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Economía

Plus Ultra: el Gobierno negocia aplazar 34 millones del rescate a 2030

La SEPI estudia aplazar hasta 2030 un préstamo de 34 millones a Plus Ultra. La aerolínea prepara despidos y deja de vender billetes a Caracas.

despegue de un Plus Ultra

Foto: Jonathan Payne / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Resumen

  • El Gobierno negocia aplazar a 2030 el pago de 34 millones de Plus Ultra
  • La aerolínea prepara un ERE y ha suspendido la mayoría de sus rutas
  • El Estado intenta recuperar los 53 millones del rescate de 2021

El Gobierno busca una salida financiera para evitar la quiebra de Plus Ultra y recuperar los 53 millones de euros públicos con los que rescató a la aerolínea durante la pandemia. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) negocia una modificación del calendario de devolución de los préstamos, con una propuesta que permitiría retrasar hasta 2030 el vencimiento de los 34 millones que la compañía debe reintegrar en 2028.

La operación todavía no está cerrada y llega en un momento especialmente delicado. Plus Ultra ha iniciado negociaciones con sus acreedores, prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) y ha suspendido buena parte de sus vuelos internacionales. La compañía intenta ganar tiempo para seguir operando mientras el Estado trata de proteger una inversión pública cuya recuperación es cada vez más incierta.

La crisis se ha agravado por el encarecimiento del combustible, las pérdidas operativas y las dificultades para encontrar nuevos inversores. El problema ya no consiste únicamente en determinar cuándo podrá devolver Plus Ultra los préstamos de la SEPI, sino en comprobar si tendrá capacidad suficiente para mantenerse en funcionamiento y generar los ingresos necesarios para pagarlos.

El escenario sitúa al Gobierno ante una decisión complicada: conceder más tiempo a una aerolínea con graves problemas de liquidez o asumir que una eventual insolvencia podría dificultar considerablemente la recuperación de los fondos. De momento, no se ha anunciado ninguna nueva inyección de dinero público ni una condonación de la deuda. Lo que está sobre la mesa es renegociar las condiciones de devolución.

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La SEPI estudia retrasar hasta 2030 la devolución del rescate

El rescate de Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado para sostener a compañías perjudicadas por la pandemia. La financiación se dividió en dos operaciones: un préstamo ordinario de 19 millones de euros, con vencimiento inicial en marzo de 2026, y otro participativo de 34 millones, cuya devolución está prevista para 2028.

La aerolínea no pudo afrontar el primer vencimiento y negoció un aplazamiento con la SEPI. Ahora necesita revisar también las condiciones del segundo préstamo. Según las informaciones publicadas el 20 de noviembre, una de las alternativas consiste en trasladar su devolución a 2030, dos años después de la fecha inicialmente prevista.

Las conversaciones contemplan otras posibilidades, como modificar el coste financiero o revisar las condiciones del crédito ordinario. No se trata de una quita, es decir, de perdonar parte de lo adeudado, sino de ampliar los plazos para facilitar la devolución del dinero público. La negociación continúa abierta y cualquier modificación deberá contar con la aprobación de la SEPI.

Los 12 millones pagados no reducen la deuda principal

Uno de los aspectos más relevantes del rescate es que Plus Ultra ha abonado aproximadamente 12 millones de euros en intereses, pero esos pagos no equivalen a devolver el capital prestado.

La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, defendió en abril de 2026 la solvencia de la compañía durante una comparecencia parlamentaria. Entonces destacó el dinero recibido por el Estado en concepto de intereses como prueba de la capacidad financiera de la aerolínea.

Sin embargo, los 53 millones del principal seguían pendientes de amortización. La diferencia resulta fundamental: pagar los intereses de un préstamo no reduce necesariamente la cantidad original que debe devolverse.

La situación actual obliga a revisar aquellas previsiones. Si la compañía termina en concurso de acreedores sin capacidad suficiente para atender sus obligaciones, el Estado podría recuperar solo una parte de los fondos, dependiendo de los activos disponibles, las garantías y el resultado del procedimiento.

Las pérdidas y el combustible agravan la crisis de Plus Ultra

La compañía atribuye buena parte de sus dificultades al encarecimiento del combustible y a las alteraciones del tráfico aéreo internacional. Sus propias previsiones reflejan hasta qué punto se han deteriorado las cuentas.

Plus Ultra calcula que el gasto en combustible durante 2026 alcanzará 104,83 millones de euros, frente a los 69,13 millones previstos inicialmente. La diferencia asciende a 35,7 millones, un incremento del 51,6 %.

Entre febrero y agosto, la aerolínea acumuló un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros. Estas pérdidas han complicado su capacidad para mantener las rutas, afrontar sus compromisos financieros y atraer inversores.

A diferencia de los grandes grupos aéreos, Plus Ultra dispone de menos margen para absorber incrementos extraordinarios del queroseno o trasladar íntegramente esos costes al precio de los billetes sin perder competitividad.

La empresa también ha reconocido dificultades para cerrar acuerdos con potenciales inversores. Según las informaciones sobre las negociaciones, todavía existían posibles compradores interesados en septiembre, pero la incertidumbre derivada de la investigación judicial ha contribuido a paralizar las conversaciones.

Con esa alternativa bloqueada, la dirección ha recurrido al despacho Summa Iuris para preparar un plan de reestructuración financiera que permita alcanzar un acuerdo con los acreedores.

El 13 de noviembre comunicó al Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid el inicio de las negociaciones. Este mecanismo, conocido como preconcurso, permite intentar una solución antes de entrar formalmente en un procedimiento concursal.

Plus Ultra suspende rutas y deja de vender billetes a Caracas

La crisis económica ya tiene consecuencias directas sobre la actividad de la compañía y sus pasajeros.

Desde el 17 de noviembre, Plus Ultra mantiene suspendidas sus conexiones con Argentina y Perú, a las que se suma la ruta de Colombia, interrumpida anteriormente. También han desaparecido de su programación otras conexiones internacionales, entre ellas las de Montevideo y Valencia, en Venezuela.

La aerolínea ha reducido más del 61 % de sus horas comerciales de vuelo regular, una medida destinada a limitar las pérdidas y conservar liquidez.

La situación se ha complicado todavía más este 22 de noviembre. Plus Ultra ha dejado de vender billetes a todos sus destinos, incluidas las conexiones con Caracas, que hasta entonces constituían su principal actividad regular desde Madrid y Tenerife. La retirada de los billetes de su sistema de reservas ha alimentado las informaciones sobre un posible cese definitivo de operaciones.

Sin embargo, el cierre definitivo de la aerolínea no está confirmado oficialmente. Este domingo todavía figuraba programado un vuelo entre Tenerife y Caracas, por lo que la suspensión de las ventas no demuestra por sí sola que todos los vuelos hayan dejado de operar. La situación de la compañía continúa siendo incierta.

Hasta esta nueva situación, Plus Ultra intentaba preservar las conexiones con Venezuela, así como su división de vuelos chárter y alquiler de aeronaves con tripulación a otras compañías.

La suspensión de rutas ha dejado a numerosos viajeros pendientes de soluciones para completar sus desplazamientos o recuperar el importe de los billetes.

Avianca ha anunciado un dispositivo de protección para determinados pasajeros de Plus Ultra que ya iniciaron sus viajes entre España y Buenos Aires o Lima y necesitan regresar. La compañía colombiana ofrece alternativas a través de Bogotá, sin cobrar una nueva tarifa aérea, aunque los viajeros deben asumir las tasas y otros cargos obligatorios.

Esta opción está sujeta a la disponibilidad de plazas y se dirige a pasajeros con billetes comprados hasta el 17 de noviembre y vuelos de regreso previstos entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026.

En cuanto a los vuelos cancelados, los pasajeros afectados conservan los derechos previstos en la normativa europea, entre ellos la elección entre el reembolso y un transporte alternativo, según corresponda. La eventual insolvencia de una aerolínea puede complicar el cobro efectivo de las reclamaciones, pero no elimina automáticamente esos derechos.

Un ERE pone en riesgo el empleo en una plantilla de 679 personas

La reestructuración también afecta a los trabajadores. Plus Ultra ha comunicado su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo que afectaría a sus instalaciones de Madrid, incluidas las oficinas centrales y su base operativa en el aeropuerto de Barajas.

La compañía cuenta con 679 empleados en estos centros, de los cuales 668 están en activo y 11 en excedencia. Sin embargo, todavía no se ha concretado cuántos puestos de trabajo serán eliminados.

Es importante distinguir ambas cifras: 679 trabajadores forman la plantilla afectada por el proceso, pero no existe una confirmación de que todos vayan a ser despedidos.

La dirección también ha planteado posibles alternativas al despido colectivo, como suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada mediante un ERTE.

UGT ha exigido transparencia sobre la situación económica de la empresa, las conversaciones con posibles inversores y las condiciones del plan de viabilidad. El sindicato reclama garantías para proteger el empleo y evitar que las medidas laborales prolonguen una incertidumbre que ya afecta al funcionamiento de la aerolínea.

El rescate sigue bajo investigación en la Audiencia Nacional

Las dificultades financieras de Plus Ultra se producen mientras continúa abierta la investigación judicial sobre las circunstancias del rescate de 53 millones de euros públicos.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga presuntas irregularidades relacionadas con la operación y un posible entramado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Entre las personas investigadas figura el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta intervención en las gestiones vinculadas a la concesión de la ayuda. La investigación trata de esclarecer si existieron actuaciones irregulares y posibles beneficios económicos asociados a esa intermediación. Las sospechas están pendientes de resolución judicial y no constituyen hechos delictivos acreditados.

El pasado 11 de noviembre, el magistrado decidió prorrogar la instrucción hasta el 28 de mayo de 2027, atendiendo a la existencia de diligencias pendientes, entre ellas declaraciones, documentación bancaria y análisis policiales.

La controversia sobre el rescate se remonta a 2021, cuando la decisión de conceder fondos públicos a una aerolínea de tamaño relativamente reducido provocó un intenso debate político.

La ayuda contó con informes favorables encargados por la SEPI y el Tribunal de Cuentas concluyó posteriormente que se habían aplicado correctamente los requisitos del fondo, aunque señaló la necesidad de mejorar el seguimiento de las empresas beneficiarias.

La investigación penal actual examina posibles responsabilidades distintas de aquella valoración administrativa. Su existencia no supone, por sí misma, que la concesión del rescate haya sido declarada ilegal.

El 19 de noviembre, el exdirector de Participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo declaró como testigo ante el juez Calama. Durante su comparecencia, negó haber recibido presiones o conocido irregularidades en el procedimiento de concesión de la ayuda. Su testimonio forma parte de las diligencias con las que el tribunal intenta esclarecer cómo se aprobó la operación.

El Estado puede ganar dos años, pero no garantiza recuperar el dinero

El futuro inmediato de Plus Ultra depende de que consiga cerrar un acuerdo de reestructuración, mantener una actividad comercial viable y convencer a sus acreedores de que podrá atender las obligaciones pendientes.

Para la SEPI, ampliar los vencimientos puede resultar preferible a una liquidación que reduzca las posibilidades de recuperar los préstamos. Pero aplazar 34 millones hasta 2030 no garantiza su devolución. Si la compañía continúa perdiendo dinero, el problema podría reaparecer dentro de unos años, con una situación financiera todavía más deteriorada.

La cuestión es especialmente relevante porque el rescate de 2021 se concibió como una ayuda pública temporal para superar las consecuencias de la pandemia, no como una financiación indefinida.

Cinco años después, la aerolínea vuelve a enfrentarse a una situación crítica, con rutas canceladas, pérdidas millonarias, una reestructuración laboral en preparación y dificultades para captar capital privado.

La SEPI deberá valorar si el nuevo calendario de pagos ofrece una posibilidad realista de recuperación o si simplemente retrasa el reconocimiento de unas pérdidas que podrían acabar soportando las arcas públicas.

Los 53 millones de euros siguen en juego. La negociación puede dar aire a Plus Ultra, pero la supervivencia de la compañía dependerá de algo más que mover las fechas de vencimiento: necesita demostrar que su negocio puede volver a generar dinero suficiente para sostenerse y pagar lo que debe.

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