El Gobierno desclasifica más informes del CNI sobre la crisis de Ceuta

El Gobierno de España ha aprobado este martes, 10 de noviembre, la desclasificación de nuevos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. La decisión responde al requerimiento de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que había dado al Ejecutivo un plazo de 15 días para facilitar la documentación.

El Consejo de Ministros ha autorizado la desclasificación de todos los documentos solicitados por la magistrada, según fuentes gubernamentales. La investigación pretende establecer qué autoridades españolas conocían los avisos sobre la concentración de personas en la frontera, cuándo recibieron esa información y qué decisiones adoptaron. También trata de esclarecer el papel desempeñado por Marruecos durante aquellos acontecimientos.

La medida supone un nuevo avance en una causa judicial que continúa abierta más de tres meses después de una crisis fronteriza sin precedentes por su magnitud. El Gobierno ya había desclasificado documentación el pasado 8 de septiembre, pero la jueza consideró necesario acceder a otros informes y comunicaciones que seguían sometidos a restricciones.

No es una cuestión menor. La documentación puede ayudar a reconstruir la cadena de transmisión de las alertas entre los servicios de inteligencia, los responsables políticos y los mandos policiales. También permitirá contrastar las advertencias previas con las actuaciones desplegadas sobre el terreno.

Qué informes del CNI ha ordenado desclasificar el Gobierno

La decisión afecta a las notas e informes elaborados por el CNI y distribuidos a distintas autoridades a partir del 30 de julio de 2026, siempre que estén relacionados con la investigación sobre las entradas masivas registradas durante aquellas dos jornadas.

La petición judicial presta especial atención a los documentos relativos a la actuación de las autoridades marroquíes, incluidos los análisis posteriores a la crisis. Tardón considera que esta información resulta necesaria para establecer si existieron comportamientos que facilitaron la concentración y el desplazamiento de miles de personas hacia territorio español.

El alcance de la solicitud va más allá de los informes iniciales. También comprende las comunicaciones con los servicios de inteligencia de Marruecos y cualquier aviso relacionado con posibles entradas irregulares desde ese país durante julio y las semanas posteriores.

La jueza exige conocer quién recibió las alertas

Uno de los aspectos centrales del procedimiento consiste en identificar a los destinatarios de las comunicaciones del CNI.

La magistrada ha reclamado una relación detallada de las autoridades que recibieron las notas del 27 y el 30 de julio, además de las enviadas posteriormente. Quiere conocer las fechas y horas de remisión y disponer de pruebas que acrediten su recepción efectiva.

Este detalle tiene importancia judicial. No basta con demostrar que un organismo elaboró un informe; también resulta necesario establecer quién tuvo acceso a su contenido y si estaba en condiciones de adoptar alguna medida.

Tardón pretende reconstruir así el recorrido de las advertencias y determinar qué decisiones se tomaron o dejaron de tomarse a partir de la información disponible. La investigación también deberá aclarar si los avisos llegaron a los responsables operativos encargados de garantizar la seguridad fronteriza.

El CNI había avisado de posibles entradas el 29 de julio

La nueva desclasificación se produce después de que el Gobierno publicara en septiembre 40 documentos y comunicaciones de distintos organismos de seguridad e inteligencia, entre ellos el CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

Aquella documentación permitió conocer que el CNI había detectado llamamientos en redes sociales para entrar en Ceuta aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono de Marruecos.

El 29 de julio, a las 13:52 horas, el servicio de inteligencia comunicó a la Delegación del Gobierno en Ceuta que circulaba una convocatoria para acceder a la ciudad autónoma al día siguiente, tanto por la valla fronteriza como por mar.

El aviso mencionaba grupos de redes sociales que reunían aproximadamente 180.000 seguidores. Ese mismo día también se produjeron comunicaciones con el servicio de información de la Guardia Civil.

El CNI remitió igualmente una nota informativa a los servicios de inteligencia marroquíes. En ella advertía de posibles intentos de entrada coincidiendo con las celebraciones oficiales del país vecino.

Sin embargo, el organismo reconoció posteriormente que no había anticipado la magnitud ni las características de lo que terminó ocurriendo. El Ejecutivo sostuvo que los mensajes previos alertaban de convocatorias en internet, pero no permitían prever una entrada masiva de semejante dimensión.

La distinción resulta fundamental para entender la investigación: detectar una convocatoria no equivale necesariamente a conocer su alcance. Corresponde determinar si la información disponible justificaba otras medidas preventivas y quién tenía responsabilidad para ordenarlas.

La actuación de Marruecos, bajo investigación judicial

El comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes constituye otro de los principales puntos de atención de la Audiencia Nacional.

Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional consideró que la entrada masiva no fue espontánea, sino que respondió a una actuación organizada. El documento señaló la posible participación de personas vinculadas a los cuerpos de seguridad marroquíes y describió situaciones de permisividad en las inmediaciones de la frontera.

Estas conclusiones forman parte de la investigación policial y judicial, pero no constituyen por sí solas una demostración de que el Gobierno de Marruecos ordenara o dirigiera los acontecimientos.

La causa ha avanzado también mediante declaraciones de testigos. Este mismo martes, cuatro testigos protegidos de origen magrebí han asegurado ante María Tardón que agentes marroquíes les indicaron cómo acceder a Ceuta.

Uno de ellos ha declarado que no tenía intención de entrar en España, pero que un agente marroquí lo arrojó al mar y posteriormente fue rescatado por la Guardia Civil.

Son testimonios relevantes que deberán contrastarse con el resto de las pruebas. La investigación trata de identificar posibles responsabilidades individuales y esclarecer si existió una organización superior detrás de las actuaciones descritas.

Por qué interviene la Audiencia Nacional

La investigación está bajo la dirección de María Tardón después de que la Audiencia Nacional asumiera la competencia sobre los hechos por su posible dimensión penal y sus consecuencias para la integridad territorial española.

Las diligencias examinan posibles delitos relacionados con la integridad territorial, la organización criminal y los homicidios imprudentes.

La magistrada considera indispensable examinar los informes de inteligencia para determinar cómo se organizaron los acontecimientos, quién pudo participar en ellos y si existieron responsabilidades por acción u omisión.

En su resolución de finales de octubre, solicitó al Consejo de Ministros que levantara la clasificación de los documentos necesarios para continuar las pesquisas. Argumentó que su contenido tenía una relación directa con los hechos investigados y que el carácter reservado de la información no debía impedir su examen judicial.

La jueza también pidió autorización para que funcionarios del CNI pudieran prestar declaración sobre los acontecimientos y sus comunicaciones con otros organismos.

El Ejecutivo ha presentado la nueva desclasificación como una actuación realizada con normalidad institucional y en respuesta al requerimiento de la Audiencia Nacional.

Los nuevos documentos deberán aclarar la cadena de responsabilidades

La decisión del Consejo de Ministros elimina el obstáculo de clasificación que afectaba a los documentos reclamados, aunque desclasificar información no significa necesariamente publicarla íntegramente.

La magistrada había previsto incorporar el material a una pieza separada del procedimiento sometida a secreto. Por tanto, el acceso judicial a los informes y su divulgación pública son cuestiones diferentes.

La documentación deberá permitir contrastar las comunicaciones previas, las valoraciones de inteligencia posteriores y las decisiones adoptadas durante la crisis.

Persisten cuestiones importantes: qué autoridades recibieron cada advertencia, si se trasladaron correctamente a los mandos operativos y qué conocimiento tenían los servicios españoles sobre la actuación de Marruecos.

La nueva desclasificación no determina responsabilidades ni anticipa una conclusión judicial. Proporciona a la Audiencia Nacional más elementos para investigar una crisis que sigue planteando interrogantes sobre la seguridad fronteriza y la coordinación entre instituciones.

El Gobierno ha aprobado el levantamiento del secreto de los documentos solicitados. Queda por establecer qué demostrarán esos informes cuando se examinen junto con las declaraciones y el resto de las pruebas incorporadas a la causa.