España
Pedraz investiga si las comisiones de la trama SEPI llegaron al PSOE
La trama SEPI suma cinco operaciones sospechosas por 132,9 millones y 750.614 euros en presuntas comisiones. Pedraz indaga su posible destino al PSOE.
Resumen
- Pedraz indaga si las comisiones de la trama SEPI pudieron financiar al PSOE
- La UCO examina cinco operaciones por 132,9 millones y presuntas comisiones
- El juez no ha imputado al PSOE y prorrogó la causa hasta junio de 2027
La investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) incorpora una sospecha de especial trascendencia política: si parte de las comisiones obtenidas mediante operaciones con empresas públicas pudo destinarse a financiar ilegalmente al PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirige las pesquisas sobre esta red, en la que aparecen antiguos responsables públicos, empresarios y personas vinculadas al Partido Socialista.
Las informaciones conocidas el 16 de noviembre apuntan a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción examinan ese posible destino del dinero. Se trata, por el momento, de una hipótesis de investigación, no de un delito acreditado. No consta una resolución judicial que confirme que el PSOE recibió fondos ilegales procedentes de la trama.
El asunto adquiere especial relevancia por la dimensión económica de las operaciones investigadas. Los investigadores han identificado cinco operaciones valoradas en 132,9 millones de euros y presuntas comisiones que ascienden a 750.614 euros. Son cantidades distintas: la primera corresponde al volumen de las operaciones públicas bajo sospecha; la segunda, al dinero que el entramado habría obtenido mediante intermediaciones irregulares.
La causa también presenta una vertiente política delicada. Entre los investigados figuran la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La investigación continúa abierta y Pedraz ha ampliado su duración hasta junio de 2027. Queda bastante por aclarar, empezando por el recorrido del dinero y terminando por una cuestión esencial: si las actuaciones de los investigados beneficiaron económicamente a personas concretas o también a una organización política.
La trama SEPI: cinco operaciones y más de 750.000 euros en comisiones
El origen de las pesquisas se sitúa en diciembre de 2025, cuando la Guardia Civil detuvo a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por su presunta participación en una organización dedicada a obtener beneficios económicos mediante la influencia sobre decisiones de empresas públicas.
Los investigadores consideran que los tres habrían actuado coordinadamente entre 2021 y 2023, aprovechando sus relaciones institucionales para intervenir en adjudicaciones, contratos y ayudas empresariales.
El grupo, identificado en las diligencias con el nombre de Hirurok, habría utilizado sociedades mercantiles para canalizar contraprestaciones económicas derivadas de esas operaciones.
Entre las empresas examinadas aparecen Servinabar y Mediaciones Martínez, relacionadas con algunos de los investigados. La primera también figura en otras pesquisas judiciales por sus vínculos empresariales con Antxon Alonso y Santos Cerdán.
Los contratos públicos bajo sospecha
Las operaciones investigadas afectan a distintas empresas y organismos relacionados con la SEPI, entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda que gestiona participaciones estatales en numerosas compañías.
Uno de los expedientes más relevantes corresponde al rescate de Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros de financiación pública. Los investigadores examinan si determinadas personas utilizaron su capacidad de influencia para intervenir en esa operación y obtener contraprestaciones.
También se investigan actuaciones relacionadas con Mercasa, la empresa pública Enusa y el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA).
En este último caso, las diligencias incluyen un contrato para el desmantelamiento de instalaciones industriales en Avilés, adjudicado por aproximadamente 2,8 millones de euros. Los investigadores sospechan que el entramado pudo intervenir en la operación a cambio de pagos.
La suma de las cinco operaciones alcanza aproximadamente 132,9 millones de euros, mientras que las presuntas comisiones ascienden a 750.614 euros.
Conviene distinguir ambas cifras. Que una adjudicación o una ayuda pública aparezca bajo investigación no significa que todo su importe haya sido sustraído, desviado o utilizado ilícitamente. Tampoco implica que las comisiones presuntamente cobradas terminaran necesariamente en las cuentas de un partido.
Precisamente, averiguar su posible destino es una de las cuestiones que sigue abierta.
El posible destino del dinero y las conexiones con el PSOE
La nueva sospecha sobre una eventual financiación ilegal introduce una dimensión adicional en la investigación.
Hasta ahora, una parte sustancial de las diligencias se ha concentrado en reconstruir cómo los investigados habrían obtenido contratos o decisiones administrativas favorables a determinadas empresas y qué compensaciones económicas recibieron a cambio.
La hipótesis conocida el 16 de noviembre plantea si una parte de esos beneficios pudo acabar financiando al PSOE. Para acreditarlo sería necesario identificar transferencias, entregas de efectivo u otras operaciones que permitieran relacionar las presuntas comisiones con las cuentas o los gastos del partido.
No basta con demostrar que un antiguo dirigente socialista mantenía relaciones con empresarios investigados. La eventual existencia de una estructura de corrupción y la posible financiación ilegal de una formación política son hechos diferentes, que requieren pruebas específicas.
La investigación también ha alcanzado a responsables de distintas entidades públicas.
En junio de 2026, Pedraz acordó investigar a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a una veintena de personas adicionales por posibles irregularidades relacionadas con operaciones empresariales. La condición de investigado permite examinar judicialmente una posible participación en los hechos y garantizar el derecho de defensa; no equivale a una declaración de culpabilidad.
En paralelo, otros procedimientos judiciales examinan decisiones relativas a rescates empresariales, entre ellos los de aerolíneas como Air Europa y Plus Ultra.
La coincidencia de la SEPI como organismo público relacionado con diferentes expedientes no permite concluir que todas esas operaciones formen parte de un mismo mecanismo de financiación irregular.
Pedraz rechazó imputar al PSOE por falta de indicios suficientes
La situación procesal del Partido Socialista constituye uno de los elementos más importantes para entender el verdadero alcance de las investigaciones.
El pasado 9 de octubre de 2026, Santiago Pedraz rechazó atribuir al PSOE la condición de investigado en el denominado caso Leire Díez, después de que la acusación popular encabezada por el Partido Popular solicitara su imputación.
La petición incluía sospechas sobre posibles delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
Sin embargo, el magistrado consideró que las diligencias practicadas hasta ese momento no aportaban una base probatoria suficiente para investigar penalmente al partido como persona jurídica.
La Fiscalía Anticorrupción también defendió que resultaba prematuro dar ese paso.
Los pagos a Leire Díez y el papel de Santos Cerdán
Una parte de la causa examina si el entorno de Santos Cerdán habría utilizado recursos económicos y materiales vinculados al PSOE para financiar actividades destinadas a obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al partido o al Gobierno.
La Guardia Civil acudió en mayo a la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid, para requerir documentación relacionada con posibles pagos y contrataciones.
Posteriormente, el juez solicitó información sobre abogados, despachos y consultoras contratados por el PSOE entre 2021 y 2025.
El objetivo es determinar quién autorizó determinados gastos, cómo fueron contabilizados, qué servicios se prestaron realmente y si los responsables del partido conocían la finalidad de las actuaciones investigadas.
Aquí existe una diferencia fundamental respecto a la sospecha conocida en noviembre.
Una cosa es investigar si el PSOE pudo pagar actividades presuntamente ilícitas realizadas por personas de su entorno. Otra, comprobar si recibió fondos ilegales procedentes de comisiones obtenidas mediante operaciones con empresas públicas.
Ambas hipótesis pueden afectar políticamente a la misma formación, pero no describen necesariamente los mismos hechos ni implican idénticas responsabilidades penales.
Por el momento, la decisión de octubre de no imputar al PSOE sigue siendo una referencia judicial esencial para valorar las acusaciones conocidas.
El caso Koldo mantiene otra investigación sobre la financiación socialista
La investigación dirigida por Pedraz tampoco debe confundirse con otra pieza judicial relacionada con las cuentas del PSOE.
El magistrado Ismael Moreno, también de la Audiencia Nacional, investiga por separado los pagos en efectivo realizados por el partido en el contexto del caso Koldo.
Esa línea surgió después de que se detectaran posibles discrepancias en las justificaciones y devoluciones de gastos vinculadas al exasesor ministerial Koldo García.
El 12 de noviembre, la UCO volvió a solicitar documentación al Tribunal de Cuentas para ampliar la información sobre la financiación declarada por el Partido Socialista y contrastarla con los registros obtenidos durante la investigación.
El empresario Víctor de Aldama también ha reiterado sus acusaciones sobre una supuesta financiación irregular del PSOE mediante comisiones. En declaraciones difundidas el 16 de noviembre, sostuvo que parte de ese dinero había acabado en el partido.
Víctor Manuel Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, rechazó públicamente esas afirmaciones y cuestionó la credibilidad del empresario.
Las declaraciones enfrentadas no sustituyen las pruebas documentales. La existencia de varias investigaciones relacionadas con antiguos responsables socialistas tampoco permite reunir automáticamente todos los hechos bajo una única acusación de financiación ilegal.
La investigación seguirá abierta hasta junio de 2027
El 3 de noviembre, Santiago Pedraz acordó prorrogar durante seis meses la instrucción del caso Leire Díez, desde el 10 de diciembre de 2026 hasta el 10 de junio de 2027.
El magistrado justificó la decisión por la complejidad de las pesquisas, la documentación pendiente de analizar y las numerosas declaraciones que todavía deben practicarse.
Entre las actuaciones relevantes figuran las comparecencias de varios de los principales investigados y el examen de materiales intervenidos durante los registros policiales.
La ampliación también permite incorporar nuevas diligencias si el análisis de las pruebas revela operaciones o responsabilidades que todavía no se han identificado.
El alcance político de esta causa es evidente. Las investigaciones afectan a personas que han ocupado posiciones relevantes en organismos públicos y en el entorno del PSOE, mientras se examinan adjudicaciones millonarias y posibles pagos irregulares.
Pero la existencia de sospechas no acredita por sí sola una financiación ilegal del partido. Para llegar a esa conclusión habría que demostrar que el dinero procedente de las operaciones investigadas llegó efectivamente a la organización y que concurren los elementos exigidos para atribuirle responsabilidad penal.
La justicia tiene por delante dos tareas decisivas: reconstruir el recorrido de las presuntas comisiones y establecer quién tomó las decisiones que permitieron obtenerlas.
De momento, la investigación de la trama SEPI continúa ampliándose, con múltiples responsabilidades individuales bajo examen y una posible conexión con las finanzas socialistas que sigue pendiente de acreditación.
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