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Economía

Alicia deja su alquiler en Barcelona y paga 580 € en una cooperativa

Alicia Conejero, de 67 años, dejó su piso de alquiler en Gràcia para vivir en La Balma, una cooperativa del Poblenou donde paga 580 euros al mes.

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580 euros al mes en una cooperativa

Resumen

  • Dejó su alquiler en Gràcia para mudarse a una cooperativa de Poblenou
  • Paga 580 euros al mes por una vivienda de una habitación
  • El modelo aporta estabilidad, pero exige ahorro y participación

Alicia Conejero tiene 67 años y lleva cinco viviendo en una cooperativa de viviendas en el Poblenou de Barcelona, después de pasar dos décadas de alquiler en el barrio de Gràcia. Paga 580 euros mensuales por un piso de una habitación, una cantidad considerablemente inferior a los precios que encuentra en el mercado inmobiliario de la zona. Pero lo que más valora de su nueva casa no es el ahorro: es saber que tiene vecinos con los que puede contar.

Su experiencia refleja una alternativa todavía minoritaria en España: la vivienda cooperativa en cesión de uso, un modelo que permite residir de forma estable sin comprar un inmueble ni depender de un propietario particular. En su caso, también ha significado dejar atrás una vida en la que podía pasar varios días sin hablar con nadie.

Alicia vive desde julio de 2021 en La Balma, un edificio de 20 viviendas promovido por Sostre Cívic sobre suelo municipal. Allí conviven personas mayores, familias con niños, parejas y residentes que viven solos. Cada hogar conserva su independencia, mientras que las decisiones sobre el edificio y sus espacios comunes se adoptan colectivamente.

La historia tiene especial interés en una ciudad donde el acceso a la vivienda condiciona cada vez más las decisiones personales. Para muchos ciudadanos, llegar a la jubilación sin una casa en propiedad significa continuar expuestos a los precios del alquiler. Alicia encontró otra fórmula, aunque reconoce que requiere dinero, implicación y una forma distinta de entender la convivencia.

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De 20 años de alquiler en Gràcia a una comunidad en Poblenou

Durante dos décadas, Alicia vivió en el mismo piso de alquiler en Gràcia. Su propietaria mantuvo prácticamente inalterada la renta, una circunstancia que le permitió conservar cierta tranquilidad económica incluso cuando el mercado inmobiliario de Barcelona comenzó a encarecerse.

No había comprado una vivienda y, con el paso del tiempo, acceder a la propiedad se volvió una posibilidad cada vez más lejana. Sin embargo, el precio del alquiler no fue el principal motivo de su mudanza.

El cambio comenzó a tomar forma después de una experiencia como voluntaria en Grecia durante la crisis de refugiados de 2015. Al regresar a Barcelona, sintió que necesitaba recuperar algo que había echado en falta: el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

Conoció entonces el proyecto de Sostre Cívic, se hizo socia y se incorporó a un grupo interesado en desarrollar viviendas cooperativas en el Poblenou. La iniciativa acabó obteniendo uno de los solares incluidos en un concurso municipal de Barcelona.

El proceso no consistió simplemente en apuntarse para recibir las llaves de un piso. Los futuros residentes participaron durante años en reuniones, asambleas y decisiones colectivas relacionadas con el diseño del edificio y la organización de la convivencia.

En julio de 2021 pudieron instalarse en sus nuevas viviendas. Aquello culminaba varios años de trabajo compartido y daba comienzo a una forma de convivencia que Alicia considera una de las mejores decisiones de su vida.

Paga 580 euros al mes por un piso que podría costar el doble

La vivienda de Alicia es la más pequeña de La Balma y tiene una habitación. Su cuota mensual es de 580 euros, mientras que ella calcula que alquilar un inmueble semejante en Poblenou podría costarle entre 1.100 y 1.200 euros.

La comparación es una estimación personal, no una valoración independiente de mercado. En cualquier caso, permite comprender por qué este modelo despierta interés entre quienes buscan una residencia estable sin asumir los precios habituales del alquiler privado.

En su situación particular, el ahorro respecto a su antiguo piso no fue tan pronunciado porque había disfrutado de una renta especialmente favorable durante veinte años. La principal diferencia es la seguridad de poder continuar viviendo en el edificio bajo las condiciones de la cooperativa.

La aportación inicial también cuenta

Los 580 euros mensuales no representan, por sí solos, el coste total de acceder a una cooperativa como La Balma.

El modelo exige normalmente una aportación económica inicial destinada a financiar parte del proyecto y una cuota periódica que cubre los costes correspondientes a la vivienda.

En La Balma, las aportaciones iniciales de los residentes oscilaron entre 29.000 y 45.000 euros, según ha explicado la propia Alicia. No todos los participantes desembolsaron la misma cantidad y el importe concreto depende de las características de cada vivienda y de las condiciones del proyecto.

La aportación inicial tiene, con carácter general, naturaleza de capital cooperativo recuperable cuando el socio abandona el proyecto, conforme a las condiciones establecidas. No equivale a comprar una vivienda ni garantiza una plusvalía inmobiliaria.

Este desembolso constituye una barrera importante para personas que, aunque puedan afrontar una cuota mensual moderada, carecen de ahorros suficientes para incorporarse. La propia Alicia ha defendido la necesidad de ayudas públicas que permitan abrir este tipo de viviendas a hogares con menos recursos.

Una vivienda para vivir, pero no para vender

La Balma funciona mediante el sistema de cesión de uso. La cooperativa mantiene la titularidad colectiva del edificio y sus integrantes adquieren el derecho a ocupar una vivienda conforme a sus normas.

No se trata de un alquiler convencional. Tampoco es una compraventa encubierta.

Los residentes no pueden vender individualmente sus pisos ni realquilarlos para obtener beneficios. Con ello se pretende impedir que las viviendas terminen incorporándose al mercado especulativo.

El proyecto se levantó sobre un terreno municipal cuyo derecho de superficie fue cedido durante 75 años. Esta duración debe distinguirse del derecho de uso de cada residente, que está sujeto a las condiciones del proyecto y de la propia cesión.

Otra particularidad es que La Balma está vinculada a los requisitos de la vivienda protegida. Alicia explica que sus integrantes deben respetar determinadas condiciones, incluida la incompatibilidad con la propiedad de otras viviendas en los términos aplicables.

La estabilidad es mayor que la de muchos contratos de alquiler, pero no significa que todos los derechos sean ilimitados ni que las cuotas permanezcan congeladas para siempre. Los costes de financiación, mantenimiento y gestión siguen existiendo.

El modelo también exige asumir responsabilidades que en un alquiler convencional corresponden normalmente al propietario. Los residentes participan en las decisiones económicas y organizativas, se ocupan colectivamente del mantenimiento y deben llegar a acuerdos sobre cuestiones que afectan a toda la comunidad.

Alicia reconoce que pasar de una lógica individual a otra colectiva no siempre resulta sencillo. Las preferencias personales pueden entrar en conflicto con las necesidades del conjunto y no todas las decisiones satisfacen a todos.

Hay asambleas, tareas comunes y obligaciones económicas. La autogestión requiere tiempo y compromiso, dos elementos que no todo el mundo puede o quiere asumir.

También existe el problema de la disponibilidad. La Balma tiene sus 20 viviendas ocupadas y no dispone de plazas vacantes. Si se libera una vivienda, su adjudicación sigue los criterios internos de la entidad, entre ellos la antigüedad de las personas socias.

Por tanto, los precios que paga Alicia no constituyen una oferta de viviendas a la que cualquier interesado pueda acceder inmediatamente.

La convivencia que cambió su manera de entender la vejez

Alicia llevaba años acostumbrada a vivir sola desde que su hija se independizó. No consideraba que la independencia fuese un problema, pero había experimentado periodos prolongados de aislamiento social.

Ha recordado que antes podía pasar fines de semana completos sin conversar con nadie. La experiencia en La Balma le ha permitido recuperar relaciones cotidianas con sus vecinos.

La diferencia no consiste en compartir continuamente la vivienda. Cada residente dispone de su espacio privado y decide cuándo quiere participar en actividades comunes.

El edificio cuenta con 225 metros cuadrados de espacios comunitarios, según la descripción de la cooperativa. Dispone de cocina y comedor compartidos, biblioteca, lavandería, habitaciones para invitados, espacios de cuidados y una azotea.

Estas instalaciones facilitan los encuentros espontáneos, pero también permiten compartir determinados servicios que, de otro modo, cada vivienda tendría que asumir individualmente.

Ayuda vecinal sin renunciar a la intimidad

La convivencia adquirió especial importancia para Alicia cuando tuvo que someterse a una operación. Durante su recuperación, varios vecinos se organizaron para llevarle comida y ayudarla con las necesidades cotidianas.

No se trataba de un servicio asistencial contratado, sino de una red de apoyo vecinal surgida entre los residentes.

Ese acompañamiento ha influido en su manera de afrontar el envejecimiento. Alicia también ha contado que pudo dejar una medicación que llevaba años tomando, después de consultarlo con su médico. Es su experiencia personal y no permite atribuir efectos terapéuticos generales a la convivencia cooperativa.

La Balma, además, no es una residencia de mayores. Su población es intergeneracional, con hogares de distintas edades y circunstancias familiares. Precisamente esa diversidad constituye una de sus características principales.

La ayuda mutua puede resultar valiosa ante una enfermedad o una situación de dependencia, pero no sustituye automáticamente la atención sanitaria, los servicios sociales ni los cuidados profesionales cuando son necesarios.

Envejecer en comunidad sin depender del mercado del alquiler

La experiencia de Alicia plantea una cuestión que va más allá del precio de la vivienda: la posibilidad de envejecer con autonomía, estabilidad residencial y relaciones sociales próximas.

En un país donde la propiedad ha sido tradicionalmente la principal garantía de seguridad habitacional, las cooperativas de cesión de uso proponen una alternativa colectiva. Su desarrollo, sin embargo, depende de la disponibilidad de suelo, la financiación, el apoyo institucional y la capacidad económica de sus integrantes.

La Balma muestra que el modelo puede funcionar en una ciudad como Barcelona, aunque también evidencia sus límites. Hicieron falta varios años de organización, un terreno municipal y una inversión inicial que no está al alcance de todos los hogares.

Alicia quiere permanecer allí durante su vejez. Sabe que una eventual dependencia podría obligarla a buscar otras soluciones, pero confía en que la comunidad le permita continuar en su casa tanto tiempo como sea posible.

Su historia no demuestra que las cooperativas sean una respuesta universal a la crisis de vivienda. Sí muestra que, entre comprar una casa y vivir permanentemente de alquiler, existen otras formas de organizar el acceso a un hogar.

Y que, a los 67 años, la seguridad de una vivienda puede medirse tanto por lo que cuesta cada mes como por las personas con las que se comparte el edificio.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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