29N: PSOE promete vivienda pública y PP rebajas fiscales en el campo

La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre ha entrado este domingo, 15 de noviembre, en el terreno de las propuestas concretas. El PSOE ha presentado un programa centrado en la vivienda, los impuestos a los grandes propietarios y los derechos sociales; Frente Amplio ha anunciado medidas para aliviar la carga de los autónomos y ampliar los permisos por cuidados, mientras que el PP ha prometido ventajas fiscales para los jóvenes que se instalen en zonas despobladas y nuevas medidas de apoyo al campo.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau han elegido Alcorcón, Santander y Zaragoza, respectivamente, para exponer sus compromisos ante los votantes. Las diferencias afectan directamente al bolsillo de millones de españoles: desde el precio de los alquileres y las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia hasta la compra de viviendas en municipios rurales.

A dos semanas de la votación, los partidos intentan convertir sus programas en argumentos capaces de movilizar al electorado. La crisis de la vivienda se ha consolidado como uno de los grandes asuntos de la campaña, pero también cobran protagonismo la conciliación familiar, la fiscalidad y las dificultades económicas de agricultores y ganaderos.

El domingo ha dejado, además, nuevos enfrentamientos entre los candidatos. Feijóo ha endurecido sus críticas al Gobierno tras los incidentes sufridos por un candidato popular en Hernani, mientras que Santiago Abascal ha situado la inmigración y la identidad nacional en el centro de su intervención en Cataluña.

Sánchez promete más vivienda pública y nuevos derechos sociales

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección ha presentado en Alcorcón las principales líneas de su programa electoral, que contiene 500 compromisos para la próxima legislatura.

Entre las propuestas más destacadas figura destinar anualmente el 1 % del producto interior bruto (PIB) a políticas de vivienda y constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, mediante construcción y adquisición de inmuebles. El objetivo declarado es ampliar la oferta residencial a precios asequibles.

El PSOE también propone reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler, limitar determinados incrementos de las rentas en mercados tensionados y establecer mecanismos de protección frente a los desahucios de personas vulnerables.

Sánchez ha anunciado igualmente una ofensiva fiscal contra los grandes fondos de inversión y propietarios que mantengan viviendas vacías o las destinen a usos turísticos especulativos. La intención es penalizar fiscalmente determinadas prácticas que, según los socialistas, agravan las dificultades de acceso a una vivienda.

En materia de conciliación, el programa incluye un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años, con una prestación equivalente al 100 % de la base reguladora. También contempla medidas de apoyo a la crianza y la continuidad del sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales.

La unión de amistad, una nueva figura para reconocer los cuidados

Una de las novedades del programa socialista es la propuesta de incorporar al Código Civil una figura denominada «unión de amistad», destinada a reconocer jurídicamente relaciones de apoyo y cuidados entre personas que no mantienen vínculos matrimoniales, de pareja o de parentesco.

La iniciativa pretende ofrecer protección legal a quienes deciden organizar su convivencia o asumir compromisos de asistencia mutua sin formar una familia en el sentido tradicional.

Su alcance concreto dependería de la regulación que finalmente se aprobase. Por el momento, se trata de un compromiso electoral, no de un derecho que pueda ejercerse automáticamente.

Sánchez ha defendido estas medidas como parte de su propuesta de continuidad política y ha presentado las elecciones como una elección entre lo que denomina la buena política y la mala educación, en referencia a sus principales adversarios.

Frente Amplio propone una tarifa plana indefinida para autónomos

Desde Zaragoza, Ada Colau ha centrado buena parte de su intervención en los trabajadores autónomos, los pequeños negocios y la ampliación de los derechos vinculados a los cuidados.

La propuesta económica más destacada consiste en convertir la actual tarifa plana de cotización, situada en 80 euros mensuales, en una bonificación sin límite temporal para los autónomos cuyos ingresos permanezcan por debajo del salario mínimo interprofesional.

En lugar de depender exclusivamente del tiempo transcurrido desde el inicio de la actividad, la reducción de la cuota estaría vinculada a la situación económica del trabajador.

Frente Amplio plantea también reducir las obligaciones administrativas de quienes facturen menos de 85.000 euros anuales. Estos profesionales podrían optar por sustituir las declaraciones trimestrales del IVA por una declaración informativa anual, mediante la adaptación de la normativa española al régimen europeo de IVA franquiciado.

La coalición propone asimismo reforzar la protección del pequeño comercio mediante contratos de alquiler de locales con una duración mínima de cinco años, límites a los incrementos anuales e indemnizaciones ante determinadas resoluciones vinculadas a operaciones especulativas.

En el ámbito de los cuidados, Colau quiere ampliar los permisos laborales retribuidos a las personas que mantienen vínculos afectivos sin parentesco. Su propuesta de «familia elegida» permitiría designar voluntariamente a personas cercanas para reconocer determinadas responsabilidades de asistencia ante enfermedades, hospitalizaciones o situaciones de dependencia.

Esta iniciativa presenta puntos de coincidencia con la unión de amistad anunciada por el PSOE, aunque las dos formaciones plantean vías jurídicas diferentes.

La candidata de Frente Amplio ha reivindicado el papel de su coalición dentro de la izquierda y ha insistido en que su participación en un futuro Gobierno sería necesaria para impulsar políticas más ambiciosas sobre vivienda y derechos sociales.

Feijóo ofrece ventajas fiscales a los jóvenes que se muden al campo

El presidente del PP ha elegido Santander para presentar nuevas medidas dirigidas al mundo rural, un sector al que considera fundamental para el desarrollo económico y la cohesión territorial de España.

Su principal anuncio ha sido la intención de eliminar los impuestos asociados a la adquisición de una vivienda para los jóvenes que decidan instalarse en municipios afectados por la despoblación.

La medida busca favorecer la llegada de nuevos habitantes a localidades que llevan años perdiendo población. Su aplicación concreta exigiría determinar qué territorios pueden acogerse a las ventajas fiscales y qué tributos quedarían afectados.

Feijóo también ha defendido cambios fiscales para agricultores, ganaderos y actividades forestales. Entre ellos figura la posibilidad de distribuir determinados ingresos entre varios ejercicios fiscales, evitando que una cosecha especialmente favorable o una venta extraordinaria provoque una concentración de la carga tributaria en un solo año.

El planteamiento responde a una característica de muchas explotaciones agrarias: sus ingresos pueden variar considerablemente de una campaña a otra, mientras que los gastos de mantenimiento y producción siguen siendo elevados.

El dirigente popular ha prometido igualmente defender los intereses de agricultores y ganaderos españoles en las negociaciones europeas, especialmente en lo relativo a la Política Agraria Común (PAC).

En el terreno político, Feijóo ha acusado al Ejecutivo socialista de deteriorar las instituciones y ha defendido la necesidad de un cambio de Gobierno. Su intervención ha estado marcada también por los incidentes ocurridos el sábado en Hernani, donde el candidato popular al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, tuvo que cancelar un acto tras el lanzamiento de objetos.

El líder del PP ha responsabilizado políticamente a los socios parlamentarios de Sánchez y ha anunciado que acudirá a Gipuzkoa durante la campaña para respaldar a su candidato.

Vox sitúa la inmigración en el centro de su discurso

Mientras los principales partidos desarrollaban sus propuestas económicas y sociales, Santiago Abascal ha celebrado un acto electoral en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, donde ha insistido en la inmigración, la seguridad y la identidad nacional.

El dirigente de Vox ha defendido sus prioridades de campaña, articuladas alrededor de la preferencia nacional, la desregulación y la denominada remigración, término con el que su formación plantea políticas de retorno de población inmigrante.

Abascal ha intentado captar el apoyo de antiguos votantes socialistas y de formaciones independentistas, a quienes ha presentado su programa como una alternativa frente a las políticas de inmigración desarrolladas durante los últimos años.

También ha intervenido en el enfrentamiento político sobre la legitimidad de las elecciones. Después de que Sánchez reclamase al PP aceptar el resultado de las urnas, el candidato de Vox ha afirmado que los resultados del 29 de noviembre se aceptarán «si no hay trampas».

Sus declaraciones introducen un nuevo elemento de confrontación en una campaña que combina las propuestas de gobierno con ataques entre candidatos.

La campaña territorial también enfrenta a ERC y Junts

La actividad electoral del domingo no se ha limitado a los partidos de ámbito estatal. En Cataluña, ERC y Junts han trasladado a sus respectivos actos las diferencias que han mantenido durante la legislatura en el Congreso.

El candidato republicano Gabriel Rufián ha cuestionado la posición política de Junts y su disposición a entenderse con las fuerzas de la derecha española. Por su parte, la formación de Miriam Nogueras ha insistido en la defensa de las competencias catalanas, especialmente en materia de inmigración.

El intercambio refleja la importancia que pueden adquirir los partidos territoriales después del 29N, especialmente si ninguna de las grandes formaciones consigue reunir por sí sola los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar.

También Podemos ha participado en la jornada con un acto de Irene Montero en Sevilla, donde ha denunciado los problemas de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y las deficiencias de los servicios públicos andaluces.

Vivienda, impuestos y cuidados marcan la recta hacia el 29N

El primer domingo de campaña ha permitido identificar con mayor claridad las diferencias entre los proyectos electorales.

El PSOE apuesta por ampliar la intervención pública en vivienda, reforzar la protección social y aumentar la presión fiscal sobre determinados grandes patrimonios y propietarios. Frente Amplio quiere aliviar los costes de los pequeños autónomos, ampliar los derechos de cuidados y profundizar en la regulación del mercado inmobiliario.

El PP pone el acento en los incentivos fiscales, la actividad económica y las oportunidades para los habitantes del medio rural, mientras que Vox concentra buena parte de su mensaje en la inmigración, la seguridad y las cuestiones identitarias.

Para los ciudadanos, la diferencia fundamental estará en las condiciones concretas de cada medida: quién tendría derecho a las ayudas, qué requisitos deberían cumplirse, cómo se financiarían las nuevas prestaciones y qué cambios legales serían necesarios para ponerlas en marcha.

Las propuestas anunciadas este domingo no son medidas aprobadas ni derechos en vigor, sino compromisos que dependerán del resultado electoral, de los acuerdos parlamentarios y de su posterior desarrollo legislativo.

Con las elecciones fijadas para el domingo 29 de noviembre de 2026, quedan dos semanas para que los partidos expliquen no solo qué prometen, sino también cuánto costarían sus planes y cómo pretenden llevarlos a la práctica. Esa diferencia, entre el programa y su viabilidad económica y política, será uno de los elementos que permitan comparar las ofertas electorales.