El PSOE promete movilizar el 1 % del PIB al año en vivienda asequible

El PSOE se compromete a movilizar anualmente el 1 % del producto interior bruto (PIB) para garantizar el acceso a la vivienda si consigue gobernar tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La propuesta, incluida en el programa electoral presentado este domingo 15 de noviembre, supondría movilizar alrededor de 16.900 millones de euros al año tomando como referencia el tamaño de la economía española en 2025.

El compromiso forma parte de un paquete de medidas que contempla la creación de un parque público estatal de 100.000 viviendas, la ampliación de los contratos de alquiler, nuevos impuestos sobre determinadas propiedades inmobiliarias y una mayor protección frente a los desahucios. Los socialistas sitúan la vivienda asequible como su principal prioridad para la próxima legislatura.

El documento electoral, que reúne 500 compromisos, también incorpora dos propuestas de especial repercusión económica y social: una prestación por crianza de 200 euros mensuales por hijo menor de edad y una inversión de aproximadamente 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para reforzar la conservación, el mantenimiento y la seguridad de la red ferroviaria.

Pedro Sánchez presentó el programa en Alcorcón (Madrid), en plena campaña electoral. Con estas medidas, el PSOE busca responder a algunos de los principales problemas que afectan a los hogares españoles: el encarecimiento de la vivienda, los gastos familiares y la seguridad del transporte público. Son compromisos electorales, por lo que su aplicación dependerá de la formación del próximo Gobierno y de las decisiones legislativas y presupuestarias posteriores.

El 1 % del PIB para vivienda: cuánto dinero supone realmente

La principal novedad del programa socialista es el compromiso de dedicar cada año recursos equivalentes al 1 % del PIB a facilitar el acceso a una vivienda asequible.

Para entender su alcance, basta con trasladar el porcentaje a cifras concretas. El PIB español alcanzó aproximadamente 1,69 billones de euros en 2025. Aplicando ese porcentaje, la movilización anual rondaría los 16.900 millones, aunque la cantidad efectiva dependerá de la evolución económica de los próximos ejercicios.

El PSOE plantea que participen en este esfuerzo tanto el Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, además del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante el Fondo España Crece.

Existe, no obstante, una distinción importante: movilizar recursos no equivale necesariamente a incrementar el gasto presupuestario directo por esa misma cantidad. El objetivo podría incorporar financiación, préstamos, avales e inversiones de distintas administraciones. El programa fija el porcentaje anual, pero no ofrece un desglose completo que permita determinar cuánto dinero sería estrictamente nuevo.

La intención declarada es aumentar el parque público de viviendas hasta aproximarlo a los niveles de los países europeos del entorno. También se pretende que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas promovidas mediante el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sean públicas o protegidas, manteniendo permanentemente esa protección.

Otra propuesta es reformar la Constitución para reconocer la vivienda como derecho fundamental, de manera que los ciudadanos puedan exigir su cumplimiento a los poderes públicos. Una modificación de ese alcance necesitaría seguir el procedimiento constitucional correspondiente y reunir los apoyos parlamentarios exigidos.

Un parque de 100.000 viviendas públicas y alquileres más estables

El programa contempla constituir un parque estatal de 100.000 viviendas mediante nuevas construcciones y la adquisición de inmuebles existentes. Estas viviendas se sumarían a las promovidas por comunidades autónomas y ayuntamientos y se destinarían tanto al alquiler estable como a la venta a precios asequibles.

La entidad estatal CASA 47 tendría un papel relevante en la gestión y ampliación de este patrimonio inmobiliario. El PSOE plantea también movilizar suelo público, fomentar la construcción industrializada y facilitar la participación de cooperativas y entidades sociales especializadas en vivienda.

El objetivo es ampliar la oferta residencial fuera del mercado libre, especialmente para los hogares que encuentran dificultades para acceder a una vivienda en condiciones asumibles.

Para quienes buscan comprar su primera casa, los socialistas mantienen el programa TU CASA, dotado con 10.000 millones de euros para préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses. La propuesta electoral contempla ampliar esa financiación si se agotan los recursos disponibles.

Contratos más largos y nuevos impuestos a los grandes propietarios

El PSOE propone ampliar la duración de los contratos de alquiler para ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos. También plantea congelar temporalmente las rentas que superen los índices oficiales de referencia en mercados residenciales tensionados.

El programa no determina una nueva duración concreta para todos los arrendamientos, por lo que ese aspecto tendría que desarrollarse legislativamente.

En materia fiscal, los socialistas plantean crear un impuesto progresivo contra la especulación inmobiliaria, dirigido a viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial asequible.

El gravamen afectaría, según la propuesta, a inmuebles vacíos, viviendas utilizadas con fines turísticos o propiedades alquiladas a precios considerados abusivos. Su aplicación dependería de una futura regulación que estableciera los supuestos concretos y los tipos impositivos.

También se permitiría a los ayuntamientos establecer recargos sobre las pernoctaciones en viviendas turísticas, con el objetivo de obtener recursos para servicios públicos y políticas relacionadas con la presión del turismo.

El documento incorpora otras medidas: la creación de registros de precios del alquiler y fondos inmobiliarios, incentivos fiscales para pequeños propietarios que reduzcan las rentas y un sistema público de intermediación inspirado en el modelo vasco, con garantías de cobro y cobertura frente a incidencias.

Respecto a los desahucios, propone mantener una protección estable para las personas vulnerables sin alternativa habitacional, evitando que el coste de esa protección recaiga sobre los pequeños propietarios. Según el programa, las administraciones deberían asumirlo.

Una prestación de 200 euros mensuales por hijo menor de edad

Otra de las propuestas destacadas es la creación de una prestación estatal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años.

La cuantía de referencia equivale a 2.400 euros anuales por menor. Se trata de una iniciativa que Sumar había defendido durante la legislatura anterior y que no llegó a aprobarse. El PSOE la incorpora a su programa con el propósito de reforzar la protección económica de las familias y combatir la pobreza infantil.

El documento electoral plantea que la prestación alcance a los hogares con menores de edad y tenga un diseño fiscal redistributivo, con protección adicional para las familias de rentas bajas. Para estas últimas se prevé su integración con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), vinculado al ingreso mínimo vital.

El partido calcula que la medida estaría dirigida a una población de aproximadamente ocho millones de niños y adolescentes.

Sin embargo, quedan pendientes cuestiones relevantes para las familias: la regulación definitiva, el calendario de aplicación, la forma de pago y el efecto del diseño fiscal sobre las cantidades que recibiría cada hogar.

Por tanto, los 200 euros mensuales no son una ayuda que pueda solicitarse por el mero hecho de aparecer en el programa electoral. Su implantación requeriría la aprobación de las normas correspondientes.

En el mismo apartado, el PSOE propone crear una Cuenta de Futuro de 1.000 euros por cada recién nacido, complementada con aportaciones para hogares de menor renta. El dinero estaría disponible a partir de los 18 años para financiar estudios o proyectos personales.

Para sufragar estas medidas, los socialistas plantean obtener ingresos adicionales mediante una mayor tributación de los grandes patrimonios y de las rentas del capital.

El PSOE compromete 19.000 millones para la seguridad ferroviaria

El tercer gran compromiso económico del programa se refiere al ferrocarril. El PSOE propone blindar aproximadamente 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para conservar, renovar y mantener la red ferroviaria española.

La prioridad se sitúa en la seguridad y la fiabilidad de las infraestructuras existentes, después de los graves accidentes ferroviarios registrados durante 2026.

El compromiso incluye reforzar las plantillas de circulación, mantenimiento y seguridad, así como consolidar una dirección de perfil técnico en Adif y Renfe.

Los socialistas también proponen un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, con participación de las asociaciones de afectados, trabajadores, organizaciones sociales y partidos políticos.

El pacto partiría de una auditoría elaborada por una comisión técnica de nueva creación. El programa establece igualmente el compromiso de publicar anualmente el grado de ejecución de las inversiones y los indicadores sobre el estado de la red.

Conviene precisar que los 19.000 millones no constituyen íntegramente una nueva partida anunciada durante la campaña. Parte de esos recursos ya figura en los convenios entre el Estado, Adif y Adif Alta Velocidad para el periodo 2026-2030, aprobados anteriormente.

La propuesta contempla, asimismo, mejorar los sistemas tecnológicos de supervisión, fortalecer las inspecciones y avanzar en la modernización de las redes de Cercanías y Media Distancia.

Las promesas del 29N y su traducción en medidas concretas

El programa electoral del PSOE concentra algunas de sus mayores apuestas económicas en tres ámbitos relacionados directamente con la vida cotidiana: vivienda, familias e infraestructuras ferroviarias.

Las medidas combinan compromisos cuantificados, como el 1 % del PIB anual para vivienda o los 19.000 millones ferroviarios, con reformas normativas que todavía necesitarían concretar sus mecanismos de aplicación.

La financiación constituye uno de los principales asuntos pendientes. El PSOE plantea aumentar determinados impuestos, movilizar recursos públicos y recurrir a instrumentos financieros como el ICO, al tiempo que mantiene el compromiso de reducir progresivamente las ratios de déficit y deuda pública.

También será determinante la colaboración de las comunidades autónomas y los municipios, especialmente en vivienda, donde buena parte de las competencias y de la ejecución de las políticas públicas corresponde a las administraciones territoriales.

Con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026, ninguna de estas propuestas puede darse por aprobada únicamente por figurar en el programa socialista.

La diferencia entre anunciar una inversión y ejecutarla, construir viviendas y ponerlas efectivamente a disposición de los ciudadanos, o prometer una prestación y comenzar a pagarla será decisiva para medir el alcance de los compromisos.

El PSOE ha fijado cifras y objetivos. Su materialización dependerá de los resultados electorales, los acuerdos parlamentarios, la disponibilidad presupuestaria y la capacidad de las administraciones para llevarlos a la práctica.