Perú: Fujimori logra aval para legislar 90 días en seguridad y El Niño

La Cámara de Diputados de Perú ha aprobado conceder al Gobierno de Keiko Fujimori facultades legislativas durante 90 días para actuar en dos frentes muy concretos: la seguridad ciudadana y las medidas relacionadas con el fenómeno de El Niño. El respaldo, sin embargo, todavía no completa el trámite. El texto pasa al Senado, que puede aprobarlo, modificarlo o rechazarlo.

La votación terminó con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de una jornada parlamentaria bastante menos lineal de lo que sugiere el resultado final. La propuesta había sido rechazada horas antes y solo salió adelante tras una reconsideración. Fujimori ha ganado una batalla política importante, sí, pero todavía no dispone de esos 90 días de capacidad legislativa extraordinaria que reclama su Ejecutivo.

Un giro en el Congreso después de rechazar la propuesta

El recorrido del proyecto retrata bien la fragmentación política peruana. En la primera votación, el dictamen de mayoría fue rechazado por 73 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones. Tampoco prosperaron después las fórmulas alternativas planteadas desde Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

La Cámara suspendió varias veces la sesión, reunió a la Junta de Portavoces e intentó recomponer las mayorías. Finalmente, una petición de reconsideración presentada por la diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, obtuvo 75 votos favorables, 33 contrarios y 16 abstenciones. El texto original regresó entonces a votación y consiguió los apoyos necesarios para continuar su tramitación.

No fue, por tanto, una autorización cómoda ni automática. El debate dejó al descubierto dos posiciones bastante claras: quienes consideran que el Gobierno necesita instrumentos más rápidos contra la delincuencia y para responder al riesgo climático, y quienes temen que una delegación demasiado amplia reduzca el papel del Congreso como contrapeso del Ejecutivo.

Qué podrá hacer Fujimori con las facultades legislativas

Si el Senado confirma la delegación y la norma entra en vigor, el Gobierno podrá aprobar decretos legislativos dentro de las materias expresamente autorizadas y durante el plazo fijado. No se trata, por tanto, de entregar al Ejecutivo una licencia general para legislar sobre cualquier asunto.

La fórmula aprobada reúne 20 ámbitos de actuación. En seguridad ciudadana aparecen materias relacionadas con el control migratorio, la identificación y bloqueo de comunicaciones utilizadas para actividades ilícitas, la fiscalización de armas, el sistema penitenciario y la persecución de la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

El texto también contempla salvaguardas relacionadas con las garantías constitucionales, el debido proceso y la protección de datos personales. Esa parte no es decorativa: algunas de las medidas que podrían adoptarse afectan a terrenos especialmente sensibles para los derechos individuales.

Seguridad, cárceles, armas y comunicaciones

Uno de esos terrenos será el de las comunicaciones. La delegación contempla medidas de geolocalización e identificación de dispositivos móviles, una herramienta potencialmente relevante para investigar extorsiones y redes criminales, pero que exige límites jurídicos claros para evitar que la excepción termine convirtiéndose en costumbre.

Otro bloque alcanza a los centros penitenciarios y juveniles, la responsabilidad de personas jurídicas, el control de armas de fuego y explosivos y el funcionamiento del subsistema judicial destinado a combatir la extorsión. El argumento gubernamental es sencillo: las organizaciones criminales cambian de método con bastante más rapidez de la que suele emplear una cámara legislativa para modificar una ley.

La otra cara resulta igualmente evidente. La velocidad sirve cuando elimina trámites inútiles; resulta bastante menos simpática cuando recorta garantías. Por eso, el verdadero alcance de las facultades extraordinarias dependerá no solo de su aprobación definitiva, sino también del contenido concreto de cada decreto legislativo que termine promulgando el Ejecutivo.

El Niño, la otra gran razón para acelerar las decisiones

La segunda mitad de la delegación tiene poco que ver con comisarías y cárceles, aunque la urgencia es igualmente tangible. El texto permite adoptar medidas para prevenir y afrontar los efectos de El Niño, agilizando actuaciones que en una emergencia climática pueden perder buena parte de su utilidad simplemente por llegar tarde.

Entre las materias contempladas figuran la respuesta y mitigación de desastres, la entrega de ayuda humanitaria durante los primeros días de una emergencia, el apoyo al sector agrario, la financiación, la movilización de maquinaria, la ejecución de infraestructuras y determinadas actuaciones relacionadas con agua potable, saneamiento y vivienda.

El riesgo climático no es un apéndice menor de la ley. Perú conoce bien el impacto de las lluvias extremas, los desbordamientos, los daños en carreteras y los problemas que un episodio intenso puede provocar sobre comunidades, explotaciones agrarias y servicios públicos. Dar rapidez a la administración puede marcar diferencias muy concretas cuando hay viviendas, cultivos e infraestructuras expuestos.

El Congreso recorta el plan original del Gobierno

La autorización que ha superado la Cámara Baja es más estrecha que las aspiraciones defendidas inicialmente desde el entorno gubernamental y desde Fuerza Popular. Durante el debate se intentó incorporar otras materias, entre ellas el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, la promoción del empleo, el desarrollo productivo, el régimen tributario y la simplificación administrativa.

También se planteó facilitar una intervención excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía y en la seguridad exterior de las prisiones. Aquella fórmula no reunió respaldo suficiente. La mayoría terminó inclinándose por mantener la delegación concentrada en seguridad ciudadana y El Niño.

La diferencia es políticamente importante. Una cosa es permitir al Gobierno acelerar normas contra la extorsión o movilizar recursos ante inundaciones; otra bastante más amplia sería abrir durante tres meses la puerta a cambios tributarios, laborales o productivos mediante decretos legislativos. La Cámara optó por estrechar el perímetro de la delegación.

Fujimori había elevado el tono antes de la votación ante la demora parlamentaria en resolver el pedido de su Gobierno. El choque reflejó una tensión clásica en cualquier sistema democrático: un Ejecutivo que reclama capacidad de reacción frente a problemas urgentes y un Legislativo que se resiste a entregar demasiado terreno. Entre ambos queda esa franja incómoda donde se decide cuánto poder excepcional resulta razonable.

Qué falta para que Fujimori pueda legislar durante 90 días

La decisión de los diputados no concede todavía de forma definitiva las facultades. Con el sistema bicameral peruano, la propuesta debe superar una segunda estación política: el Senado.

La Cámara Alta deberá estudiar el texto y podrá aprobarlo, introducir modificaciones o rechazarlo. Solo después de completar el procedimiento correspondiente podrá llegar la norma a la Presidencia para su promulgación. Hasta entonces, hablar de facultades plenamente concedidas sería adelantarse varios metros a la noticia.

El mecanismo permite que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo la capacidad de legislar mediante decretos legislativos, pero sobre materias determinadas y durante un plazo concreto. En este caso, la Cámara de Diputados ha fijado 90 días naturales y ha limitado el terreno esencialmente a seguridad ciudadana y las medidas vinculadas a El Niño.

Hay también límites presupuestarios e institucionales. Las modificaciones necesarias para aplicar determinadas medidas deberán respetar la normativa presupuestaria y las disposiciones aprobadas al amparo de la delegación no pueden convertirse en un atajo para vaciar competencias ajenas. La rapidez legislativa tiene carriles: 90 días no equivalen a poderes ilimitados.

El Senado tiene en sus manos el último filtro político

Keiko Fujimori consigue con esta votación algo que su Gobierno llevaba semanas reclamando: un primer aval parlamentario para legislar con mayor rapidez durante 90 días. El matiz, aun así, importa mucho. No existe todavía carta blanca ni autorización definitiva.

La Cámara de Diputados ha aceptado una delegación recortada, limitada a dos problemas que pesan especialmente sobre la agenda peruana: la inseguridad ciudadana y la amenaza asociada a El Niño. Han quedado fuera otras reformas económicas, tributarias y laborales que intentaron abrirse paso durante la negociación.

El siguiente movimiento corresponde al Senado. Si mantiene el texto, Fujimori dispondrá de una herramienta poderosa para aprobar normas sin recorrer para cada una de ellas todo el procedimiento legislativo ordinario. Si lo modifica o lo rechaza, el escenario cambiará. Tras una votación accidentada, reconsideraciones y negociaciones, Perú ha abierto la puerta a las facultades legislativas extraordinarias. Todavía falta decidir hasta dónde se abre.