Ceuta lleva tres meses en crisis: 15.000 migrantes aún en la ciudad

Tres meses después de la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio de 2026, Ceuta continúa en una situación excepcional. El Gobierno de la ciudad autónoma estima que todavía permanecen en su territorio unas 15.000 personas llegadas durante la crisis, aunque no existe un censo definitivo que permita confirmar esa cantidad. Miles siguen fuera de los centros de acogida, el sistema de protección de menores está desbordado y las autoridades locales consideran improbable recuperar la normalidad antes de que termine el año.

El último balance del Gobierno central, presentado el 27 de octubre, contabiliza 13.823 regresos a Marruecos desde el 10 de agosto: 13.215 retornos voluntarios y 608 expulsiones. Sin embargo, el Ejecutivo ceutí denunció el 31 de octubre que todavía no le constaba ninguna devolución ejecutada mediante el procedimiento administrativo ordinario. La diferencia importa: regresar voluntariamente, ser expulsado y recibir una orden de devolución son situaciones jurídicas distintas.

La crisis ha cambiado de naturaleza. La presión fronteriza que desbordó Ceuta durante dos jornadas se ha convertido en un problema prolongado de acogida, tramitación de expedientes, seguridad y convivencia. El Estado ha habilitado miles de plazas y desalojado grandes asentamientos, pero la excepcionalidad continúa afectando a la vida cotidiana.

El ejemplo más reciente llegó el 1 de noviembre. La ciudad suspendió la celebración tradicional del Día de la Mochila en los montes por motivos de seguridad y trasladó parte de las actividades a espacios urbanos. Una decisión difícil de conciliar con la idea de que todo ha vuelto a la normalidad.

Del 30 de julio a la mayor crisis migratoria reciente de Ceuta

Los acontecimientos comenzaron a finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos, principalmente por el entorno del espigón del Tarajal. Muchas intentaron acceder a territorio español a nado, mientras los dispositivos de vigilancia y asistencia quedaban superados por la magnitud de las entradas.

El Gobierno español ha situado la afluencia inicial por encima de las 70.000 personas, mientras otros balances policiales y estimaciones difundidas durante la crisis se aproximaron a las 80.000. No existe una cifra individualizada y definitiva de todos los cruces. Buena parte de quienes entraron regresaron a Marruecos durante las primeras jornadas, pero miles permanecieron en Ceuta.

La dimensión humana de aquellos acontecimientos fue especialmente grave. La Guardia Civil comunicó en septiembre un balance de 82 fallecidos. A finales de octubre, responsables del Gobierno ceutí hablaron ante la Audiencia Nacional de 91 cadáveres recuperados. La diferencia entre ambos balances y las circunstancias de las muertes forman parte de los aspectos que todavía requieren esclarecimiento.

El 25 de agosto, el Consejo de Ministros declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional y estableció un sistema extraordinario de coordinación, dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La declaración, prevista inicialmente hasta el 31 de diciembre, permitió coordinar recursos de distintos ministerios para atender la emergencia humanitaria, reforzar la seguridad y tramitar los procedimientos migratorios.

No implicó suspender derechos fundamentales ni sustituir las garantías de la legislación de extranjería. Su propósito era gestionar una crisis que había superado las capacidades ordinarias de las administraciones.

Más de 13.800 regresos y cientos de solicitudes de asilo denegadas

La evolución de los retornos constituye uno de los principales argumentos del Gobierno central para defender su gestión. Según el balance del 27 de octubre, 13.215 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto y otras 608 habían sido expulsadas.

Estas cantidades no deben confundirse con los retornos producidos durante los primeros días de la entrada masiva ni utilizarse para calcular automáticamente cuántas personas quedan en Ceuta. Son estadísticas de periodos y procedimientos diferentes.

El otro gran frente es la tramitación de las solicitudes de protección internacional. El Gobierno informó de 1.697 expedientes formalizados, de los cuales 853 habían recibido una resolución. Entre estos últimos, 704 habían sido desfavorables.

Una denegación de asilo, sin embargo, no equivale necesariamente a una salida inmediata. Los afectados pueden disponer de vías de recurso y las autoridades deben respetar los procedimientos establecidos antes de ejecutar una devolución.

Aquí aparece uno de los mayores desacuerdos entre administraciones. El Gobierno ceutí sostiene que, después de tres meses, no se ha materializado ninguna devolución mediante el procedimiento administrativo ordinario. El Ejecutivo central destaca, por su parte, las expulsiones ya ejecutadas y los avances en la resolución de expedientes.

Ambas afirmaciones pueden coexistir porque devolución administrativa, expulsión y retorno voluntario no son conceptos equivalentes. Tampoco todos los expedientes denegados están necesariamente en condiciones de ejecutarse.

La controversia ha llegado al Tribunal Supremo. El 27 de octubre, el tribunal rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno de Juan Jesús Vivas para exigir al Ejecutivo central un calendario urgente de actuación. La decisión no supone que el conflicto jurídico de fondo haya quedado definitivamente resuelto.

Los menores siguen siendo el mayor problema de acogida

La protección de niños y adolescentes migrantes constituye uno de los asuntos más delicados de la crisis.

El Gobierno de Ceuta comunicó el 31 de octubre que tenía 3.626 menores bajo tutela, una cifra extraordinariamente superior a su capacidad habitual. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, situó la sobreocupación en el 12.400%, equivalente a unas 125 veces la capacidad ordinaria.

A esa situación se añade la incertidumbre sobre los menores que permanecen fuera de los recursos oficiales. Las autoridades locales estiman que podrían ser entre 400 y 500, aunque reconocen que no disponen de una cifra exacta.

El Estado ha puesto en marcha mecanismos para aliviar la presión asistencial. Según los datos difundidos el 27 de octubre, 125 menores habían sido reagrupados con familiares en la península y otros 181 trasladados a comunidades autónomas mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Extranjería.

También se habían remitido 87 expedientes relacionados con posibles reagrupaciones familiares en Marruecos. El Gobierno ceutí, no obstante, aseguró a finales de octubre que ningún menor había sido repatriado al país vecino desde el comienzo de la crisis.

La distinción vuelve a ser esencial. El traslado de un menor a otra comunidad autónoma española, la reagrupación con familiares en la península y el regreso a Marruecos son procedimientos diferentes.

En el caso de los menores no acompañados, las decisiones deben atender individualmente a su interés superior y comprobar las condiciones de protección y acogida. Ni la saturación de los centros ni la urgencia política permiten prescindir de esas garantías.

Miles de personas continúan fuera de los alojamientos

El Gobierno central había habilitado 7.477 plazas de acogida temporal a finales de octubre, una ampliación muy considerable respecto a la capacidad disponible cuando comenzó la crisis.

También se han desmontado los grandes asentamientos de las playas del Trampolín, Benítez y el Guano, mientras las autoridades continúan interviniendo en otros puntos de la ciudad.

Pero el desalojo de una playa no significa que todas las personas que estaban allí hayan abandonado Ceuta.

El Gobierno local calcula que todavía puede haber entre 3.000 y 4.000 personas fuera de los alojamientos habilitados, distribuidas entre espacios improvisados, viviendas compartidas, zonas urbanas y áreas de monte. Se trata de estimaciones, no de un recuento individual completo.

Esta falta de precisión dificulta planificar la asistencia y valorar hasta qué punto se ha recuperado el funcionamiento ordinario de la ciudad.

La suspensión del Día de la Mochila refleja la situación

El 1 de noviembre ofreció una muestra concreta de las consecuencias de la crisis.

La tradicional jornada en la que miles de ceutíes se reúnen en los montes quedó suspendida en esos espacios. Las autoridades argumentaron que no podían garantizar las condiciones habituales de seguridad, debido a los asentamientos dispersos y al estado de algunas zonas naturales.

Se organizaron actividades alternativas en espacios urbanos, pero la celebración no pudo desarrollarse como otros años.

La decisión llegó después de que el Ministerio del Interior manifestara su intención de retirar a los migrantes que permanecían en los montes antes del 1 de noviembre.

La situación de los servicios públicos ofrece, entretanto, una imagen menos uniforme. El Gobierno central ha señalado que la asistencia escolar ronda el 90%, un porcentaje que considera compatible con la normalidad. También informó de que, en su último balance, 100 de las 211 camas hospitalarias disponibles estaban ocupadas, 16 de ellas por personas migrantes.

Son datos relevantes porque impiden confundir la presión extraordinaria sobre determinados servicios con un colapso general de toda la ciudad.

El impacto económico también ha obligado a intervenir. En septiembre, el Ejecutivo aprobó un paquete de medidas valorado en 309 millones de euros para reforzar la seguridad, la asistencia, los servicios públicos y la actividad económica. Posteriormente se adoptaron nuevas medidas financieras y se impulsaron ayudas al comercio, incluidas actuaciones por valor de 10 millones de euros.

El problema pendiente no consiste únicamente en disponer de financiación. También importa cuándo llega, cómo se ejecuta y si permite recuperar la actividad habitual de empresas, trabajadores y administraciones.

La Audiencia Nacional investiga los avisos previos y el papel de Marruecos

Tres meses después, continúa abierta una investigación judicial sobre las circunstancias de la entrada masiva, los avisos recibidos por las autoridades y las posibles responsabilidades penales.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado documentación de los servicios de inteligencia y ha tomado declaración a responsables policiales y representantes institucionales.

El 27 de octubre pidió al Gobierno que desclasificara más material del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con un plazo de 15 días.

Uno de los puntos centrales es determinar qué información estaba disponible antes del 30 de julio y si se adoptaron medidas proporcionadas al riesgo.

Los documentos conocidos acreditan que existieron alertas sobre posibles intentos de entrada. Interior sostiene, sin embargo, que ninguna anticipó la magnitud de los acontecimientos que finalmente desbordaron la frontera.

Otra cuestión es la actuación de Marruecos. Varios responsables ceutíes declararon ante la jueza que observaron una actitud permisiva de agentes marroquíes durante las entradas. Se trata de testimonios incorporados a una investigación, no de una responsabilidad penal demostrada.

La causa judicial deberá determinar si existió una organización deliberada de los cruces, quién pudo participar y qué relación tuvieron las actuaciones de los distintos organismos con el desarrollo de la crisis.

También permanece en el debate la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que limitó la aplicación de los rechazos inmediatos en frontera a quienes acceden a nado. La resolución modificó las condiciones jurídicas de actuación en determinados accesos marítimos, pero no demuestra por sí sola que provocara la entrada masiva.

Las posibles responsabilidades políticas, administrativas y penales requieren un examen separado. Reducir lo sucedido a una única causa sería una simplificación difícil de sostener con los datos disponibles.

El 31 de diciembre ya no parece una fecha suficiente

La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional tiene como fecha de finalización prevista el 31 de diciembre de 2026. No obstante, el Gobierno puede acordar una prórroga, modificar su alcance o ponerle fin antes si las circunstancias lo permiten.

El Ejecutivo ceutí considera cada vez menos probable que la ciudad recupere completamente la normalidad dentro de ese plazo. La falta de devoluciones administrativas ordinarias, los miles de expedientes pendientes y la situación de los menores alimentan esas dudas.

El Gobierno central defiende que se han logrado avances significativos: más capacidad de acogida, miles de retornos y una reducción de los grandes asentamientos que ocuparon espacios públicos durante semanas.

Los resultados existen. Pero también persisten problemas pendientes que no se resuelven únicamente aumentando el número de retornos: identificar a quienes permanecen fuera de los recursos oficiales, resolver las solicitudes de protección internacional con garantías, asegurar la atención a los menores y recuperar la actividad económica y social.

Ceuta ya no vive las jornadas de julio. Tampoco ha recuperado plenamente la normalidad.

Tres meses después, la emergencia fronteriza se ha transformado en una crisis administrativa, humanitaria y política cuya duración sigue siendo incierta. El verdadero cambio llegará cuando la ciudad pueda funcionar sin dispositivos extraordinarios y las personas que permanecen en ella tengan una situación jurídica y asistencial definida.

Por ahora, el calendario avanza más deprisa que las soluciones.