más de 3 billones de yenes en el siguiente quinquenio, lo que supondría superar los 600.000 millones de yenes al año.

Japón, por su parte, está dispuesto a estudiar un aumento, aunque considerablemente inferior. Su propuesta preliminar rondaría los 300.000 millones de yenes anuales, cerca de un 42 % más que la aportación actual.

La diferencia entre las dos posiciones es sustancial. Washington reclama un incremento cercano al 185 % respecto al acuerdo anterior, mientras que Tokio contempla una subida mucho más moderada.

Estas cantidades corresponden a la contribución específica que Japón negocia para sufragar determinados gastos de las fuerzas estadounidenses. No representan todo el presupuesto japonés de defensa ni el coste completo de las bases militares situadas en su territorio.

Qué paga Japón para mantener las bases estadounidenses

La contribución japonesa se conoce tradicionalmente como omoiyari yosan, una expresión que suele traducirse como «presupuesto de consideración» y que hace referencia a los gastos asumidos voluntariamente por Japón para facilitar la presencia militar estadounidense.

Este mecanismo funciona desde finales de los años setenta y se ha ampliado mediante sucesivos acuerdos bilaterales.

El dinero se destina principalmente a cubrir los salarios de trabajadores japoneses empleados en instalaciones militares estadounidenses, los suministros de electricidad, agua y gas, determinados gastos de entrenamiento y la construcción o mantenimiento de instalaciones.

Bajo el acuerdo vigente, Japón sufraga determinados costes salariales correspondientes a 23.178 trabajadores de las instalaciones estadounidenses. También financia actividades relacionadas con los entrenamientos y la adquisición de determinados equipos.

No se trata, por tanto, de una transferencia destinada exclusivamente a pagar soldados estadounidenses. Buena parte del presupuesto sostiene servicios, infraestructuras y personal civil que permiten el funcionamiento cotidiano de las bases.

Nuevos refugios y bases preparadas para resistir ataques

Uno de los elementos que podrían incorporarse al próximo acuerdo es la financiación de nuevas medidas de protección de las instalaciones militares.

Entre las posibilidades examinadas figuran la construcción de refugios, el traslado de determinadas instalaciones al subsuelo y el refuerzo estructural de edificios para reducir los daños provocados por posibles ataques.

También se estudian actuaciones relacionadas con la protección frente a explosiones y ataques electromagnéticos.

El objetivo es mejorar la capacidad de las bases para seguir funcionando durante una crisis militar, una característica que en defensa se conoce como resiliencia operativa.

Este apartado podría facilitar una salida negociada. Tokio tendría la posibilidad de justificar parte del incremento mediante inversiones concretas que también contribuyeran a su propia seguridad, sin aceptar íntegramente las exigencias económicas estadounidenses.

Por el momento, ninguna de estas fórmulas representa un acuerdo definitivo.

Por qué Estados Unidos mantiene miles de soldados en Japón

La presencia militar estadounidense en Japón es uno de los pilares de la seguridad de Asia oriental.

Según los datos del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense actualizados en octubre de 2026, el país alberga aproximadamente 55.000 militares estadounidenses en servicio activo.

Las fuerzas se distribuyen entre distintas instalaciones del archipiélago, incluidas importantes bases aéreas, navales y de infantería de marina.

Una de las zonas más importantes es Okinawa, donde se concentra una parte especialmente elevada de las instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos.

La base aérea de Kadena constituye un punto estratégico para las operaciones estadounidenses en el Pacífico occidental. Su ubicación permite desplegar recursos militares relativamente cerca de Taiwán, la península de Corea y el mar de China Oriental.

La presencia estadounidense responde al tratado de seguridad firmado por ambos países en 1960. Japón facilita instalaciones militares y Estados Unidos mantiene compromisos de defensa con su aliado.

La relación beneficia a ambos gobiernos. Japón obtiene una garantía de seguridad adicional y Washington dispone de bases que resultan fundamentales para su capacidad de actuación en una región donde la competencia con China adquiere cada vez mayor importancia.

Precisamente por eso, la negociación económica es más compleja de lo que podría parecer. Las bases no son únicamente un servicio de protección que Washington presta a Tokio: también constituyen una infraestructura esencial para los intereses militares estadounidenses.

Trump ya intentó multiplicar los pagos durante su primer mandato

La nueva exigencia no constituye una sorpresa absoluta. Durante su primera presidencia, Donald Trump ya presionó a Japón para incrementar considerablemente su contribución al mantenimiento de las fuerzas estadounidenses.

En 2019, Washington llegó a plantear cantidades superiores a cuatro veces el nivel de financiación existente entonces, aunque aquellas pretensiones no acabaron convirtiéndose en un acuerdo de semejante magnitud.

El presidente estadounidense ha defendido reiteradamente que los países protegidos por sus fuerzas armadas deben asumir una responsabilidad económica mayor.

Esta posición también ha marcado su relación con los aliados europeos de la OTAN, aunque existen importantes diferencias jurídicas y presupuestarias entre aquella organización y los acuerdos bilaterales de Estados Unidos con Japón.

El problema para Tokio es que el incremento de sus propias capacidades militares ya representa un esfuerzo considerable. Japón lleva años ampliando sus inversiones en defensa ante el desarrollo militar chino, las amenazas norcoreanas y la inestabilidad regional.

Aceptar nuevas obligaciones económicas con Washington supondría sumar otro compromiso a unas cuentas públicas sometidas a numerosas presiones.

El comportamiento del yen frente al dólar también influye en las negociaciones. Una moneda japonesa debilitada encarece determinados gastos vinculados a la presencia estadounidense, incluso cuando no se incrementa el volumen de las operaciones militares.

Japón evita confirmar la cifra y mantiene abierta la negociación

El ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, abordó públicamente la controversia durante su comparecencia del 13 de noviembre.

Al ser preguntado por la exigencia estadounidense de triplicar los pagos, evitó confirmar oficialmente la cantidad publicada. Motegi señaló que resultaba impreciso hablar de una posición estadounidense única, ya que distintos representantes podían expresar planteamientos diferentes.

El ministro reconoció, no obstante, que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre el reparto de los gastos y aseguró que Japón tendrá en cuenta tanto el deterioro del entorno de seguridad como su situación presupuestaria.

Esta precisión resulta importante: la cifra de 3 billones de yenes procede de informaciones atribuidas a fuentes conocedoras de las negociaciones, no de un compromiso anunciado conjuntamente por ambos gobiernos.

Las conversaciones se han desarrollado durante los últimos meses, con contactos técnicos celebrados tanto en Japón como en Estados Unidos. Se espera que las delegaciones intensifiquen sus reuniones para intentar cerrar un nuevo acuerdo antes de terminar el año.

El pacto actual expira el 31 de marzo de 2027, por lo que ambas administraciones todavía disponen de cierto margen para aproximar sus posiciones.

Una disputa económica con consecuencias para la seguridad del Pacífico

La principal incógnita es cuánto estará dispuesto a ceder cada gobierno. Estados Unidos reclama una contribución cercana al triple de la actual y Japón contempla un incremento significativo, pero muy inferior. Entre ambas propuestas existe una diferencia aproximada de 1,5 billones de yenes en cinco años.

Una posible fórmula de compromiso consistiría en aumentar la financiación destinada a proteger las instalaciones y mantener contenidos otros gastos ordinarios. Sin embargo, los términos de un eventual pacto todavía no están definidos.

La negociación también tiene una dimensión política. Para Trump, conseguir mayores aportaciones de los aliados refuerza su discurso de que Estados Unidos no debe asumir una parte desproporcionada de los costes internacionales de seguridad. Para Japón, aceptar sin apenas resistencia una subida tan elevada tendría un coste presupuestario y político considerable.

Mientras tanto, las tensiones con China y Corea del Norte hacen que ninguno de los dos países tenga demasiado interés en debilitar una alianza militar que sigue siendo fundamental para sus estrategias de defensa.

El resultado determinará cuánto pagará Japón por la presencia estadounidense entre 2027 y 2032, pero también hasta dónde puede llegar la presión económica de Washington sobre uno de sus aliados más importantes.