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Pedro Sánchez y su esposa: sin pruebas de que planeen huir de España
La Audiencia de Madrid anuló las restricciones impuestas a Begoña Gómez por riesgo de fuga. Pedro Sánchez sigue en campaña y ella afronta un juicio.
Resumen
- No hay pruebas de que Pedro Sánchez y su esposa preparen una huida de España
- La Audiencia anuló las restricciones a Gómez por falta de riesgo de fuga
- Begoña Gómez espera juicio y Sánchez sigue en campaña para el 29N
Las especulaciones sobre una posible huida de Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, de España no están respaldadas por pruebas ni por informaciones verificadas que indiquen que el presidente del Gobierno esté preparando una fuga junto a su mujer. La hipótesis tiene su origen en las decisiones judiciales adoptadas durante la investigación contra Gómez, especialmente en una resolución del juez Juan Carlos Peinado que posteriormente fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid.
El dato fundamental es que la Audiencia descartó en julio de 2026 que existiera un riesgo de fuga suficientemente acreditado para mantener las restricciones impuestas a Begoña Gómez. El tribunal anuló la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. En septiembre, cuando se acordó la apertura de juicio oral contra ella, tampoco se establecieron nuevas medidas cautelares de esa naturaleza.
La controversia judicial sigue abierta, pero no debe confundirse con la existencia de un supuesto plan para abandonar el país. Gómez está pendiente de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que Pedro Sánchez continúa ejerciendo como presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
El origen de las especulaciones sobre una posible fuga
La hipótesis de que Begoña Gómez pudiera abandonar España para eludir la acción judicial adquirió relevancia el 20 de junio de 2026. Aquel día, el juez Juan Carlos Peinado acordó inicialmente abrir juicio oral contra la esposa del presidente y ordenó retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarla a presentarse periódicamente ante el juzgado.
El magistrado consideraba que existía riesgo de fuga y llegó a plantear que los policías encargados de proteger a Gómez podrían facilitar una eventual salida del país. Su argumentación también aludía al carácter temporal de la Presidencia del Gobierno y a la posibilidad de que la situación de protección policial cambiara si Sánchez dejaba el cargo.
Aquellas afirmaciones provocaron una importante controversia. Los sindicatos policiales rechazaron que se pusiera en duda la profesionalidad de los agentes, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó una queja al Consejo General del Poder Judicial.
La resolución alimentó las interpretaciones sobre una posible fuga del entorno familiar del presidente. Sin embargo, el supuesto riesgo señalado por Peinado afectaba a Begoña Gómez, no constituía una constatación de que Sánchez estuviera organizando una huida ni acreditaba preparativos para abandonar España.
La referencia del juez a un antiguo primer ministro italiano
La polémica continuó el 8 de julio, cuando Peinado defendió su decisión de retirar el pasaporte a Gómez e introdujo un precedente internacional: el del antiguo primer ministro italiano Bettino Craxi, que se instaló en Túnez mientras afrontaba procedimientos judiciales en Italia.
El magistrado argumentó que no sería la primera vez que un antiguo jefe de Gobierno europeo lograba eludir a la Justicia.
La comparación fue especialmente llamativa por tratarse de una investigación que afectaba directamente a la esposa del presidente español. Pero una referencia a un precedente histórico no equivale a una prueba de que Pedro Sánchez o Begoña Gómez tengan intención de seguir el mismo camino.
La Audiencia de Madrid rechazó el riesgo de fuga
El 16 de julio de 2026 se produjo una de las decisiones más relevantes del procedimiento. La Audiencia Provincial de Madrid levantó todas las medidas cautelares que impedían a Begoña Gómez salir de España.
Los magistrados concluyeron que no se había demostrado un riesgo real y efectivo de fuga con la intensidad necesaria para justificar aquellas restricciones. Consideraron que los argumentos del instructor no estaban suficientemente individualizados ni respaldados por datos concretos.
La Audiencia entendió que la finalidad de asegurar la presencia de Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, durante el procedimiento podía alcanzarse mediante medidas menos restrictivas. También recordó que la gravedad de los delitos investigados y las posibles penas de prisión no bastaban, por sí solas, para justificar la retirada del pasaporte.
La resolución no supuso el archivo del procedimiento. Ambas quedaron obligadas a mantenerse a disposición de los órganos judiciales y comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero.
Begoña Gómez recuperó su pasaporte el 30 de julio, una vez ejecutada la decisión de la Audiencia. Desde entonces, la posibilidad legal de viajar al extranjero no debe confundirse con una intención de fuga. Son circunstancias distintas, tanto desde el punto de vista judicial como desde el informativo.
La situación judicial de Begoña Gómez en noviembre de 2026
El procedimiento experimentó otro avance el 21 de septiembre, cuando Peinado dictó un nuevo auto de apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La causa gira alrededor de su actividad como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, el desarrollo de una herramienta informática vinculada a ese proyecto y las funciones desempeñadas por Cristina Álvarez, asesora contratada con fondos públicos.
La Audiencia Provincial había limitado previamente el procedimiento con jurado a dos delitos, descartando continuar por esa vía con las imputaciones de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había planteado el instructor.
Las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, solicitan 13 años de prisión para Begoña Gómez. La Fiscalía, por el contrario, ha pedido su absolución, al igual que su defensa.
El juicio está pendiente de fecha y se celebrará ante un jurado popular. La apertura de juicio oral no supone una declaración de culpabilidad: los hechos atribuidos a Gómez deberán ser examinados y valorados por el tribunal.
También conviene distinguir las responsabilidades personales. Pedro Sánchez no figura como acusado en este procedimiento contra su esposa. Que una investigación judicial afecte al entorno familiar de un presidente no convierte automáticamente al jefe del Ejecutivo en responsable penal de los hechos investigados.
Sánchez y su esposa mantienen su actividad pública
Las últimas apariciones públicas de la pareja tampoco aportan indicios de una salida clandestina de España.
El 12 de noviembre, Begoña Gómez acompañó a Pedro Sánchez en el acto de apertura de la campaña socialista en Sevilla, de cara a las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.
La esposa del presidente tomó la palabra ante los asistentes y agradeció el apoyo recibido durante los últimos meses. Fue una intervención significativa porque se produjo mientras continuaba pendiente de juicio y en plena campaña electoral.
Días después, el 17 de noviembre, Sánchez volvió a situar a su familia en el centro de su discurso público mediante una entrevista concedida a la revista Lecturas, publicada al día siguiente. En ella habló de su relación con Gómez, de sus hijas y de la repercusión de su trayectoria política sobre la vida familiar.
Estas apariciones no permiten anticipar decisiones personales futuras. Sí reflejan que, en las fechas más recientes, Sánchez y Gómez siguen participando públicamente en la vida política española, sin que haya trascendido ninguna información contrastada sobre preparativos para establecerse en otro país.
Una causa pendiente de juicio, no una fuga acreditada
La situación de Begoña Gómez presenta dos elementos que deben mantenerse separados: existe un procedimiento penal abierto que deberá resolverse judicialmente, pero no hay pruebas conocidas de que ella y Pedro Sánchez estén preparando una huida de España.
La posibilidad que planteó inicialmente Peinado quedó debilitada por una resolución posterior de la Audiencia Provincial, que rechazó la existencia de un riesgo de fuga suficientemente justificado para mantener las medidas cautelares.
El futuro político de Sánchez dependerá, en primer término, del resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre y de las posibilidades de formar Gobierno. El futuro judicial de Gómez seguirá su propio curso, con independencia de quién ocupe la Presidencia.
Una eventual salida del poder, un viaje al extranjero o incluso un cambio de residencia no constituyen por sí mismos una fuga. Esta última implica eludir la acción de la Justicia, algo que exige hechos concretos y no simples conjeturas.
A 21 de noviembre de 2026, la información verificable permite afirmar que Begoña Gómez afronta un juicio pendiente y que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó mantener las restricciones impuestas por supuesto riesgo de fuga. Lo que no permite sostener es que Pedro Sánchez esté planeando escapar de España junto a su esposa.
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