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El CNI no halla pruebas de que Marruecos planeara la crisis de Ceuta

El CNI no ha encontrado pruebas de que Rabat planificara la entrada masiva en Ceuta en julio. La Audiencia Nacional investiga las alertas previas.

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plan de Marruecos en Ceuta

Foto: Xemenendura / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0.

Resumen

  • El CNI no encuentra pruebas de un plan de Marruecos en la crisis de Ceuta
  • Las convocatorias en redes se difundieron sin un organizador único identificado
  • La jueza investiga los avisos previos y cita al exdelegado del Gobierno

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha comunicado a la Audiencia Nacional que no dispone de pruebas que permitan atribuir al Gobierno de Marruecos la organización de la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026. Su nuevo informe, remitido a la jueza María Tardón, supone un giro relevante en la investigación de una crisis fronteriza que movilizó a decenas de miles de personas y puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades españolas.

Los servicios de inteligencia españoles aseguran que no han encontrado evidencias de una operación instigada, planificada o coordinada por Rabat, aunque reconocen que las estructuras de seguridad del Estado marroquí tendrían capacidad para organizar una movilización de semejantes dimensiones. La distinción resulta fundamental: el CNI considera técnicamente posible una intervención gubernamental, pero sus investigaciones no han permitido demostrarla.

El documento, conocido este lunes 16 de noviembre, incorpora otra hipótesis: la combinación de vulnerabilidades internas del régimen marroquí, convocatorias masivas difundidas por internet y una respuesta insuficiente de sus fuerzas de seguridad. También destaca el protagonismo de ciudadanos marroquíes, muchos de ellos jóvenes, en los acontecimientos.

Las conclusiones no cierran la investigación judicial ni eximen automáticamente de responsabilidades a las autoridades de ninguno de los dos países. Sí introducen una diferencia importante entre las sospechas que surgieron durante la crisis y los hechos que los investigadores han podido acreditar.

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El CNI no encuentra vínculos entre Rabat y los organizadores

La principal conclusión del informe es que las investigaciones desarrolladas hasta el momento no permiten identificar una estructura de mando vinculada al Gobierno marroquí detrás de los acontecimientos de julio.

El CNI considera que una operación deliberada de semejante magnitud requeriría la intervención de organismos con importantes capacidades operativas. Entre ellos figuran los servicios de inteligencia marroquíes, la Dirección General de Seguridad Nacional, las Fuerzas Auxiliares y, previsiblemente, las Fuerzas Armadas.

Una intervención estatal de esa naturaleza necesitaría, además, una autorización política al máximo nivel. Sin embargo, ninguna de las comprobaciones realizadas ha permitido acreditar que existiera esa cadena de decisiones.

Los investigadores también han analizado la identidad de personas señaladas por la Policía como posibles dinamizadores de la movilización. El examen mediante reconocimiento facial y datos biométricos no ha proporcionado coincidencias con individuos previamente identificados en las bases de datos del servicio de inteligencia.

Tampoco se ha podido demostrar una cooperación organizada entre quienes promovieron los desplazamientos en internet y las personas que actuaron sobre el terreno. Esto no significa que se haya descartado definitivamente cualquier participación individual de agentes marroquíes. Significa que no se ha acreditado una operación dirigida por el Estado.

Las redes sociales aparecen como origen de la movilización

La investigación sitúa el origen inmediato de los acontecimientos en una sucesión de llamamientos difundidos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Aquellas convocatorias alcanzaron una difusión extraordinaria. No se limitaron a personas que ya tenían previsto emigrar a España, sino que llegaron a amplios sectores de la población marroquí, especialmente entre los jóvenes de las regiones próximas a Ceuta.

El CNI describe una movilización sin un único organizador identificado. Distintos usuarios promovieron los desplazamientos mediante mensajes que se extendieron rápidamente y generaron nuevas convocatorias. Algunas de ellas circularon por grupos de Facebook y WhatsApp que reunían, en conjunto, alrededor de 180.000 participantes.

La ausencia de una dirección centralizada identificada resulta relevante porque cuestiona la hipótesis de que todas aquellas personas respondieran a instrucciones procedentes de un mismo organismo. Aunque los servicios de inteligencia han detectado distintos promotores de las convocatorias, no han demostrado una conexión operativa entre estos y las autoridades marroquíes.

La movilización digital, no obstante, era conocida antes de que comenzaran los cruces. El 29 de julio, el propio CNI transmitió una alerta a los servicios de inteligencia marroquíes sobre la importancia que estaban adquiriendo las convocatorias.

Marruecos conocía la existencia del riesgo. Otra cuestión es que participara en su creación o que decidiera deliberadamente facilitarlo. El nuevo informe no acredita ninguna de esas dos posibilidades.

Marruecos priorizó otros dispositivos de seguridad durante la crisis

Uno de los aspectos más significativos de los informes de inteligencia es el análisis de la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes durante las jornadas de la entrada masiva.

Según la información incorporada a la investigación, las autoridades del país vecino concentraron parte de sus recursos en garantizar la seguridad de los actos de la Fiesta del Trono, celebración vinculada al rey Mohamed VI.

El monarca se encontraba en el entorno del palacio real de Rincón, próximo a Ceuta. La prioridad concedida a ese dispositivo habría reducido la capacidad de intervención en la zona fronteriza durante las horas decisivas.

En un informe anterior, el CNI describió una actitud pasiva de las autoridades marroquíes cuando aumentó de forma extraordinaria el número de personas que intentaban cruzar la frontera. Las medidas más contundentes de contención llegaron después del momento de máxima presión migratoria.

Los servicios de inteligencia contemplan así una explicación distinta de una operación deliberada contra España: las autoridades marroquíes pudieron verse desbordadas por una movilización que adquirió una magnitud excepcional.

La hipótesis encaja con las referencias del nuevo documento a las debilidades internas del sistema de seguridad marroquí y a una gestión esencialmente reactiva de los acontecimientos.

También obliga a distinguir dos comportamientos que pueden parecer similares desde el otro lado de la frontera, pero tienen consecuencias jurídicas y diplomáticas diferentes: permitir conscientemente una entrada masiva o fracasar al intentar impedirla.

La Guardia Civil, por su parte, ha sostenido en otro informe remitido a la Audiencia Nacional que, durante las horas previas, las fuerzas marroquíes mantenían capacidad operativa y voluntad de contención. Según el instituto armado, los datos disponibles no permitían anticipar un colapso fronterizo de semejante magnitud.

Las conclusiones chocan con las sospechas iniciales de la Policía

La posición del CNI contrasta con algunas de las apreciaciones recogidas anteriormente por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.

En septiembre, un informe policial describió la entrada masiva como un acontecimiento planificado y señaló comportamientos de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes que podrían haber facilitado los cruces.

Entre los elementos examinados figuraban imágenes y testimonios sobre la actuación de agentes en las proximidades de la frontera, así como la aparente permisividad de los dispositivos desplegados por Marruecos.

Sin embargo, el director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó posteriormente al Ministerio del Interior que ningún informe policial atribuía formalmente a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los acontecimientos.

El nuevo documento del CNI introduce una valoración adicional: las sospechas sobre determinados comportamientos individuales no demuestran la existencia de instrucciones estatales.

La diferencia no es menor. Una cosa es identificar irregularidades, pasividad o actuaciones compatibles con la colaboración de determinados agentes. Otra, mucho más grave, es demostrar que un Gobierno ordenó utilizar a miles de personas para presionar a un país vecino.

La diferencia con la crisis migratoria de 2021

El propio servicio de inteligencia distingue lo sucedido en julio de 2026 de la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando miles de personas entraron en Ceuta en medio de un grave enfrentamiento diplomático entre España y Marruecos.

En aquel episodio, España interpretó la utilización de los flujos migratorios como un instrumento de presión diplomática marroquí. El CNI considera que aquella crisis sí estuvo vinculada a la política exterior de Marruecos, mientras que las pruebas disponibles sobre los acontecimientos de 2026 no permiten establecer una conclusión equivalente.

La comparación resulta especialmente importante por los antecedentes de las relaciones entre Madrid y Rabat. La experiencia de 2021 explica parte de las sospechas iniciales, pero un precedente diplomático no constituye por sí mismo una prueba de que ambas crisis tuvieran el mismo origen.

La Audiencia Nacional investiga los avisos previos a la entrada masiva

La jueza María Tardón mantiene abierta una investigación para esclarecer tanto el origen de los acontecimientos como la actuación de las autoridades encargadas de prevenirlos y responder a ellos.

La entrada masiva de julio provocó una emergencia humanitaria y de seguridad de dimensiones excepcionales. Las estimaciones sobre los desplazamientos se sitúan en decenas de miles de personas, aunque los distintos organismos públicos han ofrecido cifras diferentes sobre las entradas, las salidas y las personas que permanecieron en Ceuta.

En un informe fechado el 27 de octubre, la Guardia Civil contabiliza 862 rescates en aguas españolas realizados por sus unidades marítimas y comunica 90 fallecimientos durante el periodo examinado desde el comienzo de la crisis. El documento no permite atribuir necesariamente todas esas intervenciones y muertes a las dos jornadas iniciales.

La magnitud de lo ocurrido ha convertido la gestión de las alertas previas en uno de los principales asuntos examinados por el juzgado.

La magistrada ha solicitado documentación sobre las comunicaciones entre organismos y los avisos emitidos durante los días anteriores al 30 de julio. También investiga posibles incidencias en los sistemas de comunicación operativa de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento afecta directamente al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, que abandonó su cargo el 28 de septiembre y ha sido citado a declarar como investigado el próximo 18 de noviembre.

Su antiguo jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, ha declarado que le trasladó información recibida del CNI sobre las convocatorias previstas para el 30 de julio. Pérez Triano ha negado esa versión.

La discrepancia tiene importancia porque la investigación debe determinar qué información conocían los responsables públicos, cuándo la recibieron y si se adoptaron medidas proporcionadas al riesgo anunciado.

La condición de investigado del exdelegado no supone una declaración de culpabilidad. Forma parte de las diligencias destinadas a aclarar las decisiones adoptadas durante la emergencia.

La responsabilidad por la crisis de Ceuta sigue bajo investigación

El informe del CNI modifica el alcance de las sospechas sobre Marruecos, pero no resuelve todas las incógnitas de la crisis fronteriza.

Por el momento, no hay pruebas suficientes para atribuir a Rabat una operación organizada destinada a provocar la entrada masiva de migrantes. Esa es la conclusión de los servicios de inteligencia españoles después de examinar las convocatorias digitales, los posibles organizadores y las actuaciones detectadas sobre el terreno.

Queda por establecer si las autoridades marroquíes pudieron evitar parte de la movilización, si la concentración de recursos en otros dispositivos debilitó la vigilancia fronteriza y hasta qué punto los responsables españoles conocían la amenaza antes de que se materializara.

La investigación judicial también deberá valorar las contradicciones entre los informes de distintos organismos y las declaraciones de los responsables que participaron en la gestión de la emergencia.

De momento, el escenario que describe el CNI es el de una movilización extraordinaria, amplificada por internet y acompañada de una respuesta de seguridad insuficiente. La falta de pruebas de una intervención estatal marroquí no equivale a haber esclarecido todas las responsabilidades.

La Audiencia Nacional tendrá que determinar cuáles pueden acreditarse judicialmente. Y, sobre todo, por qué una crisis anunciada mediante convocatorias públicas terminó adquiriendo unas dimensiones que las instituciones no consiguieron contener.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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