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Hasta cuándo se puede abortar en España: 14 y 22 semanas y excepciones
En España, la interrupción voluntaria del embarazo se permite hasta las 14 semanas y, bajo determinadas condiciones médicas, también después.
Resumen
- En España se puede abortar por decisión propia hasta las 14 semanas
- De las 14 a las 22 semanas se exigen causas médicas previstas por ley
- Después de las 22 semanas solo caben supuestos fetales excepcionales
En España, se puede abortar durante las primeras 14 semanas de gestación por decisión de la mujer, sin necesidad de justificarla ni acreditar motivos médicos. Así lo establece la Ley Orgánica 2/2010, modificada en 2023, que regula la interrupción voluntaria del embarazo y mantiene estos plazos vigentes en noviembre de 2026.
Después de las 14 semanas, el aborto solo está permitido en determinadas circunstancias médicas. La legislación contempla interrupciones hasta las 22 semanas cuando existe un riesgo grave para la vida o la salud de la embarazada o un riesgo de anomalías fetales graves. Más allá de ese límite, únicamente se admiten dos supuestos excepcionales relacionados con el diagnóstico fetal, sujetos a requisitos médicos específicos.
La reforma aprobada en 2023 también introdujo cambios importantes: eliminó el periodo obligatorio de reflexión de tres días y recuperó la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin autorización de sus padres o representantes legales.
Aunque el Gobierno impulsó en 2026 una reforma constitucional para reforzar la protección de este derecho, la disolución de las Cortes en octubre dejó sin culminar su tramitación. Los límites legales del aborto no han cambiado. Conviene distinguir entre el plazo general, las excepciones médicas y las condiciones de acceso a la prestación sanitaria.
Entre las 14 y las 22 semanas, solo por motivos médicos
Superadas las primeras 14 semanas, la voluntad de interrumpir el embarazo ya no basta por sí sola para acceder legalmente a la intervención. La ley exige que concurra alguna de las circunstancias previstas en su artículo 15 y que se cumplan los requisitos médicos correspondientes.
El primer supuesto contempla la existencia de un riesgo grave para la vida o la salud de la embarazada. Esta situación debe quedar acreditada mediante un dictamen previo de un médico especialista distinto del profesional que realice o dirija la intervención. Si existe una urgencia por riesgo vital, puede prescindirse de ese informe.
El segundo supuesto permite la interrupción cuando existe riesgo de graves anomalías en el feto. En este caso, la legislación exige un dictamen anterior a la intervención emitido por dos médicos especialistas distintos de quien vaya a practicarla o dirigirla.
Ambas posibilidades están sujetas al límite de las 22 semanas de gestación. Por ejemplo, una embarazada de 18 semanas no puede solicitar una interrupción únicamente por decisión personal, pero sí puede acceder a ella cuando se acredita alguna de estas circunstancias médicas.
La distinción es fundamental: las 22 semanas no constituyen una ampliación del plazo general para abortar, sino un límite aplicable a situaciones clínicas concretas.
Después de las 22 semanas, la ley contempla dos excepciones
La legislación española permite interrumpir un embarazo más allá de las 22 semanas en circunstancias extraordinarias relacionadas con la salud fetal. Son supuestos muy restringidos y no existe un plazo máximo general expresado en semanas para ellos, aunque deben cumplirse las condiciones legales y médicas establecidas.
El primero se produce cuando se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida. El diagnóstico debe constar en un informe previo elaborado por un médico especialista diferente del que practique la intervención.
El segundo afecta a los casos en los que se diagnostica una enfermedad fetal extremadamente grave e incurable en el momento de su detección. Aquí es imprescindible la confirmación de un comité clínico.
Este comité está integrado por dos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra. La mujer puede elegir a uno de los especialistas y, una vez confirmado el diagnóstico, conserva la decisión sobre la intervención.
No basta, por tanto, con que aparezca cualquier malformación o enfermedad fetal para que pueda practicarse un aborto después de las 22 semanas. La gravedad del diagnóstico y su encaje en los supuestos legales son determinantes.
Cómo se calculan las semanas de embarazo
Uno de los aspectos que más confusión provoca es el cálculo del tiempo de gestación. Las semanas de embarazo se cuentan desde el primer día de la última menstruación, no desde la fecha en la que se mantuvieron relaciones sexuales ni desde el día de la fecundación.
En un ciclo menstrual habitual, la fecundación suele producirse aproximadamente dos semanas después del comienzo de la última regla. Por eso, una mujer que se encuentra en la sexta semana de gestación puede haber concebido unas cuatro semanas antes.
Esta diferencia importa especialmente cuando se acerca el límite legal de las 14 semanas.
La edad gestacional se determina a partir de la historia menstrual y, cuando corresponde, mediante una ecografía. Si existen ciclos irregulares o dudas sobre las fechas, la valoración médica permite establecer con mayor precisión las semanas y los días de embarazo.
No es conveniente esperar hasta el último momento para iniciar los trámites. Aunque la legislación considera la interrupción voluntaria del embarazo un procedimiento sanitario de urgencia por estar sujeto a plazos, las consultas, pruebas y organización de la intervención pueden requerir tiempo.
Las menores de edad también tienen derecho a abortar
Desde la reforma de 2023, las adolescentes de 16 y 17 años pueden abortar sin consentimiento de sus padres o tutores legales, siempre que se cumplan las condiciones generales establecidas por la legislación sanitaria.
La modificación recuperó el régimen que ya había existido desde 2010 y que fue restringido mediante una reforma de 2015.
Para las menores de 16 años, en cambio, se aplica el régimen de consentimiento por representación previsto en la Ley de Autonomía del Paciente. Como regla general, requiere la intervención de quienes ejerzan su representación legal, con las garantías correspondientes para escuchar y proteger a la menor.
La legislación también regula situaciones especiales, como las menores en situación de desamparo. Si surge un desacuerdo entre la menor y quienes deben prestar el consentimiento por representación, puede intervenir la autoridad judicial mediante un procedimiento urgente.
Otro cambio relevante afecta al tiempo de reflexión. Desde marzo de 2023 ya no es obligatorio esperar tres días entre la recepción de la información y la intervención, una exigencia que figuraba en la regulación anterior.
La mujer debe recibir información sanitaria adecuada y prestar su consentimiento informado en los términos legales, pero no está obligada a recibir información sobre ayudas a la maternidad si no la solicita.
Dónde se puede abortar en España y cuánto cuesta
La interrupción voluntaria del embarazo está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esto significa que las mujeres con derecho a la prestación sanitaria pública pueden acceder a ella sin asumir directamente su coste cuando se realiza a través del circuito correspondiente.
El procedimiento puede llevarse a cabo en hospitales públicos o centros privados debidamente acreditados. También existen clínicas privadas a las que se puede acudir por cuenta propia, en cuyo caso el coste dependerá del centro y del procedimiento.
Para iniciar la solicitud por la sanidad pública, se puede acudir a un centro de salud, un servicio de salud sexual y reproductiva o los dispositivos habilitados por cada comunidad autónoma.
La ley obliga a las administraciones a garantizar el acceso a la prestación independientemente del lugar de residencia. Si el sistema sanitario correspondiente no puede ofrecerla a tiempo, debe facilitar la derivación a un centro autorizado conforme a las garantías legales.
Aborto farmacológico y quirúrgico: las diferencias
Existen dos grandes métodos de interrupción voluntaria del embarazo: el farmacológico y el instrumental o quirúrgico.
El aborto farmacológico utiliza medicamentos, habitualmente mifepristona y misoprostol, para interrumpir la gestación y provocar la expulsión del contenido uterino. Se emplea principalmente en etapas tempranas, aunque también puede formar parte de procedimientos posteriores bajo supervisión especializada.
El aborto instrumental se realiza mediante técnicas médicas como la aspiración uterina, en función de las semanas de embarazo y de las circunstancias clínicas.
La elección depende de la edad gestacional, el estado de salud, las indicaciones médicas y las preferencias de la mujer. La legislación reconoce el derecho a recibir información sobre los métodos disponibles, sus riesgos y las condiciones en las que se realizan.
En ambos casos debe garantizarse una atención sanitaria adecuada, el seguimiento que resulte necesario y la confidencialidad de los datos personales.
Los plazos legales siguen vigentes tras el frenazo constitucional
El Gobierno español aprobó el 7 de abril de 2026 un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para reforzar la garantía del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa pretendía incorporar expresamente la obligación de los poderes públicos de asegurar el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad efectiva.
La propuesta abrió una nueva discusión política sobre la protección constitucional del aborto, pero su tramitación quedó interrumpida tras la disolución del Congreso y del Senado, formalizada en octubre de 2026 con la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
Esta situación no ha supuesto ninguna modificación de los plazos para interrumpir un embarazo. La regulación aplicable sigue siendo la Ley Orgánica 2/2010, con los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2023.
En términos prácticos, el límite general continúa situado en las 14 primeras semanas de gestación. Hasta las 22 semanas existen supuestos médicos específicos y, después de ese plazo, únicamente las excepciones extraordinarias previstas para determinados diagnósticos fetales.
Son los mismos límites legales para toda España. Las diferencias territoriales pueden afectar a la organización de los servicios y a los centros disponibles, pero no modifican las condiciones establecidas por la legislación estatal para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
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