Feijóo plantea revisar el aborto y reformar la eutanasia si gobierna

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado el aborto y la eutanasia entre las cuestiones que pretende revisar si llega a la Moncloa después de las elecciones generales del 29 de noviembre. El líder de la oposición propone reabrir el debate sobre la intervención de los padres en los abortos de adolescentes de 16 y 17 años y modificar la ley de eutanasia para reforzar, según su planteamiento, el papel de los médicos especialistas.

Las propuestas, expuestas durante una entrevista en la Cadena SER el pasado 23 de octubre, han provocado críticas de organizaciones feministas y representantes de la izquierda, que advierten de posibles restricciones de derechos. Sin embargo, hay una distinción fundamental: Feijóo no ha anunciado que vaya a derogar ambas leyes. De hecho, posteriormente ha confirmado que mantendría el sistema de plazos para abortar y que acepta el derecho a una muerte digna, aunque pretende modificar determinadas condiciones de su ejercicio.

Las declaraciones abren un nuevo frente de discusión en la campaña electoral. No se trata únicamente de dos leyes especialmente sensibles, sino de decisiones que afectan a la autonomía personal, la atención sanitaria y la intervención de las familias y los profesionales médicos.

El debate también llega en un momento en el que España cuenta con una regulación consolidada sobre la interrupción voluntaria del embarazo y con una ley de eutanasia vigente desde 2021. Cualquier modificación tendría consecuencias prácticas que dependerían del contenido de la reforma finalmente aprobada.

El PP quiere revisar el aborto de las menores de 16 y 17 años

La principal propuesta de Feijóo en materia de aborto afecta a las adolescentes de 16 y 17 años. El dirigente popular considera que sus padres deberían conocer una decisión de estas características y ha planteado recuperar el debate sobre su intervención en el procedimiento.

Durante su entrevista en la Cadena SER, el líder del PP comparó la capacidad de una adolescente para interrumpir su embarazo con las autorizaciones familiares exigidas para otras decisiones, como hacerse un tatuaje. Su argumento es que una intervención de semejante importancia debería contar con una mayor participación de los progenitores.

Sin embargo, Feijóo no concretó entonces si su propuesta consistiría en establecer una obligación de informar a los padres o en recuperar su consentimiento obligatorio. La diferencia es considerable: informar de una decisión no equivale a conceder a otra persona la facultad de autorizarla o impedirla.

El dirigente popular también defendió que ninguna mujer debería verse obligada a abortar por dificultades económicas y prometió estudiar medidas de apoyo a la maternidad para quienes deseen continuar con su embarazo.

Lo que establece actualmente la ley del aborto

La legislación española permite a las mujeres interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, sin necesidad de alegar una causa médica. En determinados supuestos clínicos, la interrupción puede realizarse después de ese plazo, conforme a los requisitos legales.

La reforma de 2023 recuperó la autonomía de las jóvenes de 16 y 17 años para abortar sin necesitar el consentimiento de sus representantes legales. Aquella modificación eliminó la restricción que el Gobierno de Mariano Rajoy había incorporado en 2015.

Actualmente, las adolescentes de esas edades pueden decidir sin autorización paterna. Para las menores de 16 años se aplica un régimen diferente, regulado por la legislación sanitaria.

La cuestión no es menor. Las asociaciones profesionales favorables a la normativa vigente advierten de que exigir la autorización familiar puede crear obstáculos para adolescentes que carecen de apoyo en casa o que viven situaciones de violencia.

Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ha señalado que aproximadamente el 90 % de las adolescentes acudía acompañada por sus familiares cuando existía apoyo, mientras que las restantes podían afrontar dificultades para ejercer su derecho.

Feijóo anuncia una reforma de la ley de eutanasia

La segunda cuestión afecta a la Ley Orgánica 3/2021, que regula la prestación de ayuda para morir en España.

Feijóo ha anunciado que pretende modificarla si llega al Gobierno porque considera insuficiente el protagonismo de los médicos y especialistas durante el proceso de evaluación.

Su propuesta se centra en reforzar las garantías clínicas y asegurar que los pacientes disponen de información suficiente sobre sus posibilidades terapéuticas y los cuidados paliativos antes de tomar una decisión.

El presidente del PP ha defendido públicamente que está de acuerdo con el concepto de muerte digna, aunque sostiene que previamente deben agotarse los esfuerzos razonables para proporcionar unas condiciones de vida dignas.

En otra entrevista, concedida a Onda Cero el 27 de octubre, reiteró que reconoce el derecho a una muerte digna y que los cambios deberían elaborarse con participación de especialistas médicos.

La eutanasia ya exige controles médicos y legales

La legislación vigente no permite acceder automáticamente a la eutanasia por el mero hecho de solicitarla.

La persona debe ser mayor de edad y cumplir una serie de requisitos médicos y legales. Entre ellos figura padecer una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante en las condiciones establecidas por la norma.

El procedimiento incorpora la intervención de un médico responsable, la evaluación de otro médico consultor y una verificación previa por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación correspondiente.

También se exige informar al paciente sobre las alternativas terapéuticas y los cuidados paliativos. La legislación contempla, además, la posibilidad de revocar la solicitud.

Por tanto, el debate no enfrenta una regulación sin controles con otra que pretende introducirlos desde cero. La cuestión es determinar qué garantías adicionales propone el PP y cómo afectarían a los procedimientos existentes.

Hasta conocer un texto concreto, no puede establecerse si los cambios supondrían más trámites, una modificación de los requisitos de acceso o una reorganización del proceso de evaluación.

El PP propone una nueva ley de cuidados paliativos

Las posiciones del Partido Popular han recibido una actualización este 6 de noviembre de 2026.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha anunciado que su formación pretende impulsar una ley estatal de cuidados paliativos si alcanza el Gobierno tras las elecciones.

La iniciativa buscaría homogeneizar la atención en las distintas comunidades autónomas, donde existen diferencias en la organización y regulación de estos servicios.

Fúnez también ha insistido en que el PP mantendría la ley de eutanasia, aunque introduciría determinadas reformas. Por tanto, las declaraciones conocidas no respaldan la afirmación de que el partido haya decidido suprimir completamente este derecho.

Respecto al aborto, la dirigente popular ha defendido la participación familiar en las decisiones de las menores, aunque no ha presentado una propuesta legislativa cerrada.

Las propuestas provocan críticas del PSOE y colectivos feministas

Las declaraciones de Feijóo han encontrado una respuesta inmediata entre sus adversarios políticos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP de pretender restringir los derechos de las mujeres y ha criticado especialmente su intención de suprimir el Ministerio de Igualdad como departamento independiente.

Feijóo ha explicado que su propuesta consiste en integrar las competencias de Igualdad en otros ministerios, sin eliminar necesariamente las políticas públicas relacionadas con esta materia.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha cuestionado los planteamientos populares sobre los derechos de las mujeres. Las críticas se han extendido a organizaciones feministas y profesionales vinculados a la salud sexual y reproductiva.

El conflicto refleja dos interpretaciones enfrentadas. El PP presenta sus propuestas como una revisión de las garantías y de la participación familiar y médica. Sus críticos consideran que algunas modificaciones podrían reducir la autonomía de las personas afectadas.

La valoración concreta de esas consecuencias dependerá del contenido de las reformas, especialmente de si incorporan nuevas autorizaciones, condiciones de acceso o requisitos administrativos.

El alcance real de las reformas dependerá de las Cortes

Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 determinarán la composición del próximo Congreso, pero ninguna de estas propuestas se convertiría automáticamente en ley por un eventual cambio de Gobierno.

Modificar las normas sobre el aborto y la eutanasia exigiría tramitar las reformas correspondientes y obtener las mayorías parlamentarias necesarias. Ambas materias están reguladas mediante leyes orgánicas, cuya aprobación o modificación requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto.

Feijóo ha manifestado también su disposición a alcanzar acuerdos con Vox si los resultados electorales hacen necesarias negociaciones para formar Gobierno. Las posiciones de los eventuales socios parlamentarios podrían influir en el contenido de cualquier iniciativa legislativa.

Hay, además, un elemento jurídico relevante: el Tribunal Constitucional ha reconocido la protección constitucional de la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo dentro del marco establecido por la legislación española. Las futuras reformas deberán respetar los límites constitucionales.

El punto de partida es, por tanto, bastante preciso. El PP propone revisar las condiciones de ejercicio de dos derechos, pero las declaraciones contrastadas no permiten afirmar que haya anunciado su derogación íntegra.

Entre modificar una ley y eliminar un derecho existe una diferencia jurídica y política sustancial. En materia de aborto y eutanasia, esa diferencia dependerá de los artículos que se reformen y de las garantías que finalmente permanezcan en vigor.