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Economía

Las gerocultoras de Gipuzkoa ganarán más de 2.000 euros al mes en 2027

El preacuerdo de las residencias de Gipuzkoa fija salarios superiores a 2.000 euros en 2027, una jornada mínima del 75 % y mejoras en las bajas.

Las gerocultoras de Gipuzkoa

Resumen

  • El pacto prevé sueldos de más de 2.000 euros para gerocultoras en 2027
  • Las jornadas tendrán un mínimo del 75 % y habrá mejoras en las bajas
  • Afecta a más de 5.000 trabajadoras y aún debe ratificarse en ocho centros

Las trabajadoras de las residencias de mayores y centros de día de Gipuzkoa han conseguido un preacuerdo laboral que elevará el salario base de las gerocultoras por encima de los 2.000 euros mensuales en 2027. El pacto, alcanzado este viernes 20 de noviembre entre sindicatos y patronales, beneficiará a más de 5.000 profesionales, en su mayoría mujeres, y abre la puerta al final de un conflicto marcado por más de un año de huelgas y movilizaciones.

El nuevo convenio colectivo tendrá una vigencia de cuatro años, de 2025 a 2028, e incorporará subidas salariales, una jornada mínima garantizada del 75 % y mejoras en las condiciones de contratación. La Diputación Foral de Gipuzkoa aportará alrededor de 51 millones de euros durante ese periodo para facilitar su aplicación. El acuerdo cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales y empresariales presentes en la negociación, aunque todavía necesita la ratificación de las asambleas de las ocho residencias que mantienen una huelga indefinida.

La importancia del pacto va más allá de la subida de sueldo. El sector llevaba años reclamando un convenio que estableciera condiciones laborales comunes y pusiera límites a la contratación parcial involuntaria. Si culmina su tramitación, será el primer convenio de eficacia general desde 2008 en las residencias de Gipuzkoa, después de una larga etapa de acuerdos que no contaban con el respaldo de la mayoría sindical.

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Cuánto cobrarán las gerocultoras de Gipuzkoa en 2027

El incremento salarial constituye uno de los principales avances de la negociación. Según las condiciones anunciadas por ELA, el nuevo convenio garantizará actualizaciones vinculadas al índice de precios de consumo (IPC) durante sus cuatro años de vigencia, a las que se añadirá una mejora salarial adicional del 2 %.

Con esta actualización, el salario base correspondiente a la jornada completa de las gerocultoras, la categoría profesional mayoritaria en las residencias, superará los 2.000 euros mensuales en 2027.

Conviene precisar que esa cantidad no significa que las más de 5.000 personas afectadas vayan a cobrar automáticamente el mismo sueldo. Las retribuciones dependerán de la categoría profesional, la jornada contratada y los complementos que correspondan. Tampoco debe confundirse el salario base con el importe neto que recibe cada trabajadora.

Para quienes tengan una jornada del 75 %, el sindicato sitúa el salario mínimo de las gerocultoras por encima de los 1.500 euros mensuales. Esta garantía pretende mejorar los ingresos de las profesionales que actualmente trabajan con contratos de pocas horas, una situación especialmente extendida en el sector de los cuidados.

Una jornada mínima del 75 % para reducir la precariedad

El segundo gran cambio afecta a la organización del trabajo. El preacuerdo establece una jornada contractual mínima del 75 %, una medida destinada a reducir la parcialidad involuntaria y proporcionar mayor estabilidad económica a las plantillas.

Hasta ahora, una de las principales quejas de las trabajadoras era la dificultad de organizar su vida personal alrededor de contratos parciales y necesidades cambiantes de los centros. Tener pocas horas garantizadas no siempre significaba disponer de más tiempo libre: también podía implicar estar pendiente de posibles cambios de turno sin contar con unos ingresos suficientes.

El nuevo texto contempla la eliminación de la disponibilidad obligatoria y de las reducciones de contrato exigidas a las plantillas. El objetivo es que las horas de trabajo queden establecidas con mayor claridad en los calendarios laborales.

La medida tiene una consecuencia práctica importante: facilita la planificación de los horarios, mejora la previsibilidad de los ingresos y permite organizar con mayor antelación las responsabilidades familiares. No se trata únicamente de cobrar más, sino de saber cuándo se trabaja y en qué condiciones.

Mejoras en las bajas médicas y para mayores de 60 años

El acuerdo incorpora otras garantías laborales que afectan especialmente a las trabajadoras de mayor edad.

Entre ellas figura el acceso al contrato de relevo, una fórmula que permite facilitar determinadas jubilaciones parciales mediante la contratación de otra persona trabajadora. También se contemplan contratos al 100 % para profesionales mayores de 60 años y una reducción de jornada del 25 % a partir de esa edad, conforme a las condiciones que se concreten en el convenio.

En un sector donde el trabajo implica con frecuencia movilizar y atender a personas dependientes, estas medidas adquieren especial relevancia. Las exigencias físicas de la atención residencial han sido una de las cuestiones presentes en las reivindicaciones sindicales.

El preacuerdo también mejora la protección económica durante las bajas por enfermedad. En concreto, garantiza el 100 % del salario en la primera baja por incapacidad temporal, tanto por enfermedad común como profesional.

Se incluyen igualmente avances en salud laboral, permisos sin sueldo y elaboración de planes de euskera negociados con la representación de las trabajadoras.

Un acuerdo unánime tras más de un año de huelgas

El preacuerdo fue alcanzado el 20 de noviembre por las patronales Adegi, Matia y Lares y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT.

La unanimidad representa uno de los elementos más relevantes de la negociación. ELA, que cuenta con el 62,55 % de la representación sindical, llevaba tiempo reclamando un convenio respaldado por la mayoría de las trabajadoras, frente a los acuerdos de eficacia limitada suscritos en etapas anteriores.

El conflicto se había prolongado durante más de un año y medio de movilizaciones. A finales de octubre, ocho residencias acumulaban alrededor de 350 días de huelga indefinida y el sector había registrado más de 30 jornadas de paro.

La presión sindical también llegó al ámbito político. ELA había pedido a los grupos de las Juntas Generales de Gipuzkoa que condicionaran su apoyo a los presupuestos de 2027 a la consecución de un nuevo convenio.

LAB considera que el pacto permite avanzar hacia la equiparación de las condiciones laborales de las trabajadoras de residencias de gestión privada con las del personal público, aunque mantiene como objetivo alcanzar una igualdad plena en futuras negociaciones.

CCOO, por su parte, ha valorado positivamente la recuperación de un convenio de eficacia general y la posibilidad de mejorar sus condiciones mediante acuerdos de empresa.

La Diputación aportará unos 51 millones de euros

La participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha sido decisiva para desbloquear la negociación. La institución asumirá una aportación económica estimada de 51 millones de euros durante los cuatro años de vigencia del convenio, según la información conocida sobre el acuerdo.

La diputada general, Eider Mendoza, ha celebrado el consenso entre sindicatos y patronales y ha defendido el compromiso económico de la institución como una herramienta para proporcionar mayor estabilidad al sector residencial.

El Gobierno foral también ha anunciado mejoras en las ratios de personal, dentro de su estrategia de transformación del modelo de cuidados.

La financiación pública tiene especial importancia en un ámbito donde numerosas residencias y centros de día prestan servicios mediante plazas concertadas. Las mejoras salariales y laborales necesitan, por tanto, una estructura económica que permita sostenerlas durante los próximos años.

Para la Diputación, el pacto forma parte de una transformación más amplia de la atención a las personas mayores, orientada hacia servicios más personalizados, preventivos y próximos.

Las ocho residencias en huelga deben ratificar el convenio

Aunque el respaldo de patronales y sindicatos supone un avance determinante, el conflicto todavía tiene un trámite pendiente.

Las trabajadoras que participaron en la concentración celebrada ante el Consejo de Relaciones Laborales de San Sebastián aprobaron el preacuerdo por unanimidad. Sin embargo, las asambleas de las ocho residencias en huelga indefinida deberán confirmar su aceptación antes de dar por definitivamente cerrado el conflicto.

La ratificación permitirá avanzar hacia la formalización del convenio y la aplicación de sus nuevas condiciones laborales, incluidos los incrementos salariales correspondientes al periodo 2025-2028.

El resultado supondría un cambio importante para miles de profesionales que sostienen diariamente la atención a las personas mayores. Después de años de desencuentros, la negociación ha terminado por situar sobre la mesa dos reivindicaciones fundamentales: salarios más altos y jornadas de trabajo más estables.

La subida por encima de los 2.000 euros en 2027 es el dato más llamativo. Pero el alcance del acuerdo también reside en algo menos visible: establecer unas condiciones laborales comunes, con mayor respaldo sindical, para un sector esencial que llevaba desde 2008 sin un convenio de eficacia general.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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