Síguenos

España

Zarzalejo denunciará por «acoso» a profesores en huelga en Madrid

Zarzalejo anuncia acciones penales por presunto acoso durante la huelga docente de Madrid. Los sindicatos rechazan las acusaciones y exigen negociar.

Publicado

el

profesores en huelga

Foto: Carlos Delgado / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Resumen

  • Zarzalejo anuncia acciones penales por presunto acoso en la huelga docente
  • Un acto de FP dual se suspendió y la Consejería invoca 45 actas policiales
  • Los sindicatos rechazan las acusaciones y reclaman una negociación

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado este lunes, 16 de noviembre, que emprenderá acciones penales por presunto acoso durante las movilizaciones de los profesores que mantienen una huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre. La responsable del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende que se investiguen las posibles responsabilidades individuales de los participantes en determinados incidentes y, en su caso, las de los integrantes del comité de huelga como presuntos inductores.

El anuncio llega después de que la Consejería suspendiera una jornada sobre Formación Profesional dual en Madrid, tras la irrupción de docentes que reclamaban una negociación. Zarzalejo sostiene que las protestas están adquiriendo un carácter violento y ha pedido a la Delegación del Gobierno que tramite con rapidez 45 actas policiales de denuncia relacionadas con las movilizaciones. Los sindicatos rechazan las acusaciones, exigen pruebas y recuerdan que el derecho de huelga está protegido por la Constitución.

La escalada abre un nuevo capítulo en un conflicto que ya supera el mes y que enfrenta al Ejecutivo madrileño con organizaciones sindicales y plataformas educativas. Los profesores reclaman menos horas lectivas, mejoras salariales, reducción del número de alumnos por aula y más recursos para la enseñanza pública. La Consejería defiende su gestión y cuestiona las actuaciones de determinados grupos movilizados. Entre ambas posiciones, el diálogo sobre las reivindicaciones principales sigue sin traducirse en un acuerdo.

Canal oficial
El Folio en WhatsApp
Recibe las noticias más importantes, alertas y última hora.

Un acto de Formación Profesional suspendido por las protestas

La situación se precipitó durante la mañana del lunes. Zarzalejo tenía previsto inaugurar a las diez una jornada dedicada a los resultados y perspectivas de mejora de la Formación Profesional dual, organizada por El Periódico de España en el Espacio Bertelsmann de Madrid.

Cerca de un centenar de docentes se concentraron en las inmediaciones del recinto para exigir que la consejera recibiera al comité de huelga. Parte de los manifestantes accedió al salón de actos, mientras otros permanecieron fuera coreando consignas en defensa de la educación pública.

Según la versión ofrecida por la Consejería, algunos participantes forzaron las puertas del edificio y empujaron al personal de seguridad. El Gobierno regional sostiene que decidió cancelar la participación de Zarzalejo siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional, que no consideraba garantizadas las condiciones de seguridad.

La consejera mostró imágenes de los incidentes durante una comparecencia posterior ante los medios. Aseguró que las situaciones se repiten desde el comienzo de la huelga y que determinados grupos siguen su agenda institucional y la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para interrumpir sus actos públicos.

Zarzalejo calificó a esos participantes de «activistas violentos» y sostuvo que no representan a la mayoría del profesorado. Los sindicatos, por su parte, niegan que el movimiento pueda identificarse con actuaciones violentas y defienden el carácter reivindicativo de las movilizaciones.

Qué denuncia Zarzalejo y qué significan las 45 actas policiales

La Comunidad de Madrid prevé acudir al juzgado de instrucción de guardia de Plaza de Castilla para solicitar que se examinen los incidentes denunciados. La intención expresada por la consejera es que se determinen las eventuales responsabilidades de quienes hayan participado en conductas ilícitas y que también se investigue si miembros del comité de huelga pudieron inducirlas.

No se trata de una distinción menor. La Consejería no plantea únicamente investigar hechos concretos protagonizados por manifestantes, sino que pretende examinar una posible responsabilidad de quienes coordinan las movilizaciones.

Zarzalejo también ha reclamado a la Delegación del Gobierno que actúe con mayor contundencia frente a las concentraciones que considera no autorizadas. En su comparecencia hizo referencia a 45 actas de denuncia levantadas por las fuerzas de seguridad, cuya tramitación quiere acelerar.

Es importante precisar el alcance de esa cifra: 45 actas policiales no equivalen a 45 condenas ni acreditan por sí solas la comisión de delitos. Se trata de actuaciones documentadas por la Policía que pueden dar lugar a los procedimientos correspondientes, en función de los hechos y de su valoración jurídica.

Tampoco el anuncio de acciones penales implica automáticamente que exista una investigación judicial abierta contra todos los docentes participantes en la huelga. Corresponderá a los órganos competentes examinar los hechos y determinar si existen indicios suficientes para exigir responsabilidades.

La Consejería no había concretado públicamente el tipo penal que invocaría en su denuncia. La posible responsabilidad del comité de huelga, además, tendría que estar sustentada en elementos específicos que permitieran relacionar a sus integrantes con las conductas investigadas.

Los sindicatos rechazan el acoso y exigen que se negocie

La respuesta de los representantes docentes no se hizo esperar. Mientras Zarzalejo comparecía ante los medios, centenares de profesores volvieron a concentrarse frente a la sede de Educación, en la calle Alcalá, para reclamar una salida negociada al conflicto.

Aida San Millán, secretaria de la Federación de Educación de CCOO de Madrid, reconoció que la consejera tiene derecho a acudir a los tribunales, pero advirtió de que deberá demostrar las acusaciones formuladas contra los profesores. También cuestionó que la Administración mantenga su negativa a negociar directamente con quienes protagonizan la huelga.

José Luis Carretero, representante de Solidaridad Obrera, consideró que las acciones legales anunciadas carecen de fundamento. A su juicio, constituyen un nuevo paso hacia la judicialización del conflicto en lugar de facilitar una negociación.

Desde CNT, José Ángel Quintana fue más lejos y reclamó la dimisión de Zarzalejo o que otros responsables de la Consejería asuman las conversaciones con los representantes de los trabajadores.

La discrepancia también afecta a quién debe sentarse a negociar. La consejera sostiene que la Administración mantiene contactos con los representantes legítimos del profesorado a través de los órganos establecidos, pero rechaza negociar con quienes, según su versión, utilizan la fuerza para presionar.

El comité recuerda que entre sus integrantes figuran organizaciones como CCOO y UGT, que también tienen representación en la Mesa Sectorial de Educación. Por ello, cuestiona que la Consejería pretenda diferenciar entre interlocutores legítimos y miembros del comité cuando algunas organizaciones participan en ambos espacios.

El choque refleja dos interpretaciones distintas de un mismo conflicto. El Gobierno regional considera que ciertas actuaciones han desbordado los límites de la protesta. Los sindicatos insisten en que las movilizaciones responden a la ausencia de una negociación efectiva sobre sus reivindicaciones laborales.

Más de un mes de huelga: las reivindicaciones del profesorado

La huelga indefinida de docentes de la enseñanza pública no universitaria de Madrid comenzó el 14 de octubre de 2026. Este lunes entra en su sexta semana, con movilizaciones sostenidas y sin un acuerdo sobre las principales demandas.

Una de las reivindicaciones es la reducción del horario lectivo semanal. Los convocantes reclaman pasar de 19 a 17 periodos en Secundaria y Formación Profesional y de 25 a 22 en Infantil y Primaria. Su objetivo es disponer de más tiempo para preparar clases, corregir trabajos, coordinarse con otros profesionales y atender individualmente al alumnado.

También exigen una reducción de las ratios de estudiantes por aula, el refuerzo de los equipos de orientación, más personal para atender necesidades educativas especiales y medidas contra la segregación escolar.

En el apartado económico, los sindicatos reclaman un incremento salarial de 600 euros mensuales, además de otras mejoras retributivas y laborales. La relación de demandas incluye asimismo una menor carga burocrática, personal administrativo en los centros y mejoras de las instalaciones, especialmente en climatización y retirada de amianto.

El conflicto tiene un coste para quienes participan. Según los cálculos difundidos por representantes docentes, cada jornada completa de huelga puede representar una pérdida salarial aproximada de 140 euros para determinados profesores, aunque la cantidad depende de las retribuciones individuales.

Las organizaciones convocantes mantuvieron el carácter indefinido de los paros tras una reunión celebrada con la Consejería el pasado 13 de noviembre. Aquel encuentro se centró en los servicios mínimos y no resolvió el conjunto de las reivindicaciones.

Los servicios mínimos abren otro frente judicial

El enfrentamiento entre el Gobierno regional y los sindicatos no se limita a los incidentes de las manifestaciones.

La Comunidad de Madrid anunció el 11 de noviembre una ampliación de los servicios mínimos destinada a garantizar la actividad educativa durante la prolongación de la huelga.

Entre las medidas previstas figura una dotación de un docente por cada 70 alumnos en Bachillerato y determinados estudios de Formación Profesional. Para segundo de Bachillerato, la Comunidad contempla que los profesores de asignaturas evaluables en la Prueba de Acceso a la Universidad cubran inicialmente al menos el 50 % de sus horas lectivas semanales, con un incremento progresivo hasta el 90 % conforme se acerquen los exámenes.

El Ejecutivo autonómico defiende estas decisiones como una forma de proteger el derecho a la educación y reducir los efectos de la huelga sobre el alumnado.

Los sindicatos consideran, sin embargo, que la ampliación puede restringir de forma desproporcionada el derecho fundamental de huelga. También cuestionan las instrucciones anunciadas por Educación para reforzar la neutralidad política en los centros, especialmente las restricciones sobre carteles y otros mensajes relacionados con las movilizaciones.

CCOO, UGT, CGT y CNT ya habían promovido actuaciones judiciales contra comunicaciones enviadas por la Consejería al profesorado, al entender que vulneran la libertad sindical y el derecho de huelga.

La controversia tiene una dimensión constitucional. El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga para defender sus intereses y establece garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad. Su ejercicio no ampara cualquier conducta, pero tampoco puede quedar anulado por la imposición de servicios mínimos.

Determinar dónde se sitúan esos límites exige examinar las circunstancias concretas de cada actuación. Ni participar en una huelga constituye una infracción ni invocar ese derecho excluye automáticamente responsabilidades por hechos ilícitos.

Madrid mantiene abierto un conflicto educativo sin acuerdo

La decisión de Zarzalejo de recurrir a la vía penal llega en un momento particularmente delicado para la educación pública madrileña. Los profesores de las enseñanzas no universitarias acumulan más de un mes de huelga; las educadoras infantiles mantienen movilizaciones indefinidas desde abril y las universidades públicas también han protagonizado protestas por sus condiciones de financiación.

Las organizaciones educativas han planteado una nueva convocatoria de reunión para el miércoles 18 de noviembre, dirigida a la consejera madrileña y a las responsables estatales de Educación y Universidades. Su intención es implicar a las distintas administraciones en la búsqueda de soluciones.

Por ahora, la huelga indefinida continúa. El Gobierno madrileño considera necesario actuar contra los comportamientos que denuncia y proteger la continuidad de las actividades educativas. Los sindicatos insisten en que la respuesta debe pasar por negociar las condiciones laborales y los recursos de los centros.

La posible intervención de los tribunales podrá esclarecer las responsabilidades derivadas de los incidentes, si las hubiera. Pero hay una cuestión que los procedimientos penales no resolverán por sí solos: el desacuerdo sobre horarios, salarios, ratios y financiación educativa que llevó a los profesores madrileños a iniciar la huelga.

Ese sigue siendo el problema de fondo. Y, después de más de un mes de movilizaciones, continúa pendiente de una solución negociada.

Newsletter

Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

Lo más leído