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Los talibanes vetan los nombres de las afganas en documentos de Balj

Los talibanes han ordenado sustituir los nombres de las afganas por «Bibi» en documentos y recetas de Balj, una medida que agrava su exclusión.

mujer afgana con burqa

Resumen

  • Los talibanes vetan los nombres de las mujeres en documentos de Balj
  • Hospitales y clínicas deben llamarlas «Bibi», también en las recetas
  • Activistas alertan de insultos y posibles errores en la atención médica

Las autoridades talibanes de la provincia de Balj, en el norte de Afganistán, han ordenado que los nombres reales de las mujeres dejen de utilizarse en documentos oficiales, incluidas las recetas y los historiales médicos. En su lugar, los funcionarios y el personal sanitario deben emplear el apelativo genérico «Bibi», un tratamiento tradicional que puede traducirse como «abuela» o «anciana».

La medida supone un nuevo ataque a la identidad de las mujeres afganas, sometidas desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021 a una sucesión de restricciones sobre su educación, trabajo y libertad de movimiento. La prohibición afecta, según los testimonios conocidos, a la provincia de Balj. No hay constancia de que se haya extendido oficialmente a todo Afganistán, y su aplicación sobre el terreno todavía es desigual.

Una investigación publicada el 12 de noviembre ya había documentado instrucciones transmitidas a hospitales y consultas de Balj, algunas de ellas durante el pasado mes de mayo. Los responsables sanitarios recibieron indicaciones de sustituir los nombres de las pacientes por una denominación común, incluso al expedir recetas.

Los testimonios divulgados este domingo, 22 de noviembre, añaden otro elemento inquietante: algunas mujeres denuncian que también son identificadas mediante expresiones despectivas relacionadas con animales, como «cabra» o «ganado». No se ha acreditado, sin embargo, que esos insultos formen parte de la terminología exigida formalmente por la orden provincial.

La diferencia importa. Una cosa es imponer un tratamiento genérico en la documentación administrativa y otra, igualmente grave, utilizar expresiones destinadas a humillar a las pacientes. Ambas prácticas han sido denunciadas, pero no existe evidencia de que respondan exactamente a la misma instrucción.

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La orden de Balj: todas las mujeres bajo un mismo nombre

Balj, cuya capital es Mazar-e Sharif, se encuentra en el norte de Afganistán. Allí, las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas religiosas y morales han comunicado a centros sanitarios que no deben utilizar los nombres propios de sus pacientes femeninas.

La instrucción alcanza, según la investigación periodística, a hospitales públicos, clínicas privadas y consultas médicas. En esos establecimientos, los profesionales deben recurrir a «Bibi» al dirigirse a las mujeres y al cumplimentar determinadas recetas.

No se ha difundido públicamente un texto completo de la disposición que permita establecer todas sus condiciones, excepciones o sanciones. Los testimonios recogidos indican, además, que la orden no se cumple de manera uniforme.

Una activista afgana que permanece en Kabul ha confirmado la existencia de la instrucción provincial, aunque advierte de que algunos afectados todavía se resisten a aplicarla.

Por ahora, tampoco puede afirmarse que los talibanes hayan eliminado los nombres femeninos de todos los documentos de identidad del país. La nueva prohibición es provincial, aunque las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres temen que pueda convertirse en el precedente de una medida nacional.

«Bibi», «cabra» y el significado de borrar una identidad

La palabra «Bibi» no nació como un insulto. En distintas comunidades afganas funciona como una fórmula de respeto hacia mujeres mayores y, según el contexto, puede utilizarse como tratamiento cortés.

El problema surge cuando deja de ser una elección personal o una costumbre social y pasa a convertirse en una denominación obligatoria que sustituye al nombre propio. Una joven, una madre y una anciana pueden terminar identificadas mediante la misma palabra, independientemente de cómo se llamen.

Lalah Osmany, activista afgana residente en Alemania y promotora de iniciativas en defensa del derecho de las mujeres a ser reconocidas por su nombre, considera que esta práctica responde a un proceso de deshumanización.

La activista ha recabado testimonios que describen el uso de términos relacionados con animales para referirse a mujeres. Entre ellos aparecen expresiones equivalentes a «cabra» y «ganado», especialmente degradantes cuando sustituyen deliberadamente la identidad de una persona.

En Afganistán existe desde hace generaciones una tradición que considera inapropiado mencionar públicamente el nombre de una mujer. En determinados entornos familiares, hacerlo se ha interpretado como una cuestión relacionada con el honor masculino.

Esa práctica explica parte del contexto cultural, pero no convierte la prohibición administrativa en una exigencia religiosa universal. El propio Corán menciona expresamente a mujeres por su nombre, incluida Maryam, María, a quien dedica una de sus suras.

El riesgo de eliminar los nombres de las pacientes en los hospitales

La nueva instrucción tiene consecuencias que pueden ir más allá de la discriminación simbólica.

Los nombres completos son uno de los elementos que permiten identificar a los pacientes en un sistema sanitario. Aunque deben complementarse con otros datos, resultan útiles para distinguir historias clínicas, asociar resultados de pruebas y comprobar a quién corresponde una prescripción.

Sustituir indiscriminadamente esos datos por una única denominación puede incrementar el riesgo de confusiones entre pacientes, errores de medicación y dificultades para recuperar antecedentes médicos, especialmente cuando no existen otros identificadores fiables.

No se han documentado públicamente errores clínicos concretos provocados por esta orden. El peligro señalado por las activistas es, por ahora, una consecuencia potencial de su aplicación.

También afecta a la privacidad y a la autonomía de las mujeres. Una paciente necesita poder acreditar su identidad, acceder a sus antecedentes y recibir documentación sanitaria que permita reconocerla sin depender exclusivamente de la intervención de un familiar varón.

La atención médica, cada vez más restringida

La controversia aparece en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario afgano.

Una investigación realizada mediante entrevistas a pacientes y profesionales de 14 provincias ha documentado cómo las autoridades talibanes están impidiendo en numerosas zonas que los médicos varones atiendan a mujeres, incluso en determinadas situaciones de urgencia.

Las restricciones no siempre se han anunciado mediante normas públicas. En numerosos establecimientos se aplican a través de instrucciones de los responsables de vigilancia moral, inspecciones y amenazas de sanciones.

Al mismo tiempo, desde diciembre de 2024 las mujeres tienen prohibido acceder a la formación en institutos sanitarios, lo que dificulta la incorporación de nuevas enfermeras, matronas y otras profesionales de la salud.

La contradicción es evidente: se limita la atención prestada por hombres mientras se impide que nuevas generaciones de mujeres puedan formarse para atender a otras mujeres.

UNICEF ha advertido recientemente de que los obstáculos a la movilidad femenina, la obligación de acudir acompañadas por un familiar varón en determinados contextos y la falta de trabajadoras sanitarias dificultan el acceso a servicios esenciales.

Cinco años de restricciones contra las mujeres afganas

Desde su retorno al poder en agosto de 2021, los talibanes han establecido un sistema de prohibiciones que ha apartado progresivamente a las mujeres de buena parte de la vida pública en Afganistán.

Las niñas tienen vetada la educación secundaria general y las mujeres no pueden acceder a la universidad. También existen severas limitaciones al empleo, la práctica deportiva, el acceso a parques y otros espacios públicos.

Las restricciones incluyen normas sobre vestimenta, desplazamientos y comportamiento. Su cumplimiento está supervisado por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, cuyos agentes realizan inspecciones y pueden detener a quienes consideran infractoras.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán documentó al menos 52 mujeres y una niña detenidas o privadas de libertad entre julio y septiembre de 2026 en Kabul y Herat por presuntos incumplimientos de las normas de vestimenta y acompañamiento masculino.

En septiembre se cumplió, además, un año desde que las autoridades de facto reforzaron las restricciones que impiden a las trabajadoras afganas acceder a instalaciones de Naciones Unidas en el país.

Pese a estas medidas, algunas mujeres mantienen actividades clandestinas de enseñanza, formación profesional y pequeños negocios. Sus iniciativas permiten conservar determinados espacios de autonomía, aunque también las exponen a represalias.

La campaña que consiguió que las afganas recuperaran sus nombres

La disputa por la identidad femenina no comenzó con esta última orden.

En 2017, Lalah Osmany impulsó la campaña #WhereIsMyName, conocida en español como «¿Dónde está mi nombre?», para denunciar la ausencia de las mujeres en numerosos documentos y actos de la vida cotidiana.

Hasta entonces, era habitual que las madres no aparecieran identificadas por su nombre en las partidas de nacimiento de sus hijos. En algunos contextos, tampoco figuraban en las invitaciones de sus propias bodas o en las lápidas funerarias.

La campaña encontró oposición en sectores conservadores, pero consiguió introducir el debate en las instituciones afganas.

En septiembre de 2020, bajo el Gobierno anterior a los talibanes, las autoridades aprobaron una reforma que permitió incluir el nombre de las madres en documentos nacionales de identidad. Fue un avance administrativo y social para quienes reclamaban que la identidad de una mujer no dependiera exclusivamente de su relación con un hombre.

El regreso de los fundamentalistas cambió radicalmente aquel escenario.

La nueva orden de Balj representa un retroceso especialmente significativo porque recupera una práctica histórica de ocultación del nombre femenino y pretende imponerla desde las instituciones.

Una prohibición local que amenaza derechos fundamentales

La situación de Balj todavía presenta incógnitas importantes. No se conoce públicamente el alcance completo de la disposición, su nivel efectivo de cumplimiento ni si otras provincias adoptarán instrucciones similares.

Sí existe un hecho documentado: las autoridades talibanes han ordenado sustituir los nombres reales de las pacientes por una denominación genérica en determinados centros sanitarios de la provincia.

La medida se suma a un conjunto de restricciones que afectan a derechos básicos y plantea problemas concretos para la identificación administrativa y la asistencia médica.

También supone una amenaza a los avances que las activistas afganas consiguieron antes de 2021. Durante años reclamaron que sus nombres aparecieran en los registros oficiales, que pudieran trabajar públicamente con ellos y que sus hijos pudieran reconocerlas legalmente como madres.

Ahora, en una parte de Afganistán, las autoridades pretenden volver a sustituir esa identidad por una sola palabra.

No se trata únicamente de cómo llamar a una mujer. Se trata de si el Estado reconoce su existencia como persona con identidad y derechos propios.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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