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La Agencia de Seguridad Ferroviaria podrá acceder a trenes de terceros

Un decreto amplía el acceso de la Agencia de Seguridad Ferroviaria a trenes e instalaciones y regula los tiempos de conducción de los maquinistas.

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La sede oficial de AESF

Resumen

  • La Agencia Ferroviaria podrá inspeccionar trenes de otras empresas
  • Las nuevas facultades de inspección se aplicarán el 11 de mayo de 2027
  • El decreto también regula la conducción y protege los avisos de riesgos

El Gobierno ha reforzado las competencias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para que pueda inspeccionar trenes, instalaciones y equipos sin depender de la colaboración voluntaria de las empresas del sector. La reforma permitirá acceder incluso a medios pertenecientes a compañías distintas de la que esté siendo supervisada, una limitación que hasta ahora dificultaba determinadas actuaciones de control.

La medida forma parte del Real Decreto-ley 34/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de noviembre y sometido este miércoles, 18 de noviembre, al debate de la Diputación Permanente del Congreso. La norma también modifica el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, refuerza la protección de quienes denuncien riesgos y amplía determinados derechos de jubilación anticipada.

Hay, sin embargo, una fecha importante: las nuevas facultades de inspección comenzarán a aplicarse el 11 de mayo de 2027, según el calendario establecido en el Boletín Oficial del Estado. El resto de las medidas, salvo las excepciones previstas, entró en vigor el pasado 11 de noviembre.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que también ha asumido las competencias de Transportes, ha defendido el decreto ante la Cámara después de los graves accidentes ferroviarios registrados este año y de las movilizaciones sindicales que han reclamado mayores garantías de seguridad.

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La Agencia Ferroviaria podrá inspeccionar sin depender de las empresas

La modificación afecta al artículo 146 del Real Decreto 929/2020, que regula la seguridad operacional y la interoperabilidad ferroviarias. Su objetivo es eliminar las dificultades de acceso que pueden aparecer cuando una inspección necesita utilizar instalaciones o equipos de diferentes operadores.

Hasta ahora, determinadas actuaciones de supervisión dependían de la disposición de las entidades ferroviarias para facilitar los medios necesarios. Con la nueva redacción, las personas físicas y jurídicas sometidas a supervisión estarán obligadas a permitir el acceso de los inspectores a sus instalaciones y equipos.

La obligación también se extenderá a otras entidades del sector cuando sus medios resulten necesarios para investigar o supervisar la actividad de una empresa diferente.

Carlos Cuerpo ha resumido el problema durante su intervención parlamentaria con una afirmación: «La seguridad no puede depender del voluntarismo».

La reforma pretende que las facultades de control de la Agencia tengan un respaldo jurídico más claro, sin que la colaboración entre operadores sea un requisito del que dependa la inspección.

También se podrá acceder a trenes e instalaciones de terceros

El cambio resulta especialmente relevante en un sistema ferroviario donde intervienen administradores de infraestructuras, operadores de viajeros, empresas de mercancías y compañías encargadas de actividades complementarias.

Una actuación de supervisión puede requerir examinar un tren, consultar determinados equipos o acceder a instalaciones utilizadas por más de una entidad. La nueva regulación establece expresamente que la propiedad de esos medios no podrá impedir el acceso necesario para una inspección.

Eso no significa que la Agencia pueda intervenir indiscriminadamente en cualquier instalación. Las actuaciones deberán realizarse dentro de sus competencias y estar vinculadas a las funciones de supervisión que tiene legalmente atribuidas.

Las nuevas inspecciones comenzarán en mayo de 2027

Aunque el decreto está publicado desde el 11 de noviembre, las modificaciones del artículo primero, entre ellas las relativas a la inspección y al tiempo de conducción, tienen una entrada en vigor aplazada seis meses.

La fecha fijada es el 11 de mayo de 2027. El Gobierno justifica este periodo transitorio por la necesidad de que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras adapten la organización del trabajo y los gráficos de conducción.

La distinción importa: la AESF ya dispone de competencias de supervisión, pero la obligación reforzada de facilitar el acceso a instalaciones, trenes y equipos todavía no resulta exigible por esta nueva disposición.

El decreto deberá superar, además, el correspondiente control parlamentario. La Diputación Permanente, que ejerce determinadas funciones del Congreso después de la disolución de las Cortes por las elecciones generales del 29 de noviembre, es la encargada de decidir sobre su convalidación o derogación.

Los tiempos de conducción de los maquinistas estarán más controlados

La reforma también aborda una cuestión directamente relacionada con la fatiga de los profesionales: qué actividades deben computarse como tiempo de conducción.

El límite de seis horas de conducción continuada ya existía, pero el Gobierno considera necesario precisar cómo se contabilizan las interrupciones y determinadas tareas realizadas entre servicios.

La nueva regulación incluye las maniobras que impliquen mover un vehículo ferroviario y los periodos durante los cuales el maquinista siga siendo responsable del tren, aunque no lo esté conduciendo físicamente.

También establece que las pausas inferiores a 45 minutos entre dos periodos de conducción se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el trabajador haya quedado temporalmente relevado de la responsabilidad del vehículo o desempeñe otras tareas.

Estas interrupciones no reiniciarán el contador de conducción continuada. La norma contempla asimismo determinados periodos de espera de mayor duración durante pruebas, ensayos o verificaciones cuando el profesional deba permanecer disponible para intervenir de inmediato.

En los supuestos excepcionales de conducción por parejas, el tiempo se computará simultáneamente para ambos maquinistas. También se tendrán en cuenta determinadas actividades desarrolladas fuera de la Red Ferroviaria de Interés General.

El propósito es evitar interpretaciones diferentes de los periodos de trabajo que puedan comprometer el cumplimiento de los límites de conducción establecidos.

Los ferroviarios podrán comunicar riesgos con mayor protección

Otra de las novedades es la incorporación de los principios de cultura justa a la Ley del Sector Ferroviario, un modelo de gestión de la seguridad que busca facilitar la comunicación de errores, incidencias y riesgos sin generar un temor injustificado a las represalias.

Los profesionales con responsabilidades relacionadas con la seguridad operacional podrán informar de situaciones peligrosas mediante los canales habilitados por sus empresas o a través de los sistemas públicos de notificación que puedan establecerse.

La normativa exige preservar la confidencialidad de los informantes y prohíbe los perjuicios laborales derivados de comunicar riesgos o adoptar medidas proporcionadas para proteger la seguridad.

También reconoce expresamente la posibilidad de detener un tren o no iniciar su marcha cuando exista un riesgo grave e inminente para los viajeros, los trabajadores o terceros.

Estas decisiones deberán ajustarse a las reglas de circulación y comunicarse a los responsables correspondientes, aunque la urgencia puede justificar que se actúe antes de efectuar esa comunicación.

La protección, no obstante, tiene límites. No cubre las actuaciones dolosas ni los supuestos de negligencia grave definidos por la ley. La eventual exención de una sanción por haber comunicado previamente una irregularidad tampoco será automática: dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y de una decisión motivada del órgano competente.

La reforma amplía derechos de jubilación en el sector ferroviario

El decreto incorpora igualmente modificaciones relacionadas con los coeficientes reductores de la edad de jubilación, que permiten anticipar el retiro de determinados profesionales por las características de su actividad.

La nueva disposición extiende el régimen correspondiente a trabajadores de empresas ferroviarias que operen en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, siempre que desempeñen alguna de las categorías profesionales previstas en la normativa.

El objetivo es evitar diferencias de tratamiento entre trabajadores que realizan las mismas funciones por el hecho de pertenecer a compañías distintas.

No supone, por tanto, una jubilación anticipada generalizada para toda la plantilla ferroviaria. El reconocimiento continuará condicionado a la categoría profesional y a los requisitos aplicables.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones deberá iniciar, además, un procedimiento para estudiar la incorporación de otras profesiones expuestas a condiciones especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres.

Estas decisiones llegan en un contexto de fuerte presión sindical tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ocurrido el 28 de octubre y que dejó 69 fallecidos. Las organizaciones de trabajadores han reclamado mejoras en la supervisión, los protocolos de circulación y las condiciones de seguridad.

Durante el debate parlamentario, el PP ha considerado insuficiente el contenido del decreto frente a los problemas del ferrocarril, mientras que el PNV ha defendido su apoyo a la norma, aunque también ha reprochado al Gobierno la demora en adoptar medidas.

El desafío de convertir las nuevas competencias en inspecciones efectivas

El refuerzo de las atribuciones de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria modifica las obligaciones de las empresas ante una actuación supervisora. Sin embargo, disponer de mayores facultades legales no equivale por sí solo a disponer de más inspectores, recursos o capacidad operativa.

El propio decreto contempla que la Agencia ejerza estas funciones con los medios de que ya dispone. La efectividad de la reforma dependerá, por tanto, de la aplicación de las nuevas obligaciones, de la planificación de las inspecciones y de la capacidad para detectar y corregir los incumplimientos.

Para los viajeros, las modificaciones no suponen cambios directos en la compra de billetes ni en las condiciones ordinarias de utilización de los trenes. Su repercusión se sitúa en el control de la seguridad del sistema, la prevención de riesgos y las garantías profesionales de quienes participan en la circulación ferroviaria.

La reforma establece un marco más exigente para las empresas. A partir de mayo de 2027, cuando entren en vigor las nuevas obligaciones de acceso, podrá comprobarse hasta qué punto ese cambio normativo mejora realmente la supervisión ferroviaria.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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