España
El jefe de Emergencias de Madrid, procesado por fraude en Móstoles
Javier Guijarro, director de Emergencias de Madrid, afronta un posible juicio por cinco contratos de Móstoles y una presunta competencia simulada.
Resumen
- Un juez procesa a Javier Guijarro por presunto fraude en Móstoles
- Investigan cinco contratos menores con ofertas de dos empresas vinculadas
- La Fiscalía tiene diez días para pedir juicio o archivo de la causa
El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles ha acordado continuar el procedimiento penal contra José Javier Guijarro Merelles, actual director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid, por un presunto delito de fraude en la contratación pública. La resolución afecta también a otras cuatro personas y se refiere a adjudicaciones municipales realizadas cuando Guijarro ejercía como jefe del Servicio de Bomberos de Móstoles.
El magistrado considera que existen indicios de que se habría simulado la competencia entre dos empresas vinculadas para adjudicar contratos menores de suministro de material. La investigación se centra en cinco expedientes tramitados entre 2015 y 2017. El juez ha dado diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que decidan si solicitan la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones.
La decisión judicial sitúa a uno de los actuales altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante la posibilidad de sentarse en el banquillo, aunque todavía no se ha acordado la celebración del juicio. Guijarro, nombrado responsable autonómico de Emergencias en enero de 2026, está investigado por actuaciones anteriores a su incorporación al Ejecutivo regional.
Cinco contratos de los Bomberos de Móstoles bajo sospecha
El procedimiento examina cómo se seleccionaron proveedores para determinados suministros destinados al Servicio de Bomberos municipal. Guijarro, que desempeñó durante 24 años responsabilidades al frente de este cuerpo, intervenía en la búsqueda de empresas, el envío de invitaciones para presentar ofertas y la valoración técnica de los presupuestos recibidos.
Según el auto judicial, en cinco expedientes se habría recurrido a dos sociedades, Maxport SA y Gamosport 1977 SL, que mantenían vínculos empresariales suficientes para cuestionar que sus ofertas constituyeran una verdadera competencia.
El magistrado Luis Rábago aprecia indicios de que Guijarro habría aceptado los presupuestos y emitido informes favorables para una de las empresas, pese a conocer la relación existente entre ambas sociedades.
La sospecha no se limita, por tanto, a una posible irregularidad administrativa. Lo que se investiga es si los participantes actuaron deliberadamente para aparentar una concurrencia competitiva que no existía y defraudar al Ayuntamiento de Móstoles.
Dos empresas vinculadas que presentaban ofertas diferentes
Uno de los elementos centrales de la investigación es la relación entre las sociedades participantes. Ambas estaban vinculadas al empresario Jorge Oliver Gamo Lucas, también incluido entre las cinco personas contra las que continúa el procedimiento.
La resolución describe un sistema en el que las dos empresas presentaban presupuestos aparentemente independientes, aunque su elaboración y gestión respondían a una misma dirección empresarial.
De acuerdo con los indicios examinados, una de las ofertas tenía un importe superior y no estaba destinada a resultar adjudicataria. Su función habría sido crear una apariencia de competencia para facilitar la selección de la otra sociedad.
El expediente de una de las contrataciones fue devuelto por la Oficina de Control Presupuestario para corregir deficiencias. El juez considera relevante que posteriormente se modificara la tramitación y que en otros procedimientos dejara de invitarse conjuntamente a las dos empresas.
El posible fraude reside precisamente en esa simulación: presentar varias propuestas como si procedieran de competidores autónomos cuando, en realidad, sus intereses estaban vinculados.
La explicación de Guijarro y las dudas del juez
Durante la instrucción, Javier Guijarro sostuvo que conseguir varios presupuestos para determinados suministros de los Bomberos resultaba complicado por las características del material y la disponibilidad de proveedores.
También reconoció que sospechaba que podía existir alguna relación familiar entre las personas vinculadas a las empresas, pero afirmó que no supo hasta 2017 que ambas sociedades compartían administrador.
El magistrado cuestiona esa explicación a partir de la duración de las relaciones comerciales. Según la resolución, Guijarro habría invitado a participar a las mismas empresas desde mucho antes de 2015, posiblemente desde la década de 1990.
El instructor considera difícil que, después de tantos años de contacto profesional, el responsable municipal desconociera completamente los vínculos empresariales existentes.
También se han tenido en cuenta elementos recogidos en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relacionados con la estructura y las conexiones entre las sociedades.
Estas apreciaciones constituyen indicios judiciales pendientes de valoración en las siguientes fases del procedimiento. No equivalen a hechos declarados probados mediante sentencia.
El juez archiva la investigación para varios políticos municipales
La resolución tiene otra vertiente importante: el juez ha acordado el sobreseimiento provisional para varios responsables políticos que figuraban inicialmente entre los investigados.
Entre ellos se encuentra el actual concejal de Hacienda de Móstoles, Alberto Rodríguez de Rivera, así como los exconcejales socialistas Agustín Martín Cortés y Francisco Javier Gómez Gómez.
El archivo provisional alcanza igualmente a las sociedades Maxport y Gamosport y a otras personas investigadas, aunque el procedimiento continúa contra cinco personas físicas.
Esta distinción resulta fundamental para comprender el alcance de la decisión. La investigación original afectaba a adjudicaciones realizadas durante diferentes gobiernos municipales, tanto del Partido Popular como del PSOE. La nueva resolución no atribuye responsabilidad penal a todos los cargos que aparecieron en las diligencias.
La pieza relativa a suministros deportivos y vestuario laboral había examinado 29 contratos menores adjudicados entre 2015 y 2019, por un importe conjunto de 212.708,03 euros. Sin embargo, los indicios por los que continúa el procedimiento contra Guijarro se concentran en cinco expedientes concretos.
La Audiencia Provincial de Madrid había ordenado reactivar parcialmente esta investigación en junio de 2026, después de cuestionar el archivo acordado anteriormente. La decisión actual vuelve a delimitar las responsabilidades que considera necesario examinar.
El sobreseimiento provisional no supone una absolución definitiva y tampoco implica el cierre de las restantes líneas de investigación sobre contratos municipales de Móstoles.
La Fiscalía dispone de diez días para solicitar el juicio
La transformación de las diligencias en procedimiento abreviado marca el siguiente paso de la causa penal. Significa que el instructor considera terminada esta fase de investigación y aprecia indicios suficientes para que las acusaciones se pronuncien sobre la continuación del proceso.
La Fiscalía y las acusaciones personadas disponen de diez días para solicitar la apertura de juicio oral mediante sus correspondientes escritos de acusación, pedir el sobreseimiento o reclamar diligencias complementarias que consideren imprescindibles.
Si se formula acusación y el órgano judicial acuerda abrir juicio oral, Guijarro y los demás investigados podrían terminar sentándose en el banquillo.
Por el momento, no existe una condena ni una declaración judicial definitiva de culpabilidad. Tampoco se ha acreditado en esta fase que las operaciones investigadas ocasionaran un perjuicio económico concreto al Ayuntamiento, una circunstancia distinta de la posible simulación fraudulenta de la contratación.
Un alto cargo autonómico ante una nueva fase judicial
Javier Guijarro fue nombrado director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid en enero de 2026, después de una prolongada trayectoria profesional vinculada a los servicios de extinción de incendios y salvamento.
Su incorporación al Gobierno regional le situó al frente de una dirección general con responsabilidades públicas en materia de emergencias. Los hechos que examina el juzgado, sin embargo, corresponden a su anterior etapa en el Ayuntamiento de Móstoles.
La resolución judicial tiene así una doble dimensión. Por una parte, reduce el alcance de la investigación respecto a antiguos y actuales responsables políticos municipales. Por otra, mantiene abierto el procedimiento penal contra un alto cargo de la Comunidad de Madrid por su presunta intervención en adjudicaciones públicas fraudulentas.
El próximo movimiento corresponde a las acusaciones. De su decisión y de la posterior valoración judicial dependerá si las irregularidades investigadas en los contratos de los Bomberos de Móstoles acaban siendo examinadas en un juicio penal.
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