China mantiene el veto al lucro en la enseñanza privada obligatoria

China mantiene la prohibición de que las escuelas privadas con ánimo de lucro impartan los nueve años de enseñanza obligatoria, que comprenden la educación primaria y el primer ciclo de secundaria. La medida fue aprobada el 7 de noviembre de 2016 y entró en vigor el 1 de septiembre de 2017. No se trata, por tanto, de una nueva decisión del Gobierno chino, sino de una restricción legal que continúa formando parte de su sistema educativo.

La legislación establece una distinción fundamental: los centros privados pueden impartir enseñanza obligatoria, pero deben funcionar sin ánimo de lucro. Sus promotores no pueden apropiarse de los excedentes económicos generados por la actividad escolar, que han de destinarse al propio proyecto educativo. La prohibición no afecta de la misma manera a otros niveles, como el bachillerato, la formación profesional o la universidad, donde se permite la iniciativa privada lucrativa bajo determinadas condiciones.

La decisión original respondió a una concepción de la educación obligatoria como servicio público cuya prestación debe garantizar el Estado. China cuenta con un sistema de escolarización de nueve años, de carácter universal y gratuito en la red pública. Su financiación corresponde a las administraciones, que deben asegurar el acceso de los menores con independencia de la situación económica de sus familias.

Sin embargo, la regulación va más allá de la gratuidad. Pekín considera que la enseñanza básica no debe convertirse en una actividad empresarial orientada a repartir beneficios entre propietarios o inversores. Eso no supone eliminar los colegios privados ni impedir que puedan cobrar cuotas dentro de las condiciones legales. Lo que se restringe es su finalidad lucrativa.

Una prohibición aprobada en 2016 y reforzada en 2021

La reforma de la Ley de Promoción de la Educación Privada fue aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional el 7 de noviembre de 2016, después de superar su tercera lectura parlamentaria.

El cambio introdujo una clasificación jurídica entre instituciones educativas lucrativas y no lucrativas. Las primeras pueden obtener beneficios para sus propietarios dentro de los niveles de enseñanza autorizados. Las segundas deben reinvertir sus excedentes en el funcionamiento y desarrollo de la institución.

Esta separación permitió reconocer legalmente distintas modalidades de educación privada, pero reservó un tratamiento específico para la escolarización obligatoria.

En septiembre de 2021 entró en vigor una nueva normativa de desarrollo que endureció determinados controles sobre el sector. Entre otras disposiciones, impidió que los colegios públicos de enseñanza obligatoria participaran en la creación de centros privados o se transformaran en ellos.

También limitó el control de estas instituciones mediante determinadas operaciones societarias y prohibió que empresas de inversión extranjera, así como organizaciones controladas por capital extranjero, dirigieran centros privados de enseñanza obligatoria.

El Gobierno pretendía evitar estructuras empresariales capaces de sortear la naturaleza no lucrativa exigida a estos colegios.

Qué pueden hacer los colegios privados en China

La legislación china no establece una prohibición general de la enseñanza privada. Las organizaciones sociales y los particulares pueden crear instituciones educativas siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

La diferencia está en la etapa educativa y en el régimen jurídico del centro.

La enseñanza obligatoria debe funcionar sin ánimo de lucro

Los colegios privados que imparten primaria y el primer ciclo de secundaria tienen que operar como entidades no lucrativas.

Esto significa que pueden disponer de ingresos, contratar profesorado, construir instalaciones y financiar sus actividades. También pueden establecer cuotas sujetas a la normativa aplicable. No lucrativo no equivale necesariamente a gratuito.

La restricción afecta al destino del dinero: los excedentes económicos no pueden distribuirse como beneficios empresariales entre los promotores del centro.

En cambio, los establecimientos privados autorizados para impartir enseñanzas no obligatorias pueden acogerse a otros modelos jurídicos, incluidos los modelos lucrativos.

La distinción resulta importante para comprender el alcance de la reforma. China no ha eliminado el negocio educativo, sino que ha establecido límites diferentes según la etapa educativa y la función social que atribuye a cada una.

Cuántos colegios privados quedan en China

Las últimas estadísticas anuales completas publicadas por el Ministerio de Educación chino, correspondientes a 2025 y difundidas en julio de 2026, permiten comprobar cómo ha evolucionado el sector.

En ese ejercicio, el país contabilizaba 9.081 centros privados de enseñanza obligatoria, equivalentes al 5,05 % de los establecimientos de primaria y primer ciclo de secundaria.

Estos colegios escolarizaban aproximadamente 10,25 millones de alumnos, incluidos unos 4,63 millones que ocupaban plazas adquiridas por las administraciones públicas.

La cifra contrasta con los 9.576 centros privados y los 11,06 millones de estudiantes registrados en 2024. En un año desaparecieron del balance estadístico 495 centros y la matrícula disminuyó en algo más de 814.000 alumnos.

El porcentaje oficial de estudiantes de enseñanza obligatoria vinculados a la oferta privada fue del 3,58 % en 2025, una proporción calculada excluyendo del numerador las plazas compradas por el Gobierno. Si se cuenta a todos los alumnos que estudian físicamente en centros privados, independientemente de quién pague la plaza, el porcentaje alcanza el 6,53 %.

La educación privada pierde peso en primaria y secundaria

La evolución reciente muestra que el sistema educativo chino ha reducido el peso de la enseñanza privada obligatoria, especialmente desde comienzos de esta década.

Un estudio publicado el 16 de octubre de 2026 por el Instituto de Investigación de Finanzas Educativas de la Universidad de Pekín examina los cambios registrados entre 2017 y 2025.

Sus resultados muestran que la proporción de estudiantes escolarizados en centros privados durante la etapa obligatoria aumentó hasta alcanzar el 10,77 % en 2020. Posteriormente comenzó a disminuir, hasta situarse en el 6,53 % en 2025, incluyendo las plazas sufragadas por las administraciones.

No se trata únicamente de una reducción del número de colegios. También ha disminuido la capacidad de escolarización del sector privado en relación con el conjunto del sistema.

El mismo análisis advierte de diferencias entre etapas. Mientras la educación privada obligatoria ha perdido peso, los institutos privados de bachillerato han ampliado su participación y atienden a una proporción creciente de estudiantes.

En 2025, casi uno de cada cinco alumnos de bachillerato general estudiaba en una institución privada.

La enseñanza gratuita y el control estatal

El modelo chino combina una importante intervención pública con la participación de instituciones privadas sometidas a diferentes restricciones.

La enseñanza obligatoria está concebida legalmente como una responsabilidad del Estado. Las autoridades deben proporcionar recursos, garantizar plazas y establecer mecanismos de supervisión.

En los centros privados, esa supervisión también afecta a aspectos como la gestión económica, las condiciones laborales del profesorado, la admisión de estudiantes y los contenidos educativos.

La normativa de 2021 reforzó expresamente el papel de las organizaciones del Partido Comunista de China dentro de las instituciones privadas. Su participación en los órganos de decisión y supervisión forma parte del marco regulador.

Este elemento distingue el sistema chino de otros modelos educativos en los que la enseñanza privada dispone de una autonomía institucional más amplia.

La discusión sobre el beneficio económico es, por tanto, solo una parte de un planteamiento más extenso: la educación obligatoria permanece bajo una intensa supervisión estatal, incluso cuando el servicio lo presta una institución privada.

Un sistema que reserva la enseñanza básica al interés público

Casi una década después de su aprobación, la prohibición del ánimo de lucro en los colegios privados de enseñanza obligatoria continúa siendo una pieza importante de la política educativa china.

La regulación establece una frontera entre la iniciativa empresarial y la responsabilidad pública de garantizar la escolarización. Permite la participación privada, pero impide que los propietarios de estos centros obtengan beneficios repartibles de una actividad considerada esencial.

Los datos de 2025 muestran, además, que la presencia de colegios privados en primaria y secundaria obligatoria se ha reducido durante los últimos años. Ese descenso responde a un conjunto más amplio de políticas, entre ellas el refuerzo de la responsabilidad pública, los cambios en la admisión y las restricciones a determinados modelos de gestión privada.

La distinción fundamental sigue siendo la misma: China permite la enseñanza privada obligatoria, pero no que se organice como un negocio lucrativo. Una decisión adoptada en 2016 que continúa condicionando la estructura y el funcionamiento de su sistema educativo en 2026.