Vox propone deportaciones y prioridad nacional en su programa del 29N

Vox ha presentado su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, con una propuesta política centrada en las deportaciones de inmigrantes, la preferencia de los españoles para acceder a determinadas ayudas públicas y la derogación de las leyes de género. El partido de Santiago Abascal también plantea importantes cambios en vivienda, impuestos, educación, sanidad y legislación laboral.

El documento, de 55 páginas, se presenta bajo el lema «Es sentido común» y recoge algunas de las posiciones más reconocibles de la formación. Entre sus compromisos figuran repatriar a extranjeros en situación irregular, desalojar viviendas ocupadas en 24 horas, limitar el acceso de los inmigrantes a prestaciones sociales y revertir buena parte de las políticas medioambientales impulsadas desde Bruselas.

La principal novedad no reside tanto en las ideas, muchas de ellas defendidas anteriormente por Vox, como en su incorporación a un programa con el que aspira a influir en el próximo Gobierno. La formación vincula expresamente la inmigración con problemas como el acceso a la vivienda, la presión sobre los servicios públicos y la seguridad, y propone aplicar el principio de «prioridad nacional» en distintos ámbitos de la Administración.

También hay ausencias significativas. El programa no desarrolla la propuesta de un sistema mixto de pensiones que Vox había incluido en su documento económico de 2025. Tampoco menciona expresamente el aborto o la eutanasia, aunque mantiene su defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Inmigración: deportaciones, remigración y fronteras militarizadas

La política migratoria constituye uno de los principales ejes del programa electoral de Vox. Bajo el principio «Ni uno más», el partido propone prohibir las regularizaciones masivas, eliminar el arraigo como vía para obtener la residencia legal y endurecer las condiciones para adquirir la nacionalidad española.

La formación plantea repatriar a quienes permanezcan irregularmente en España y deportar a extranjeros que cometan delitos. También incluye entre los posibles destinatarios de estas medidas a quienes, según sus propios criterios, intenten imponer costumbres consideradas incompatibles con la convivencia o con la dignidad de las mujeres.

Una de sus propuestas más controvertidas es la denominada «remigración», un concepto con el que Vox defiende el regreso a sus países de origen de extranjeros que dependan de prestaciones sociales o que, a juicio del partido, no contribuyan económicamente al país.

El programa también contempla revisar las nacionalidades obtenidas fraudulentamente, ampliar los supuestos de pérdida de la nacionalidad y reforzar los controles fronterizos. En este apartado destaca la propuesta de militarizar las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos.

Vox quiere prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos y gravar las remesas de dinero enviadas al extranjero. Son medidas que la formación relaciona con su estrategia de control migratorio y defensa de lo que considera la identidad nacional.

Estas iniciativas no podrían aplicarse automáticamente mediante una decisión gubernamental. Las expulsiones, la retirada de permisos de residencia y las restricciones de derechos están sujetas a procedimientos legales, garantías individuales y obligaciones derivadas del derecho europeo e internacional.

Prioridad nacional para vivienda, sanidad y ayudas públicas

El segundo gran pilar del programa es la preferencia de los ciudadanos españoles en el acceso a determinados recursos públicos.

Vox propone establecer la prioridad nacional en la vivienda protegida, la vivienda social y las ayudas al alquiler, así como en prestaciones y servicios relacionados con la educación y la protección social.

El documento plantea reservar el ingreso mínimo vital (IMV) a los ciudadanos españoles y excluir a los inmigrantes de esta prestación. También propone dejar fuera de determinadas ayudas y beneficios públicos a los extranjeros en situación irregular.

En sanidad, el partido pretende restringir la atención ordinaria a extranjeros sin residencia legal, manteniendo la asistencia en casos de urgencia grave. La medida supondría modificar el marco actual de acceso a la sanidad pública.

El planteamiento es especialmente relevante porque la nacionalidad y la situación administrativa pasarían a desempeñar un papel central en el acceso a prestaciones que actualmente se conceden conforme a diferentes requisitos legales.

Su aplicación también tendría que respetar las normas constitucionales y europeas sobre igualdad de trato, protección social y derechos fundamentales.

Vivienda: desalojos en 24 horas y menos impuestos

En materia inmobiliaria, Vox combina medidas contra la ocupación ilegal con incentivos fiscales para facilitar la compra de vivienda.

El partido propone desalojar en menos de 24 horas las viviendas ocupadas ilegalmente, endurecer las penas y tipificar como estafa determinadas conductas de impago del alquiler que engloba bajo el término «inquiocupación».

También anuncia su intención de derogar la Ley de Vivienda, ampliar el suelo disponible para construir y simplificar los procedimientos urbanísticos, con el objetivo declarado de aumentar la oferta inmobiliaria.

Entre sus propuestas fiscales destaca la eliminación del IVA en la compra de la primera vivienda habitual de nueva construcción. La formación también ha defendido una bonificación del 100 % del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual de segunda mano.

Vox plantea asimismo recuperar las deducciones por inversión en vivienda habitual e introducir incentivos para favorecer los alquileres de larga duración.

Otra propuesta consiste en prohibir el alquiler de viviendas a personas en situación irregular, mediante la comprobación previa de su residencia legal.

El programa apuesta, por tanto, por combinar un aumento de la oferta inmobiliaria con restricciones vinculadas al estatus migratorio y una reducción de los impuestos asociados a la compra.

Derogar las leyes de género y modificar el sistema educativo

Vox mantiene su compromiso de derogar las leyes de género, a las que atribuye una discriminación contra los hombres y problemas relacionados con las denuncias falsas.

La formación pretende sustituir la legislación vigente por otro modelo de protección frente a la violencia que no establezca las mismas distinciones jurídicas por razón de sexo.

Esta propuesta afectaría especialmente al marco normativo de protección frente a la violencia de género, aunque su desarrollo exigiría concretar qué disposiciones serían derogadas y cómo quedarían regulados los mecanismos de prevención, asistencia y protección de las víctimas.

El programa tampoco menciona expresamente el aborto ni la eutanasia. Sin embargo, Vox defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y reivindica la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y farmacéuticos.

En educación, la formación propone derogar la LOMLOE, establecer una prueba de acceso a la universidad común para toda España y recuperar las reválidas.

También pretende unificar contenidos educativos, reforzar la enseñanza en castellano y ampliar la capacidad de elección de centro de las familias.

Entre las medidas más concretas figuran la eliminación de los menús halal en los comedores escolares y el establecimiento de límites a la concentración en las aulas de alumnos procedentes de otras culturas o con conocimientos insuficientes del español.

En el ámbito sanitario, al margen de las restricciones migratorias, Vox plantea reforzar la atención primaria y reducir las listas de espera. Entre sus propuestas sanitarias también figura facilitar el acceso a la información clínica de los pacientes en el conjunto de España.

Rebaja de impuestos, reforma laboral y dudas sobre las pensiones

En economía, Vox promete una rebaja generalizada de impuestos para familias, trabajadores, autónomos y empresas.

Su programa contempla reducir el IRPF, el IVA y el impuesto sobre sociedades, con especial atención a la situación familiar y al número de hijos.

En sus propuestas económicas anteriores, el partido había planteado una cuota cero para los trabajadores autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Por encima de ese umbral, defendía una cotización progresiva que partiría de 50 euros y aumentaría en función de los ingresos.

Las rebajas fiscales irían acompañadas de una reducción del gasto administrativo y de las subvenciones a organizaciones, sindicatos y patronales.

Vox plantea además eliminar tres normas por cada nueva ley aprobada, una fórmula con la que pretende reducir la burocracia y las obligaciones regulatorias que soportan ciudadanos y empresas.

En materia laboral, la formación promete derogar la reforma laboral impulsada durante el Gobierno de Pedro Sánchez y sustituirla por una legislación que, según sus planteamientos, favorezca la contratación y el empleo estable.

La cuestión de las pensiones presenta una diferencia importante respecto a propuestas anteriores.

El partido había defendido en su programa económico de 2025 un sistema mixto de reparto y capitalización. Sin embargo, esa propuesta no aparece desarrollada en el programa electoral del 29N.

El documento se limita a comprometerse con la sostenibilidad del sistema público de pensiones mediante el crecimiento económico, la mejora de la productividad, el empleo y el fomento de la natalidad.

No concreta cambios en la edad de jubilación, el cálculo de las prestaciones o su revalorización. Tampoco presenta una estimación detallada del coste de las rebajas fiscales anunciadas ni de cómo se compensaría la reducción de ingresos públicos.

En política familiar, Vox propone aumentar las ayudas por hijo y financiar con recursos públicos las cotizaciones a la Seguridad Social de los españoles que se dediquen al cuidado de sus hijos.

Energía nuclear, seguridad y derogación de leyes

El programa también plantea una revisión de las políticas energéticas y medioambientales, especialmente de las restricciones impulsadas desde la Unión Europea.

Vox pretende derogar el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, mantener las instalaciones existentes y estudiar la posibilidad de construir nuevas centrales.

La formación rechaza las restricciones vinculadas al Pacto Verde Europeo y propone revertir las normas que limitan la comercialización de vehículos con motores de combustión.

Entre sus compromisos también figura eliminar las imposiciones relacionadas con las zonas de bajas emisiones y revisar las restricciones y sanciones que afectan a la circulación.

En el apartado industrial, el partido defiende un plan de reindustrialización para aumentar la producción nacional y reducir la dependencia económica y energética del exterior.

En seguridad y justicia, Vox propone reducir la edad de responsabilidad penal de los menores, ampliar la aplicación de la prisión permanente revisable y endurecer las penas por determinados delitos.

El documento también incluye la recuperación del delito de sedición, una reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial y la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

En política exterior, la formación pretende revisar las relaciones diplomáticas con Marruecos, incrementar el gasto en defensa y reforzar las iniciativas encaminadas a recuperar la soberanía española sobre Gibraltar.

Un programa con importantes consecuencias legislativas

La presentación del programa sitúa por escrito las prioridades con las que Vox concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre. Inmigración, nacionalidad, vivienda y fiscalidad ocupan el centro de una propuesta que también aspira a modificar profundamente las políticas educativas, sociales y medioambientales.

El alcance de esas medidas dependería, en primer lugar, de los resultados electorales y de la capacidad del partido para reunir apoyos parlamentarios.

La derogación de leyes, los cambios tributarios y las restricciones a determinadas prestaciones exigirían reformas normativas. Algunas propuestas, especialmente las relacionadas con los derechos de los extranjeros y la igualdad de trato, tendrían que superar además el examen de su compatibilidad con la Constitución y el derecho de la Unión Europea.

Hay otra cuestión pendiente: la financiación de las propuestas. El programa combina una reducción significativa de impuestos con compromisos de inversión en defensa, sanidad, infraestructuras y apoyo a las familias, sin ofrecer una cuantificación completa de sus efectos presupuestarios.

Vox llega así al 29N con un programa que concentra buena parte de su identidad política en un principio: dar preferencia a los españoles en el acceso a recursos públicos y endurecer las condiciones de permanencia de los extranjeros.

La cuestión decisiva tras las elecciones será determinar qué medidas podrían traducirse en leyes, cuáles necesitarían acuerdos con otras fuerzas políticas y cuáles encontrarían límites jurídicos. Porque un programa electoral fija compromisos; convertirlos en legislación es un asunto bastante más complejo.