España
Madrid veta promover la huelga docente en aulas, correos y fachadas
Madrid veta la promoción de la huelga en aulas, correos y fachadas de centros públicos. Los docentes podrán llevar símbolos y se prevén controles.
Resumen
- Madrid veta el uso de aulas, correos y fachadas para promover la huelga docente
- Los profesores podrán llevar camisetas y símbolos reivindicativos
- La Inspección podrá revisar infracciones y los centros adaptarán sus clases
La Comunidad de Madrid ha enviado este jueves, 19 de noviembre de 2026, nuevas instrucciones a los colegios e institutos públicos para prohibir que los docentes utilicen las aulas, los correos institucionales o las instalaciones escolares para promover la huelga educativa. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso exige respetar el denominado «deber de neutralidad» ante los alumnos y advierte de posibles consecuencias disciplinarias si se incumple la normativa vigente.
Las restricciones afectan a las clases, tutorías, exámenes, reuniones con familias y plataformas educativas oficiales. También impiden colocar pancartas o carteles que presenten al centro como partidario de las movilizaciones. La Consejería de Educación, dirigida por Mercedes Zarzalejo, sostiene que los colegios públicos deben mantener su independencia frente a cualquier conflicto político, ideológico o sindical.
La decisión llega después de más de un mes de huelga en la educación pública madrileña, iniciada el 14 de octubre para reclamar mejoras laborales y más recursos. Las instrucciones, firmadas por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa, se dirigen a los equipos directivos, al personal de los centros y a la Inspección Educativa. No eliminan el derecho de huelga ni la libertad sindical, pero establecen límites concretos a determinadas actividades dentro de las instalaciones escolares.
Qué prohíbe Madrid a los profesores durante la huelga
El documento establece que los docentes no podrán aprovechar su posición ante los estudiantes para conseguir adhesiones a reivindicaciones sindicales o políticas. La prohibición alcanza tanto a las actividades lectivas habituales como a las tutorías, los exámenes y los periodos en los que el profesorado esté prestando servicios mínimos.
La Consejería considera contrario al deber de neutralidad animar a los alumnos a participar en manifestaciones, concentraciones, huelgas o recogidas de firmas relacionadas con un conflicto político, ideológico o sindical. Tampoco permite presionarles para que apoyen una determinada posición.
Las instrucciones incluyen otra restricción: los profesores no podrán realizar comentarios o señalamientos ante estudiantes o familias sobre compañeros que hayan decidido secundar la huelga o continuar trabajando. El objetivo declarado es evitar que el conflicto laboral se traslade al alumnado o genere presiones dentro de la comunidad educativa.
El Gobierno regional resume su posición con una afirmación incluida en el documento: «Su función es educar, no adoctrinar». Una formulación que ha provocado el rechazo de representantes de los equipos directivos, que niegan que exista un problema generalizado de adoctrinamiento en los centros públicos.
Correos, plataformas educativas, pancartas y fotocopias
Las limitaciones también afectan a los medios materiales y digitales que pertenecen a los centros.
La Comunidad de Madrid prohíbe utilizar Raíces, Roble y EducaMadrid, así como las páginas web, las redes sociales institucionales, las circulares y otros canales oficiales para distribuir manifiestos sindicales o mensajes destinados a conseguir apoyos para la huelga entre alumnos y familias.
La misma prohibición se aplica a las reuniones con padres cuando se utilizan para promover una determinada posición sindical.
En cuanto a las instalaciones, los centros no podrán exhibir en fachadas, vallas, pasillos o espacios comunes pancartas y símbolos que den a entender que el colegio o instituto, como institución, respalda una organización o una movilización concreta.
También queda restringido el empleo de fotocopiadoras, papel y otros recursos del centro para elaborar o distribuir propaganda, con las excepciones correspondientes a los espacios sindicales autorizados.
Los profesores podrán llevar camisetas y símbolos reivindicativos
Las instrucciones distinguen entre utilizar recursos institucionales para promover una causa y ejercer individualmente derechos constitucionales.
Por eso, los docentes podrán seguir llevando camisetas reivindicativas, chapas, lazos y otros distintivos personales. La utilización de estos elementos no constituye por sí sola una infracción, siempre que no vaya acompañada de actuaciones dirigidas a conseguir la adhesión del alumnado.
La aclaración resulta especialmente relevante para las camisetas de la Marea Verde, uno de los símbolos más reconocibles de las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública madrileña.
Los profesores tampoco tienen prohibido responder a las preguntas de los alumnos sobre el conflicto. Podrán ofrecer información objetiva, breve y adecuada a la edad de los estudiantes, sin intentar convencerles de que adopten una posición determinada.
Por su parte, las organizaciones sindicales conservarán el derecho a utilizar tablones habilitados y el correo corporativo para comunicaciones dirigidas al personal. La prohibición, por tanto, no supone un veto general a las comunicaciones sindicales ni a expresar opiniones personales.
El texto reconoce expresamente los derechos de huelga, libertad sindical, libertad de expresión y libertad de cátedra dentro de los límites establecidos por la legislación.
La Inspección Educativa podrá investigar los incumplimientos
La aplicación de las instrucciones incorpora un procedimiento para comunicar posibles infracciones.
Los alumnos, las familias y el personal de los centros podrán trasladar incidencias a la dirección del colegio o instituto o a la correspondiente Dirección de Área Territorial (DAT).
El documento incluye un formulario para identificar los hechos comunicados. La Inspección Educativa efectuará una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles y, cuando existan indicios graves, podrá visitar el centro y entrevistarse con las personas implicadas.
La Consejería advierte de que las actuaciones contrarias a la normativa podrían dar lugar a responsabilidades disciplinarias. Sin embargo, las instrucciones no crean nuevas infracciones ni sanciones, sino que remiten al régimen jurídico aplicable a los empleados públicos.
Esto significa que la existencia de una denuncia o comunicación no equivale automáticamente a una falta disciplinaria. Cualquier eventual sanción deberá apoyarse en una infracción legalmente prevista y tramitarse con las garantías correspondientes.
Los directores rechazan las sospechas de adoctrinamiento
Las medidas han provocado malestar entre representantes de los equipos directivos de los institutos públicos.
La Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADiMAD) ya había rechazado el planteamiento de la Consejería cuando se anunció la intención de reforzar la vigilancia de los mensajes políticos en los centros.
Su presidenta, Rosa Rocha, ha expresado la preocupación de los directores ante las nuevas instrucciones y las dificultades que puede plantear su aplicación.
La asociación sostiene que las insinuaciones sobre un supuesto adoctrinamiento no reflejan el funcionamiento cotidiano de los institutos ni la profesionalidad de sus docentes. También cuestiona que se atribuya a los equipos directivos una función de vigilancia que pueda interferir en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de los derechos sindicales.
La controversia plantea una distinción importante. La neutralidad institucional exige que los centros públicos no actúen como representantes de una determinada organización política o sindical, pero su aplicación debe respetar los derechos individuales de quienes trabajan en ellos.
Precisamente ahí se sitúa el desacuerdo: mientras el Ejecutivo autonómico presenta las instrucciones como una garantía para proteger a los menores, representantes docentes y sindicales temen que puedan utilizarse para restringir la actividad reivindicativa.
Madrid también obliga a revisar las clases perdidas por la huelga
La orden sobre neutralidad no es la única medida comunicada este jueves. La Consejería ha remitido otra instrucción para afrontar las consecuencias académicas de los paros que comenzaron el 14 de octubre.
Los centros afectados dispondrán de cinco días lectivos desde la recepción de las instrucciones para contabilizar las sesiones que no se han impartido, diferenciando los grupos y las materias perjudicadas. Esta información deberá actualizarse mensualmente mientras continúe la huelga.
A partir de esos datos, los departamentos didácticos tendrán que revisar sus programaciones, identificar los aprendizajes imprescindibles y reorganizar los contenidos durante el tiempo que resta de curso.
Entre las medidas previstas figuran los apoyos educativos, los materiales para el trabajo autónomo y los planes individuales de seguimiento para estudiantes que acumulen retrasos importantes.
La prioridad estará en los cursos que conducen a una titulación o a un cambio de etapa, especialmente 6.º de Primaria, 4.º de ESO, 2.º de Bachillerato y los últimos cursos de Formación Profesional.
En segundo de Bachillerato se prestará especial atención a las materias evaluables en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), debido a las consecuencias que una interrupción prolongada de las clases podría tener sobre la preparación del alumnado.
La instrucción aclara, no obstante, que los profesores que secunden la huelga no estarán obligados a recuperar las clases perdidas ni a realizar horas adicionales por ese motivo. Las adaptaciones de la programación y la evaluación se consideran parte de sus funciones docentes ordinarias.
La huelga educativa continúa sin un acuerdo con la Consejería
La decisión del Gobierno madrileño se produce en un momento de enfrentamiento entre la Administración y las organizaciones que impulsan las movilizaciones.
La huelga comenzó el 14 de octubre con la participación de sindicatos como CCOO, UGT, CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera, junto con colectivos docentes que reclaman mejoras en las condiciones laborales, reducción de la carga lectiva y mayores recursos para la educación pública.
La consejera Mercedes Zarzalejo ha criticado las movilizaciones, que considera irresponsables, mientras los representantes sindicales reclaman una negociación efectiva para resolver el conflicto.
El Gobierno regional ha optado por reforzar los servicios mínimos, reorganizar la actividad académica y establecer instrucciones sobre la neutralidad de los centros. Los sindicatos mantienen sus reivindicaciones y los equipos directivos advierten de las dificultades de gestionar un conflicto prolongado.
La nueva regulación no resuelve las diferencias que originaron la huelga. Sí introduce un elemento adicional de tensión: el alcance de los derechos sindicales dentro de la escuela pública y el papel que deben desempeñar los directores cuando esas reivindicaciones coinciden con la actividad educativa ordinaria.
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