España
Elecciones 29N: 65 millones de papeletas en Madrid y el voto digital
Solo Madrid prepara 65 millones de papeletas para el 29N. El despliegue electoral reabre el debate sobre el coste del papel y el voto digital.
Resumen
- Solo Madrid prepara 65 millones de papeletas y casi 11 millones de sobres
- Organizar las elecciones de 2023 costó 220,87 millones de euros
- El voto por móvil plantea riesgos para el secreto y la seguridad electoral
España volverá a las urnas el 29 de noviembre de 2026 con una paradoja difícil de ignorar: mientras los ciudadanos pueden pagar impuestos, presentar declaraciones y realizar trámites administrativos desde el móvil, el ejercicio del derecho al voto sigue dependiendo de millones de papeletas y sobres de papel. Solo en la Comunidad de Madrid se han preparado 65 millones de papeletas y cerca de 11 millones de sobres para estas elecciones generales.
El problema tiene dos dimensiones. La primera es económica y medioambiental: imprimir, transportar, distribuir y gestionar cantidades extraordinarias de documentación supone un gasto público y un consumo de recursos considerables. La segunda es tecnológica. España no permite votar por internet en las elecciones generales, y la identificación mediante huella dactilar o reconocimiento facial, aunque técnicamente posible, no resuelve por sí sola las exigencias de seguridad, anonimato y libertad que debe garantizar cualquier votación democrática.
No se trata de una discusión menor. En las elecciones generales de julio de 2023 se confeccionaron cerca de 400 millones de papeletas y 85 millones de sobres, con un presupuesto de organización que superó los 220 millones de euros. No todo ese dinero se destinó al papel, ni mucho menos. Pero las cifras plantean una cuestión legítima sobre la eficiencia de un procedimiento que apenas ha cambiado en su parte más visible.
La convocatoria del 29N, con 38.728.356 ciudadanos llamados a votar, devuelve al primer plano un debate que mezcla ahorro, sostenibilidad y confianza institucional. La tecnología ofrece alternativas que hace décadas parecían imposibles. Otra cosa es que estén preparadas para sustituir a las urnas.
Millones de papeletas para una sola jornada electoral
La magnitud del dispositivo se aprecia especialmente en Madrid. La Delegación del Gobierno ha organizado la distribución de unos 59 millones de papeletas para el Congreso de los Diputados y seis millones para el Senado, además de casi 11 millones de sobres de votación.
Todo ese material debe llegar a 7.608 mesas electorales repartidas por los 179 municipios de la región. Son cifras correspondientes a una única comunidad autónoma, no al conjunto de España.
La diferencia entre el número de electores y la cantidad de papeletas impresas tiene una explicación. Los colegios deben disponer de suficientes ejemplares de todas las candidaturas, incluso de aquellas que acabarán recibiendo pocos votos. También necesitan reservas para reponer material durante la jornada y garantizar que ningún ciudadano encuentre dificultades para elegir su opción.
El resultado es un sistema que necesita imprimir muchas más papeletas de las que finalmente se introducen en las urnas. La mayor parte del material disponible no acaba convirtiéndose en un voto, aunque eso no significa que todo termine necesariamente en la basura.
Los excedentes, la documentación sobrante, los envíos postales y las necesidades de distribución forman parte de una operación que moviliza imprentas, empresas logísticas, Correos y administraciones públicas durante semanas.
Cuánto papel se consume y cuánto pesa realmente
El volumen de papeletas puede expresarse también en toneladas, aunque conviene distinguir entre una estimación física y un balance ambiental oficial.
Las papeletas del Congreso que se imprimen en Madrid para el 29N utilizan papel de aproximadamente 70 gramos por metro cuadrado y, en uno de los formatos empleados, tienen unas dimensiones de 10,5 por 29,7 centímetros.
Con esas características, cada papeleta pesa alrededor de 2,18 gramos.
Si los 59 millones de papeletas destinados al Congreso en Madrid tuvieran ese formato, representarían unas 129 toneladas de papel. Es una estimación calculada a partir de las dimensiones y el gramaje, no una medición oficial del material consumido.
Y solo contempla las papeletas del Congreso en esa comunidad. No incluye las del Senado, los sobres, las cartas censales, la propaganda electoral, las actas, los manuales ni los recortes y desperdicios de las imprentas.
Tampoco deben confundirse esas 129 toneladas estimadas de material con 129 toneladas de residuos: una parte se utiliza efectivamente y otra puede recuperarse mediante los circuitos de reciclaje.
El balance ambiental completo exigiría conocer el peso de cada formato, las cantidades realmente fabricadas y utilizadas, los residuos recuperados y las emisiones asociadas al transporte y la producción.
Lo que sí permiten afirmar las cifras es que el papel electoral se consume a una escala industrial. Y eso ocurre en unas elecciones que se celebran durante un solo domingo.
El coste de las elecciones: millones que no son solo papel
Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 tuvieron un presupuesto organizativo de 220,87 millones de euros. El Tribunal de Cuentas cuantificó, por otra parte, en unos 58,1 millones los gastos electorales justificados de las formaciones políticas.
La suma de ambas magnitudes se aproxima a 279 millones de euros, aunque no debe interpretarse automáticamente como el importe total de subvenciones públicas abonadas, puesto que los gastos declarados por los partidos y las ayudas finalmente reconocidas no son conceptos idénticos.
La partida más importante de organización correspondió a los servicios postales, con unos 101,5 millones de euros. Pero sería incorrecto considerar que ese importe se gastó exclusivamente en propaganda de los partidos: también cubría servicios como las comunicaciones censales y la gestión del voto por correo.
La organización de las mesas, la seguridad, el personal, los sistemas informáticos y el transporte completan un presupuesto mucho más amplio que la simple compra de sobres y papeletas.
Existe, además, un elemento especialmente discutible desde la perspectiva de la sostenibilidad: la propaganda electoral enviada a los domicilios.
Para las elecciones del 29N, la normativa establece una subvención de 0,26 euros por elector para los envíos directos de las candidaturas que cumplan los requisitos legales y acrediten el gasto correspondiente.
La cantidad parece pequeña cuando se contempla individualmente. Multiplicada por millones de destinatarios y por varias formaciones políticas, puede representar un desembolso de muchos millones de euros.
Y una acumulación considerable de papel en los buzones.
Por qué no podemos votar con Face ID o la huella digital
La comparación con otros servicios digitales resulta inevitable. Los ciudadanos utilizan certificados electrónicos, sistemas de identificación biométrica y aplicaciones bancarias para realizar operaciones con consecuencias económicas y jurídicas importantes.
¿Por qué el voto continúa necesitando una papeleta física?
La respuesta está en una diferencia fundamental: identificar al votante no es lo mismo que garantizar la integridad y el secreto de su voto.
La huella dactilar o Face ID pueden servir para desbloquear un dispositivo o autorizar una operación. Sin embargo, unas elecciones requieren demostrar que cada persona habilitada ha votado una sola vez, que su elección no ha sido modificada y que nadie puede relacionar posteriormente esa decisión con su identidad.
También deben permitir una comprobación independiente del resultado.
Hay otro problema que ninguna cámara facial puede resolver: la coacción.
En un colegio electoral existe un espacio protegido para elegir una papeleta sin supervisión ajena. Una votación realizada desde casa podría producirse delante de un familiar, un superior laboral o cualquier persona que intentara imponer una determinada opción.
A ello se suman los riesgos de programas maliciosos, dispositivos comprometidos, suplantaciones de identidad y ataques informáticos. Un sistema digital debe diseñarse para resistirlos y ofrecer garantías comprobables incluso cuando se produzca un incidente.
La Junta Electoral Central ya ha examinado la posibilidad del voto por internet, especialmente para los españoles residentes en el extranjero, y ha señalado la necesidad de preservar el anonimato, la libertad de elección y la igualdad entre votantes.
Para implantarlo de forma generalizada también sería necesaria una reforma de la legislación electoral, junto con garantías técnicas y mecanismos de supervisión adecuados.
Estonia lleva dos décadas votando por internet
El voto digital no es una hipótesis de laboratorio. Estonia lo introdujo en sus elecciones municipales de 2005 y ha desarrollado desde entonces un modelo que permite participar por internet mediante sistemas de identidad electrónica.
En sus elecciones parlamentarias de 2023, el 51,1 % de los votantes utilizó el voto electrónico por internet.
El sistema estonio permite modificar un voto electrónico durante el periodo habilitado e incluso sustituirlo mediante una votación presencial en papel, que tiene prioridad sobre la digital.
No obstante, su experiencia no elimina los riesgos de seguridad ni demuestra que el mismo modelo pueda trasladarse automáticamente a países con poblaciones, infraestructuras y condiciones administrativas diferentes.
De hecho, el debate internacional continúa abierto. Distintos estudios especializados han advertido de las dificultades para garantizar simultáneamente el secreto, la verificabilidad y la seguridad del voto emitido a través de internet.
Estonia demuestra que votar por internet es posible. No que baste con desarrollar una aplicación e incorporar reconocimiento facial para hacerlo de forma segura.
Reducir el papel electoral sin esperar al voto por internet
La alternativa no tiene por qué limitarse a sustituir todas las urnas por teléfonos móviles. España ya dispone de herramientas administrativas que permiten reducir parte de la documentación electoral.
Una de ellas es la exclusión voluntaria de los envíos de propaganda de los partidos políticos.
El Instituto Nacional de Estadística permite solicitar que los datos del elector no se incorporen a las copias del censo que utilizan las candidaturas para enviar publicidad postal. El procedimiento puede realizarse electrónicamente mediante Cl@ve o a través de las oficinas habilitadas.
Para que esa exclusión tuviera efecto en las elecciones del 29 de noviembre, debía solicitarse hasta el 19 de octubre de 2026. Las peticiones posteriores tendrán efecto en convocatorias futuras.
Esta medida no impide votar ni elimina las comunicaciones oficiales de la Administración electoral. Simplemente permite dejar de recibir la publicidad postal de las candidaturas en las condiciones previstas por la normativa.
Hay otras posibilidades de ahorro que no exigirían implantar inmediatamente el voto telemático: ajustar las tiradas a las necesidades reales sin comprometer la disponibilidad de candidaturas, mejorar la reutilización de materiales, aumentar la trazabilidad de los excedentes y revisar los incentivos públicos para los envíos masivos.
También sería posible estudiar modelos mixtos, con identificación digital y emisión presencial del voto en sistemas auditables, siempre que conservaran las garantías legales y el acceso de quienes no utilizan dispositivos electrónicos.
Digitalizar determinados trámites no obliga a digitalizar todo el proceso electoral. Y reducir el consumo de papel tampoco exige renunciar a los controles que protegen el resultado.
El papel cuesta dinero, pero la confianza electoral vale más
El sistema español sigue utilizando millones de papeletas porque ofrece una característica difícil de sustituir: permite que ciudadanos, interventores y representantes de distintas candidaturas observen y comprueben materialmente el escrutinio.
Esa transparencia tiene valor democrático. Pero también es razonable exigir que una administración capaz de gestionar millones de declaraciones tributarias electrónicas examine cómo reducir el volumen de papel necesario para organizar unas elecciones.
La discusión no debería plantearse como una elección entre tecnología y democracia. El verdadero objetivo es reducir costes y residuos sin debilitar las garantías del sufragio.
Los 65 millones de papeletas preparados para Madrid ilustran la dimensión del problema. El ejemplo de Estonia demuestra que existen otras posibilidades. Entre ambos modelos hay margen para modernizar procedimientos, eliminar impresiones innecesarias y utilizar mejor el dinero público.
En plena era digital, el papel continúa siendo una garantía de confianza electoral. Lo que merece una explicación más convincente es por qué seguimos necesitando imprimirlo y distribuirlo en cantidades tan extraordinarias.
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