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España

Gonzalo Bernardos ve en la Administración el gran problema de España

Gonzalo Bernardos denuncia la lentitud de la Administración y reclama modernizar los trámites. También alerta del deterioro de los salarios reales.

Publicado

el

Instituto Nacional de Administración Pública

Foto: Luis García / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 ES.

Resumen

  • Bernardos considera que la Administración es el mayor problema de España
  • El economista critica la burocracia, no a los funcionarios públicos
  • También alerta de un retroceso del 2,2% del poder adquisitivo desde 2018

El economista Gonzalo Bernardos ha situado el funcionamiento de la Administración pública como el principal problema de España, incluso por delante de la vivienda, el desempleo y la sanidad. El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona considera que la lentitud de los procedimientos y el exceso de burocracia dificultan la resolución de muchos de los problemas que afectan a ciudadanos y empresas.

Sus declaraciones llegan en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Bernardos reprocha a los partidos políticos que no presten suficiente atención a la modernización de las instituciones y reclama reformas capaces de agilizar los trámites. Su crítica no va dirigida a los funcionarios, sino al sistema administrativo en el que desarrollan su trabajo.

El economista también ha advertido sobre la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles, que ha cifrado en un 2,2% desde 2018 para los asalariados sujetos a convenio colectivo. Una preocupación que cobra especial relevancia después de conocerse que los precios aumentaron un 4,9% interanual en octubre, mientras que las subidas salariales pactadas en convenio se situaron en el 3,06%.

Son dos cuestiones distintas, pero ambas forman parte de sus críticas al funcionamiento de la economía española: la dificultad para mantener el nivel de vida y los obstáculos administrativos que, según sostiene, frenan la actividad económica.

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Bernardos considera que la burocracia frena el desarrollo de España

A través de varios mensajes publicados en la red social X, Gonzalo Bernardos ha cuestionado las prioridades del debate electoral. A su juicio, los grandes partidos están pasando por alto un problema estructural que condiciona la capacidad de respuesta del Estado.

El economista sostiene que la Administración pública es demasiado lenta, acumula procedimientos innecesarios y puede convertirse en un obstáculo para solucionar cuestiones que los propios responsables políticos presentan como prioritarias.

El problema tiene consecuencias prácticas. La construcción de viviendas depende, entre otros factores, de licencias urbanísticas y autorizaciones administrativas. La apertura de determinados negocios exige completar trámites ante diferentes organismos, mientras que numerosas prestaciones sociales requieren expedientes cuya resolución puede demorarse.

Eso no significa que todos los retrasos tengan el mismo origen ni que cualquier requisito sea prescindible. Los controles administrativos también garantizan la legalidad, la seguridad y los derechos de los ciudadanos. La cuestión es cómo reducir los tiempos de tramitación sin eliminar esas garantías.

Los funcionarios no son los responsables, según Bernardos

Bernardos ha querido separar expresamente la organización administrativa del trabajo que realizan los empleados públicos.

En sus declaraciones, considera que muchos funcionarios son víctimas de las propias características del sistema. Los procedimientos complejos, las exigencias documentales y la distribución de competencias pueden limitar la capacidad de respuesta de quienes tramitan los expedientes.

El profesor universitario también ha mencionado el funcionamiento de la Agencia Tributaria como ejemplo para plantear por qué otros departamentos no alcanzan, a su juicio, niveles similares de eficiencia.

Su comparación es una valoración personal, no una medición general de los resultados de cada organismo. La gestión tributaria, la concesión de ayudas y las autorizaciones urbanísticas tienen obligaciones y características diferentes.

La propuesta de fondo es clara: modernizar las administraciones, simplificar los procedimientos y mejorar la coordinación institucional.

Qué proponen PP y PSOE para reducir la burocracia

Bernardos ha asegurado que no ha escuchado a ningún partido ofrecer una solución al problema que denuncia. Sin embargo, los programas electorales publicados para el 29N sí contienen compromisos relacionados con la simplificación administrativa.

El Partido Popular plantea reducir las cargas administrativas generales un 25% antes de 2029 y un 35% en el caso de las pequeñas y medianas empresas. También propone eliminar tres normas consideradas innecesarias por cada nueva regulación, ampliar determinados supuestos de silencio administrativo positivo y automatizar procedimientos repetitivos.

El PSOE, por su parte, incluye entre sus compromisos la creación de una ventanilla digital única para facilitar los trámites de ciudadanos y empresas. Su programa también contempla utilizar herramientas de inteligencia artificial para simplificar la relación con las administraciones, manteniendo las garantías correspondientes.

Por tanto, no sería exacto afirmar que los principales partidos carecen de propuestas en esta materia. Otra cuestión es si resultan suficientes, si pueden aplicarse en los plazos anunciados y si conseguirían reducir de manera efectiva la burocracia.

Ahí se sitúa buena parte del debate. Prometer una Administración más ágil no equivale a conseguirla. Para evaluar cualquier reforma será necesario comprobar cuánto disminuyen los tiempos de espera, cuántos trámites se eliminan y si mejora la atención al ciudadano.

La otra advertencia de Bernardos: los salarios pierden poder adquisitivo

Las críticas del economista también alcanzan a la evolución de los salarios durante los últimos años.

En una intervención televisiva en laSexta, Bernardos afirmó que el poder adquisitivo de los trabajadores sujetos a convenio colectivo había disminuido un 2,2% desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno.

El profesor recordó que no toda la responsabilidad puede atribuirse al Ejecutivo. La pandemia, las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y las tensiones internacionales han contribuido al encarecimiento de numerosos productos y servicios.

En otra intervención posterior, difundida el 10 de noviembre, Bernardos manejó una estimación distinta: una pérdida del 2,9% entre 2018 y 2026. Ambas cifras corresponden a declaraciones diferentes y no deben confundirse con un único indicador oficial de la evolución salarial.

Los últimos datos disponibles sí muestran una diferencia importante entre los incrementos pactados en convenio y la inflación.

Según la estadística del Ministerio de Trabajo, la subida salarial media registrada hasta octubre fue del 3,06%. El Instituto Nacional de Estadística confirmó el 13 de noviembre que el IPC había aumentado un 4,9% interanual en octubre.

La diferencia entre ambas tasas alcanza los 1,84 puntos porcentuales. Se trata de una comparación orientativa, porque los incrementos salariales registrados durante el año y la inflación interanual no tienen exactamente el mismo periodo de referencia.

Por qué subir el sueldo no siempre significa poder comprar más

Un incremento salarial puede quedar neutralizado cuando los precios avanzan a mayor velocidad.

Por ejemplo, si un sueldo mensual de 1.500 euros aumentase un 3,06%, pasaría a 1.545,90 euros. Sin embargo, una cesta de bienes y servicios que costara 1.500 euros y se encareciera un 4,9% alcanzaría los 1.573,50 euros.

El trabajador cobraría más dinero, pero necesitaría una cantidad superior para mantener el mismo consumo.

Este ejemplo ilustra la diferencia entre salario nominal y salario real, aunque no representa necesariamente la situación particular de cada empleado. Los convenios, las revisiones salariales y los hábitos de consumo son diferentes.

También influye la existencia de cláusulas de garantía salarial, que permiten revisar las retribuciones cuando la inflación supera los incrementos inicialmente acordados. No todos los trabajadores disponen de esa protección ni todos los mecanismos compensan íntegramente la subida de precios.

La eficacia de la Administración entra en el debate del 29N

Las declaraciones de Gonzalo Bernardos introducen una cuestión que habitualmente queda relegada frente a los grandes compromisos electorales: la capacidad real de las instituciones para ejecutar las políticas públicas.

Una reforma administrativa puede tener consecuencias sobre la actividad empresarial, la ejecución de inversiones, la tramitación de ayudas y el desarrollo de proyectos de vivienda. Pero sus resultados dependen de decisiones concretas, recursos disponibles y mecanismos de evaluación.

A menos de dos semanas de las elecciones generales, los partidos tienen sobre la mesa propuestas de modernización institucional. La discusión no consiste únicamente en determinar cuánta burocracia debe eliminarse, sino en garantizar que los procedimientos restantes funcionen correctamente.

Bernardos considera que España necesita situar esa transformación entre sus prioridades. Y su advertencia coincide con otra preocupación económica inmediata: mientras se debate cómo mejorar el funcionamiento del Estado, millones de trabajadores afrontan un encarecimiento de la vida que sigue poniendo a prueba sus salarios.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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