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España

Transportes habría pagado 13.000 € por tratar a la exmujer de Ábalos

ABC señala pagos de más de 13.000 euros desde Transportes por el tratamiento de Carolina Perles. La afectada y el médico niegan esa vinculación.

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Abalos y Adif

Imagen: Marta Jara / elDiario.es / Fotografía recortada / Wikimedia Commons / Licencia CC BY-SA 3.0

Resumen

  • ABC atribuye a Transportes más de 13.000 € en gastos médicos de Perles
  • Las facturas figuran como servicios sanitarios de la pandemia
  • Carolina Perles y el médico niegan que el tratamiento se pagara así

El Ministerio de Transportes habría utilizado al menos 13.000 euros de fondos públicos para sufragar gastos relacionados con el tratamiento médico de Carolina Perles, entonces esposa del exministro José Luis Ábalos. Según una investigación publicada por ABC este 19 de noviembre de 2026, los pagos se habrían canalizado entre 2021 y 2022 mediante contratos sanitarios destinados a pruebas de coronavirus y suministro de material médico.

La información, firmada por la periodista Ketty Garat, se apoya en testimonios de tres fuentes del departamento ministerial y en documentación relativa a facturas y comunicaciones con una empresa sanitaria. Los gastos se habrían imputado al gabinete del ministro mediante procedimientos administrativos vinculados a los servicios contratados durante la pandemia.

Sin embargo, tanto Carolina Perles como el médico relacionado con las facturas niegan que el tratamiento oncológico fuera financiado por el Ministerio. Ambos sostienen que la asistencia médica se desarrolló principalmente en la sanidad pública y que el acompañamiento personal del facultativo fue gratuito.

La controversia se concentra, por tanto, en determinar si los servicios facturados a Transportes fueron efectivamente prestados al departamento o si alguno de esos pagos sirvió para cubrir gastos particulares. La existencia de facturas no demuestra por sí sola que se desviara dinero público.

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Las facturas de Transportes que apuntan a un tratamiento particular

Según ABC, los pagos comenzaron a tramitarse en 2021, meses antes de la salida de José Luis Ábalos del Gobierno de Pedro Sánchez, en julio de aquel año.

Las fuentes ministeriales consultadas por el periódico sostienen que el departamento utilizó un contrato sanitario de PCR y mascarillas para canalizar gastos relacionados con la atención médica de Perles.

El proveedor señalado es Arpa Médica, una empresa vinculada al doctor Ignacio Palomo que había prestado servicios de diagnóstico al personal de Transportes durante la pandemia.

El periódico asegura haber identificado tres facturas cuyo importe conjunto supera los 13.000 euros. La documentación recoge conceptos relacionados con pruebas diagnósticas de covid, análisis clínicos y otros servicios sanitarios.

Un abono de 4.940 euros después de la salida de Ábalos

Entre los documentos examinados figuran comunicaciones de junio de 2021 y reclamaciones posteriores de pagos pendientes. En febrero de 2022, cuando Ábalos ya había abandonado el Ministerio, el médico contactó con el entonces jefe de gabinete, Ricardo Mar, para reclamar una factura correspondiente a servicios del año anterior.

La reclamación continuó durante los meses siguientes. Una de las operaciones documentadas corresponde a un abono de 4.940 euros tramitado en diciembre de 2022 mediante la caja pagadora del Ministerio.

Precisamente ahí aparece una de las principales discrepancias: mientras las fuentes citadas por ABC relacionan esas cantidades con el tratamiento de Perles, el proveedor mantiene que correspondían a servicios sanitarios contratados por la Administración.

Los altos cargos que habrían conocido los pagos

La investigación sitúa entre los responsables administrativos que tuvieron conocimiento de las operaciones al entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y a Belén Villar, directora general de Organización e Inspección.

De acuerdo con las fuentes consultadas por ABC, ambos habrían intervenido en la autorización o supervisión de los pagos cuestionados.

La información también señala a Ricardo Mar, antiguo jefe de gabinete, quien reconoció ante el periódico haber firmado una factura vinculada a un contrato sanitario de la etapa anterior.

Mar explicó que actuó siguiendo las instrucciones recibidas y bajo la supervisión de Gómez y Villar. Según su versión, desconocía inicialmente la supuesta relación de esos gastos con el tratamiento de la entonces esposa del exministro y tuvo conocimiento de esa posibilidad después.

La continuidad de determinadas gestiones durante el mandato de Raquel Sánchez, sucesora de Ábalos en Transportes, introduce otra cuestión: por qué las reclamaciones pendientes siguieron tramitándose después del cambio de ministro.

Carolina Perles y el médico niegan que Transportes pagara el tratamiento

La versión de las personas directamente relacionadas con la asistencia médica contradice la interpretación de las fuentes ministeriales.

Carolina Perles sostiene que recibió tratamiento a través de la sanidad pública. Según explicó a ABC, fue intervenida en el Hospital Universitario de La Princesa, en Madrid, durante 2021, y también acudió a un centro privado para una prueba diagnóstica.

Perles reconoce que el doctor Ignacio Palomo la acompañó durante parte del proceso médico y acudió a su domicilio para ayudarla con la administración de determinados medicamentos.

No obstante, asegura que esa colaboración no supuso ningún pago a cargo de Transportes.

El propio Palomo mantiene la misma versión. El facultativo niega haber cobrado cantidades por el tratamiento de Perles y afirma que su intervención personal fue desinteresada.

También rechaza que las facturas emitidas por su empresa encubrieran servicios médicos particulares. Según su explicación, los importes reclamados correspondían a trabajos sanitarios realizados para el Ministerio durante la pandemia.

La reunión en la que se habría advertido de una irregularidad

Otro episodio relevante de la investigación se sitúa después del cese de Ábalos, cuando Isabel Pardo de Vera asumió la Secretaría de Estado de Transportes.

Según los testimonios recogidos por ABC, Pardo de Vera fue informada de la existencia de los pagos durante una reunión con varios altos cargos del departamento.

En aquel encuentro habrían participado Ricardo Mar, Jesús Manuel Gómez y Belén Villar.

Las fuentes citadas sostienen que la nueva secretaria de Estado expresó su preocupación por la posible utilización irregular de dinero público para sufragar gastos de una persona vinculada familiarmente al anterior ministro.

También habría preguntado cómo se habían tramitado administrativamente las operaciones.

Según esa reconstrucción, se le explicó que existían pagos periódicos de hasta 6.000 euros relacionados con contratos sanitarios. La información atribuye a los participantes una respuesta especialmente significativa cuando Pardo de Vera planteó la posibilidad de denunciar los hechos: le habrían asegurado que no quedaba rastro documental.

Se trata de un extremo recogido en testimonios periodísticos, no de un hecho acreditado mediante una resolución judicial.

La relación con el caso Koldo y la gestión del Ministerio

La revelación aparece en un contexto de investigaciones judiciales sobre la gestión de contratos públicos y las relaciones personales y económicas de antiguos responsables de Transportes.

José Luis Ábalos, que también ocupó la Secretaría de Organización del PSOE, está vinculado al denominado caso Koldo, una investigación sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas y posibles beneficios económicos particulares.

Jesús Manuel Gómez figura igualmente entre los investigados en esa causa.

Ahora bien, las facturas relacionadas con Carolina Perles no deben confundirse automáticamente con los hechos investigados en el caso Koldo. Que algunos nombres aparezcan en ambos asuntos no demuestra que exista una conexión delictiva entre ellos.

La cuestión planteada por ABC tiene entidad propia: determinar si un ministerio abonó servicios realmente contratados para sus empleados o si se utilizó una partida pública para cubrir gastos ajenos a las obligaciones de la Administración.

En caso de acreditarse esta segunda posibilidad, habría que examinar quién ordenó los pagos, quién los autorizó, qué documentación los justificaba y si se produjo algún perjuicio económico para las arcas públicas.

El destino de los 13.000 euros sigue sin estar acreditado

La investigación de ABC aporta testimonios de responsables ministeriales, facturas y comunicaciones que justifican examinar el destino de los pagos. Pero también recoge las negativas expresas de las dos personas cuya intervención médica se encuentra en el centro de la controversia.

La diferencia entre acreditar un gasto y demostrar su finalidad resulta decisiva. Que Transportes abonara facturas sanitarias no prueba automáticamente que el dinero se destinase a la atención particular de Carolina Perles.

Para esclarecer lo sucedido sería necesario determinar qué servicios prestó realmente Arpa Médica, qué justificantes acompañaban las facturas y si existió alguna correspondencia económica con el tratamiento cuestionado.

La información publicada abre así un nuevo frente sobre la utilización de recursos públicos durante la etapa de Ábalos en Transportes. Por el momento, la sospecha sobre el destino de los al menos 13.000 euros debe distinguirse de una irregularidad efectivamente demostrada.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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