España
El alcalde de Estepona expulsa a una edil del PSOE por citar su juicio
El alcalde de Estepona ordena expulsar del pleno a Emma Molina tras mencionar su juicio por presunta malversación durante el debate presupuestario.
Foto: GabrielMZ24 / Wikimedia Commons / CC BY 4.0.
Resumen
- El alcalde de Estepona ordena expulsar del pleno a Emma Molina, del PSOE
- La edil había citado el juicio por presunta malversación del regidor
- El Ayuntamiento defiende el desalojo y el PSOE cuestiona la medida
El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), ha expulsado este jueves 19 de noviembre del pleno municipal a Emma Molina, portavoz del PSOE, después de que la concejala mencionara el procedimiento judicial por presunta malversación y prevaricación que llevará al regidor al banquillo de los acusados. La expulsión se produjo durante el debate de los presupuestos municipales para 2027, cuando la socialista cuestionaba el destino del dinero público.
García Urbano retiró la palabra a Molina y ordenó a la Policía Local que la desalojara de la sala. Tras un receso decretado por el alcalde, la portavoz y los otros tres concejales socialistas abandonaron el Ayuntamiento acompañados por los agentes. El incidente se produce apenas ocho días después de conocerse la apertura de juicio oral contra el regidor por la contratación municipal de una mujer que, según la Fiscalía, cobró durante 46 días sin desempeñar trabajo alguno.
La intervención sobre el dinero público que provocó la expulsión
La discusión comenzó cuando Molina defendía las alegaciones del PSOE a los presupuestos de Estepona para 2027. Durante su intervención, la concejala comparó las prioridades económicas del equipo de gobierno con la contratación que ha dado origen al procedimiento penal contra el alcalde.
La portavoz socialista acusó al regidor de haber utilizado presuntamente fondos municipales para contratar a una mujer con la que mantenía una relación íntima. En su intervención empleó la expresión «meter la mano en el dinero público» y recordó que García Urbano tendrá que responder ante la Justicia.
El alcalde interrumpió a Molina, le retiró el turno de palabra y le pidió que guardara silencio. Ante la negativa de la concejala a interrumpir su intervención, ordenó su expulsión del pleno.
Molina protestó y aseguró que no abandonaría voluntariamente el salón de plenos. También pidió que quedara constancia de cómo se ejecutaba la orden. Finalmente, después de que García Urbano suspendiera temporalmente la sesión, salió acompañada por los policías locales y los otros tres representantes del PSOE, sin ofrecer resistencia física.
La concejala ha defendido que estaba hablando de las prioridades del gasto municipal, una cuestión directamente relacionada con el presupuesto debatido. También ha sostenido que no insultó al alcalde y ha calificado su comportamiento de «dictatorial».
El juicio por malversación que afecta al alcalde de Estepona
El procedimiento al que aludió Molina no es una mera denuncia pendiente de investigación. La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona acordó el pasado 11 de noviembre la apertura de juicio oral contra García Urbano por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación.
La causa se refiere a la contratación de una mujer como personal eventual del Ayuntamiento entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023.
Según la acusación de la Fiscalía, el alcalde habría promovido su incorporación al consistorio pese a conocer que no iba a realizar las funciones correspondientes al puesto. El Ministerio Público sostiene que la mujer percibió 5.276,92 euros en salarios, a los que se añadieron los gastos municipales de cotización a la Seguridad Social.
La acusación considera que aquellos pagos ocasionaron un perjuicio al patrimonio público porque no existió una contraprestación laboral efectiva.
La defensa de García Urbano rechaza esa interpretación. Mantiene que durante la instrucción se aportaron informes municipales de Recursos Humanos y declaraciones de testigos que acreditarían los servicios prestados y la presencia de la trabajadora en el Ayuntamiento.
El regidor ha reiterado su confianza en la Justicia y sostiene que no se cometió ningún delito ni irregularidad. También ha defendido que se reintegraron a las arcas municipales las cantidades relacionadas con la contratación.
Las penas que solicitan la Fiscalía, el PSOE y Vox
La Fiscalía solicita para García Urbano un año y once meses de prisión y cinco años y once meses de inhabilitación para empleo o cargo público.
Las acusaciones ejercidas por el PSOE y Vox reclaman una condena más elevada: cinco años y seis meses de cárcel y diez años de inhabilitación.
La Audiencia Provincial de Málaga será la encargada de enjuiciar los hechos. La apertura de juicio oral supone que el procedimiento ha avanzado hasta la fase de enjuiciamiento, pero no constituye una declaración de culpabilidad. El alcalde mantiene íntegramente su derecho a la presunción de inocencia.
El Ayuntamiento defiende la expulsión y el PSOE cuestiona la decisión
El Ayuntamiento de Estepona ha justificado la actuación del alcalde por su responsabilidad de dirigir las sesiones plenarias y mantener el orden.
Según la versión municipal, Molina desatendió las llamadas al orden, no se ciñó al asunto debatido y continuó interviniendo después de que se le retirara la palabra. El consistorio considera ofensivas las acusaciones de la portavoz socialista y sostiene que su comportamiento alteró el desarrollo de la sesión.
La interpretación del PSOE es diferente. Molina sostiene que el procedimiento judicial está directamente relacionado con el uso de fondos públicos y que, por tanto, mencionarlo durante un debate presupuestario resultaba pertinente.
La cuestión también tiene una dimensión reglamentaria. El artículo 95 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales contempla la expulsión de un miembro de la corporación tras tres llamadas al orden en una misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera.
Las informaciones difundidas sobre el incidente describen dos advertencias del alcalde antes de ordenar el desalojo. Determinar si la medida cumplió todas las exigencias procedimentales requiere examinar la secuencia completa y las normas aplicables a la sesión.
El PP mantiene abierto un expediente informativo al alcalde
La expulsión llega en un momento especialmente delicado para García Urbano, cuya continuidad al frente de la Alcaldía ha vuelto a provocar un enfrentamiento entre el PP y el PSOE.
El Partido Popular de Andalucía ha confirmado que mantiene un expediente informativo abierto sobre el regidor. Su secretario general, Antonio Repullo, explicó el 17 de noviembre que el expediente avanzará en función de la evolución del procedimiento judicial y de las decisiones del Comité de Derechos y Garantías.
Desde el PSOE andaluz, su vicesecretaria general, María Márquez, reclamó el 18 de noviembre el cese o la dimisión del alcalde tras conocerse que deberá sentarse en el banquillo.
La propia Emma Molina ha planteado una salida política: ofrecer los votos de los cuatro concejales socialistas para facilitar una moción de censura que permita sustituir a García Urbano por otro candidato del Partido Popular.
No consta que esa propuesta haya desembocado en un acuerdo para cambiar el gobierno municipal.
Estepona aprueba sus presupuestos de 2027 en plena controversia
El incidente coincidió con la aprobación definitiva de las cuentas municipales para 2027, que ascienden a más de 137 millones de euros y contemplan inversiones superiores a 24 millones.
El gobierno local defiende que el presupuesto permitirá mantener los servicios públicos, impulsar nuevas infraestructuras y aplicar bonificaciones fiscales. Entre las partidas anunciadas figuran actuaciones en barrios, equipamientos municipales y medidas relacionadas con el IBI y la tasa de basura.
La discusión sobre estas cuentas terminó, sin embargo, marcada por la salida de la portavoz socialista y de sus tres compañeros.
El episodio deja dos asuntos diferentes sobre la mesa. Uno es el procedimiento penal, en el que la Audiencia Provincial de Málaga tendrá que determinar si existieron los delitos atribuidos al alcalde. El otro es el funcionamiento del pleno municipal y los límites de las facultades de su presidente para restringir las intervenciones de la oposición.
La aprobación de los presupuestos no resuelve ninguno de esos conflictos. García Urbano continúa al frente del Ayuntamiento, mientras el juicio pendiente y la controversia por la expulsión mantienen abierta la disputa política en Estepona.
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