España
Trabajo inicia la retirada de ocho medallas vinculadas al franquismo
Trabajo inicia la retirada de ocho medallas al Mérito en el Trabajo concedidas a personalidades del franquismo y a la Organización Sindical.
Foto: Universidad Autónoma de Madrid / Archivo fotográfico de Eugenio Morales Agacino / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 ES).
Resumen
- Trabajo inicia la retirada de ocho medallas vinculadas al franquismo
- Entre los afectados están Pilar Primo de Rivera y el Sindicato Vertical
- El Ministerio dispone de seis meses para resolver los expedientes
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado el procedimiento para retirar ocho medallas al Mérito en el Trabajo concedidas a siete personas y una entidad vinculadas al franquismo. Entre los afectados figuran Pilar Primo de Rivera, el empresario Pedro Barrié de la Maza, el exministro Esteban de Bilbao y la Organización Sindical del Movimiento.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes, 20 de noviembre de 2026, coincide con el 51.º aniversario de la muerte de Francisco Franco. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acordó la apertura de los expedientes el pasado 5 de noviembre.
La iniciativa se ampara en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permite revisar las condecoraciones otorgadas a quienes participaron en el aparato represivo de la dictadura y desarrollaron conductas incompatibles con los derechos humanos y los valores democráticos.
La retirada, sin embargo, todavía no es definitiva. Los procedimientos administrativos deberán completar su tramitación antes de que se revoquen oficialmente las distinciones.
Las ocho medallas del franquismo que Trabajo quiere retirar
Los expedientes afectan a personalidades que ocuparon posiciones destacadas en la estructura política, militar, económica e industrial de la dictadura, así como al organismo que monopolizó la representación sindical durante el régimen.
Pilar Primo de Rivera y los altos cargos de la dictadura
Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hermana del fundador de Falange Española, dirigió la Sección Femenina, organización encargada de transmitir el modelo de mujer defendido por el franquismo, basado en la subordinación al hombre, la maternidad y las obligaciones domésticas.
Esteban de Bilbao y Eguía fue ministro de Justicia y presidente de las Cortes franquistas durante más de dos décadas. Juan Antonio Suanzes y Fernández, por su parte, ocupó la cartera de Industria y Comercio y presidió el Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1941 y 1963.
También figura Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, militar que alcanzó el rango de almirante durante la dictadura y participó en La Desbandá, la masacre de civiles que huían de Málaga hacia Almería en febrero de 1937.
Empresarios, banqueros y responsables industriales
Pedro Barrié de la Maza, presidente del Banco Pastor y conde de Fenosa, fue uno de los empresarios más influyentes de Galicia durante el franquismo. Su actividad abarcó los sectores financiero, energético e industrial.
El listado incluye igualmente a José Fariña Ferreño, dirigente del Banco de Crédito Local de España y vinculado a una estructura de información utilizada para identificar y perseguir a opositores al régimen.
La séptima persona afectada es José María González-Llanos y Caruncho, ingeniero naval, contraalmirante honorario y fundador de los astilleros ASTANO, cuya actividad tuvo una gran relevancia económica en la comarca de Ferrol.
El sindicato franquista que recibió una medalla al trabajo
Especialmente significativa resulta la inclusión de la Organización Sindical del Movimiento, conocida popularmente como Sindicato Vertical.
Este organismo integraba obligatoriamente a empresarios y trabajadores dentro de una misma estructura sometida al control del régimen. No existía libertad para constituir sindicatos independientes ni para defender colectivamente los intereses laborales al margen de las instituciones franquistas.
El Ministerio de Trabajo considera que la organización desempeñó un papel fundamental en la represión de la libertad sindical, la limitación de la negociación colectiva y la persecución de las huelgas.
La paradoja histórica es evidente: una institución que contribuyó a restringir los derechos de los trabajadores recibió una de las principales distinciones laborales del Estado.
Cómo se tramitará la retirada de las medallas
La publicación de la resolución en el BOE abre un plazo de 10 días hábiles para que las personas o entidades que acrediten un interés legítimo en los procedimientos se lo comuniquen al Ministerio de Trabajo.
Una vez notificada formalmente la apertura del expediente, los interesados dispondrán de otros 10 días hábiles para presentar alegaciones.
La normativa establece un plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento para resolver la revocación. Si los hechos que justifican la retirada no quedan suficientemente acreditados, el expediente deberá archivarse.
Las medallas tienen carácter honorífico y no llevan aparejada ninguna prestación económica. Su revocación implica la pérdida del reconocimiento oficial, la obligación de devolver la condecoración y la prohibición de exhibirla como distinción vigente.
El precedente de la retirada de la medalla a Franco
No es la primera vez que el Gobierno aplica este mecanismo. El 11 de julio de 2023, el Consejo de Ministros aprobó nueve reales decretos para retirar las medallas concedidas a Francisco Franco y otras ocho personalidades de la dictadura.
Entre ellas se encontraban el general Juan Yagüe, el exministro José Antonio Girón de Velasco, el dirigente falangista José Luis de Arrese y el cardenal Enrique Pla y Deniel.
Franco había recibido en 1953 una condecoración extraordinaria creada expresamente para él: la Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo.
La distinción laboral, instituida originalmente en 1926 y recuperada por la dictadura en 1942, sobrevivió a la transición democrática. Su reglamento fue actualizado en 2022 para incorporar criterios de ejemplaridad cívica y respeto a los derechos fundamentales.
Los honores públicos pendientes del franquismo
Cincuenta y un años después de la muerte del dictador, España continúa revisando reconocimientos concedidos durante un régimen que suprimió las libertades políticas y sindicales.
Los nuevos expedientes no pretenden eliminar del registro histórico las trayectorias industriales, empresariales o políticas de sus protagonistas. Su finalidad es determinar si resulta compatible mantener sus distinciones oficiales con los principios que actualmente regulan las condecoraciones del Estado.
La diferencia está entre reconocer la existencia y la influencia histórica de una persona y seguir otorgándole un honor público. Los ocho procedimientos abiertos por Trabajo deberán resolver precisamente esa cuestión.
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