Irene Montero acusa a PP y Vox de querer tener esclavos en Andalucía

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha acusado este domingo 15 de noviembre al PP y a Vox de querer «seguir teniendo esclavos, negros, latinos y andaluces trabajadores» para favorecer sus negocios y generar riqueza. Durante un acto electoral en Sevilla, la dirigente ha afirmado que esa es, en realidad, la «prioridad nacional» de ambos partidos, a los que responsabiliza políticamente de perpetuar un modelo económico basado en la precariedad laboral.

Las declaraciones se producen en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un mitin celebrado junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Montero ha situado la explotación de los trabajadores agrícolas, los bajos salarios, la vivienda y los problemas de la sanidad pública en el centro de su discurso, con especial atención a Andalucía.

La candidata ha utilizado la situación de las personas migrantes que trabajan en el campo andaluz para cuestionar las políticas de la derecha. Sus palabras constituyen una acusación política dirigida al PP y a Vox, no la constatación de que ambos partidos mantengan trabajadores en condiciones de esclavitud.

Montero denuncia la explotación laboral en Huelva y Almería

Uno de los principales argumentos de Montero ha sido la situación de las mujeres migrantes que viven en asentamientos precarios y trabajan en explotaciones agrícolas de Huelva y Almería.

La candidata ha denunciado que algunas de estas trabajadoras viven «en condiciones de esclavitud» y ha vinculado esa realidad con lo que considera el racismo del PP y Vox. A su juicio, el discurso de ambas formaciones sobre la inmigración desvía la atención de quienes se benefician económicamente de unas condiciones laborales abusivas.

La dirigente de Podemos también ha cuestionado la defensa del libre mercado de la derecha y ha reivindicado la subida del salario mínimo. En su intervención, ha puesto como ejemplo las duras condiciones del trabajo agrícola y los salarios inferiores a 1.200 euros que, según ha denunciado, reciben algunos trabajadores.

El mensaje busca trasladar el debate migratorio al terreno de los derechos laborales. Montero sostiene que el problema no son las personas extranjeras que llegan a España para trabajar, sino la explotación que pueden sufrir en determinados sectores económicos.

Conviene distinguir, en cualquier caso, entre la precariedad laboral, las infracciones de la legislación laboral y las situaciones de explotación grave o trabajo forzoso. Aunque pueden estar relacionadas, no son jurídicamente equivalentes. Las acusaciones de Montero se enmarcan en su discurso electoral y no identifican una resolución judicial contra los partidos señalados.

Andalucía, entre el turismo, los bajos salarios y la vivienda

Montero ha ampliado sus críticas al modelo económico andaluz. Ha advertido de que Andalucía no puede quedar «entregada al negocio del turismo» mientras una parte de sus trabajadores continúa soportando salarios bajos y empleos temporales.

La candidata ha denunciado la proliferación de trabajos precarios, los alquileres que considera inasumibles y la expansión de los pisos turísticos en las ciudades.

Su argumento es que el atractivo turístico de Andalucía no se traduce necesariamente en mejores condiciones de vida para quienes residen y trabajan en la comunidad. Ha señalado la contradicción de que una región que recibe visitantes de todo el mundo tenga una población que, en muchos casos, no puede permitirse disfrutar de unas vacaciones.

La vivienda ha ocupado un lugar destacado en sus críticas. Según Montero, el crecimiento de los alojamientos turísticos contribuye a expulsar a los residentes de determinados barrios y dificulta el acceso a una vivienda asequible.

Las listas de espera y los cribados sanitarios

La candidata también ha cuestionado la gestión de la sanidad pública andaluza. Durante el mitin ha hablado de un «millón» de personas en listas de espera, una cifra que ha utilizado para denunciar el deterioro de los servicios públicos.

Montero ha criticado asimismo la gestión de los cribados de cáncer de mama y ha acusado al Gobierno andaluz de incurrir en un «maltrato premeditado» hacia las mujeres afectadas por los problemas de detección y seguimiento.

Estas afirmaciones forman parte de su ofensiva contra el Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno, del PP. La candidata ha relacionado las deficiencias sanitarias que denuncia con una orientación política que, a su entender, prioriza determinados intereses económicos frente a las necesidades de la población.

Montero carga contra Vox por la violencia machista

La candidata de Podemos ha dedicado otra parte de su intervención a cuestionar las posiciones de Vox sobre la violencia machista y los derechos de las mujeres.

Montero ha denunciado que Santiago Abascal «ha dicho otra vez que no existe, que es fanatismo religioso», en referencia a la violencia machista, y ha cuestionado la presencia de personas a las que ha calificado de agresores machistas en las listas electorales de Vox.

También ha criticado que congregaciones religiosas que participaron en la gestión de centros del antiguo Patronato de Protección a la Mujer continúen recibiendo subvenciones públicas para administrar servicios sociales.

La candidata ha prometido que, si llega a la Presidencia del Gobierno, impedirá que esas organizaciones sigan gestionando centros de atención social. Su objetivo declarado es evitar situaciones de discriminación y maltrato contra mujeres gitanas, migrantes y de familias con pocos recursos.

Podemos busca diferenciarse del PSOE y Frente Amplio

El mitin de Sevilla también ha servido para marcar distancias con el resto de la izquierda. Montero ha rechazado que las elecciones del 29 de noviembre deban reducirse a una elección entre los partidos de derecha y una alternativa que, según su valoración, ofrece pocas transformaciones.

La candidata defiende la necesidad de construir una izquierda estatal fuerte y plurinacional, capaz de impulsar reformas y condicionar las decisiones del próximo Gobierno.

En materia económica, ha vuelto a criticar el incremento del gasto militar. Según ha explicado, si Podemos llega al Ejecutivo, los 36.000 millones de euros que cifra como destinados a armamento se emplearían en reforzar la educación, la sanidad pública y las infraestructuras ferroviarias, especialmente los servicios de media distancia.

Montero también ha pedido el apoyo de los electores sevillanos para Mar Cambrollé, cabeza de lista de Podemos al Congreso por la provincia. La candidata ha destacado la posibilidad de que Cambrollé se convierta en la primera diputada trans del Congreso y ha utilizado esa aspiración para lanzar una crítica a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Ione Belarra, por su parte, ha defendido una alianza republicana y plurinacional y ha advertido de las consecuencias de que no exista suficiente fuerza política a la izquierda del PSOE para influir en sus decisiones.

La secretaria general de Podemos también ha acusado a la justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de actuar como «una balanza inclinada hacia la derecha».

Para ilustrar esa acusación, ha contrapuesto la situación de tres personas en prisión provisional por hechos que ha relacionado con la huelga del 11 de noviembre con la libertad provisional de detenidos vinculados a Núcleo Nacional. Se trata de una comparación política realizada por Belarra, no de una conclusión judicial sobre la actuación de las instituciones.

El voto andaluz, en el centro de la campaña del 29N

Las declaraciones de Irene Montero reflejan la estrategia de Podemos para las elecciones generales: disputar el voto de izquierdas mediante un discurso centrado en la desigualdad económica, los derechos sociales y la defensa de los servicios públicos.

Andalucía ocupa un lugar destacado en esa estrategia. La candidata ha utilizado problemas como los salarios bajos, las dificultades de acceso a la vivienda y la situación de los trabajadores agrícolas para presentar su alternativa política.

La acusación contra PP y Vox es especialmente dura por el significado del término esclavitud. Montero lo ha empleado para denunciar lo que considera un sistema de explotación laboral tolerado o favorecido por la derecha, sin aportar en ese acto pruebas de que ambos partidos tengan como objetivo político mantener trabajadores esclavizados.

Con el 29 de noviembre cada vez más cerca, Podemos intenta diferenciarse tanto de la derecha como del PSOE y Frente Amplio. La intervención de Sevilla confirma que la formación pretende hacer de las condiciones laborales, la inmigración y los derechos de las mujeres algunos de los principales ejes de su campaña electoral.