Cuba publica su primera ley de ciencia y abre paso al sector privado

Cuba ha publicado este lunes, 9 de noviembre de 2026, su primera Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, una reforma que abre nuevas posibilidades de colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas. La normativa establece un marco legal para desarrollar alianzas público-privadas, crear empresas de base tecnológica y ampliar las fuentes de financiación de la investigación científica.

La Ley 182/2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, entrará en vigor el 8 de enero de 2027, transcurridos 60 días desde su publicación. Su principal novedad es el reconocimiento formal de la participación de empresas privadas, cooperativas y trabajadores autónomos en el sistema nacional de ciencia e innovación, tradicionalmente dominado por las instituciones estatales.

El cambio llega en un momento especialmente delicado para la economía cubana, afectada por una profunda crisis económica y por las dificultades para financiar proyectos e incorporar nuevas tecnologías. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel busca que el conocimiento científico tenga una aplicación más directa en la producción, los servicios y el desarrollo económico del país.

La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de diciembre de 2025. Sustituye varias disposiciones anteriores, incluida una legislación sobre innovaciones y racionalizaciones que se remontaba a 1982, e incorpora nuevas reglas sobre financiación, propiedad intelectual, colaboración internacional y reconocimiento profesional de los investigadores.

Cuba regula las alianzas público-privadas en investigación

Uno de los cambios más significativos de la nueva legislación es la posibilidad de establecer alianzas entre entidades públicas y empresas privadas para impulsar actividades científicas y tecnológicas.

El objetivo es facilitar que los resultados de las investigaciones puedan convertirse en productos, servicios o soluciones comerciales. Hasta ahora, la organización del sistema científico cubano descansaba fundamentalmente en organismos públicos, universidades y centros de investigación estatales.

La ley incorpora expresamente a los actores económicos no estatales y contempla su participación en proyectos de investigación, transferencia de conocimientos y creación de empresas de base tecnológica.

Estas empresas se caracterizan por desarrollar productos o servicios sustentados en conocimientos científicos, innovación o tecnologías especializadas. Su actividad puede abarcar desde el desarrollo de nuevos procesos industriales hasta aplicaciones informáticas o soluciones tecnológicas para distintos sectores económicos.

El viceministro cubano Daimar Cánovas explicó durante una conferencia de prensa en La Habana que uno de los propósitos de la reforma es incrementar progresivamente la participación de instituciones estatales y actores privados en los proyectos científicos.

La apertura, sin embargo, no supone la privatización del sistema público de investigación ni elimina los mecanismos de supervisión estatal. El Gobierno conserva la dirección de la política científica y establece las condiciones bajo las cuales podrán desarrollarse estas colaboraciones.

Nuevas fuentes de financiación para proyectos científicos

La legislación también amplía las posibilidades de obtener recursos económicos para investigar e innovar.

Además de los presupuestos públicos, los proyectos podrán financiarse mediante inversión privada, créditos bancarios, capital de riesgo, cooperación internacional y fondos empresariales, de acuerdo con los mecanismos previstos en la normativa.

El capital de riesgo permite financiar iniciativas con potencial de crecimiento, aunque sus resultados comerciales todavía sean inciertos. Es una fórmula habitual en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero su utilización efectiva dependerá de las condiciones financieras y regulatorias existentes en Cuba.

La reforma contempla igualmente instrumentos como el capital semilla, los microcréditos y las ayudas no reembolsables. El Fondo Financiero de Ciencia e Innovación tendrá un papel relevante en el respaldo de proyectos y en la formación de especialistas.

Las entidades científicas podrán obtener ingresos mediante la prestación de servicios especializados, la comercialización de tecnologías y el cobro de derechos por sus resultados.

Por otra parte, las empresas estatales deberán destinar recursos a actividades de ciencia e innovación y justificar en sus balances los incumplimientos de esta obligación.

La nueva ley también busca recuperar científicos cubanos

Otro apartado relevante afecta a los investigadores que han emigrado y desarrollan su actividad profesional fuera de Cuba.

El artículo 75 promueve su participación en proyectos científicos, programas de formación, servicios tecnológicos y actividades de colaboración internacional. También recoge el propósito de favorecer el retorno del talento científico cubano.

La medida busca reforzar los vínculos entre los profesionales residentes en el extranjero y las instituciones del país. No obstante, el artículo no establece por sí mismo incentivos económicos concretos, facilidades migratorias específicas ni garantías laborales adicionales para quienes decidan regresar.

La legislación crea, asimismo, un Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos con cinco categorías profesionales. Su reconocimiento tendrá en cuenta aspectos como las publicaciones científicas, las patentes, la formación de especialistas y la aplicación práctica de los resultados obtenidos.

El sistema contempla la participación de profesionales del sector privado, estudiantes, técnicos, jubilados que continúen investigando y personas sin vinculación institucional formal.

Propiedad intelectual, inteligencia artificial y acceso al conocimiento

La modernización del sistema científico cubano también alcanza a la protección de la propiedad intelectual y a las condiciones en las que se desarrollan las investigaciones.

La normativa reconoce derechos relacionados con la elección de métodos científicos, la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos. También establece mecanismos para proteger los resultados susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual.

Las disposiciones complementarias regulan el depósito de publicaciones y datos científicos en repositorios abiertos, con excepciones relacionadas con la privacidad, la confidencialidad, la propiedad industrial y la seguridad nacional.

La inteligencia artificial aparece igualmente entre las materias sometidas a evaluación ética, junto con las investigaciones que involucran a seres humanos.

El texto mantiene, al mismo tiempo, obligaciones de discreción sobre proyectos considerados sensibles por sus implicaciones económicas, sociopolíticas o de seguridad nacional.

Se reconoce así una mayor diversidad de participantes y mecanismos de colaboración, pero dentro de un sistema cuya orientación general continúa determinada por las autoridades cubanas.

Cuándo entra en vigor la nueva Ley de Ciencia de Cuba

La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación fue publicada el 9 de noviembre de 2026 en la edición ordinaria número 94 de la Gaceta Oficial.

Su entrada en vigor está prevista 60 días después de la publicación, el 8 de enero de 2027. La normativa aparece acompañada de otras tres disposiciones: el Decreto-Ley 139/2026, relativo a la Academia de Ciencias de Cuba, y los decretos 154/2026 y 155/2026, que desarrollan aspectos reglamentarios y las normas sobre innovación y racionalización.

La publicación coincide con otra transformación de la Administración cubana. La Ley 186, que entra en vigor este mismo 9 de noviembre, reorganiza los organismos centrales del Estado y atribuye la coordinación del sistema científico al nuevo Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación.

Esta reorganización administrativa dispone de un periodo de transición de hasta un año para completar los cambios institucionales y el traspaso de recursos y competencias.

En paralelo, las nuevas disposiciones científicas deberán trasladarse a procedimientos concretos para la financiación de proyectos, el reconocimiento de investigadores y la colaboración entre entidades públicas y privadas.

Una apertura económica que mantiene el control estatal

La primera Ley General de Ciencia de Cuba representa un cambio en la forma de organizar y financiar la investigación, especialmente por el reconocimiento expreso de las empresas privadas como participantes del sistema.

La reforma se suma a otras decisiones económicas adoptadas durante 2026, entre ellas la regulación de sociedades mixtas y asociaciones entre empresas estatales y privadas. La colaboración público-privada deja así de limitarse a determinados ámbitos productivos y adquiere un marco específico dentro de la actividad científica.

Ahora bien, permitir nuevas fórmulas de inversión no equivale a garantizar que lleguen los inversores. La capacidad de atraer financiación, desarrollar empresas tecnológicas y retener investigadores dependerá también de las condiciones económicas, la seguridad jurídica y la aplicación efectiva de las nuevas reglas.

Cuba abre una puerta que durante décadas ha mantenido estrechamente controlada: la participación privada en el aprovechamiento económico del conocimiento científico. El alcance real de esa apertura dependerá de cuánto margen tengan las empresas y los investigadores para utilizarla.