Los maquinistas podrán parar trenes por riesgos graves sin represalias

El Gobierno ha aprobado este martes, 10 de noviembre, un real decreto ley que refuerza la seguridad ferroviaria en España y reconoce expresamente el derecho de los maquinistas a detener un tren o negarse a iniciar la marcha cuando exista un riesgo grave e inminente. Los trabajadores que adopten estas decisiones de manera justificada estarán protegidos frente a posibles represalias laborales.

La reforma, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, también modifica el cálculo de los tiempos de conducción, amplía determinados derechos de jubilación anticipada y concede mayores facultades de inspección a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Entre las novedades destaca que las pausas inferiores a 45 minutos entre dos servicios pasarán a contabilizarse íntegramente como tiempo de conducción.

El paquete llega en un momento especialmente delicado para el ferrocarril español, marcado por los recientes accidentes ferroviarios y las movilizaciones de los trabajadores. Los sindicatos llevan meses reclamando cambios en los procedimientos de seguridad, las condiciones laborales y los mecanismos para comunicar situaciones peligrosas.

El Ejecutivo pretende responder a parte de esas reivindicaciones mediante una reforma que afecta tanto a los operadores públicos como a las empresas privadas. Su alcance va más allá de las condiciones de los maquinistas: también modifica la supervisión del sistema ferroviario y la protección de quienes detectan posibles fallos.

Los maquinistas podrán detener un tren sin sufrir represalias

Una de las principales novedades es el reconocimiento expreso del derecho de los profesionales ferroviarios a adoptar medidas proporcionadas cuando detecten un peligro grave e inminente para la seguridad.

Esto incluye interrumpir la circulación de un convoy o decidir que no salga de una estación si existen circunstancias que puedan comprometer la integridad de los pasajeros, los trabajadores o la propia operación ferroviaria.

La protección no supone una autorización para suspender servicios por cualquier incidencia. Las decisiones deberán estar justificadas por la gravedad del riesgo y comunicarse inmediatamente a los responsables correspondientes.

La norma establece garantías frente a las represalias laborales, aunque excluye las actuaciones realizadas con mala fe, dolo o negligencia grave.

También introduce en la legislación ferroviaria el principio de cultura justa, un modelo de gestión de la seguridad que busca facilitar la comunicación de errores e incidentes sin que el trabajador tema automáticamente una sanción.

Los profesionales podrán informar de riesgos operativos mediante canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

La protección frente a sanciones estará condicionada al cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la colaboración con las investigaciones y el cese de las conductas irregulares cuando corresponda.

La intención es que los problemas puedan identificarse antes de provocar consecuencias más graves. Un sistema de seguridad eficaz necesita conocer sus fallos, incluidos aquellos que todavía no han desembocado en un accidente.

Las pausas inferiores a 45 minutos contarán como conducción

El decreto introduce cambios importantes en la manera de calcular los tiempos de conducción de los maquinistas.

Hasta ahora, determinadas interrupciones entre servicios podían quedar fuera de ese cómputo, aunque el profesional continuara vinculado a la actividad ferroviaria.

Con la nueva regulación, cualquier intervalo inferior a 45 minutos entre el final de un periodo de conducción y su reanudación por el mismo maquinista se contabilizará íntegramente.

La medida se aplicará incluso cuando el trabajador haya sido relevado temporalmente de la responsabilidad del vehículo, no tenga que vigilar la circulación o sea destinado a otras tareas durante ese intervalo.

Por ejemplo, si un maquinista termina un trayecto y debe esperar 30 minutos antes de conducir otro tren, ese periodo se incorporará al tiempo de conducción computable. No quedará excluido simplemente porque el convoy estuviera detenido o el profesional no estuviera manejando sus controles.

El objetivo es evitar que la sucesión de servicios separados por pausas breves permita prolongar excesivamente la actividad de conducción.

Esta modificación tiene consecuencias para la organización de los turnos y la prevención de la fatiga de los maquinistas, un factor especialmente relevante en actividades que requieren atención continuada.

También se computarán las maniobras y determinadas pruebas

La reforma precisa otras actividades que deberán considerarse tiempo de conducción.

Se incluyen las maniobras ferroviarias que impliquen desplazar un vehículo, aunque no formen parte de un trayecto comercial con pasajeros.

También se contabilizarán las interrupciones durante las cuales el profesional siga siendo responsable del tren y de su seguridad operativa.

En determinados trabajos técnicos, como ensayos, verificaciones o pruebas ferroviarias, podrán computarse igualmente periodos de interrupción de 45 minutos o más.

La regulación contempla además situaciones específicas, como la circulación en determinadas redes ferroviarias distintas de la Red Ferroviaria de Interés General y los servicios realizados excepcionalmente por dos maquinistas que comparten responsabilidades de conducción.

En estos últimos casos, el tiempo podrá contabilizarse simultáneamente para ambos profesionales.

La jubilación anticipada se amplía a otros ferroviarios

El Gobierno también ha aprobado cambios relacionados con los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Estos mecanismos permiten adelantar la edad de retiro de determinados trabajadores cuando desempeñan actividades consideradas especialmente peligrosas o penosas.

La nueva regulación busca equiparar el tratamiento de los profesionales ferroviarios que realizan las mismas funciones, independientemente de que trabajen para una empresa pública o privada.

De esta manera, quienes desarrollen actividades equivalentes podrán acceder a los coeficientes reductores que les correspondan conforme a la normativa aplicable.

La medida adquiere especial importancia en un sector en el que conviven operadores públicos y compañías privadas que prestan servicios sobre una misma red ferroviaria.

El decreto también contempla iniciar un procedimiento de revisión, con participación de las organizaciones sindicales, para estudiar la posible incorporación de nuevas categorías profesionales.

Se analizarán actividades que puedan implicar condiciones de penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad.

Esto no significa que todos los trabajadores ferroviarios vayan a jubilarse anticipadamente de forma automática. La extensión a otras categorías dependerá de las evaluaciones y de los requisitos establecidos para cada colectivo.

Más poderes para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria

Otra modificación afecta directamente a las competencias de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

La reforma refuerza sus facultades para acceder a instalaciones, equipos y material rodante cuando resulte necesario para ejercer sus funciones de inspección.

Las personas y entidades sometidas a supervisión estarán obligadas a facilitar ese acceso. La obligación también alcanzará a otras entidades ferroviarias cuando sus instalaciones o equipos sean necesarios para las comprobaciones.

Con ello se pretende mejorar la capacidad de inspección y control del organismo encargado de supervisar la seguridad operacional del ferrocarril.

La reforma resulta especialmente relevante en una red en la que intervienen diferentes empresas de transporte, administradores de infraestructuras y responsables de mantenimiento.

La existencia de varios operadores no debe convertirse en un obstáculo para comprobar las condiciones de seguridad de los elementos que intervienen en la circulación.

Un nuevo Defensor para las víctimas de accidentes de transporte

Junto al decreto ferroviario, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo.

Esta figura tendrá rango de subsecretario y estará destinada a mejorar la atención y el acompañamiento de las personas afectadas por accidentes de transporte y de sus familiares.

Su actividad abarcará la coordinación de la asistencia psicológica, social y jurídica, así como la protección de los derechos de las víctimas.

La creación de este organismo responde también a los compromisos adquiridos tras los accidentes ferroviarios ocurridos durante 2026, entre ellos el de Adamuz, en Córdoba.

Se prevé que, durante sus primeros tres meses de funcionamiento, impulse junto con las asociaciones de afectados una propuesta para mejorar el marco de atención a las víctimas.

El objetivo es disponer de mecanismos estables de coordinación y asistencia, sin depender exclusivamente de las respuestas extraordinarias que se ponen en marcha después de cada siniestro.

Cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas ferroviarias

El real decreto ley entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque establece una excepción importante.

Las modificaciones relativas al cálculo de los tiempos de conducción comenzarán a aplicarse seis meses después de su entrada en vigor.

Este margen permitirá a las empresas ferroviarias adaptar sus turnos y sistemas de planificación a las nuevas exigencias.

Las restantes disposiciones seguirán el calendario de entrada en vigor establecido por la norma.

El Gobierno pretende reforzar así las garantías de los profesionales y mejorar la prevención de riesgos en el transporte ferroviario, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la red.

La aprobación del decreto supone un cambio normativo relevante, pero su eficacia dependerá de cómo se apliquen las nuevas obligaciones, de la capacidad de supervisión de las autoridades y de la respuesta de las empresas.

La seguridad ferroviaria no depende únicamente de disponer de buenas normas. También exige que los riesgos se comuniquen, que las advertencias se atiendan y que los procedimientos funcionen cuando realmente hacen falta.