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El PP propone una «ley de nietos vasca» para quienes huyeron de ETA

El PP propone una ley para que los desplazados por ETA voten en Euskadi aunque residan en otra comunidad. La iniciativa exige cambios legales.

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exiliados por ETA

Foto: Theklan / Wikimedia Commons / Dominio público.

Resumen

  • El PP plantea que los desplazados por ETA puedan votar en Euskadi
  • Votarían en su territorio de origen aunque residan en otra comunidad
  • La reforma electoral aún no está aprobada ni tiene requisitos definidos

El Partido Popular ha anunciado este lunes, 16 de noviembre de 2026, que promoverá una «ley de nietos vasca» para permitir que las personas que abandonaron Euskadi por las amenazas y la violencia de ETA puedan participar voluntariamente en las elecciones de su territorio de origen, aunque residan en otra comunidad autónoma. La iniciativa forma parte de las propuestas de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

La reforma pretende que quienes tuvieron que trasladarse por el terrorismo de ETA puedan votar en una circunscripción vasca sin necesidad de regresar a vivir allí. No se trataría de concederles un derecho al voto que hayan perdido, sino de modificar las condiciones que determinan dónde pueden ejercerlo. La propuesta todavía necesita concretarse en una norma y no tendrá efectos sobre las elecciones generales del 29 de noviembre.

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El PP quiere recuperar el voto de quienes abandonaron Euskadi

La iniciativa figura entre las medidas del programa electoral del Partido Popular, que reúne 249 propuestas. Según ha adelantado la formación, Feijóo tiene previsto presentarla durante el mitin que celebrará este lunes en Pamplona, en la cuarta jornada de la campaña electoral.

El objetivo es ofrecer una vía de participación política a quienes dejaron el País Vasco durante los años de mayor presión terrorista. Miles de personas sufrieron amenazas, extorsiones y distintas formas de intimidación vinculadas a ETA y a su entorno. Algunas tuvieron que cambiar de residencia para proteger su seguridad o la de sus familias.

La propuesta parte de una circunstancia concreta: aquellas personas que trasladaron su domicilio a otra comunidad autónoma también cambiaron su adscripción electoral. Aunque mantengan sus vínculos familiares, personales o profesionales con Euskadi, su voto se contabiliza actualmente en la circunscripción correspondiente a su residencia.

Feijóo había adelantado el domingo que estaba estudiando una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) u otra modificación normativa para resolver esta situación.

El dirigente popular puso como ejemplo el caso de un vasco que hubiera tenido que trasladarse a Madrid por las amenazas de ETA y quisiera seguir votando en Euskadi.

Qué cambiaría con la «ley de nietos vasca»

El planteamiento del PP introduciría una excepción en el sistema de adscripción electoral para determinadas personas que puedan acreditar que abandonaron el País Vasco como consecuencia de la violencia terrorista.

En la práctica, un ciudadano que se marchó de Gipuzkoa, Bizkaia o Álava por amenazas de ETA podría solicitar que su voto siguiera vinculado a su territorio de procedencia, aunque llevase años residiendo en otro lugar de España.

La principal novedad sería, por tanto, la posibilidad de elegir la vinculación electoral con Euskadi bajo unas condiciones especiales.

Cómo se acreditaría el desplazamiento por ETA

Este es uno de los aspectos que quedan pendientes de concreción. Para aplicar una medida semejante habría que establecer quiénes podrían acogerse a ella y qué documentación permitiría demostrar que el cambio de residencia estuvo relacionado con el terrorismo.

La propuesta conocida hasta el momento no precisa si bastarían denuncias, resoluciones administrativas, documentación sobre amenazas u otros medios de prueba.

Tampoco se ha detallado el alcance temporal de la medida ni si podrían acogerse familiares de las personas desplazadas. El nombre de «ley de nietos vasca» no significa, por sí mismo, que los descendientes vayan a adquirir un derecho electoral específico.

La cuestión no es menor. Una reforma de estas características necesitaría criterios verificables y garantías jurídicas para evitar diferencias arbitrarias entre ciudadanos que sufrieron circunstancias similares.

El principal obstáculo está en la legislación electoral

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece las reglas de inscripción en el censo y su organización territorial. En términos generales, los ciudadanos residentes en España figuran inscritos conforme a su domicilio.

La Constitución, por su parte, reconoce el derecho de participación política en su artículo 23 y establece en el artículo 68 que la provincia es la circunscripción electoral para el Congreso de los Diputados.

Permitir que determinados electores voten en una provincia distinta de aquella en la que residen exigiría introducir una excepción legal y definir cuidadosamente sus límites.

También habría que aclarar a qué procesos electorales alcanzaría la reforma. No es lo mismo modificar la adscripción provincial en unas elecciones generales que regular la participación en comicios autonómicos vascos.

El PP todavía no ha presentado un articulado legislativo que permita determinar cómo resolvería estas cuestiones.

Una propuesta que recupera el debate sobre el exilio provocado por ETA

El anuncio vuelve a situar en el debate político una de las consecuencias menos visibles del terrorismo: el abandono del lugar de residencia por miedo a sufrir atentados, amenazas o represalias.

ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011 y formalizó su disolución en mayo de 2018. Sin embargo, las consecuencias personales, familiares y sociales de décadas de violencia no desaparecieron con el final de la organización.

El desplazamiento de ciudadanos por motivos de seguridad es una de esas consecuencias. Afectó a personas de distintas profesiones e ideologías, aunque su dimensión exacta sigue siendo difícil de establecer.

No existe un registro oficial exhaustivo que permita determinar cuántos ciudadanos abandonaron Euskadi específicamente por las amenazas de ETA. Las cifras difundidas durante años en el debate político han sido dispares y no pueden equipararse automáticamente al número de posibles beneficiarios de una reforma electoral.

La iniciativa popular introduce también un debate sobre reparación democrática: si el terrorismo condicionó la residencia y la participación política de determinados ciudadanos, el Estado puede plantearse medidas para corregir sus efectos. Otra cuestión es cómo hacerlo sin comprometer la igualdad del sufragio ni la seguridad del censo.

La propuesta llega en plena campaña del 29 de noviembre

El anuncio se produce a menos de dos semanas de las elecciones generales y después de los incidentes registrados el sábado en Hernani, donde el candidato popular por Gipuzkoa, Jon Echeverría, sufrió un episodio de intimidación durante un acto electoral.

Feijóo ha condenado lo sucedido y ha asegurado que el partido mantendrá sus actividades de campaña en el País Vasco.

La denominada «ley de nietos vasca» aparece también en un contexto político marcado por la controversia sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y el voto de quienes adquirieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos.

Pese a la semejanza de los nombres, las iniciativas son diferentes. La ley vinculada a la memoria democrática contempla vías de acceso a la nacionalidad para determinados descendientes de españoles. La propuesta del PP para Euskadi se refiere a la adscripción electoral de personas que abandonaron el territorio por el terrorismo.

El voto de los desplazados, pendiente de una reforma legal

La propuesta anunciada por el PP abre una discusión que va más allá de las elecciones generales. Plantea cómo reconocer las consecuencias políticas del terrorismo sobre quienes tuvieron que abandonar su lugar de residencia y si ese reconocimiento debe extenderse al sistema electoral.

Por el momento, no existe una nueva ley aprobada, un procedimiento de solicitud ni una relación definitiva de personas que podrían beneficiarse.

Su aplicación dependería de una futura reforma legislativa, de los requisitos que se establecieran y de su compatibilidad con las garantías constitucionales del sufragio.

La intención política está anunciada. Lo que falta es convertirla en un mecanismo jurídico concreto capaz de reparar las consecuencias del terrorismo sin generar nuevas desigualdades entre electores.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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