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Cuba prepara su reforma educativa tras 67 años: fondos privados e IA
La reforma educativa que prepara Cuba reconoce fondos privados y clases particulares, incorpora la IA y mantiene la gratuidad y el control estatal.
Foto: TopazSun / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
Resumen
- Tras 67 años, Cuba prepara una nueva ley para su sistema educativo
- El texto admite financiación privada y reconoce las clases particulares
- La inteligencia artificial entra en la reforma, aún pendiente de aprobación
Cuba prepara una de las reformas educativas más importantes desde el triunfo de la Revolución de 1959. El Gobierno ha presentado un anteproyecto de Ley de Educación que contempla financiación privada, reconoce las clases particulares e incorpora la inteligencia artificial al sistema de enseñanza. La iniciativa pretende sustituir una normativa vigente desde hace 67 años, en un momento especialmente delicado para las escuelas cubanas por la escasez de profesores, los problemas económicos y los prolongados cortes de electricidad.
La propuesta, que todavía no ha sido aprobada, consta de 243 artículos distribuidos en diez títulos y llegará previsiblemente a la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2026. Tras 19 versiones y un proceso de consultas, el texto busca actualizar las reglas de un sistema históricamente controlado por el Estado, aunque mantiene la gratuidad de la enseñanza y la responsabilidad pública sobre su funcionamiento.
La principal novedad no es que Cuba vaya a privatizar sus escuelas. El cambio consiste en permitir que determinadas actividades educativas reciban recursos de entidades no estatales y que servicios como las clases de refuerzo o el cuidado infantil encuentren un reconocimiento más claro dentro del marco legal.
El giro tiene una dimensión política evidente. Durante décadas, la enseñanza pública ha sido presentada por las autoridades cubanas como uno de los grandes logros de la Revolución. Ahora, el mismo Estado que convirtió la educación gratuita en una de sus principales señas de identidad admite la necesidad de buscar financiación complementaria y apoyarse en actividades privadas para sostener algunos servicios.
Una reforma educativa que rompe con la normativa de 1959
El anteproyecto derogaría la Ley 680, de Reforma Integral de la Enseñanza, aprobada el 23 de diciembre de 1959. Aquella disposición formó parte de las primeras transformaciones impulsadas por Fidel Castro tras su llegada al poder.
El modelo se consolidó posteriormente con la nacionalización general de la enseñanza en 1961, que trasladó al Estado los centros educativos privados, incluidos los pertenecientes a instituciones religiosas.
Desde entonces, la educación cubana se ha organizado alrededor del protagonismo estatal, con un sistema gratuito que ha tenido un peso considerable en la identidad política del país.
La nueva legislación no abandona ese principio. El documento establece que la organización, regulación y prestación de los servicios educativos seguirán siendo responsabilidad del Estado. También mantiene el carácter público, gratuito, laico, inclusivo y accesible de la enseñanza.
Lo que cambia es el reconocimiento de otras formas de participación económica y educativa.
La reforma llega, además, en circunstancias muy distintas a las de 1959. Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética que afecta al funcionamiento cotidiano de sus centros escolares. Los problemas de suministro eléctrico, la falta de recursos materiales y las dificultades para mantener suficientes docentes han obligado a introducir adaptaciones en la actividad académica.
Las sanciones estadounidenses y las restricciones energéticas agravan una situación en la que también pesan las deficiencias de las políticas económicas nacionales.
Cuba abre la puerta a la financiación privada en la educación
Uno de los cambios más relevantes aparece en los mecanismos de financiación.
El anteproyecto mantiene los presupuestos públicos como principal fuente de recursos, pero permite incorporar ingresos complementarios procedentes de actividades económicas, donaciones y proyectos de cooperación.
El artículo 239 reconoce expresamente la posibilidad de obtener ingresos mediante servicios docentes, científicos y técnicos, así como a través de iniciativas de desarrollo nacionales e internacionales.
También contempla que los organismos educativos puedan crear fundaciones, empresas vinculadas a la investigación y la innovación, y microempresas, pequeñas y medianas empresas, siempre dentro de las regulaciones correspondientes.
Estas fórmulas podrían facilitar recursos adicionales para determinadas actividades e infraestructuras educativas, aunque su alcance dependerá de las normas que desarrollen la futura ley.
La participación privada no implicaría libertad para crear colegios independientes del sistema estatal. La dirección y supervisión de la educación permanecerían en manos de las autoridades cubanas, que conservarían competencias sobre las actividades desarrolladas por entidades no estatales.
Las clases particulares reciben reconocimiento legal
La propuesta también aborda una actividad conocida desde hace años entre las familias cubanas: los llamados repasadores, profesores que ofrecen clases particulares para reforzar el aprendizaje de los estudiantes.
El texto incorpora el reconocimiento de actividades educativas realizadas fuera de las instituciones públicas, una posibilidad que adquiere especial importancia por la falta de docentes en determinados centros.
En septiembre de 2026, el Ministerio de Educación ya había autorizado a los profesores en activo a solicitar permisos para impartir clases particulares fuera de su jornada laboral. Esta actividad había quedado prohibida para ellos en 2022.
La ministra de Educación, Naima Trujillo, ha defendido la necesidad de aprovechar estos servicios de apoyo y facilitar la coordinación entre las familias, las escuelas y quienes imparten las clases de refuerzo.
El anteproyecto permitiría integrar estas actividades en un marco de supervisión pedagógica y control administrativo, aunque los requisitos concretos para ejercerlas dependerán de la normativa aplicable.
También reconoce la participación de entidades no estatales en servicios complementarios, especialmente las casas de cuidado infantil.
En estos establecimientos, las autoridades educativas asumirían funciones de formación, orientación metodológica y certificación del personal responsable del cuidado de los niños.
Inteligencia artificial en las aulas cubanas: qué propone la ley
La inteligencia artificial constituye otra de las novedades de la reforma.
El artículo 224 plantea incorporar de forma crítica y ética la inteligencia artificial, la tecnología blockchain y la realidad aumentada a los procesos de gestión educativa.
La propuesta persigue modernizar la administración de las instituciones, mejorar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y reducir las desigualdades digitales.
El documento incorpora asimismo exigencias relacionadas con la ciberseguridad, la protección de los datos personales y la sostenibilidad ambiental de las herramientas tecnológicas.
No establece, sin embargo, una implantación inmediata y generalizada de sistemas de inteligencia artificial en todas las aulas. Se trata de un marco legal para orientar su incorporación progresiva.
La diferencia importa. Reconocer estas tecnologías en una ley no significa que los colegios dispongan automáticamente de ordenadores, conexiones estables o profesores especializados para utilizarlas.
En un país donde los apagones afectan a la actividad escolar, la digitalización educativa presenta dificultades que van mucho más allá de la voluntad legislativa.
El propio anteproyecto contempla alternativas para evitar que los estudiantes sin conectividad, dispositivos o condiciones adecuadas de acceso queden excluidos del aprendizaje digital.
La modernización tecnológica aparece así vinculada a un problema bastante más inmediato: garantizar las condiciones materiales necesarias para estudiar.
Educación obligatoria, protección infantil y nuevos derechos
La reforma no se limita a la financiación y las nuevas tecnologías.
El texto establece expresamente la obligatoriedad de la educación desde el grado preescolar hasta el noveno curso, correspondiente al final de la secundaria básica cubana.
También reconoce el derecho a continuar los estudios en etapas posteriores y contempla medidas para facilitar el acceso de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas específicas.
Una parte importante del articulado está dedicada a la protección de niños y adolescentes frente a la violencia, el acoso y la discriminación.
Las instituciones educativas tendrían que disponer de procedimientos para detectar situaciones de riesgo, recibir denuncias y activar mecanismos de protección cuando se vulneren los derechos del alumnado.
La propuesta incluye garantías de confidencialidad, medidas contra las represalias y la posibilidad de solicitar la intervención de servicios especializados cuando la situación supere las competencias de un centro escolar.
También introduce previsiones para mejorar la inclusión educativa, la igualdad de oportunidades y la participación de los estudiantes en determinadas decisiones que afectan a su vida académica.
Otro aspecto relevante es el reconocimiento de conocimientos adquiridos fuera de los itinerarios escolares tradicionales.
La legislación contempla mecanismos para reconocer y certificar aprendizajes obtenidos mediante la experiencia laboral o la formación autodidacta, con arreglo a los procedimientos correspondientes.
Este planteamiento pretende facilitar una conexión más flexible entre educación, formación profesional y necesidades del mercado laboral.
El Parlamento decidirá en diciembre el alcance de la reforma
El anteproyecto permanece sometido a consulta pública y está previsto que llegue a la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2026.
Su redacción ha implicado a más de 25 organismos e instituciones y ha pasado por sucesivas revisiones antes de alcanzar la versión presentada a debate.
El documento todavía puede modificarse durante su tramitación parlamentaria. Por tanto, ninguna de las novedades propuestas debe confundirse con una ley ya aprobada y en vigor.
Si el Parlamento adopta el texto, quedaría derogada la reforma educativa de diciembre de 1959. La disposición final cuarta establece que la nueva legislación entraría en vigor 60 días hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
La futura norma supondría un cambio significativo en la manera de organizar y financiar determinados servicios educativos, sin alterar formalmente el control estatal sobre la enseñanza.
Su aplicación, sin embargo, dependerá de factores que una ley no puede resolver por sí sola: la disponibilidad de profesores, la financiación efectiva de los centros, la infraestructura tecnológica y las condiciones económicas generales.
Después de 67 años, Cuba se dispone a revisar uno de los fundamentos institucionales de su sistema educativo. La entrada de recursos privados y la incorporación de nuevas tecnologías representan un cambio importante, pero el verdadero alcance de la reforma se medirá en algo más sencillo: si las escuelas consiguen disponer de los medios necesarios para ofrecer una enseñanza gratuita y de calidad.
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