Madrid responde al vecino que cobra 3.534 € y no logra piso asequible

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a la reclamación de un vecino que fue rechazado para acceder a una vivienda de alquiler asequible pese a cobrar 3.534 euros netos mensuales. La empresa encargada de gestionar la promoción consideró que su solicitud carecía de viabilidad económica, aunque el piso costaba 1.037 euros al mes. La respuesta municipal, fechada el 27 de octubre, sostiene que estos inmuebles no son viviendas públicas protegidas y que su adjudicación corresponde a las empresas privadas.

El caso ha puesto de manifiesto una particularidad del programa municipal de vivienda: el Ayuntamiento aporta suelo público y establece condiciones para los alquileres, pero no selecciona directamente a los inquilinos. La Dirección General de Gestión Urbanística reconoce, no obstante, que puede comprobar si las promotoras cumplen las obligaciones establecidas en los concursos. Precisamente eso es lo que reclama el afectado, que sigue sin conocer los motivos económicos concretos de su exclusión.

La controversia afecta a uno de los programas con los que el Gobierno de Almeida pretende aliviar las dificultades de acceso a la vivienda en Madrid. Una iniciativa dirigida, entre otros colectivos, a personas con ingresos medios que no reúnen las condiciones para acceder a determinados pisos protegidos, pero que tampoco encuentran fácilmente un alquiler en el mercado libre.

La situación resulta especialmente llamativa porque el solicitante, identificado como Manuel, asegura disponer de un empleo estable, no tener préstamos ni cargas financieras relevantes y contar con ingresos suficientes para afrontar la mensualidad. Su reclamación no persigue obtener una vivienda por encima de otros candidatos, sino conocer qué criterio de solvencia se utilizó para rechazarle y si ese criterio está permitido por las condiciones municipales.

Un sueldo de 3.534 euros que no supera el filtro del alquiler

Manuel, economista de profesión, comenzó el proceso de solicitud el 22 de mayo de 2026. Estaba interesado en una vivienda de dos dormitorios de la promoción residencial La Alegría, situada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal y comercializada por Alkira Living.

El alquiler anunciado ascendía a 1.037 euros mensuales. Con unos ingresos netos de 3.534 euros distribuidos en doce pagas, la renta suponía aproximadamente el 29,34 % de su salario, una proporción que, en principio, le permitía conservar más de 2.400 euros mensuales para el resto de sus gastos.

El solicitante visitó la vivienda y entregó la documentación exigida: identificación, nóminas, declaración de la renta, contrato laboral, vida laboral y certificados relacionados con su situación económica y personal.

Según su testimonio, la inmobiliaria le solicitó varias veces documentos que ya había presentado. Finalmente, el 11 de junio, recibió una comunicación indicando que no había superado el estudio de viabilidad económica.

La notificación, siempre según la versión del afectado, no detallaba los ingresos computados, el porcentaje máximo de endeudamiento aplicado ni las circunstancias concretas que justificaban el rechazo de su solicitud.

El problema no es que una inmobiliaria compruebe la solvencia de sus futuros arrendatarios. Es una práctica habitual. Lo discutido es la falta de una explicación verificable sobre la exclusión de un candidato en una promoción levantada sobre suelo municipal y sometida a condiciones específicas de acceso.

La respuesta del Ayuntamiento de Almeida: no son viviendas protegidas

Tras presentar una reclamación ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, Manuel recibió una respuesta formal de la Dirección General de Gestión Urbanística el pasado 27 de octubre.

El Ayuntamiento sostiene que las parcelas sobre las que se construyen estas promociones están clasificadas como vivienda colectiva libre. Por esa razón, los inmuebles no están sometidos al régimen jurídico de la vivienda con protección pública ni a un procedimiento administrativo de adjudicación equivalente al de las viviendas municipales protegidas.

La distinción resulta fundamental. Aunque los terrenos pertenecen al Ayuntamiento, las empresas adjudicatarias construyen y gestionan los edificios mediante derechos de superficie. También tramitan las solicitudes y formalizan los contratos de arrendamiento.

Por tanto, el Ayuntamiento no elige individualmente quién obtiene una vivienda.

Sin embargo, su respuesta también admite que la Administración municipal conserva facultades para verificar el cumplimiento de los pliegos. La gestión privada no elimina las obligaciones adquiridas por las adjudicatarias al acceder al suelo público.

Ahí se encuentra el desacuerdo. Manuel no solicita que Urbanismo le adjudique directamente el apartamento, sino que compruebe si la empresa utilizó criterios de selección compatibles con las condiciones del programa.

La contestación conocida procede de los servicios municipales, no de unas declaraciones personales del alcalde.

Cómo funciona el programa de alquiler asequible de Madrid

El programa que ha originado esta controversia forma parte de una iniciativa de colaboración público-privada puesta en marcha por el Ayuntamiento para aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

El Consistorio cedió los derechos de superficie de 25 parcelas municipales durante 45 años para que promotoras privadas construyeran viviendas destinadas a arrendamientos con precios limitados.

Según los datos municipales publicados en julio de 2025, la iniciativa contempla 2.134 viviendas repartidas por distintos distritos. Al finalizar el periodo de cesión, los edificios pasarán a incorporarse al parque público municipal.

La finalidad es ofrecer alquileres más baratos que los del mercado libre, especialmente a hogares con ingresos medios que tienen dificultades para encontrar una vivienda adecuada en Madrid.

Requisitos para acceder a estos pisos

Las condiciones no son idénticas a las de una vivienda pública protegida. En la promoción La Alegría, la comercializadora establece requisitos relacionados con el nivel máximo de ingresos familiares, la vinculación con Madrid y la ausencia de otra vivienda en propiedad dentro del municipio.

Entre ellos figura un límite económico de 7,35 veces el IPREM, el indicador utilizado en España como referencia para determinadas ayudas y programas públicos.

También se exige acreditar un periodo de empadronamiento o de actividad laboral en Madrid, además de cumplir otras condiciones contractuales. La propia información comercial de la promoción recoge estos requisitos y ofrece una herramienta para calcular el esfuerzo económico que supondría el alquiler.

Ahora bien, una cosa es cumplir los requisitos generales anunciados y otra superar el estudio de solvencia que pueda realizar la empresa gestora.

El Ayuntamiento había presentado este modelo con el propósito de contener el esfuerzo económico de las familias, utilizando como referencia el 25 % de sus ingresos. En el caso de Manuel, el alquiler solicitado representa el 29,34 % de su sueldo neto.

Esa diferencia merece una aclaración importante: no consta que superar el 25 % fuera el motivo concreto del rechazo. Tampoco se ha acreditado públicamente qué porcentaje máximo aplicó la inmobiliaria ni si existían otros criterios adicionales autorizados para esa promoción.

El expediente municipal sigue sin aclarar los motivos del rechazo

La reclamación de Manuel no comenzó con la respuesta de octubre. El expediente municipal había iniciado su recorrido meses antes.

El 1 de julio de 2026, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción trasladó su denuncia a Gestión Urbanística para que estudiara la necesidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación.

El 5 de agosto, el Ayuntamiento comunicó la apertura de actuaciones y el requerimiento de documentación a la entidad titular del derecho de superficie.

Sin embargo, la contestación recibida el 27 de octubre no detalló, según el afectado, los resultados de esas comprobaciones. Tampoco precisó qué documentación había aportado la empresa o si se había determinado que la exclusión era correcta.

Por eso, Manuel ha registrado un nuevo escrito durante la primera semana de noviembre. Solicita información sobre el estado del expediente y pide que se aclare si las gestoras pueden introducir criterios adicionales de solvencia económica y, en ese caso, cuáles son sus límites.

La cuestión afecta directamente a la transparencia del sistema. Cuando una promoción se presenta como alquiler asequible gracias a la utilización de patrimonio municipal, resulta relevante conocer no solo las rentas anunciadas, sino también las condiciones reales que determinan quién puede acceder a ellas.

Por el momento, no se ha hecho pública una resolución que declare irregular la actuación de Alkira Living. Tampoco consta que el Ayuntamiento haya ordenado revisar la denegación ni que el solicitante haya conseguido finalmente la vivienda.

El control municipal, en el centro de la polémica

El caso de Manuel ilustra una de las dificultades de los programas de colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda. La Administración puede poner suelo a disposición de las empresas y limitar los precios, pero la utilidad social del modelo depende también de cómo se selecciona a los futuros arrendatarios.

No todos los rechazos por motivos económicos son arbitrarios. Las entidades gestoras pueden necesitar garantías de cobro y establecer procedimientos de evaluación compatibles con las condiciones que les resulten aplicables. El conflicto aparece cuando los criterios utilizados no se explican suficientemente o existen dudas sobre su adecuación al programa.

En este caso, el Ayuntamiento de Almeida ha confirmado que no adjudica directamente las viviendas, pero también ha reconocido su capacidad para supervisar las obligaciones de las adjudicatarias.

La reclamación continúa abierta en ese punto: determinar si un vecino que ingresa 3.534 euros netos mensuales y solicita un piso de 1.037 euros fue excluido conforme a unas condiciones conocidas y válidas.

La respuesta definitiva no depende únicamente del sueldo del solicitante. Depende de que se identifiquen las reglas utilizadas para rechazarle y de que el Ayuntamiento compruebe, dentro de sus competencias, que esas reglas respetan las condiciones de un programa financiado indirectamente mediante la utilización de suelo público.