España
29N: PP, PSOE, Vox y Frente Amplio presentan sus planes para el campo
Las elecciones del 29N ponen sobre la mesa la PAC, el coste de los alimentos y el futuro del campo: estas son las propuestas de los cuatro partidos.
Resumen
- El 29N enfrenta cuatro programas sobre la PAC y el futuro del campo
- PP propone quitar el IVA a alimentos básicos; Frente Amplio, limitar precios
- PSOE apuesta por la agricultura familiar; Vox, por reducir restricciones
La reforma de la Política Agraria Común (PAC), el precio de los alimentos y el futuro del medio rural se han convertido en asuntos destacados de los programas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre. PP, PSOE, Vox y Frente Amplio plantean distintas medidas para proteger a agricultores y ganaderos, garantizar las ayudas europeas y afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra.
Las diferencias son especialmente visibles en las propuestas económicas. El PP promete eliminar el IVA de los alimentos básicos, mientras que Frente Amplio defiende establecer precios máximos para los productos esenciales. El PSOE apuesta por reforzar la agricultura familiar y modernizar las explotaciones, y Vox reclama menos restricciones ambientales y medidas contra lo que considera competencia desleal de las importaciones.
La negociación de la PAC para el periodo 2028-2034 añade importancia a estas propuestas. España deberá defender sus intereses agrícolas en Bruselas en un momento en el que se debate cómo distribuir las subvenciones, qué requisitos deben cumplir sus beneficiarios y qué financiación recibirá el sector.
En juego están los ingresos de miles de explotaciones, la incorporación de jóvenes al campo y las condiciones en las que se producen los alimentos. También el bolsillo del consumidor, aunque las soluciones propuestas por los partidos no tendrían necesariamente los mismos efectos ni los mismos plazos.
La cesta de la compra: eliminar el IVA o limitar los precios
El coste de los alimentos constituye una de las diferencias más claras entre los programas. PP y Frente Amplio plantean intervenir sobre los precios finales, pero mediante mecanismos distintos.
La formación de Alberto Núñez Feijóo propone suprimir el IVA de los alimentos básicos. La medida busca aliviar directamente la carga fiscal de las compras habituales de los hogares. Su efecto real dependería de qué productos quedasen incluidos y de cuánto se trasladase la rebaja tributaria al precio de venta.
La coalición encabezada por Ada Colau apuesta, en cambio, por fijar precios máximos para una cesta básica de alimentos. Su propuesta pretende actuar sobre el importe que paga el consumidor, aunque su aplicación exigiría concretar los productos afectados, los límites y los mecanismos de supervisión.
Son dos fórmulas diferentes. La primera reduce la fiscalidad de determinados alimentos; la segunda establece límites administrativos a sus precios. Ninguna supone, por sí sola, una garantía de que todos los productos alimentarios vayan a abaratarse.
El PSOE y Vox concentran buena parte de sus compromisos agroalimentarios en las condiciones de producción, las ayudas al sector y la competencia comercial, más que en una intervención directa sobre los precios de los supermercados.
PP: menos impuestos, un pacto nacional y protección del campo
El Partido Popular dedica un capítulo específico de su programa electoral al mundo rural y propone alcanzar un Pacto Nacional para el Medio Rural que abarque la agricultura, la ganadería, la pesca, los montes y sus respectivas cadenas de valor.
La iniciativa buscaría el acuerdo de los profesionales del sector, las administraciones públicas y el Congreso de los Diputados.
En materia fiscal, además de eliminar el IVA de los alimentos básicos, los populares prometen reducir los impuestos a los habitantes del medio rural y permitir que los ingresos extraordinarios de una buena campaña agrícola puedan distribuirse entre varios ejercicios fiscales.
Esta última medida pretende adaptar la tributación a una actividad cuyos ingresos pueden variar considerablemente de una temporada a otra.
El programa también contempla mejorar los seguros agrarios, facilitar la contratación de trabajadores en origen y establecer un mecanismo para evaluar las consecuencias de las nuevas leyes sobre las zonas rurales.
En el ámbito europeo, el PP defiende mantener la financiación de la PAC durante el periodo 2028-2034, con especial atención a las oportunidades para las jóvenes agricultoras. También reclama preservar las ayudas pesqueras y el programa POSEI, destinado a apoyar determinadas producciones agrícolas de regiones ultraperiféricas como Canarias.
La formación incorpora otras reivindicaciones habituales del sector: un Pacto Nacional del Agua, mayor protección de los ganaderos frente al lobo, controles más estrictos sobre los productos importados e incentivos económicos para quienes desarrollen prácticas ambientales.
PSOE: agricultura familiar, modernización y relevo generacional
El Partido Socialista sitúa sus compromisos agroalimentarios dentro del apartado denominado «Territorio vivo y sostenible», con especial atención a la continuidad de las explotaciones familiares y la transformación productiva.
Una de sus principales propuestas consiste en recuperar la Ley de Agricultura Familiar, cuya aprobación quedó pendiente durante la legislatura que termina. El objetivo es reforzar este modelo de explotación y facilitar su continuidad.
El PSOE también defiende una PAC con financiación suficiente y orientada prioritariamente a quienes viven de la actividad agraria.
Su programa incluye la renovación de maquinaria, el desarrollo de la agricultura de precisión y la modernización tecnológica de las explotaciones. Este último concepto comprende herramientas que permiten ajustar el uso de agua, fertilizantes y otros recursos a las necesidades de los cultivos.
Otro compromiso consiste en fomentar las cooperativas y promover bancos de tierras para facilitar el acceso a superficies agrícolas. Los socialistas quieren impulsar el relevo generacional y evitar que los terrenos fértiles se concentren en manos de fondos de inversión.
El partido de Pedro Sánchez propone, asimismo, reforzar los seguros agrarios, simplificar trámites administrativos y recompensar a los productores que apliquen prácticas sostenibles.
En pesca y acuicultura, defiende una transición ambiental que tenga en cuenta sus consecuencias sociales y económicas. También plantea un plan de empleo verde rural y reclama condiciones de competencia justas frente a los productos importados de terceros países.
Vox: rechazo al Pacto Verde y mayores controles a las importaciones
Vox dedica 12 de los 115 puntos de su programa electoral al sector primario y al medio rural. Sus prioridades pasan por reducir las restricciones regulatorias, proteger la producción nacional y modificar determinadas políticas ambientales europeas.
La formación de Santiago Abascal rechaza los recortes de las ayudas de la PAC y plantea impedir la renovación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, al considerar que existe una situación de competencia desleal que perjudica a los agricultores españoles.
Entre sus propuestas figura aplicar las denominadas cláusulas espejo, destinadas a exigir a determinados productos importados condiciones de producción equivalentes a las impuestas a los productores europeos.
Vox también defiende revisar las limitaciones ambientales que afectan al sector, autorizar materias activas fitosanitarias de uso excepcional y promover cambios en la Política Pesquera Común.
Una de sus reivindicaciones es sacar al lobo del listado español de especies silvestres en régimen de protección especial, con el propósito de modificar las condiciones de gestión de esta especie y su relación con la ganadería.
El programa rechaza expresamente el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, así como lo que denomina instalación descontrolada de energías renovables en terrenos rurales.
La formación propone igualmente un Pacto Nacional del Agua, medidas para favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, apoyo a la caza y un fondo de compensación para productores. También reclama revisar las restricciones ambientales que afectan a los trabajos de prevención de incendios forestales.
Frente Amplio: precios máximos y una agricultura ecológica para 2050
Frente Amplio, la coalición encabezada por Ada Colau y heredera del espacio político de Sumar y otras formaciones de izquierdas, plantea una transformación del modelo agroalimentario centrada en la sostenibilidad y la redistribución de las ayudas públicas.
Además de establecer límites al precio de una cesta básica de alimentos, propone excluir a los fondos de inversión y las grandes empresas de las subvenciones de la PAC, para orientar estos recursos hacia pequeñas y medianas explotaciones.
La coalición considera prioritario favorecer a los productores de menor tamaño y reducir la concentración de las ayudas.
Su programa establece como horizonte alcanzar una producción agropecuaria totalmente ecológica en 2050, mediante una transición progresiva que también contempla reducir las emisiones del sector y fomentar la ganadería extensiva.
La propuesta supone una transformación profunda de los sistemas de producción actuales, que tendría que desarrollarse durante las próximas décadas.
En materia presupuestaria, Frente Amplio plantea dedicar hasta el 3,5 % del PIB a una transición ecológica justa, una iniciativa de alcance general que incluye medidas más allá del sector agrario.
También propone impulsar la fiscalidad verde, reforzar la legislación sobre bienestar animal y apoyar la pesca artesanal y las actividades pesqueras de menor impacto ambiental.
La lucha contra la despoblación figura entre sus objetivos, junto con el mantenimiento de la actividad económica y las oportunidades de empleo en los municipios rurales.
La PAC de 2028-2034 marcará el futuro de las ayudas agrícolas
Más allá de las diferencias entre partidos, la negociación de la próxima Política Agraria Común constituye uno de los asuntos decisivos para el sector agroalimentario español.
La Comisión Europea presentó en julio de 2025 una propuesta para reformar la PAC durante el periodo 2028-2034, dentro del nuevo presupuesto plurianual de la Unión Europea.
El planteamiento comunitario contempla reservar alrededor de 300.000 millones de euros para ayudas a la renta agraria y medidas de crisis en el conjunto de la Unión. Esa cifra forma parte de una propuesta y no equivale a una dotación definitiva ya aprobada para España.
La reforma también prevé reorganizar la financiación europea, concentrar más recursos en agricultores activos y jóvenes y modificar el actual sistema de dos pilares de la PAC.
El 26 de octubre de 2026, el Consejo de la Unión Europea acordó una posición negociadora parcial sobre el futuro reglamento agrario. Sin embargo, las cuestiones presupuestarias fundamentales continúan pendientes de negociación.
El impacto para agricultores y consumidores
El próximo Gobierno español tendrá que intervenir en ese proceso mientras afronta problemas compartidos por buena parte del sector: la rentabilidad de las explotaciones, el acceso al agua, el envejecimiento de los profesionales, la competencia internacional y los costes de producción.
Las propuestas electorales muestran coincidencias en la necesidad de apoyar al campo, pero también diferencias sobre quién debe recibir las subvenciones, qué exigencias ambientales deben aplicarse y cómo intervenir en el precio de los alimentos.
El 29 de noviembre los ciudadanos votarán entre esas alternativas. La aplicación de las promesas dependerá después de las mayorías parlamentarias, los recursos presupuestarios disponibles y los acuerdos que finalmente se alcancen en Bruselas.
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