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Naturaleza

La COP31 se atasca por los fósiles y apunta a una prórroga al sábado

La COP31 en Antalya afronta su recta final sin acuerdo sobre combustibles fósiles ni financiación climática y podría prolongarse hasta el sábado.

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Evento COP31 banderas

Imagen: UNFCCC

Resumen

  • La COP31 sigue sin acuerdo sobre combustibles fósiles y financiación
  • El nuevo borrador decidirá el alcance de los compromisos climáticos
  • Las negociaciones podrían prolongarse hasta el sábado 21 de noviembre

La COP31 de Antalya, en Turquía, afronta este jueves 19 de noviembre su penúltima jornada oficial sin un acuerdo sobre las cuestiones fundamentales de la política climática internacional. Las delegaciones esperan recibir una nueva versión del documento final de la cumbre, pero las diferencias sobre el abandono de los combustibles fósiles, la electrificación de la economía y la financiación de los países más vulnerables siguen siendo profundas. La conferencia debería terminar el viernes 20, aunque una prórroga hasta el sábado 21 de noviembre resulta cada vez más probable.

El nuevo borrador, conocido como Cover Decision, deberá intentar conciliar tres grandes exigencias: acelerar la reducción del consumo de petróleo, gas y carbón; establecer objetivos concretos para sustituirlos por electricidad de bajas emisiones; y garantizar recursos económicos a los países que sufren las consecuencias del calentamiento global. Todavía no existe consenso sobre ninguno de estos compromisos en los términos propuestos.

Las negociaciones se prolongaron durante la noche del miércoles después de que la reunión ministerial convocada por el presidente turco de la conferencia, Murat Kurum, no consiguiera desbloquear las principales discrepancias. Australia, que dirige las negociaciones mediante su ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, trabaja junto con Turquía para presentar un texto aceptable para las delegaciones.

El margen es estrecho. La presidencia reconoció el miércoles que 21 asuntos del programa seguían pendientes de resolución. Entre ellos figuran cuestiones vinculadas a la adaptación, la financiación, la mitigación de emisiones y la transición justa. La dificultad no consiste únicamente en encontrar una redacción que satisfaga a todos, sino en impedir que el documento pierda sus compromisos más importantes.

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Qué puede incluir el acuerdo final de la COP31

La primera propuesta, publicada el 16 de noviembre, contenía 18 páginas y 144 párrafos. Reunía las posiciones presentadas en 45 aportaciones que representaban a más de 160 países. Era, por tanto, un documento de negociación, no un acuerdo cerrado ni una propuesta que contase íntegramente con el respaldo de las presidencias.

La nueva versión debería ser más breve y concentrarse en las medidas con mayores posibilidades de obtener consenso. Sin embargo, las conversaciones permiten identificar los principales compromisos climáticos que podrían sobrevivir.

Uno de ellos es la transición para abandonar los combustibles fósiles, una orientación que los países ya respaldaron en la COP28 de Dubái, celebrada en 2023. La discusión consiste en determinar si Antalya dará un paso adicional, con medidas más precisas y un proceso de seguimiento, o simplemente repetirá aquel compromiso.

El borrador inicial recogía formulaciones de diferente intensidad, desde acelerar la transición hasta avanzar hacia la eliminación de los combustibles fósiles. No significan exactamente lo mismo. Una declaración favorable a reducir su utilización puede resultar políticamente aceptable sin establecer cuándo ni cómo debe producirse esa reducción.

También se negocian compromisos sobre energías renovables, eficiencia energética, reducción de emisiones y financiación para adaptación, junto con mecanismos de cooperación internacional.

El objetivo 35by35: electrificar el 35% del consumo energético en 2035

Una de las propuestas más importantes de la presidencia turco-australiana es el denominado 35by35, que pretende elevar hasta el 35% la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía de aquí a 2035.

La iniciativa busca acelerar la electrificación del transporte, la calefacción y determinados procesos industriales, además de otros sectores que todavía dependen directamente del petróleo y del gas.

Conviene precisar que el objetivo no significa que el 35% de toda la electricidad deba proceder de fuentes renovables. Significa que la electricidad tendría que representar el 35% de la energía final consumida. Para que esta transformación reduzca sustancialmente las emisiones, deberá acompañarse de una generación eléctrica cada vez más limpia.

La Unión Europea, Reino Unido y Australia han expresado su apoyo a la iniciativa. Sin embargo, su incorporación al acuerdo final de la COP31 continúa siendo objeto de negociación.

La alternativa sería una fórmula menos exigente: reconocer la importancia de acelerar la electrificación sin incorporar un porcentaje obligatorio o un calendario común. El compromiso perdería precisión, aunque podría facilitar el consenso.

Rusia, China, India y los países petroleros frenan las propuestas

La principal división enfrenta a los países que reclaman acelerar la descarbonización con aquellos que rechazan nuevas obligaciones internacionales sobre el sistema energético.

El Grupo Árabe, Rusia y el bloque de países en desarrollo de posiciones afines, conocido como LMDC y en el que participan China, India y Arabia Saudí, han manifestado objeciones importantes a las propuestas sobre combustibles fósiles y electrificación.

Estos gobiernos mantienen posiciones y motivaciones diferentes, pero coinciden en cuestionar la incorporación de nuevos objetivos sectoriales al documento político de Antalya.

Para los productores de petróleo y gas, unos compromisos internacionales más estrictos pueden afectar a sus ingresos futuros y limitar el margen de sus políticas energéticas. Las grandes economías emergentes, por su parte, también defienden su derecho al desarrollo y reclaman que las obligaciones climáticas tengan en cuenta las distintas circunstancias nacionales.

La Unión Europea, junto con países industrializados como Reino Unido y Canadá y numerosas naciones insulares, presiona para que el acuerdo incluya compromisos más precisos sobre la reducción de emisiones.

Los pequeños Estados insulares tienen una preocupación particular: el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos representan amenazas directas para sus territorios, infraestructuras y economías.

La división tampoco es absoluta dentro del bloque industrializado. Alemania, por ejemplo, ha defendido la importancia de la transición energética, pero ha señalado que no resulta imprescindible incluir todos los nuevos objetivos cuantitativos en el documento final.

Esta diferencia importa. Un país puede apoyar una iniciativa climática voluntaria y, al mismo tiempo, considerar innecesario convertirla en un compromiso colectivo de la conferencia.

La financiación climática: 120.000 millones de dólares en juego

La segunda gran negociación tiene un componente económico especialmente delicado.

El borrador inicial plantea que la financiación internacional destinada a ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático alcance al menos 120.000 millones de dólares anuales en 2035.

La cifra pretende concretar el compromiso de triplicar la financiación para adaptación, utilizando como referencia los 40.000 millones de dólares anuales fijados anteriormente como objetivo para 2025.

La adaptación al cambio climático incluye inversiones en infraestructuras resistentes a inundaciones, protección de costas, gestión del agua, prevención de sequías y sistemas de alerta temprana.

Los países más vulnerables reclaman que una parte significativa de estos fondos proceda de financiación pública y subvenciones, y no exclusivamente de préstamos que puedan agravar sus problemas de endeudamiento.

También exigen mecanismos que permitan saber cuánto dinero se movilizará, quién lo aportará y cuándo estará disponible.

Los países desarrollados se muestran más reticentes a aceptar nuevas cifras y obligaciones financieras concretas. La discusión se extiende a la responsabilidad histórica de las economías industrializadas, que acumulan una parte importante de las emisiones producidas desde la industrialización.

No debe confundirse esta propuesta de 120.000 millones con el objetivo más amplio de financiación climática acordado en la COP29 de Bakú, que contempla movilizar 300.000 millones de dólares anuales para 2035, con los países desarrollados a la cabeza. La adaptación constituye una parte de ese esfuerzo general.

La negociación de Antalya pretende precisamente transformar los compromisos anteriores en mecanismos más claros y verificables.

El límite de 1,5 grados vuelve a dividir a los gobiernos

Otro asunto conflictivo es la respuesta internacional al posible rebasamiento del umbral de 1,5 °C de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales, establecido como referencia fundamental en el Acuerdo de París.

En las negociaciones se utiliza el término inglés overshoot para describir una situación en la que la temperatura media mundial supera temporalmente ese límite antes de que una reducción posterior de las emisiones permita volver a situarla por debajo.

La cuestión tiene consecuencias políticas y científicas. No es lo mismo formular objetivos para evitar superar los 1,5 grados que preparar medidas para afrontar un escenario en el que ese rebasamiento del límite climático se haya producido.

Tampoco debe confundirse un año natural con una temperatura media superior a 1,5 grados con el incumplimiento definitivo del objetivo de París, que se evalúa sobre tendencias climáticas a largo plazo.

Los países favorables a una mayor ambición reclaman que el documento reconozca la necesidad de reducir las emisiones con mayor rapidez, reforzar la adaptación y limitar tanto la duración como la magnitud de cualquier rebasamiento.

Las discrepancias afectan igualmente al calendario de los próximos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuyo trabajo científico debe servir de referencia para la siguiente evaluación mundial del Acuerdo de París, prevista para 2028.

La discusión no es secundaria: retrasar la información científica disponible podría condicionar las decisiones que los gobiernos adopten en esa evaluación.

La COP31 podría prolongarse hasta el sábado 21 de noviembre

El calendario oficial establece que la conferencia debe terminar el viernes 20 de noviembre, pero la distancia entre las posiciones nacionales hace posible que las negociaciones continúen durante el sábado.

El miércoles, la presidencia anunció su intención de comenzar este jueves las sesiones plenarias de cierre para adoptar las decisiones que estuvieran preparadas, dejando para una segunda fase los asuntos que necesitaran más negociación.

La reunión ministerial celebrada el 18 de noviembre no consiguió producir avances suficientes para resolver las principales controversias.

Una prórroga de la cumbre permitiría negociar nuevas formulaciones, retirar apartados especialmente conflictivos o trasladar determinados compromisos a procesos posteriores. No garantizaría, sin embargo, un resultado más ambicioso.

La decisión política final requiere consenso entre los participantes. Eso concede una considerable capacidad de presión a las delegaciones que consideran inaceptable una determinada obligación.

El resultado podría ser un acuerdo que reafirme los compromisos de París, impulse la electrificación y reconozca la necesidad de aumentar la financiación, pero sin conservar todas las cifras, plazos y mecanismos incluidos en el primer borrador.

También podrían quedar fuera algunas de las propuestas más controvertidas sobre los combustibles fósiles.

El verdadero alcance del acuerdo dependerá de sus compromisos

La COP31 llega a su fase decisiva con una paradoja difícil de ignorar: existe un amplio reconocimiento internacional de la necesidad de actuar frente al cambio climático, pero persisten desacuerdos fundamentales sobre quién debe reducir sus emisiones, a qué velocidad y con qué recursos económicos.

El acuerdo de Antalya tendrá consecuencias distintas según el contenido que finalmente se apruebe. Una declaración que mantenga objetivos concretos de electrificación, financiación y transición energética supondría un avance respecto a una simple reafirmación de compromisos anteriores.

Un texto que elimine esas referencias permitiría salvar políticamente la conferencia, pero ofrecería menos instrumentos para evaluar los progresos reales.

Para la Unión Europea y España, la redacción será relevante porque puede reforzar la dirección internacional de sus políticas de descarbonización o dejar mayor distancia entre sus compromisos y los de otros grandes mercados.

Para los países vulnerables, el resultado más importante no será necesariamente el lenguaje empleado sobre los combustibles fósiles, sino la posibilidad de disponer de financiación previsible para proteger a sus poblaciones.

La nueva propuesta prevista para el 19 de noviembre deberá mostrar hasta dónde están dispuestos a ceder los gobiernos. El sábado podría ofrecer tiempo adicional para alcanzar un pacto, pero no resolver por sí solo las diferencias que llevan años marcando las negociaciones climáticas.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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